Causas Judiciales contra los genocidas de Argentina

Videla enfrentará un juicio oral y público por más de 800 violaciones a los derechos humanos

2009-12-31T07:09:00.001+01:00

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público al ex dictador Jorge Rafael Videla imputado por centenares de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

Videla deberá hacer frente a una acusación por 30 homicidios, 552 secuestros y 264 casos de torturas que tuvieron lugar en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Entre los hechos por los cuales Videla será sometido a juicio, se encuentra el secuestro del escritor Haroldo Conti; el homicidio de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman; y delitos contra intelectuales como los cineastas Roberto Carri y Pablo Szir, y militantes políticos como Delia Bisutti y Raymundo Gleizer, entre otros.

Estos centenares de hechos no formaron parte de la denominada "causa 13" por la que fueron juzgados los comandantes militares que dieron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La medida tomada por Rafecas completa las anteriores elevaciones a juicio dispuestas en las megacausas vinculadas con los hechos que tuvieron lugar en los centros clandestinos "Atlético", "Banco" y "Olimpo", radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Dos y en la que actualmente se están llevando a cabo las audiencias de debate oral.

La causa referida a los hechos cometidos en "El Vesubio" está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Cuatro -que tiene previsto comenzar con las audiencias en el mes de marzo próximo-; y sobre el centro clandestino de represión "Automotores Orletti" la lleva el TOF1.

La elevación a juicio decretada por Rafecas también comprende a algunos de los hechos por los cuales fue recientemente condenado Jorge Carlos Olivera Róvere, quien ocupó el cargo de Jefe de la Subzona Capital Federal, así como los casos de personas que estuvieron clandestinamente alojadas en otros centros clandestinos de detención.

"El avance del proceso seguido en el país reafirma la voluntad del Estado argentino de someter a juicio a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar, y cancela la posibilidad de que se ventilen en el extranjero juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina", dijeron las fuentes.

En la misma causa y con relación a la investigación de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el Hospital Profesor Alejandro Posadas, Rafecas decretó la elevación a juicio de Juan Máximo Copteleza quien se desempeñó como personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina.

Durante su actividad en ese centro asistencial Copteleza se desempeñó como segundo jefe del grupo de tareas conocido como "SWAT", que "recibió su nombre a raíz de la violencia, autoritarismo y abuso de armas con que se dirigía dentro del hospital, sumiendo en un estado de terror a empleados y pacientes", dijeron las fuentes.

Este grupo cumplió funciones en el único centro clandestino de detención y tortura, llamado "El Chalet", que funcionó en un centro de salud pública, meses después de que el hospital fuera ocupado militarmente por fuerzas al mando del dictador Reynaldo Bignone.

En la resolución dictada por Rafecas se tuvo por probado que Copteleza cumplió funciones de guardia, dirigió los interrogatorios y las torturas a las que fueron sometidos médicos, enfermeras y otros empleados de ese nosocomio.

La testigo Gladys Cuervo recordó que Copeteleza le clavó un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba "para los enemigos ni justicia"; que solía andar por el Hospital Posadas como dueño y señor, con armas largas y maltratando a los pacientes.

El juez también dispuso este miércoles el procesamiento de Miguel Ángel Almirón y Francisco Silvio Manzanares -ex integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires- por los hechos que tuvieron lugar en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, correspondiente a la Subzona 13 del Primer Cuerpo de Ejército.

En ese pronunciamiento, Rafecas tuvo por acreditada la existencia de un circuito represivo en dicha jurisdicción que comprometió el funcionamiento de diversos centros clandestinos de detención; entre ellos, la Comisaría Primera de Junín fue uno de los principales destinos dentro del circuito represivo instaurado en la subzona.

Al Comisario Inspector Miguel Ángel Almirón -quien al momento de los hechos se encontraba a cargo del Destacamento de Morse- se lo encontró responsable por la privación ilegal de la libertad agravada que damnificó a 15 personas y de los tormentos sufridos por 14 de ellas.

Las resoluciones dictadas este miércoles, se suman al auto de procesamiento que decretó el pasado 22 de diciembre respecto de Miguel Osvaldo Etchecolatz, Rubén Oscar Páez, Raúl Rolando Machuca y Julio César Argüello, vinculado al accionar represivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En ese fallo Rafecas tuvo por probado que una comisión policial de la Brigada de Investigaciones de La Plata, integrada por los imputados Machuca y Argüello, llevó a cabo el día 24 de junio de 1977 un procedimiento en La Plata que culminó con el secuestro de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero, quienes a la fecha permanecen desaparecidos.

Las fuentes recordaron que la detención de Favero y Álvarez "se inscribió en la persecución desatada por la policía bonaerense del grupo de estudiantes afiliados a la Juventud Universitaria Peronista, muchos de cuyos integrantes fueron mantenidos en ilegal cautiverio y sometidos a sesiones de torturas".

¡¡¡Ahora inimputable Harguindeguy!!!

2009-12-03T08:01:00.002+01:00

Así lo resolvió la Sala Segunda de la cámara al ratificar un fallo del juez federal Norberto Oyarbide quien había dispuesto "disponer la suspensión del proceso y dejar sin efecto la detención respecto de Albano Eduardo Harguindeguy".

La Justicia declaró inimputable a Harguindeguy y lo liberó del juicio por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal porteña confirmó la inimputabilidad del ex ministro del interior de la dictadura Albano Harguindeguy por cuestiones de salud y lo exceptuó del proceso oral por violación a los derechos humanos en el que está siendo juzgado junto a Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
Un informe médico forense, que fue apelado por el fiscal Federico Delgado, determinó que el represor registra alteraciones neurológicas análogas a las que detemrinaron que el Emilio Eduardo Massera fue declarado inimputable ante la justicia argentina.

Luego de que el fiscal de cámara Germán Moldes desistiera del recurso, los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron la desvinculación de Harguindeuy del juicio por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, en 1976, quienes permanecieron cinco meses detenidos hasta que firmaron un convenio entre su algodonera y una firma de Hong Kong.

En esa causa, Oyarbide anuló los indultos a favor de Harguindeguy y Videla, procesó a Martínez de Hoz, y envió a Videla a una cárcel común en Campo de Mayo, pero el trámite que ya está a sentencia está frenado por recursos ante la Corte Suprema.

Nieta número 99

2009-11-11T07:16:00.002+01:00

El comunicado
Abuelas de Plaza de Mayo quiere dar a conocer la resolución del caso N° 99. Lamentablemente se trata del hallazgo de los restos de la niña Mónica Graciela Santucho, desaparecida el 3 de diciembre de 1976 junto a sus padres, Catalina Ginder y Heldy Rubén Santucho, cuando tenía catorce años. Mónica es una muestra más del accionar de los genocidas que además de secuestrar y robar bebés, asesinaron niños y adolescentes que por su edad no podían ser apropiados.

El día que se llevaron a Catalina y Rubén, Mónica logró esconder a su hermana y a su hermano en un tacho recolector de basura que se encontraba cerca de su casa. Sus padres fueron asesinados en el operativo; ella no pudo escapar; fue secuestrada, mantenida cautiva durante tres meses en diferentes Centros Clandestinos de Detención y luego asesinada.

Los padres
Catalina nació el 29 de agosto de 1941 en la ciudad de Buenos Aires. Rubén nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1936. Formaron pareja y tuvieron tres hijos: Mónica, Alejandra y Juan Manuel. Rubén era obrero y Catalina ama de casa.

Su hija Mónica nació el 30 de marzo de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus estudios en el colegio Mosconi de la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires.

Rubén y Catalina integraban la organización Montoneros en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, se trasladaron a La Plata donde continuaron su militancia. Sus compañeros los llamaban "Tucho" y "Alicia" o "la vieja Alicia".

El secuestro y la desaparición
El 3 de diciembre de 1976, la pareja junto a su hija Mónica de catorce años, fue secuestrada en el domicilio que compartía con otros compañeros, en la calle 138 bis y 526 de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.

Catalina y Rubén fueron asesinados durante el operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal, la Policía Provincial y el Ejército. Sus cuerpos ingresaron al cementerio de La Plata siendo sepultados como NN.

Mónica sobrevivió al operativo y fue secuestrada. Por testimonios de los sobrevivientes Gabriela Gooley, Carlos Alberto De Francesco, y Graciela Liliana Marcioni, pudo saberse que a fines de diciembre de 1976 se encontraba detenida en el CCD "Pozo de Arana". Hasta el 15 de enero de 1977 permaneció detenida en la Comisaría 5ª de La Plata. Una sobreviviente de dicho centro clandestino, recuerda que Mónica le relató el asesinato de sus padres y que se encontraba muy preocupada por sus hermanos.

El hallazgo
En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas llevada adelante por Equipo Argentino de Antropología Forense, Mónica fue identificada. El trabajo realizado por dicho equipo permitió saber que los restos de la joven fueron inhumados como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda entre enero y febrero de 1977. Su familia pudo de esta manera conocer el destino final de Mónica. El 14 de octubre de 2009 sus restos fueron inhumados en el cementerio de Bahía Blanca.

Genocidas en el banquillo, siguen en su línea

2009-11-05T07:08:00.003+01:00

Después del escandaloso episodio del represor Juan Daniel Amelong durante un juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Rosario, el general retirado Fernando Verplaesten quiso armar su circo propio. Mientras que en Rosario el ex teniente del Ejército había intimidado a la querella con un exabrupto, Verplaesten insultó este miércoles con mímica y gestos en los que se pudo leer, según los abogados de las víctimas: "Hijos de puta...la puta que los parió".

La lamentable escena que interpretó Verplaesten se vivió en el marco de la tercera jornada del juicio contra los ex generales Reynaldo Bignone (último presidente de facto), Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Jorge Osvaldo García, Carlos Alberto Tepedino, Eduardo Alfredo Esposito y el comisario retirado Germán Montenegro.

Todos se negaron a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, que los juzga por 56 casos de secuestros, torturas, desapariciones y muertes cometidos entre 1976 y 1979 en los cuatro Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en Campo de Mayo

El episodio fue denunciado por los abogados ante la presencia del tribunal cuyo presidente Héctor Sagretti ordenó a Verplaesten no hacer ningún tipo de manifestación y "guardar el decoro".

El tribunal, que resolvió pasar a un cuarto intermedio de dos horas, deberá resolver el pedido de que Verplaesten sea declarado insano para lo cual debería ordenar una nueva pericia médica pedida por la defensa.

De todas maneras, al comienzo del juicio, los magistrados declararon inimputable al ex general Eduardo Esposito, que quedó afuera del proceso judicial.

EN ROSARIO, AMELONG PIDIÓ "BENCINA". El martes, el represor Juan Daniel Amelong protagonizó un exabrupto similar en Rosario durante un juicio por delitos durante la última dictadura militar. Según denuncio una de las abogadas de la querella, Virginia Blando Figueroa, Amelong habría manifestado, provocador: "Esto se está poniendo calientito. Lo que hace falta acá es un poco de bencina".

Acto seguido, la abogada pidió que el represor fuera retirado del recinto y el presidente Otmar Paulucci pidió que se investigara. En tanto, desde la defensa, el abogado Héctor Galarza Azzoni aseguró que la expresión nació de una "conversación privada entre defensor y defendido que tiene garantía constitucional" y que no debería ser interpretada como una intimidación.

La muerte de la argentina Noemí Gianotti fue un crimen político

2009-11-04T15:36:00.001+01:00

La Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) afirmó ayer, en una conferencia de prensa celebrada en Madrid, que Noemí Esther Gianotti de Molfino, súbdita argentina encontrada muerta en la calle de Tutor de la capital española, «no murió de muerte natural, sino que fue asesinada».La Cadhu desmiente la versión de la Embajada argentina en Madrid, en el sentido de que Noemí Esther Gianotti, que poseía la condición de refugiada política, muriese de muerte natural, en base a las contradicciones del informe policial, siendo la más destacada el que los presuntos asesinos borrasen todas las huellas dactilares del apartamento donde apareció el cadáver, «olvidándose», en cambio, ciertos documentos de identidad.

La versión del organismo argentino es que Noemí Esther Gianotti fue secuestrada en Lima, (Perú) en una operación «montada por el Gobierno de Buenos Aires».

Según los datos de la Cadhu, el apartamento del número 37 de la calle del Tutor fue alquilado por un tal Julio César Ramírez, también secuestrado en Lima, siendo el arrendatario, en realidad, un agente del Gobierno argentino. Noemí Esther Gianotti entró en el apartamento el 18 de julio.

Durante los días siguientes, hasta el descubrimiento del cadáver, el 24, identificado en dos llamadas anónimas a sendos periódicos, el apartamento de Tutor 37 tenía colgado el letrero de «no molestar». Coincidiendo con la conferencia de prensa de la Cadhu, el Grupo parlamentario Socialista español en el Congreso presentó ayer una pregunta al Gobierno sobre el caso y que anuncie públicamente las informaciones que tenga sobre la participación de las fuerzas de seguridad argentinas en actos de este tipo en nuestro país. Las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar contra estos acontecimientos, la posible petición a los Gobiernos de Perú y Bolivia, donde estuvo la presuntamente asesinada Noemí Esther Gianotti, y las normas de protección a la numerosa colonia latinoamericana en España.

A la conferencia de prensa asistieron varias organizaciones de exiliados argentinos, así como representantes del PSOE, Federico de Carvajal, y del PCE, su secretario general, Santiago Carrillo.

Las delegaciones políticas españolas insistieron en que solicitarán al Gobierno Suárez, todo tipo de información en el caso y la colaboración en las campañas contra la represión de exiliados latinoamericanos en España.

Asimismo, la Cadhu envió una nota al secretario general de UCD, Rafael Calvo, en la que manifiesta su deseo de colaborar con las instituciones del Estado español para esclarecer el crimen, y una colaboración conjunta con el Gobierno.

Santiago Carrillo, por su parte, declaró que entre las medidas de apoyo pensadas por el PCE está la de invitar a España a una comisión de parlamentarios peruanos, que investiga en la actualidad el secuestro de Noemí Esther Gianotti en Lima.

Jaime Sanz de Bremond, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo que este acto es también una violación del derecho de asilo amparado en el artículo 30 de la Constitución española.

(El Pais, 7/8/1980)

La Sra. Molfino fue asesinada en Madrid en 1980

2009-11-04T15:20:00.003+01:00

Villarán, Susana. Operación Cóndor: La conexión peruana

Nunca como ahora, a partir del fallo de la Comisión Jurídica de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, que desconoce la inmunidad de Augusto Pinochet, se pasó de lo abstracto a lo concreto en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Comprobamos finalmente que la justicia también se globaliza, que los crímenes contra la humanidad no siempre quedan impunes y que, independientemente de la suerte que correrá Pinochet, siempre habrá un antes y un después del 25 de noviembre.

Los crímenes de lesa humanidad, como sostuvo en su auto acusatorio el juez español Baltazar Garzón, "son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados". Amparándose en la legislación española y en las convenciones contra el genocidio y contra la tortura, entre otros instrumentos internacionales, el juez español ordenó prisión incondicional para el dictador chileno. Pinochet, según sostiene el magistrado, cometió, en sus largos diecisiete años de control ilegal y férreo del poder, una serie de crímenes y actividades delictivas no sólo en Chile; sino que, en el marco de la "Operación Cóndor", alargó el oscuro brazo del crimen a otros países –entre ellos a España–, para lo que coordinó activamente con dictadores de países como la Argentina.

El Perú no fue ajeno a estas actividades criminales, como lo prueban las investigaciones periodísticas de Edmundo Cruz. Destacado periodista de investigación en el Perú, Cruz ha dedicado gran parte de su vida profesional a desentrañar muchos "misterios" que están en el corazón de graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Su nombre estará permanentemente asociado a la investigación sobre el crimen de La Cantuta; por ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo premió en 1993. Por la calidad de su trabajo y su valentía recibió hace poco, en Estados Unidos, el premio de periodismo Moors Cabot, distinción concedida a pocos periodistas peruanos. Sus recientes artículos sobre la "Operación Cóndor” en el Perú revelan la sordidez y el horror en el que se mezclaron militares peruanos de alto rango con los crímenes de Videla, García Meza en Bolivia y Pinochet.

Estás investigando hace ya tiempo lo relacionado con la "Operación Cóndor". ¿Pensaste alguna vez que el asunto iba a llegar tan lejos y que, vinculado a este sórdido acuerdo entre dictadores, el propio Pinochet caería en manos de la justicia?

Me parece algo increíble; estaba pensando el otro día que el año 1994 estuve a punto de entrevistar a Pinochet en Santiago, pero mi salida de la revista Sí imposibilitó esa entrevista. Fui acumulando material, y alguna vez en los últimos años llegué a pensar que era material perdido; los últimos hechos me han demostrado lo contrario.

¿Qué tenemos que ver los peruanos con la "Operación Cóndor"?

Tenemos que ver, y bastante. En un primer momento da la impresión de que el Perú estuviera al margen de la "Operación Cóndor", porque este fue un acuerdo de fines del año 75 entre la Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Bolivia. La "Operación Cóndor" se firma en diciembre de ese año, como consta en el archivo que se descubrió el año 1992 en Asunción, Paraguay. Paraguay, no sé si por la antigüedad, o porque era mayor el margen de ilegalidad y de impunidad en que operaba Stroessner, se convirtió en la base de este operativo. Recordemos que se trataba de regímenes que en ese momento estaban mucho más identificados con la política de la Guerra Fría, de persecución de los comunistas y de todo elemento que fuera tildado de izquierdista, de subversivo. Era una política que manejaba Estados Unidos a través de la Central de Inteligencia Americana. Aunque el régimen de ese entonces en el Perú era considerado de corte nacionalista, esto no impidió que formara parte de un acuerdo en el cual se sustentaron capturas, secuestros, desapariciones y asesinatos. El secuestro y posterior asesinato de la señora Molfino en Lima es uno de estos graves hechos incluidos en la investigación del juez Garzón.

MORIR EN MADRID

Háblanos del caso Molfino...

La señora Noemí Esther Gianotti de Molfino fue una viuda de nacionalidad argentina, madre de seis hijos, cuatro de ellos involucrados en la actividad política. Una de sus hijas desapareció con su esposo, quien era dirigente de la juventud montonera, y dos de sus nietos también desaparecieron. Otra de sus hijas estaba exiliada en París por razones políticas. Su hijo mayor, Alejandro, estaba preso y no salió hasta que cayó el gobierno militar. Ella vino acá al Perú en 1980 con su hijo menor, Gustavo, a solicitar solidaridad con su drama personal. Buscaba apoyo para que aparecieran su hija, su yerno, sus nietos. Los nietos –dicho sea de paso– aparecieron tres años después (o sea que vivieron tres años en manos de los secuestradores).

¿Qué pasó acá en Lima?

Los hechos se precipitaron en junio del año 80, en vísperas de la transmisión del mando de Morales Bermúdez a Belaunde, para la que se anunciaba la presencia del general Videla. Coincidió el hecho de que la policía política argentina detuvo en Buenos Aires a un joven metalúrgico de apellido Frías y con él descubrió información sobre una reunión que iba a realizar la dirección montonera acá en Lima en el mes de junio. La hipótesis de la policía argentina era que en esa reunión se prepararía un atentado contra Videla. Recordemos que era el momento en que el combate entre la dictadura argentina y el grupo montonero estaba en su punto más alto, y se tenía la información de que acá estaría un dirigente que era el número tres en la estructura montonera, Perdía. Efectivamente, aquí estuvo, y también estuvieron, según la policía argentina, quince dirigentes montoneros más. Cuando estos dirigentes vinieron, la señora Molfino, naturalmente, los apoyó y alojó.

¿Cómo fue el operativo de secuestro?

La policía argentina usó a Frías como anzuelo para capturar a miembros del grupo montonero. Lo tuvieron alojado en Lima, en el Círculo Militar y, en medio de muchas peripecias –que relato en mis notas aparecidas en el diario La República–, este joven los llevó a las cercanías de las avenidas Larco y Benavides. La policía logró capturar primero a María Inés Raverta, cerca de la iglesia de Miraflores, que parece que era el punto de contacto, y, después de eso, a otro dirigente montonero, Julio César Ramírez, en la cuadra cuatro de Benavides. Después –todo en 48 horas– capturan a la señora Molfino en la calle Madrid en Miraflores. En casa de la señora Molfino y su hijo Gustavo estaba alojado Perdía, el jefe de los montoneros, quien logró escapar. La señora Molfino no pudo hacerlo.

¿Cómo es que la señora Gianotti de Molfino aparece muerta en Madrid?

La señora Molfino es entregada en la frontera de Bolivia junto con otros dos, con Raverta y con Ramírez.

¿Los entregan a militares argentinos o bolivianos?

Los entregan precisamente a García Meza, quien después daría un golpe contra la presidenta de ese entonces, Lidia Gheiler. Hay un documento de recibo, como si se tratase de una operación monetaria. La Molfino fue enviada probablemente, según lo que dice su hijo Gustavo, desde Bolivia a Madrid. Raverta y Ramírez a la Argentina. En Madrid aparece en un hotel, un mes después, el cadáver de la señora Molfino. Gustavo, el hijo menor, va a Madrid. Era el tiempo del presidente Suárez; allí denuncia por primera vez a Videla por la muerte de su madre. Es la primera querella que se entabla contra el general Videla por el asesinato de Molfino. Corría el año 1980. Sólo al sexto intento vamos a tener a un juez como Baltazar Garzón que acoja la demanda...

LA CONEXIÓN PERUANA

¿Qué militares peruanos están implicados en el proceso que ha abierto el juez Garzón?

En el caso de los montoneros actuó un grupo operativo de ocho argentinos que vinieron especialmente a Lima. Ellos intervinieron acá con autorización y con el apoyo de dos grupos operativos peruanos. Nosotros en La República somos los únicos que hemos dado esta versión a partir de fuentes militares; por ello sabemos que actuaron dos grupos, probablemente formados por igual número de personas. Los que llevaban la voz cantante eran los argentinos, pero los peruanos también hicieron lo suyo. No era posible que se efectuara todo el trabajo de persecución, seguimiento, arresto, torturas y finalmente de eliminación por obra exclusiva de estos ocho caballeros argentinos... Lo que se publicó fue el nombre del jefe del Servicio de Inteligencia, Martín Martínez Garay, y luego dos más: el comandante (r) Oswaldo Hernández Mendoza y el capitán de Sanidad José César Gutiérrez. Estos son los que están comprendidos en el expediente de Garzón. En abril de 1988 el Ministerio de Justicia de España envió comisiones rogatorias al Perú para que se tome declaración a estos militares implicados en el asesinato de esta ciudadana argentina en España.

¿Y los responsables políticos?

En ese momento era Presidente de la República del Perú el general Francisco Morales Bermúdez. Hay versiones que obran en la prensa de esa época que demuestran que para esta operación hubo una coordinación, en primer lugar, entre el jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina y el jefe de las Fuerzas Armadas del Perú. En ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas de Argentina era el general Galtieri (muy conocido después por lo que hizo en relación con Las Malvinas); en el Perú, el cargo era ocupado por el general Pedro Richter Prada, quien además era ministro de Guerra. Hubo una versión, últimamente actualizada, según la cual existió una primera coordinación entre ellos, después de la cual hicieron las consultas –se entiende que a sus respectivos mandatarios–, y, con la autorización de éstos, permitieron el ingreso de los grupos operativos. Hay, además, una prueba de estos hechos: un comunicado del Ministerio del Interior emitido en aquella época en el que el Gobierno peruano entrega a autoridades bolivianas a estos tres ciudadanos argentinos: Molfino, Raverta y Ramírez.

LA HISTORIA NO AMNISTÍA

¿Qué reflexión te merece lo que está sucediendo?

Uno publica lo que puede probar, como es lo relacionado con la "Operación Cóndor" en el Perú. Yo no puedo publicar todo lo que sé, pero estoy seguro de que la mayor cantidad de estas violaciones están por descubrirse. No tengo reparo en decirlo; lo digo con conciencia y con responsabilidad: advierto una conducta perversa en las autoridades, porque tratan de encubrir, de no dejar rastro de todas estas acciones. Pero algún día se conocerán. Es la constatación de un reportero que está metido en estos asuntos y sabe que hay muchos testigos que van decidiéndose a hablar. Con lo que sucede con Pinochet ahora, pero también en los últimos años en la Argentina, la historia nos está demostrando que si no se hacen las investigaciones ahora, más tarde, en algún momento, aparecerá la verdad. Como dije en alguna oportunidad, la historia no amnistía.

“No imaginábamos nada de esto”

2009-11-04T08:34:00.001+01:00

En esta entrevista, Miguel Molfino cuenta la intimidad del encuentro de la familia con Martín. Revela que recién se enteraron de la existencia del joven cuando los llamaron para hacerse el ADN.

Por Alejandra Dandan

Miguel Molfino estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional cuando secuestraron a su hermana. A esa altura, la familia vivía una suerte de diáspora entre hermanos y cuñados detenidos en las cárceles mientras que otros habían marchado al exilio. Más de treinta años después, llegó un día en el que recibió la noticia de que desde la Conadi querían hacerles una extracción de sangre para obtener una muestra de ADN. Buena parte de la familia pensó en lo único que alguien podía llegar a imaginarse: creyeron que habrían aparecido los restos del cuerpo de su hermana Marcela.

–¿Usted dijo que Martín había sido doblemente desaparecido?

–No habíamos tenido noticias de mi hermana desde el secuestro –dice Molfino–. Y encima, como se la habían llevado herida, qué sé yo... No nos imaginábamos nada de esto.

–¿Su hermana y su cuñado no estaban juntos en ese momento, verdad?

–Ella cae con uno de sus cuñados, un hermano de Guillermo, en la casa, el 17 de octubre de 1979. Guillermo cayó en un bar durante la contraofensiva, se supone que para ese entonces estaban retirándose, se venían cosas muy fuertes. Después pasa el tiempo, sucede lo de mi vieja, la muerte en España (ver recuadro) y bueno, los chicos, los tres hijos de Marcela y de Guillermo, son devueltos digamos que inmediatamente a la familia Amarilla. Pero a lo que voy con todo esto es que en paralelo, en todos estos años, Martín, según nos dice ahora, empieza a tener la sospecha de quién es en realidad.

–¿Cómo se enteraron ustedes?

–Nos enteramos de que existía cuando vienen de Conadi a sacarnos sangre para el ADN. Yo no lo creía. Les decía a mis hermanos, pero ¿puede ser? ¿Puede ser el regreso de los muertos vivos? No sé. Pero me equivoqué, porque hace tres días llama Carlotto para avisarme que había aparecido el cuarto hijo de Marcela y del Negro Amarilla.

–Impresiona.

–Impresionante fue la ceremonia del reencuentro, la intimidad. En un momento dado sentíamos que había pasado una eternidad, esperamos una hora y media en una habitación contigua al lugar donde estaban contándole la historia. Ahí entró y lo vimos.

–¿Y?

–Muy parecido a sus hermanos. Tenía el lóbulo de la oreja pegado, como lo tienen ellos, y es parecido al padre y apenas se vieron lo que fue impresionante es que se sentaron los cuatro juntos. Los cuatro hermanos y automáticamente entre ellos se generó toda la charla, los comentarios y Martín tenía que bancarse además la presentación de tantos parientes y anécdotas porque fuimos como treinta.

–¿Qué fue lo primero que preguntó?

–Dijo: “Quiero conocer a mi mamá”. Y entonces le pasamos una foto de Marcela, la miró y dijo: “Qué linda que era”.

–¿No pudo ver una imagen hasta ese momento? ¿El tampoco sabía quiénes podían ser sus padres?

–Exacto, por eso él dijo: “Quiero conocer a mi mamá”. Y después nos preguntó por qué vivíamos en Chaco. Le contamos que algunos vivían en Buenos Aires, otros allá. También le contamos cómo eran lo padres.

–¿Cómo eran?

–En la casa de los Molfino se reunían todos los hijos, con los novios, la mitad PRT y la otra mitad Montoneros, con distintos grados de compromiso. Y mi vieja, que cocinaba ravioles para el griterío de política de los domingos, estaba ahí mientras se hablaba a los gritos del socialismo nacional o de la guerra popular. Eso era mi casa. Martín sobre todo escuchaba. Nosotros hablamos entre nosotros, no le dábamos pelota porque nos acordábamos de cosas y él nos miraba con esos gestos muy parecidos al padre, manso, tranquilo, cauto.

–¿Qué hace Martín?

–Dijo que es músico y que estudia teatro. Y entonces preguntó qué hacía la madre, y se emocionó cuando le dijimos Filosofía y Letras, porque también él había estudiado. Después dejó, estudia en el conservatorio de música. Y entonces dijo que está aprendiendo acordeón a piano. “El instrumento que tocaba tu mamá”, le dijimos. Todos quedamos impresionados.

–¿Cómo se vive un momento como éste?

–Yo te digo, cuando lo vi entrar no tuve un sollozo. Pero pensé en qué raza de Caín tan fiero pudo imaginar una cosa tan terrible como destrozar a una familia. Pensé en mi hermana. Me imaginé ese infierno en Campo de Mayo, atravesando el largo período de embarazo, los golpes, la mugre, los gritos. Mi hermana Alejandra también se imaginó esa sensación terrible, pero al principio y después, una alegría gigante.

–¿Cómo es esa alegría?

–Porque es una gran reivindicación en el sentido de que quisieron destrozarnos como perros rabiosos, pedazo por pedazo sacar el cuerpo de una familia y fijate vos cómo nos volvemos a juntar, más allá de los muertos o desaparecidos. Son como los restos del naufragio que cada tanto llegan a la playa desde un barco que parecía destruido totalmente. Tengo la sensación de justicia humana, de justicia en el sentido de la existencia, digamos. De una cosa que merecía él, Martín y muy después nosotros. Sobre todo Martincito, que imaginate lo que debe sentir.

–¿Qué cree usted?

–Anoche se encontró con otro apellido y otra vida. Es un mambo feroz. Finalmente esto tiene un final harto feliz. Sus hermanos se quedaron en Buenos Aires unos días para conocerse más porque los Amarilla son tan unidos, esos chicos que parecen siameses. Son compañeros como un puño cerrado.

Otra historia de identidad recuperada

2009-11-04T08:30:00.001+01:00

Es el hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, dos militantes montoneros secuestrados durante la contraofensiva que permanecen desaparecidos. Fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército.

Por Alejandra Dandan

Cuando alguien le preguntaba por el padre, Martín escondía las fotos. Decía que era un oficinista. Y jamás mostraba aquellas en las que aparecía con el uniforme militar. El hombre, un agente de inteligencia del Ejército, murió cuando él cumplió quince años. A partir de entonces, Martín empezó a sospechar de algunas verdades de su vida. Se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo hace dos años para averiguar si era hijo de desaparecidos, pero la primera búsqueda no dio resultados positivos. Su madre dio a luz ocho meses después del secuestro, su cuerpo desapareció y su familia nunca pudo avisar del embarazo. Un testimonio reciente de un “arrepentido” le permitió a las Abuelas continuar con la búsqueda y enlazar la historia de Martín con sus padres Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, dos militantes Montoneros, secuestrados en octubre de 1979, hoy desaparecidos. Las Abuelas de Plaza de Mayo ayer presentaron la historia de su restitución, la número noventa y ocho. Anoche, Martín Amarilla Molfino fue recibido por la presidenta Cristina Kirchner en su despacho.

“Martín nunca había visto fotos del embarazo de la supuesta madre y eso empezó a provocarle algunas dudas”, cuenta Donato Amarilla, hermano del padre de Martín, poco después de la conferencia de prensa, ofrecida por Abuelas en la sede de la organización. “A los quince años, más o menos, empezó a buscar fotos y después, al mirar la partida de nacimiento, cayó en la cuenta de que la señora en cuestión tenía más de cincuenta años cuando nació él.”

Las dudas de Martín empezaron tras la muerte de la persona que decía ser su padre. Y probablemente a partir de ese momento haya prestado más atención a su partida. Según ese documento, él nació el 17 de mayo de 1980 en el hospital militar de Campo de Mayo, una de los edificios de la unidad militar que funcionaba como maternidad clandestina para muchas detenidas políticas. Martín no sabía nada de eso, pero iba viendo que en su casa no había fotos de embarazos. Y estaba el pasado de su supuesto padre militar.

“Es una historia de intrigas y de sospechas”, dice su tío. “Martín aparentemente empezó a atar los comentarios de esa señora, que pudo sortear esa situación con el marido. El hombre se había dedicado a la bebida, era un padre ausente, pero cuando le preguntamos Martín dice que dentro de todo fue feliz, que sintió mucho cariño y que la mujer lo llamaba para que vea el televisor cuando aparecía la noticia sobre la recuperación de un hijo de desaparecidos.”

A lo mejor eran mensajes. A lo mejor, una forma de manejar alguna forma de la locura. Martín intentó terminar de armar algo con lo que empezaba a entender de su vida el 13 de diciembre de 2007 cuando abrió un legajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Hasta ese momento, había terminado el secundario, empezó la universidad, pero dejó todo para entrar en el conservatorio de música. En algún lugar de la provincia de Buenos Aires armó una banda y se puso a estudiar acordeón de piano, era el mismo instrumento que tocaba su madre.

Ante la primera consulta, Abuelas siguió los pasos que habitualmente lleva adelante en una situación similar. Compararon las muestras de ADN con el banco de datos. “En el banco están todas las muestras de los grupos de familiares que denunciaron tener un pariente, hija o hermana desaparecida embarazada, o que tenía un hijo ya nacido, de pocos meses, al momento del secuestro”, explica un abogado de Abuelas.

Martín se hizo el análisis el 20 de diciembre de 2007. El 6 de marzo de 2008 le dijeron que el resultado era negativo. Su patrón de ADN aún no había sido denunciado como desaparecido.

Las Abuelas tenía denuncias sobre la existencia del joven como posible hijo de desaparecidos. Los datos de Abuelas no eran mucho más amplios, pero contemplaban los elementos que enumeraba Martín en su relato.

Mientras tanto, la Conadi avanzaba en una investigación paralela con testimonios que permitieran rastrear posibles embarazadas entre los detenidos desaparecidos. En ese contexto, aparecieron tres datos. El 21 de agosto, se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de Campo de Mayo quien aseguró que Marcela Molfino había dado a luz un niño en ese centro clandestino. Un ex conscripto que había pasado un período detenido en Campo de Mayo también denunció que para 1980 había una mujer embarazada. Y el último dato llegó, antes o después, de un arrepentido del Ejército que mencionó el nombre de Molfino, precisó el lugar de detención en Campo de Mayo y su embarazo.

Marcela Molfino y Guillermo Amarilla eran militantes de Montoneros y formaban parte de la dirección de la Juventud Peronista en la regional IV. Ella había nacido el 15 de noviembre de 1952 en Buenos Aires, sus padres se instalaron en Resistencia, y en los ’60 ella empezó Filosofía y Letras, militó en el peronismo de base y luego de en la JP. Guillermo era el Negro Amarilla, de Chaco. Era hijo de un dirigente peronista, estudiaba la carrera de contador, ocupó la secretaria general de la región IV de la JP con jurisdicción en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones y antes de fundar Montoneros en el Chaco integró la JP Regional de la Resistencia. “Mi hermano era delegado de la regional IV”, dice Donato. “Y fue el único que viajó en el charter que trajo de vuelta a Perón en el ’73, está en la lista, con el gobernador Bittel, después se fueron al exilio, el último hijo nació en Francia y volvieron de nuevo con la contraofensiva.”

Hasta poco antes del secuestro estaban en el exilio. Noemí Gianetti de Molfino, la madre de Marcela, también estaba exiliada, durante la final del Mundial de Fútbol de 1978 entró al país sólo para sacarlos, para irse con ellos, como tenía la apariencia de una señora rubia, mujer de bien, podía darles cierta cobertura. Tiempo después volvieron para la contraofensiva y terminaron secuestrados el 17 de octubre de 1979.

“Primero lo secuestraron a Guillermo en un bar, pero en el saco llevaba una factura por una compra de materiales de construcción”, señaló Guillermo Molfino. En ese momento vivían en San Antonio de Padua, cuando los militares llegaron a la casa, Marcela respondió al fuego con un revólver. La hirieron, y los hermanos creyeron que justamente por eso podría haber muerto enseguida. En la casa estaban los tres hijos de Marcela y de Guillermo, también Rubén Amarilla, el cuñado con su mujer y dos hijos. La cuñada escapó pero Rubén, Marcela y los cinco niños fueron secuestrados por el Ejército. Los cinco chicos volvieron quince días después a Resistencia porque un represor conocía a uno de los Amarilla.

Veinte días antes del secuestro, una hermana de Marcela se cruzó con ella en una visita. Se vieron pero nunca hablaron del embarazo. Su familia cree por eso que a lo mejor ni siquiera ella lo sabía.

El encuentro de Martín con los Donato Amarilla se hizo en la sede de Abuelas. Los familiares habían mandado las muestras de sangre para el cruce de ADN y cuando la base de datos comparó nuevamente los datos de todos, incluso el de Martín, el cruce dio positivo.

“Por eso es tan importante la reforma del banco nacional genético que se analiza en el Congreso”, explica Alan Iud, abogado de Abuelas. “Lo que se pide es que los ADN que analiza el banco se conserven ahí por si se agregan otros grupos familiares, y el caso como el de Martín muestra que es imprescindible que sea así.”

El lunes pasado, Abuelas convocaron a Martín para contarle su historia. En una habitación cercana lo esperaban los hermanos, Mauricio, Joaquín e Ignacio y también sus tíos. La entrevista duró hora y media. Una vez que terminó, le preguntaron si quería conocer a su familia.

“Había mucha gente”, dice Donato que viajó especialmente desde Chaco. “Físicamente es muy parecido a Ignacio, el que ahora es el penúltimo y que teníamos como el menor.” Apenas lo vieron sus hermanos miraron las orejas, la marca de origen, porque todos tienen el lóbulo pegado a la cara. Era la marca, la constataron, Martín la tenía, y dicen que en ese momento todos se mataron de risa.

2009-10-03T09:04:00.003+02:00

ARRESTARON A OTRO PILOTO DE LOS “VUELOS DE LA MUERTE”

No se rinden las hormiguitas

El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío “como hormiguitas”.

Por Diego Martínez

Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y “con una bolsa en la cabeza”, y desde la cabina veía que “iban cayendo como hormiguitas”. En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.

A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.

La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.

Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.

En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.

El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y “manuscritos”, aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.

El genocida Colombo condenado a 25 años domiciliarios

2009-10-02T07:24:00.005+02:00

El ex gobernador militar de Formosa Juan Carlos Colombo fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La querella había pedido reclusión perpetua. El 26 de octubre se conocerán los fundamentos y la modalidad de la sentencia.

La modalidad de la reclusión para el represor de 84 años que siguió las alternativas del juicio oral que se inició en febrero por teleconferencia desde una sala en la Corte Suprema de Justicia a raíz de su estado de salud, se conocerá el 26 de noviembre cuando se ofrezca la lectura de la sentencia fundamentada.

"Vamos a insistir con la reclusión perpetua ante la segura apelación de la defensa. Hubo genocidio", dijo Pedro Velázquez Ibarra, abogado querellante y víctima de la represión.

Además, lamentó que el acusado y "todos los testigos no hayan quebrado el pacto de silencio, como siempre ocurre en estos casos".

El tribunal, presidido por el juez Eduardo Belforte, declaró a Colombo como "coautor material penalmente responsable del delito de asociación ilícita, coautor mediato del delito de privación de la libertad agravada por la aplicación de tormentos, y coautor mediato del delito de tormento seguido de muerte, en dos hechos".

El represor continuará con detención domiciliaria en la Capital Federal hasta que se defina la modalidad de la prisión del primer gobernador llevado a juicio oral y público por donde desfilaron cerca de 150 testigos "para reconstruir la memoria".

El abogado querellante Eduardo Davis también expresó su disconformidad "porque quedan varias sentencias de más de 12 colaboradores del Colombo por conocerse y, por lo expuesto, debemos esperar condenas leves para militares y policías que fueron colaboradores necesarios para que se cometan delitos de lesa humanidad", estimó.

En la vereda del Colegio de Escribanos de Formosa, donde se desarrolló el juicio, organismos de Derechos Humanos y la agrupación HIJOS, entre otros, también expresaron su repudio a la condena para el ex mandatario que gobernó durante la dictadura.

Floreal Avellaneda : Perpetua para Riveros

2009-08-13T07:08:00.005+02:00

SEIS REPRESORES CONDENADOS EN EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN CAMPO DE MAYO

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”

El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

Por Diego Martínez (Página12)

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.

El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

Jujuy, Argentina: El día en que el duelo fue posible

2009-08-10T16:10:00.002+02:00

Juan Carlos Arroyo fue identificado este año gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.Lo que dice un cuerpo 32 años después de su muerte y un NN que ya no lo es, porque ahora una tumba tiene su nombre y su apellido.

Leer más en : Pueblo No Me Olvides

¿DONDE ESTÁ Orlando Argentino González?, sobrevivente CCD de Tucumán

2009-05-27T07:04:00.002+02:00

Gravisima situación.

Datos que tenemos hasta ahora

1) Orlando Argentino Gonzalez, sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, secuestrado en 1976 en Ranchillos, El Empalme, Tucumán, alrededor de 60 años.

2) denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse que está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel. Amenazan y acosa a los testigos y a los abogados

3) de la misma zona y en la misma causa hay 4 desaparecidos, las familias también fueron amenazadas

4) el compañero sufría desde hace una semana un acoso constante, hoy debía declarar en la causa e iba a pedir custodia

5) salio de la casa de la hermana muy temprano en la mañana, se sabe que tomó un taxi/colectivo para ir al juzgado, nuncá llegó

6) Aníbal Fernandez ya sabe, lo busca la federal, la provincial y la gendarmería (¿serán las mismas 12 brigadas que buscaron a Julio?)

7) Abajo copiamos comunicado enviado a los medios

8) la abogada es Laura Figueroa, también fue amenazada,

Iniciativas ya lanzadas resueltas en la reunión de hoy del EMVJ:

1) Que todos los org. de DDHH participemos mañana del acto de CTA a las 13 hs. frente al gobierno de la ciudad, para denunciar el hecho. Ya contactamos a Fabio Basteiro, a Victor De Gennaro y a Ricardo Peidró. Este último estrá en el acto de Puente Puyerredón y lo denunciará allí. CTA Tucumán lo denuncia también en los actos de mañana.

2) Jueves 12 hs. conferencia de prensa Hotel Bauen,

3) Viernes 17:30, concentración en Obelisco para marchar a la casa de Tucumán, Suipacha al 100

4) Llamados, correos o telefenogramas a Anibal Fernandez y a Randazzo de todas las organizaciones. Correo de Fernandez: <anibalfernandez@infovia.com.ar> De Randazzo: entrar a http://www.mininterior.gov.ar/institucional/form_ministro.asp, Secretario de Derechos Humanos de Tucuman, Daniel Posse 0381155892243

Saludos

AEDD

Por favor, reenviar

PD: acaba de llegar correo de Laura Figueroa:

NUNCA LLEGÓ – ¿DÓNDE ESTÁ ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ?

A LAS 9 HS. DEBÍA PRESENTARSE EN LA FISCALÍA FEDERAL PARA DENUNCIAR UN NUEVO HECHO QUE INVOLUCRA AL EX COMISARIO FRANCISCO CAMILO ORCE (ACTUALMENTE DETENIDO), ES SOBREVIVIENTE DEL CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUÉNAGA, FUE DETENIDO EN MAYO DE 1976 EN UN BAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS A LAS 17 HS.

FUE INTERROGADO Y GOLPEADO POR FRANCISCO ORCE. LA CAUSA DE ORLANDO GONZÁLEZ ESTÁ RELACIONADA CON LA DE TODAS LAS VÍCTIMAS ORIUNDAS DEL "EMPALME – RANCHILLOS" , CASUALMENTE, FUE SECUESTRADO EN ESA FECHA PUES QUERÍAN AVERIGUAR EL PARADERO DE VECINOS DEL LUGAR, ALGUNOS ESTÁN DESAPARECIDOS Y OTROS SON SOBREVIVIENTES. ORLANDO GONZÁLEZ CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR Y NO MANTENÍA RELACIÓN CON LAS PERSONAS BUSCADAS, SÓLO TENÍAN DE COMÚN EL APELLIDO. DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA DE TRABAJO FUE AL BAR JUNTO A OTRO AMIGO Y ESE DÍA COMENZÓ SU CALVARIO.. .-

HOY BUSCAMOS A ORLANDO. TENEMOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL, PUES ESTABA ASUSTADO, PREOCUPADO, PUES DURANTE UNA SEMANA FUE AMENAZADO PARA QUE RETIRARA LA DENUNCIA CONTRA EL EXCOMISARIO FRANCISCO ORCE, HASTA QUE SE ANIMÓ DE HABLAR CON SU ABOGADA. EL JUZGADO ESTABA ADVERTIDO SOBRE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS Y SÓLO RESTABA LA FORMALIDAD DEL TRÁMITE PARA QUE EL ESTADO LE BRINDARA SEGURIDAD.

EL AÑO PASADO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO FUE AMENAZADO PORF ORCE, DEBIENDO SER CUSTODIADO POR FUERZAS DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE SIN QUE SU VIDA CORRIERA PELIGRO. HOY, LA SITUACIÓN ES MAS GRAVE PUES NO LO ENCONTRAMOS... .-

"EL MALEVO" FERREYRA SE MATÓ EN CÁMARA DE TELEVISIÓN Y FRANCISCO ORCE ELIGIÓ "APRETAR" Y AMENZAR A TRAVÉS DE "MANOS DESOCUPADAS" AL MEJOR ESTILO DE LOS GRUPOS DE TAREAS, AMBOS ACTUARON EN LA LOCALIDAD DE RANCHILLO, AMBOS FUERON VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, AMBOS DESPRECIEARON/A DE LA JUSTICIA POR ESO ELIGIERON EL CAMINO DE LA SOMBRA Y DEL DELITO.

Laura Figueroa- abogada de Orlando González

- QUE APAREZCA CON VIDA ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ

- QUE NINGÚN REPRESOR CAMINE POR LAS CALLES DE ARGENTINA. JUSTICA YA!!

Martes 26 de Mayo de 2009

URGENTE- Comunicado de prensa

URGENTE: TESTIGO DESAPARECIDO EN TUCUMÁN

Orlando Argentino González está desaparecido desde la mañana de hoy. Debía presentarse a las 9 en la Fiscalía Federal de Tucumán para denunciar un nuevo hecho que involucra al ex comisario Francisco Camilo Orce. Hace una semana que sufría amenazas constantes.

González es sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Fue detenido en mayo de 1976 en un bar de la localidad de Ranchillos e interrogado y golpeado por Orce.

Exigimos al Gobierno su aparición con vida YA!. Convocamos a una conferencia de prensa para el próximo jueves a las 12 en el Hotel Bauen en la que se llamará a marchar el viernes a las 17.30 desde el Obelisco hasta la Casa de Tucumán, ubicada en Suipacha al 100. Invitamos a todas las organizaciones a plegarse al reclamo y a la convocatoria a estas actividades.

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia // Justicia YA!

Que los desaparecidos tengan voz en los abogados de Justicia Ya

2009-05-12T08:08:00.002+02:00

Compañeras/os:

Una vez más recurrimos a vuestra solidaridad, en esta oportunidad les pedimos que apoyen el reclamo de apartamiento del Tribunal Oral Federal Nº5 de las causas contra los genocidas por los motivos que seguramente conocen y que están resumidos en el texto tentativo que les enviamos al pie. Por supuesto, pueden cambiarlo totalmente, sacar o agregar lo que les parezca.

Les pedimos que lo firmen indicando nombre, apellido, nº de documento y, si es el caso, organización a la que representan y que lo envíen por fax o por e-mail al Presidente del Consejo: (54 11) 4370-4973 ó 4124-5217/ Relator 4370-4938; e-mail: cncrimcorr.voc14@pjn.gov.ar

En cualquier caso les pedimos que nos envíen copia a nosotros al correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar ya que entregaremos semanalmente al Consejo copia de los correos que recibamos.

Fraternalmente

Justicia YA!

Sr. Presidente del

Consejo de la Magistratura

Dr. Luis María Bunge Campos

Presente

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Consejo, con el objeto de manifestarle que consideramos necesario que se aparte al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 5 de la Capital Federal, de las causas contra los genocidas por:

· la discriminación política que ejerce contra el colectivo Justicia YA!, único que ha sostenido la acusación por genocidio en las causas que tramitaron ante este TOF, al negarle sistemáticamente el derecho a tener representación letrada propia;

· la prohibición que impone a los integrantes de organismos de Derechos Humanos a usar sus símbolos en la sala de audiencias –el pañuelo blanco de las Madres, entre otros- sumado a otras graves agresiones psicológicas contra querellantes, testigos, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos como la exagerada presencia policial en la sala;

· las inusitadas restricciones que aplica a la publicidad de los debates orales que van mucho más allá de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con el agravante de que las únicas cámaras de televisión presentes en la sala son operadas por la Policía Federal.

A la espera de una pronta y favorable respuesta a este pedido, lo saludamos atentamente.

Firma

Nombre y Apellido

DNI

Organización:

Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan

2009-04-30T07:52:00.005+02:00

Un ex oficial de la policía bonaerense negó toda relación con el secuestro y crimen de Floreal Avellaneda, cometido en abril de 1976. “Nunca salí de la comisaría”, aseguró. Los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, quienes entonces eran máximos jefes de la guarnición militar, no declararon.

Los máximos jefes de la guarnición militar de Campo de Mayo en 1976 se negaron ayer a declarar en el juicio que se les sigue por crimen del joven militante comunista Floreal Avellaneda, de sólo 14 años.

"No voy a declarar", fue la idéntica fórmula que usaron los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García en la segunda audiencia del juicio oral que se les sigue en el tribunal federal de San Martín.

La misma negativa manifestaron los entonces capitán César Fragni y el teniente Raúl Harsich, acusados de haber sido "coautores inmediatos" del crimen como integrantes del grupo de tareas del ejército que funcionó en la Escuela de Infantería de la mayor unidad militar del país.

Un sexto acusado, el oficial de la policía bonaerense Alberto Antelo, fue el único que se prestó a la indagatoria aunque fue para manifestarse "totalmente inocente", al aclarar que "nunca" salió de la comisaría de Villa Martelli.

Los tres generales están acusados de ser "autores mediatos" del secuestro del joven y su madre sobreviviente, Iris Pereyra; de los tomentos aplicados a ambos en la comisaría, donde fueron trasladados en principio, y del asesinato del chico, cuyo cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya desnucado y empalado.

Floreal y su madre fueron secuestrados en abril de 1976 en el domicilio familiar de Munro, donde un grupo de tareas del ejército buscaba al padre del chico, un ex delegado sindical en la automotriz General Motors de igual nombre.

El brutal asesinato del "Negrito" Avellaneda fue conocido ya en el histórico juicio a los comandantes de 1985, donde bajo los números de caso 102 y 1034 fue tenido en cuenta para condenar a Jorge Rafael Videla.

Treinta y tres años más tarde, cinco de los seis acusados se negaron a declarar pero el sexto prefirió recordar que a partir del 24 de marzo la comisaría donde se desempeñaba "fue puesta a disposición de los militares".

Sostuvo que la noche del 15 de abril se desempeñaba como oficial de guardia a cargo de labores administrativas dentro de la comisaría, que se limitaron a tramitar la causa por la detención de un infractor a la ley de juego.

Aneto fue identificado a mediados de los años 80 por la madre del chico Avellaneda y otros testigos en rueda de reconocimiento como el policía con peluca rubia que integraba la patrulla que atacó la casa y los llevó detenidos.

La defensa del policía logró ayer que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart obligará a los padres del chico, que son testigos y querellantes a la vez, a abandonar la sala durante su declaración que, pese al olvido total que manifestó en un comienzo", pudo recordar perfectamente que "esa noche comí una milanesa".

En la próxima audiencia que se realizará el lunes 11 de mayo, declararán los padres de Floreal.

Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas

2009-04-29T08:09:00.003+02:00

El ex marino será juzgado por integrar un grupo de tareas que mató al periodista y desapareció a Leonnie Duquet, Alice Domon y Azucena Villaflor.

Se inicia el juicio oral y público (con las limitaciones impuestas por el TOF5: JUSTICIA YA NO PUEDE TENER ABOGADOS PROPIOS) por la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y los secuestros y torturas a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

Fueron rechazadas las oposiciones de la defensa del ex marino y se declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

Ese tribunal tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El represor, oportunamente extraditado desde España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA, el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.

La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.

"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", y está acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.

Se probó asimismo que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.

Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, se calificaron las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".

MONJAS. En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, esta investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.

"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977 cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.

En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.

Se afirma en el auto judicial que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".

Además de estas causas elevadas a juicio oral y público Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su e4scala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", se afirma en los procesamientos.

Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo

2009-04-27T23:30:00.000+02:00

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.

Dos ex generales, el entonces jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, su jefe de inteligencia, Fernando Ezequiel Verplaetsen, y otros cuatro represores están imputados por el asesinato del joven Floreal Avellaneda.

Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista, y su madre, Iris Pereyra, fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar.

El cuerpo del joven apareció en 1976 en las costas de Montevideo, un mes después de su secuestro con signos evidentes de tortura.

"Mi hijo sufrió una tortura brutal. Por eso queremos que encarcelen para toda su vida" a los responsables, sostuvo al llegar a los tribunales Iris Pereyra, quien fue liberada en 1978.

Junto a Riveros, que se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, está acusado el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.

También están procesados en esta causa el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fue el principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito", como también era conocido Avellaneda, y su madre fueron torturados.

Decenas de activistas de derechos humanos se concentraron frente a los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para exigir castigo para los represores.

Este juicio es el primero de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención organizados durante la última dictadura.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa, en la localidad bonaerense de Munro, a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli

2009-04-26T14:01:00.003+02:00

Para desenterrar la verdad

El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.

Por Washington Uranga

Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.

El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.

Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.

Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.

Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.

Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.

SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD

2008-12-19T12:16:00.003+01:00

Comunicado - JUSTICIA YA

En el día de la fecha se anunció un fallo de la Cámara de Casación Penal que deja en libertad a varios de los represores de la Esma, entre otros a Astiz y el “tigre” Acosta.

Vemos que al primer plan de impunidad generado por las leyes de punto final y obediencia debida, le siguió el secuestro de testigos y querellantes, como a Jorge Julio López en que hoy se cumplen 27 meses de su secuestro.

Luego, con la connivencia del Poder Judicial, se desmembraron las causas, se elevaron a juicio oral por tramos y sólo han sido condenados unos pocos genocidas algunos de los cuales esperan la confirmación del fallo en libertad.

Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación.

Denunciamos al Juez Torres, porque solo procesó a estos represores por un número ínfimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Exigimos que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por los delitos por los que ya está en condiciones de indagarlos, evitando así que queden en libertad.

Denunciamos al fiscal Taiano porque 5 años después de reabierta la causa todavía no ha tenido tiempo de enterarse que tiene pruebas suficientes para informarle al juez que otras 170 personas también estuvieron secuestradas en la ESMA.

Denunciamos a la Cámara de Casación porque una vez más falla a favor de los genocidas
Denunciamos al Gobierno porque que no ha tomado una sola medida para impedir esta situación, llegando sus representantes en el Consejo de la Magistratura a rechazar los pedidos de juicio político que promovimos desde Justicia Ya contra los jueces responsables de esta situación.

Esta resolución pone en peligro toda la construcción realizada por las víctimas, los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares para obtener juicio y castigo a los responsables del genocidio y de los delitos más graves que ofendieron a la humanidad, situación que venimos denunciando desde la reapertura de las causas.

18 de diciembre de 2008

SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*

2008-12-02T16:48:00.004+01:00

La Sala II de la Cámara de Casación, el TOF 5 y los defensores oficiales quieren dejar afuera de los próximos juicios contra los genocidas a organismos de derechos humanos y a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Los defensores oficiales, tanto en la causa *Comisaría 5ta*. de La Plata como en la causa *ESMA*, *han solicitado que se desconozca el derecho de los organismos de derechos humanos y de distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas a ser querellantes*. El juez Corazza en La Plata rechazó la pretensión, pero la Sala II de la Cámara de Casación fijó criterios que dan la razón a los defensores de los marinos aunque por cuestiones de forma desestima -por ahora- el pedido.

*A su vez el TOF 5 ignora el derecho del colectivo Justicia Ya! integrado por 27 organizaciones, a tener voz en los juicios orales a los represores de la dictadura militar, a través de una cabeza de querella propia.
*El 16 de octubre de este año la Sala II de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, dictó un fallo donde se pronuncia respecto de la legitimidad del caracter de querellantes de organismos tales como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Comité de Acción Jurídica y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la resolución establece que para ser tomada como parte, *el estatuto de la organización debe habilitarla expresamente para querellar* y además, *debe tener* *poder para hacerlo otorgado por alguno de sus miembros que sea víctima directa de los hechos investigados*.

De esta manera, los jueces de Casación pretenden desestimar el interés colectivo que tienen estos juicios, en tanto se investigan delitos que ofenden a la humanidad toda; además de pretender impedir el accionar de las organizaciones por su propio derecho en las causas para -en el mejor de los casos en que alguno de los miembros sea víctima directa- transformarlas en meras intermediarias entre esa víctima y el abogado.

Este fallo -que desoye importante jurisprudencia en contrario- ya fue esgrimido por la misma Sala II y por el TOF 5 para rechazar los recursos presentados por el colectivo Justicia Ya! reclamando por su derecho a contar con una cabeza de querella propia que le permita actuar en los debates orales con sus abogados.

El TOF 5, tribunal oral de Capital Federal que entiende en las mega-causas ESMA y Primer Cuerpo, ha decidido que sólo dos víctimas directas intervengan en forma plena en el debate a través de sus abogados y que éstos representen a todos los demás querellantes. De esta forma ya ha dejado de lado la representación colectiva, encarnada por las organizaciones, en los últimos 7 juicios elevados a la etapa oral: 4 de la causa ESMA y 3 de la causa Primer Cuerpo.

El reclamo de Justicia YA! está en la Corte Suprema de Justicia. Se solicitó una audiencia, ya que entienden que se está discriminando y excluyendo de las causas al más importante colectivo de querellantes organizados del país que sostiene desde su creación, que *la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria no es un acto individual, es una lucha colectiva*.

30 de noviembre de 2008
Justicia YA!

Justicia YA! está integrado por:

Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
En el exterior : Casapueblos (Madrid) - Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)

Condena incompleta para Aeronáutica

2008-11-06T08:46:00.003+01:00

El Tribunal Oral 5 dictó la máxima pena para el coronel retirado Alberto Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, mientras que los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes recibieron 25 años de cárcel, por los secuestros, torturas y desapariciones en ese centro clandestino que funcionó en Morón desde el 24 de marzo de 1976 hasta igual fecha de 1978 y adonde iban a parar personas secuestradas en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No obstante, ninguno de los tres torturadores irá preso en forma inmediata: los magistrados decidieron mantener la misma situación procesal de los condenados durante el juicio de manera que Comes y Mariani continuarán excarcelados y Barda, con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Fuentes judiciales que tras la lectura completa del fallo, el miércoles próximo, la querella apelaría esta medida para que la cárcel se haga efectiva.

Los jueces del Tribunal Oral 5, que llevan adelante el caso, dieron a conocer la sentencia minutos antes de las 19. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, las únicas cámaras autorizadas a ingresar a la sala al momento de la lectura de la sentencia, fueron las cámaras del mismo Tribunal.

El titular del TOF5, Guillermo Gordo, leyó las condenas a las que adhirió en disidencia parcial y amenazó dos veces con desalojar la sala, ante las primeras exclamaciones de algarabía de los presentes que celebraron la condena de los genocidas.

Barda fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor responsable de los delitos de “privación de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, según leyó el magistrado en relación a los crímenes de Analía Delfina Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro, ocurridos en el centro clandestino "La Cueva", que funcionó dentro del GADA que él comandaba, a la entrada de Mar del Plata y sobre la ruta 2.

En tanto Mariani y Comes deberán cumplir una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que proceda por ser responsables de los delitos de privación de la libertad e imposición de tormentos agravados y reiterados, en el segundo caso.

En las puertas del TOF5, militantes de derechos humanos se concentraban para conocer el fallo que condena, por primera vez, a dos integrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

APELACIÓN A LA EXCARCELACIÓN. Pese a que la querella había pedido prisión perpetua para Barda y 50 años para Comes y Mariani y el fallo de los jueces dictaminó 25 años para los dos últimos, los abogados del colectivo de organizaciones de derechos humanos Justicia Ya!, que representaron a las víctimas, van a apelar la situación procesal que los mantiene excarcelados y con prisión domiciliaria, en el caso de Barda.
"El riesgo de profugarse es inminente", una de las abogadas Justiucia Ya!, Liliana Mazea. "Nosotros entendemos que corresponde cambiar la situación procesal porque además de profugarse, pueden alterar la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas , en la que también están implicados", agregó.

Rafecas sigue un circuito represivo que además de la Mansión Seré, incluye varios centros clandestinos instalados en la zona en los que también estarían implicados los genocidas condenados hoy. "El Tribunal aplicó la legislación anterior y no entendió que la desaparición de Brit es un delito permanente y que se debe aplicar la sumatoria de delitos en base a la pena mayor que en este caso, da 50 años que es lo que pedimos", explicó, pero señaló que de todas formas "el único reproche es la excarcelación y la domiciliaria".

NO SABIA, NO FUI: NO LES CREYERON. Unas horas antes de que el juez Gordo pidiera un cuarto intermedio para dictaminar la sentencia, Mariani y Comes, ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, respectivamente, y ex jefes del grupo de tareas 100 de la represión ilegal de la dictadura, hicieron uso del derecho a pronunciar sus palabras previas al veredicto y se declararon inocentes.

En cambio el coronel retirado Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, optó por el silencio.

“No cometí, no ordené, no prohijé, no consentí ninguno de los hechos" acaecidos en Mansión Seré”, dijo Mariani y agregó: “No quisiera estar en el lugar de los que han perdido algún ser querido".

El ex aeronauta recordó que "como jefe del grupo de tareas 100 no tuve la sensación de participar de una guerra" y señaló que sus superiores de la fuerza lo habían elegido a él para que rinda cuentas ante la Justicia, según su opinión, porque iba a resultar absuelto.

Por su parte Comes, aseguró que nunca tuvo conocimiento de lo ocurrido en el interior de Mansión Seré, “lugar al que jamás fui porque nunca estuvo bajo mi cargo", y comentó que se enteró de que allí funcionaba un centro de reclusión de secuestrados y torturas "seis años después de mi retiro, cuando lo enjuiciaron al brigadier (Orlando) Agosti en el juicio a las Juntas Militares".

Los jueces no les creyeron y condenaron al trío de ex militares a prisión perpetua y a 25 años de cárcel como había pedido el fiscal Félix Crous, la mitad de los 50 años de reclusión que solicitaron los querellantes representados por los abogados del colectivo "Justicia Ya" de defensa de los Derechos Humanos.

La Mansión Seré es uno de los centros de detención clandestina y torturas emblemático de la última dictadura militar. Una de las historias más conocidas vinculadas a ese lugar fue la fuga de los prisioneros Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, y Carlos García, quienes lograron escapar esposados y desnudos, en plena noche del 24 de marzo de 1978 y bajo la lluvia.

Videla fue trasladado a una cárcel común

2008-10-11T09:27:00.002+02:00

Después de diez años de estar detenido en su casa, el juez Oyarbide decidió que el dictador cumpla su condena por robo de bebés en la unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en Campo de Mayo.

A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.

Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 198687: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.

La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.

En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.

Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.

Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.

En esta causa que fue esta elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.

De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, a incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.

Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral de Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.

Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López

2008-09-13T19:37:00.003+02:00

Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".El ex ministro de Seguridad León Arslanian dice que Julio López está muerto porque después de dos años de intensa y prolija investigación, nada se sabe de él. El juez Arnaldo Corazza acuerda con que ésa es una posibilidad, aunque se propone continuar la pesquisa con la misma intensidad e idéntica prolijidad que hasta ahora. El doctor Gascón Coti, abogado de la familia López, opina en cambio que es necesario dirigirla a investigar a... Julio, para saber quiénes lo convencieron de declarar contra Etchecolatz. ¡Cuánto disparate! O, en realidad, ¡cuánto encubrimiento disfrazado de disparate!

Doctor Arslanian, doctor Corazza, ustedes no tienen derecho a mentir de esa manera, ustedes saben que la causa López es un monumento a la impunidad.
Monumento en el que ustedes pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que a Julio lo secuestró la policía y ¿aceptaron, se resignaron, acordaron? que los autores quedaran impunes a cambio de la "gobernabilidad de la fuerza".

Doctor Gascón Coti, lo decimos una vez más tan públicamente como lo venimos haciendo hace 24 meses: Julio López fue un militante, un luchador en los '70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos, sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio, a sus setenta y pico, volvió a ser un militante, un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención,
hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales. Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio, no nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes, porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.

Si por ese motivo usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos.

Si, en cambio, a quien acusa de no cuidar a Julio ni a los miles de testigos ni a los centenares de miles de luchadores populares que también tomaron en sus manos esta pelea contra la impunidad de los genocidas es al gobierno nacional y al gobierno provincial por no haber separado de las fuerzas
armadas, de seguridad y de Inteligencia a los torturadores, por permitir que más de 9000 efectivos de la Bonaerense de la dictadura sigan en actividad, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, en ese caso, doctor Gascón Coti, recibirá todo nuestro apoyo.

AEDD, LADH, CTA La Plata, Asociación Anahí, Unión por los Derechos Humanos La Plata, Fidela, Ceprodh, CAJ, Hijos La Plata, Liberpueblo, Cadhu, integrantes de Justicia Ya!

COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas

2008-09-03T08:09:00.004+02:00

El pasado domingo 31 de agosto de 2008, nuestro compañero, Mario Galvano, sobreviviente, testigo y querellante en la denominada Causa Mansión Seré, desprendimiento de la Megacausa 1er. Cuerpo de Ejército, fue víctima una vez mas de una agresión física en la puerta de su casa en el barrio de San Telmo que incluyo amenazas de muerte reiteradas con exhibición de arma de fuego por parte del agresor. Este, Juan Manuel Sánchez Toranzo, no es otro que el hijo del Tte. Coronel (Re) Carlos Sánchez Toranzo.

Es de destacar que este último se encuentra imputado en diversos aberrantes delitos en, justamente, la causa 1er. Cuerpo de Ejército. Basta recordar que a Pablo Díaz, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" le dijo "A Claudia Falcone y a esos pibes no los busquen mas, ya están todos fusilados". La semana pasada cuando se inicio el juicio oral por la Mansión Seré, fue Mario Galvano quien aporto en su testimonio ante los jueces del TOF 5 los datos necesarios para esclarecer los hechos que se investigan y juzgan. Al juicio llegaron los represores Comes, Barda y Mariani por sus propios medios ya que dos de ellos gozan de libertad y el tercero de prisión domiciliaria. Los abogados querellantes de Justicia Ya! solicitaron al tribunal la inmediata detención de los imputados y el cese del arresto domiciliario, considerando que desde ese momento en más, la seguridad de los testigos se vería seriamente afectada dado que terminada la audiencia tanto los represores como los querellantes, testigos y abogados compartirían el espacio público con la evidente amenaza que ello representa. A esta petición se opuso, inexplicablemente, el fiscal Félix Crous aduciendo que hasta el momento no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las condiciones de libertad de los acusados fuesen a poner en peligro la integridad de querellantes y testigos.

Pues bien, queda palmariamente demostrado a partir de los hechos del domingo que tal aseveración es absolutamente falaz y que la trama de impunidad hasta hoy reinante les permite a los asesinos y torturadores de ayer moverse con total libertad hoy. Es de destacar que el agresor de Mario Galvano, se retiró del lugar de los hechos auxiliado por otras dos personas que se conducían en un automóvil blanco que lo esperaba en las inmediaciones dándose a la fuga a toda velocidad. Todo esto presenciado por gran cantidad de testigos que expresaron su repudio presentándose espontánea y voluntariamente a radicar la denuncia correspondiente. Hoy, con estos nuevos elementos, se volverá a insistir en que se detenga a los imputados, que se termine con su situación de privilegio y se los aloje en el lugar que les corresponde, una cárcel común. Esa será la única garantía de seguridad que testigos y querellantes tendrán si no queremos que lo de Julio López vuelva a repetirse.

Justicia Ya! Bs. As Septiembre 2, 2008 Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Exterior ; Campaña de Apoyo a Juicios – Casapueblos

Repercusiones en Madrid de la sentencia contra Bussi

2008-09-01T19:16:00.002+02:00

Causas Judiciales contra los genocidas de Argentina

Videla enfrentará un juicio oral y público por más de 800 violaciones a los derechos humanos

¡¡¡Ahora inimputable Harguindeguy!!!

Nieta número 99

Genocidas en el banquillo, siguen en su línea

La muerte de la argentina Noemí Gianotti fue un crimen político

La Sra. Molfino fue asesinada en Madrid en 1980

Villarán, Susana. Operación Cóndor: La conexión peruana

“No imaginábamos nada de esto”

Otra historia de identidad recuperada

No se rinden las hormiguitas

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El genocida Colombo condenado a 25 años domiciliarios

Floreal Avellaneda : Perpetua para Riveros

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”

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Jujuy, Argentina: El día en que el duelo fue posible

¿DONDE ESTÁ Orlando Argentino González?, sobrevivente CCD de Tucumán

Que los desaparecidos tengan voz en los abogados de Justicia Ya

Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan

Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas

Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.

La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli

Para desenterrar la verdad

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SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD

SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*

Condena incompleta para Aeronáutica

Videla fue trasladado a una cárcel común

Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López

COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas

Repercusiones en Madrid de la sentencia contra Bussi

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