Ideeleradio - Informes Especiales

Informes Especiales 05 de noviembre del 2009

2009-11-05T13:27:00.000-08:00

LADO A

EL GOBIERNO Y LA DESACTIVACIÓN DEL CONSEJO DE REPARACIONES

George Farfán, vocero de los trabajadores del Consejo de Reparaciones; Sofía García Carpio, encargada del tema de reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Rosa Villarán, presidenta del movimiento ciudadano “Para que no se repita”; Javier Torres, integrante de la Asociación Servicios Educativos Rurales; Enrique Bernales, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); Juana Huancahuari, congresista.

ENTREVISTA:
Luis Negreiros, Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior.

ENTREVISTA:
Delia Revoredo Marsano de Mur, ex miembro del máximo intérprete de la Carta Magna.

LADO B

POST BAGUA: UNA LECCIÓN NO APRENDIDA POR EL GOBIERNO
Pilar Mazzetti, ex ministra del Interior e integrante de la Comisión que investiga los sucesos de Bagua; Alberto Pizango, ex presidente de AIDESEP; Saúl Puerta Peña, secretario de AIDESEP; César Villanueva, presidente regional de San Martín; Olga Bobadilla, titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba.

ENTREVISTA:
Pilar Mazzetti integrante de La Comisión especial que investiga los hechos de violencia ocurridos en Bagua.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Pedro Francke, ex presidente de Foncodes.

ENTREVISTA:
Rocío Silva-Santisteban, directora de la Carrera de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Informes Especiales 22 de octubre del 2009

2009-10-22T09:25:00.000-07:00

LADO A

EL PENSAMIENTO RAFAEL REY VERSUS LOS DERECHOS HUMANOS
Karin Ninaquispe, abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano; Runamasinchiqpaq (Adehr); Pablo Talavera, coordinador de la Sala Penal Nacional; Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Nelson Manrique, historiador y analista político; Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC).

ENTREVISTA:
Alberto Pizango, líder amazónico asilado en Nicaragua.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Monge, especialista en temas de descentralización.

ENTREVISTA:
Iván Montoya, ex Jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción.

LADO B

ABORTO EUGENÉSICO ENTRE PRESIONES Y CONSENSOS
Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; Ronald Gamarra secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Marco Arana sacerdote y líder del movimiento Tierra y Libertad; Jossy Cárdenas, representante del programa de Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Henry Pease García, ex presidente del Congreso de la República.

ENTREVISTA:
Víctor García Belaunde, congresista de la República y dirigente de Acción Popular.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

ENTREVISTA:
Walter Albán, ex defensor del Pueblo y decano de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Informes Especiales 07 de octubre del 2009

2009-10-07T15:42:00.000-07:00

LADO A

FUJIMORI, SUS CONDENAS Y LAS AMENAZAS DE SUS SEGUIDORES
Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); Antonio Maldonado; ex procurador Ad Hoc; Coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera; Ronald Gamarr, ex procurador adjunto y secretario ejecutivo de la CNDDHH; Miguel Jugo, directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

ENTREVISTA:
Gladys Echaíz, fiscal de la Nación.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Ramiro Escobar, periodista y experto en temas internacionales.

ENTREVISTA:
Luis Galarreta, congresista por Unidad Nacional.

LADO B

ALLISON Y LA AGENDA PENDIENTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SUR
Ricardo Orellana, representante de la Coordinadora Ciudadana por la Defensa, Reconstrucción y Desarrollo Regional de Ica; Tomas Andía, alcalde distrital de Túpac Amaru y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de los Pueblos Afectados por el Terremoto; Rafael Yamashiro, vocero de Unidad Nacional; Rudecindo Vega, ex titular de Vivienda.

ENTREVISTA:
Anel Townsend, ex congresista de la República.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Rivera, abogado de la parte civil en el juicio a Alberto Fujimori.

ENTREVISTA:
Santiago Manuin Valera, líder nativo awajún y apu de cinco cuencas del río Santa María de Nieva.

Informes Especiales 25 de Setiembre del 2009

2009-09-25T19:53:00.000-07:00

LADO A

INFORME:
EL USO DE LA FUERZA Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo y constitucionalista Samuel Abad; José Robles, investigador del Área de Defensa y Fuerzas Armadas del Instituto de Defensa Legal (IDL); Diego García Sayán, ex titular de Justicia y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Yehude Simon, ex presidente del Consejo de Ministros; Gladys Echaíz, fiscal de la Nación.

ENTREVISTA:
José Peláez, fiscal supremo del caso Alberto Fujimori

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA:
Carlos Basombrío, analista político y ex viceministro del Interior

ENTREVISTA:
Pilar Mazzetti, integrante de la comisión investigadora de los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua.

LADO B

INFORME
FUJIMORI Y SU CUARTO JUICIO POR CORRUPCIÓN
Luis Vargas Valdivia, ex procurador AD HOC para el caso Fujimori-Montesinos; Francisco Soberón, director de Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); José Peláez Bardales, fiscal supremo; Antonio Salazar, representante legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

ENTREVISTA:
Sonia Medina, procuradora antidrogas

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Fernando Rospigliosi, analista político y ex ministro del Interior

ENTREVISTA:
Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista

Informes Especiales 11 de Setiembre del 2009

2009-09-11T13:02:00.000-07:00

LADO A

Informe: El narcotráfico y su poder corruptor en la política

Nelson Manrique, sociólogo y analista político; Ricardo Vega Llona, ex presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA); Rómulo Pizarro, presidente de DEVIDA; Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia; Gustavo Gorriti, coordinador del área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).

ENTREVISTA:
Óscar Ugarte, ministro de Salud

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Walter Albán, ex defensor del Pueblo

ENTREVISTA:
Pablo Sánchez, fiscal supremo titular

LADO B

Informe: Narcotráfico en el VRAE “mitos e incompetencia"

Fernando Rospigliosi, periodista y ex ministro del Interior; Ricardo Soberón Garrido, director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos”; Nelson Palomino, ex secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de la Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp); Salomón Lerner, ex presidente de la CVR; Rómulo Pizarro, jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

ENTREVISTA:
Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Ramiro Escobar, analista político e internacionalista

ENTREVISTA:
Tania Valle, abogada del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Informes Especiales 27 de Agosto del 2009

2009-08-28T07:46:00.000-07:00

LADO A

ALAN GARCÍA, EL MANEJO ECONÓMICO Y LOS NÚCLEOS EJECUTORES
Juan Sheput, ex ministro de Trabajo y dirigente de Perú Posible; Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); César Acuña, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE); Luis Galarreta (UN), presidente de Comisión de Economía del Congreso; Susana Villarán, ex ministra de la Mujer y lideresa del movimiento Fuerza Social.

ENTREVISTA: Gladys Echaíz, fiscal de la Nación

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA
Alexandro Saco, analista político

ENTREVISTA: Ricardo Soberón, experto en temas de narcotráfico

LADO B

EL APRA, LA RECTIFICACIÓN Y EL INTENTO POR COACTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Marisol Espinoza, vocera del Partido Nacionalista; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana (CPP); Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Marco Sifuentes, periodista y autor del blog “El Útero de Marita” y “Útero TV”.

ENTREVISTA: Aurelio Pastor, ministro de Justicia

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA

Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior

ENTREVISTA: Luis Galarreta, presidente de la Comisión de Economía

Informes Especiales 14 de Agosto de 2009

2009-08-14T05:50:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)
(Lado A por partes)

INFORME ESPECIAL: (Descargar mp3)
A DOS AÑOS DEL TERREMOTO DEL SUR: INDIFERENCIA Y OLVIDO
Gustavo Echegaray, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Genaro Matute Mejía, ex contralor General de la República; Isaac Serna, congresista de UPP; Rafael Yamashiro, congresista y vocero de Unidad Nacional.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Iván Meini, ex procurador anticorrupción

LIBERTAD BAJO PALABRA: (Descargar mp3)
Giovanna Peñaflor, periodista y es gerente general de IMASEN

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad

LADO B (Descargar programa completo MP3)
(Lado B por partes)

INFORME ESPECIAL: (Descargar mp3)
DEUDOS DE POLICIAS MUERTOS EN BAGUA Y SU LUCHA CONTRA LA BUROCRACIA
Flor Vásquez, viuda del comandante Miguel Montenegro; Ronny García, hermano del suboficial de tercera José García; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista; Antonio Salazar, abogado de los deudos-IDL.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional

LIBERTAD BAJO PALABRA: (Descargar mp3)
Maria Teresa Mosquera, integrante de Acción por los Niños

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Cecilia Blondet, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).

Informes Especiales 24 de Julio de 2009

2009-07-24T11:43:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)
(Lado A por partes)

EL CASO 15 MILLONES: (Descargar mp3)
UNA NUEVA SENTENCIA CONTRA FUJIMORI
Carlos Rivera Paz, Coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal; Avelino Guillén, fiscal supremo; Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción; Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Eduardo Adrianzén, analista y dramaturgo

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Gladys Echaiz, fiscal de la Nación

LADO B (Descargar programa completo MP3)
(Lado B por partes)

INFORMES: (Descargar mp3)
EL GABINETE VELÁSQUEZ Y SU PERFIL CONFRONTACIONAL
Alejandro Toledo, ex presidente de la República; Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; David Waisman, congresista y ex vicepresidente; Susana Villarán, integrante del partido Fuerza Social; Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Jorge del Castillo, ex presidente del Consejo de Ministros

SECCION LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Carlos Aramburú, sociólogo y profesor de la PUCP

RÓMULO LEÓN: (Descargar mp3)
EL FAENÓN QUE LO LLEVÓ DE LA CÁRCEL A SU CASA
Felipe Osterling, ex titular del Senado; Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima, José Ugaz, ex procurador; Ana Elena Townsend, ex congresista; Heriberto Benítez, ex parlamentario; Avelino Guillén, fiscal supremo; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Informes Especiales 25 de Junio de 2009

2009-06-26T11:07:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)

(Lado A por partes)

LA EXPLOSIÓN SOCIAL: (Descargar mp3)
LA FALTA DE PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS
Alberto Adrianzén, analista político; Javier Diez Canseco, sociólogo y ex congresista; Iván Ormachea, presidente de la Asociación Civil Pro Diálogo; Walter Albán, ex defensor del Pueblo; Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Roberto Pereira, abogado de Radio La Voz de Bagua Grande, Utcubamba

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Giovanna Peñaflor, periodista y directora de IMASEN

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Monseñor Pedro Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

LADO B (Descargar programa completo MP3)
(Lado B por partes)

EL CASO FRONTÓN: (Descargar mp3)
UNA DECISIÓN DE LA OCMA QUE DEBE SER REVALIDADA
Silvia Romero, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional; Heriberto Benitez, ex congresista y ex presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Gloria Cano, coordinadora del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Miguel Huerta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Pedro Francke, economista y director de la revista Bajo la Lupa

EDICIÓN ESPECIAL: (Descargar mp3)
“La riqueza de nuestro medio ambiente, nuestra voz la defiende: El derecho a la consulta”

Informes Especiales 12 de Junio de 2009

2009-06-12T21:21:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)
(Lado A por partes)

CONFLICTO AMAZÓNICO 1: (Descargar mp3)
ACCIONES Y OMISIONES DETRÁS DE LA TRAGEDIA
César Villanueva, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); Sinesio López, sociólogo; Orlando Requejo, alcalde provincial de Condorcanqui; Javier La Rosa, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL); Susana Villarán, dirigente del Partido Descentralista Fuerza Social.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Alejandro Toledo, ex presidente / Lourdes Flores, lideresa del PPC

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Nelson Manrique, sociólogo e historiador

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Carmen Vildoso, ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)

LADO B (Descargar programa completo MP3)
(Lado B por partes)

CONFLICTO AMAZÓNICO 2: (Descargar mp3)
EL CONFLICTO EN LA AMAZONÍA Y LOS PASOS A FUTURO
Carmen Vildoso, ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES); Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); José Barletti, profesor e historiador amazónico; Janeth Cajahuanca, legisladora del Partido Nacionalista; Samuel Abad, constitucionalista y ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL)

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Ramiro Escobar, periodista y analista internacional

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Lucila Pautrat, coordinadora del Equipo de Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Informes Especiales 28 de Mayo de 2009

2009-05-28T14:19:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)
(Lado A por partes)

INFORME: KEIKO FUJIMORI Y EL MILLONARIO GASTO EN SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Descargar mp3)
Ángel Páez, jefe de la Unidad de investigación del diario La República; José Ugaz, ex procurador Ad Hoc; Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; Pedro Morales, ex congresista que integró la comisión parlamentaria que investigó al gobierno de Alberto Fujimori; Omar Chehade, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría; Henry Pease, ex presidente del Congreso.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Ernesto Álvarez, integrante del Tribunal Constitucional

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Fernando Rospigliosi, analista político y ex ministro del Interior

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Maria Clara Galvis, consultora en derecho internacional.

LADO B (Descargar programa completo MP3)
(Lado B por partes)

INFORME: EL PROYECTO CABANILLAS Y EL BOICOT A LA REFORMA PROCESAL PENAL (Descargar mp3)
Pablo Sánchez, fiscal supremo; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Pablo Talavera, coordinador de la Sala Penal Nacional, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Roberto Pereira, representante legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Basombrío, analista político y ex viceministro del Interior

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
César Villanueva, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Informes Especiales 13 de Mayo de 2009

2009-05-14T17:01:00.000-07:00

LADO A (Descargar programa completo MP3)
(Lado A por partes)

FUJIMORI, MONTESINOS Y EL CASO DE LA CTS DE 15 MILLONES (Descargas Mp3)
Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones; Luis Vargas Valdivia, ex procurador; Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Avelino Guillén, fiscal supremo adjunto; Antonio Maldonado, ex procurador Ad hoc.

ENTREVISTA: (Descargar MP3)
Farid Matuk, ex jefe del INEI

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar MP3)
LIBERTAD BAJO PALABRA

Pedro Francke, ex presidente de Foncodes y profesor de la PUCP.

ENTREVISTA: (Descargar MP3)

Luis Iberico, periodista y ex presidente de la Comisión de Defensa del Congreso

LADO B (Descargar programa completo MP3)
Lado B por partes

LA PROTESTA DE LOS NATIVOS Y LA AUSENCIA DEL ESTADO
Antonio Brack, ministro del Medio Ambiente; Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP; César Villanueva, coordinador de la ANGR; Alicia Abanto, jefa del Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo; Carlos Monge, especialista en temas de descentralización de Propuesta Ciudadana. (Descargar MP3)

ENTREVISTA: (Descargar MP3)
Gladys Echaiz, fiscal de la Nación

COLUMNA DE OPINIÓN:

LIBERTAD BAJO PALABRA
Giovanna Peñaflor, periodista y gerente general de IMASEN (Descargar MP3)

ENTREVISTA: (Descargar MP3)

Gustavo Gorriti, director del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL)

Informes Especiales 29 de abril del 2009

2009-04-30T14:12:00.000-07:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

EL PODER JUDICIAL, EL PODER EJECUTIVO Y EL VAIVÉN (Descargar mp3)
EN TORNO A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
César Bazán, integrante del Consorcio Justicia Viva; Javier Villa Stein, presidente de la Corte Suprema; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Carlos Mansilla, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Walter Albán, ex defensor del Pueblo.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Sonia Medina, procuradora antidrogas

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Aramburu, integrante del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP)

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

EL CASO SUPA: (Descargar mp3)
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO EN EL PERÚ
Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP); Teresa Quiroz, presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Guillermo Giacosa, periodista y analista internacional; Beatriz Merino, la Defensora del Pueblo; Samuel Abad, ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Eduardo Adrianzén, dramaturgo y escritor

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Hugo Perea, economista del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)

Informes Especiales 16 de abril del 2009

2009-04-16T13:52:00.000-07:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

25 AÑOS A FUJIMORI: (Descargar mp3)
EL TRIUNFO DE LA JUSTICIA SOBRE LA IMPUNIDAD
Avelino Guillén, fiscal supremo adjunto; Santiago Canton, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Alberto Chaigneau, ex presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile; Carlos Rivera, abogado de la parte civil.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
David Lovatón, director del IDL

EL SUBCONSCIENTE DE GARCÍA (Descargar mp3)
SUS PREFERENCIAS ELECTORALES CON MIRAS AL 2011
Pepi Patrón, presidenta de la Asociación Civil Transparencia; Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú; Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad; Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista; Felipe Osterling, ex presidente del Senado y líder del PPC; Fernando Rospigliosi, analista político.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Gladys Echaíz, fiscal de la Nación

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

LA POLITIZACIÓN DE LA SENTENCIA: (Descargar mp3)
EL REACOMODO MEDIÁTICO Y EMPRESARIAL
David Lovatón, director del Consorcio Justicia Viva; Alejandro Toledo, ex presidente de la República; Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL); Alberto Adrianzén, analista político; Juan Sheput, ex ministro y dirigente de Perú Posible; Antonio Maldonado; ex procurador Ad Hoc.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Maria Teresa Mosquera, miembro de Acción por los Niños

LA PARALIZACIÓN DEL CASO BUSINESS TRACK: (Descargar mp3)
Gladys Echaíz, fiscal de la Nación; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Aurelio Pastor, presidente de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA); Fredy Otárola, vocero de la bancada Nacionalista; José Ugaz, ex procurador Ad Hoc.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros

Informes Especiales 18 de marzo 2009

2009-03-19T14:04:00.000-07:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

INFORMES ESPECIALES: (Descargar mp3)
PANORAMA PRE ELECTORAL: IZQUIERDAS, DERECHAS Y CENTROS MIRANDO AL PODER
Javier Barreda, viceministro de Promoción del Empleo; Carlos Ferrero, ex titular del Congreso; Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista; Lourdes Flores, presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC); Aldo Panfichi, analista político; Gonzalo Portocarrero, ex decano del Colegio de Sociólogos; Carlos Basombrío, analista político.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex candidata presidencial

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Maria Teresa Mosquera, coordinadora de Acción por los Niños

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada del seguimiento del Plan de Reparaciones.

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

INFORMES ESPECIALES: (Descargar mp3)
LOS MANOTAZOS DE NAKAZAKI ANTE LA INMINENTE CONDENA A FUJIMORI
Avelino Guillén, el fiscal supremo adjunto; Carlos Rivera, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Antonio Maldonado, ex procurador para los casos Fujimori – Montesinos; Iván Torres, abogado del ex jefe del SIN Julio Salazar Monroe; José Peláez Bardales, fiscal supremo en el juicio contra Alberto Fujimori.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC)

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Basombrío, analista político y ex viceministro del Interior

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Silvia Romero, abogada del caso Manta y Vilca.

Informes Especiales 04 de Marzo 2009

2009-03-05T15:56:00.000-08:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)

(Lado A por partes)

CABANILLAS Y LOS NUEVOS RETOS EN EL MININTER (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex defensora de la Policía Nacional; General PNP (r) Enrique Yépez, ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC); Juan Sheput, analista político y ex ministro; Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Walter Albán, ex defensor del Pueblo

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros

INFORME: (Descargar mp3)
ALBERTO FUJIMORI CULPABLE

BBC: (Descargar mp3)
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)

(Lado b por partes)

LA REORGANIZACIÓN EN EL INPE, TRAS EL ESCÁNDALO DE FUGAS EN LOS PENALES (Descargar mp3)
Javier Llaque Moya, ex Director de Piedras Gordas y ex miembro del Consejo del INPE; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Giovanna Peñaflor, periodista y analista político

INFORME: (Descargar mp3)
CAMBIOS EN EL CNM: RETOS Y TAREAS PENDIENTES
Carlos Mansilla, electo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Edmundo Peláez, saliente presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Avelino Guillén, fiscal supremo adjunto

La minería, la crisis y los conflictos sociales

2009-03-05T14:10:00.003-08:00

Ideeleradio.- La minería es sin duda una de las actividades que más ingresos genera al Estado, utilidades a los trabajadores, dividendos a las empresas y en algunos casos desarrollo para las regiones. Pero es también, por incumplimiento de las obligaciones socioambientales y la omisión del Gobierno, fuente de constantes conflictos, fenómeno que se mantiene tanto en épocas de opulencia como de crisis económica-financiera.

Situaciones como el traslado de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a la explotación de la minera Volcán, la contaminación por mercurio en Choropampa y la difusión de fotografías que implicarían a trabajadores de Río Blanco Cooper (ex Majaz) en actos de tortura contra pobladores de Huancabamba, son sólo árboles en el bosque.

El ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, afirmó a Ideeleradio, que los responsables de los excesos cometidos en este campamento minero deben ser sancionados de acuerdo con la ley.

“Eso tiene que investigarse, judicializarse y los responsables tienen que ser sancionados. El Ejecutivo no interviene directamente, eso es cuestión de la Fiscalía y del Poder Judicial. Los excesos de ambos lados, tanto de empresas, de la Policía o de quien sea o de los comuneros o pobladores locales, tienen que ser de acuerdo a ley. Yo o puedo porque protesto por algo, destruir, quemar, agredir, matar o lo que sea. Tenemos que para a la cultura del diálogo y la concertación, ponernos de acuerdo para hacer alguna empresa o permitir la explotación de algún recurso natural. Los excesos no deben producirse y tienen que ser sancionados”, indicó.

Tras este pronunciamiento, aún no existen resultados. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), lamentó que lejos de acelerar la identificación de los involucrados en este caso, se agilicen las investigaciones contra los propios comuneros, ronderos y medioambientalistas que respaldan a las comunidades.

Subrayó que no debe haber ‘patente de corso’ para que las mineras se instalen en cualquier lugar y sin ningún tipo de restricción.

“No es que debe haber patente de corso, para que la explotación y exploración minera se instale en todo lugar, a como de lugar, sin considerar los legítimos derechos de la población comunera, campesina, rural, a desarrollar otras formas de actividad productiva que también de satisfacciones. Entonces hay una compleja trama por la cual operan en esta zona avasallando derechos. Lo que ahora debemos exigir es que el Estado asuma su obligación y responsabilidad de garantizar que el medio ambiente sea protegido y se ejerza el uso racional de estos recursos naturales”, señaló.

Marco Arana, directivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), consideró que el actual gobierno ha retrocedido en todo lo relacionado a la protección de las comunidades e indicó que un ejemplo de ello, es que se ha recortado el plazo de participación de los ciudadanos en los estudios de impacto ambiental.

Con respecto al caso de Choropampa, anunció en Ideeleradio, que los pobladores denunciaran al Estado por su inacción frente a la contaminación de mercurio, en esta ciudad cajamarquina.

“Lo que resulta claro es que el gobierno de Alan García muestra un claro retroceso en la protección de derechos y en materia de ordenamiento jurídico de la inversión privada y ambiental y social, respecto del gobierno anterior. La Sociedad Nacional de Minería ha pedido que incluso se brinden normas de emergencia por la crisis financiera internacional, para que se haga un plan de emergencia para el sector minero y están pidiendo que no se tomen en cuenta los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades, entonces quieren permiso para hacer minería donde sea, sin ninguna restricción. Por ejemplo, el caso de Cerro de Pasco es un caso dramático en el que la empresa misma viene manipulando sectores de la población”, refirió.

Si de algún caso de afectados por la actividad minera hay que hablar, Cerro de Pasco es emblemático. La explotación a tajo abierto de reservas de minerales de plomo, plata y zinc, ha provocado que esta ciudad esté a punto de desaparecer y que más del 80% de los niños y madres gestantes de diversos poblados, presenten un 89% de prevalencia de plomo en la sangre.

La población demanda a la minera Volcan el pago de una indemnización por los daños producidos al medio ambiente, la salud y su entorno comunal. Durante este año además se han registrado, conflictos en Ayacucho y varias zonas de la selva, debido a asperezas con algunas empresas petroleras.

José de Echave, representante de CooperAcción, aseguró que este tema forma parte de una agenda pendiente del Ejecutivo, el cual afirmó estaría desesperado en lograr que las inversiones no se alejen del país.

“Hay una sensación de desesperación de parte del gobierno, para que los niveles de inversiones no se caigan y en esa desesperación no se dan cuenta que aún hay mucho por hacer para construir una mejor gobernabilidad, una gobernabilidad democrática alrededor de las industrias extractivas. Creo que detrás de los conflictos que se están produciendo en el país en torno a la actividad minera, hay una demanda muy clara de mejorar los mecanismos de participación ciudadana, la gente está pidiendo ser informada cuando sus territorios son entregados a concesiones mineras, la gente está pidiendo participar en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Además están planteando con claridad, que se mejoren los mecanismos de gestión ambiental en el país”, sostuvo.

El último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo identificó en enero 100 casos de problemas que corresponden a conflictos socioambientales, 66 se encuentran en estado activo y 34 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 9 casos. Es indispensable que se le dé una mirada integral a esta problemática y no se aliente la inversión a cualquier precio.

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Los cambios en el INPE, tras el escándalo

2009-03-05T14:10:00.001-08:00

Ideeledradio.- En menos de dos meses, cuatro reos acusados de narcotráfico y uno por delito de robo agravado, obtuvieron su libertad presentando documentación falsificada ante las autoridades del INPE. A estos casos se sumó la violación de cinco internas en el penal cusqueño de Quenqoro, por parte de cinco agentes penitenciarios.

Estos hechos son sólo una muestra de la profunda reorganización que necesita el Sistema Nacional Penitenciario y que han obligado a la ministra de Justicia Rosario Fernández a aceptar la renuncia de Leonardo Caparrós como jefe del INPE y designar a Jorge León Ballén como nuevo titular

Javier Llaque Moya, ex Director de Piedras Gordas y ex miembro del Consejo del INPE, conversó con Ideeleradio y consideró como un error que ante cada crisis, se pida la cabeza del sector. Opinó que es imposible que una institución camine con tantos cambios en su interior

“Es imposible que una institución pueda caminar con cambios en periodos tan cortos. Desde que este gobierno inició son cinco cambios, Rosa Mávila, Benedicto Jiménez, luego el general Carrión, Leonardo Caparrós. Veamos que esta nueva gestión pueda realmente planificar no a seis meses, sino a un mes o dos años temas de personal penitenciario, que no significa que porque los sueldos sean bajos se sigan cometiendo los errores que cometan. Creo que primero debe haber estabilidad en el cargo, que signifique un plazo prudencial para poder no solamente presentar las medidas que se van a llevar a cabo sino ejecutarlas. Debemos exigir que en un plazo de 60 días qué cosa se va hacer en el INPE”; aseveró.

A su turno, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren indicó que se requiere una reforma profunda al interior del INPE y que eso pasa por un tema de gerencia pública, por incorporación de tecnología y lucha contra la corrupción. Propuso la tercerización de los servicios y la privatización de los penales como ocurre en otros países. Señaló que bajo este esquema, el Estado básicamente daría una garantía de la puerta hacia fuera y de la puerta para adentro sería una administración técnica y profesional

“El presupuesto del INPE ha crecido significativamente y gran parte de los recursos asignados no se utilizaron. Las razones, el tema de la eficiencia de la administración pública o (ausencia de) cuadros técnicos en gerencia pública. El Estado en su conjunto, son corporaciones que administran servicios y tienen que tener cuadros gerenciales, técnicos, trabajar con metas, objetivos, resultados medibles. Ese es el nuevo esquema, no una organización política para acomodar personas con carné, eso se debe descartar”, declaró.

Tras el escándalo suscitado en el INPE, la ministra de Justicia Rosario Fernández no habló de una reforma integral, tan sólo mencionó una reorganización administrativa. Encomendó, deshacinar los penales, aplicar un sistema moderno de control de internos y anunció la firma de un convenio con el ministerio de Justicia para evitar más excarcelaciones.

Para el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza Sierra, las medidas adoptadas resultan ser insuficientes. Señaló que la implementación de estas acciones en la medida que sean respuestas a la coyuntura no tendrá ningún impacto, tras considerar fundamental que se diseñe una política de mediano y largo plazo

“Creo que hay un enorme desconocimiento de la problemática carcelaria real, de buena fe o de mala fe. El hecho es que siendo tan importante el tema de cárceles con su relación con la seguridad ciudadana no se dimensiona el problema en su magnitud. Mientras no haya apoyo político, decisión del gobierno tomada al más alto nivel de enfrentar el tema de cárceles. Mi impresión es que en unos meses más, volveremos a ver escándalos como éste y nada habrá pasado. Y eso sería penoso porque el esfuerzo que se hace tendría que tener continuidad y sobretodo apoyo político que es necesario en un tema así”, enfatizó.

David Lovatón Palacios , director del Instituto de Defensa Legal coincidió con estas declaraciones y advirtió que por el momento el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad de controlar todos los penales del país. Frente a este contexto también llamó la atención a la oposición política por el tratamiento que le ha dado al tema.

“Yo creo que el INPE es una institución que está en crisis o emergencia desde hace muchos años. Digamos que dentro del Sistema de Justicia siempre suele ser la cenicienta. La gente dice con cierta razón para qué vamos a invertir más en los infractores que son los que delinquen en el país. Lamentablemente ese razonamiento es un golpe muy duro para un sistema democrático, porque lo que busca justamente este sistema es resocializar a las personas que delinquen y en esa perspectiva hay que invertir en el sistema penitenciario y vemos que la corrupción campea en el INPE”, comentó.

Finalmente José Ávila Herrera, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, añadió que la reorganización del INPE, debe recibir mucho respaldo político y ser promovida a través de un debate público. Según refirió es importante determinar qué modelo de sistema penitenciario requiere el país.

"En más de una oportunidad se ha declarado en emergencia el Inpe y se han planteado reorganizaciones, que no han tenido muchos frutos. El actual sistema es indeseable y no ofrece confianza a la justicia penal. Es importante tener en claro, qué significa modernizar las cárceles y si esto implica dotarlas de más tecnología, mejores terapias de resocialización o vincularlas al sector privado. Si la ministra concreta esta propuesta de declarar en reorganización el INPE, desde la Defensoría del Pueblo creemos que se debe promover un debate público, para determinar qué modelo de sistema penitenciario requiere el país. (…) La administración penitenciaria debe ser seguro, respetuoso de los derechos humanos y útil a la sociedad", comentó.

Este tipo de escándalos suscitados en estas últimas semanas en el INPE no deberían llamar la atención si es que consideramos que estamos inmersos en una gran crisis institucional. Sino se toman medidas a mediano o largo plazo seguiremos con más de lo mismo.

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La inacción del gobierno y la conformación de un "Estado Paralelo"

2009-03-05T14:05:00.000-08:00

Ideeleradio.- La existencia de personal militar ocupado en espionaje telefónico, la forma en que mataron a los policías en el desalojo en los bosques del Pómac, así como el reciente atentado contra la fiscal de la nación Gladys Echaíz, nos muestra que en el país se viene suscitando una serie de hechos graves producto de la propia inacción del gobierno, que viene actuando con respuestas paralelas y contrarias al propio Estado de Derecho

Frente a este contexto el analista Eduardo Toche Medrano, sostiene que ante la falta de reacción del gobierno se viene configurando un Estado paralelo privatizado y escondido a los ojos del ciudadano. Al respecto, calificó de lamentable la intervención del presidente Alan García y del primer ministro Yehude Simon, frente al conflicto presentado en los bosques del Pómac donde fallecieron dos policías.

" Que a una distancia considerable tengas balazos tan certeros desde la cabeza, eso no lo hace una persona común y corriente. El premier Yehude Simon no debería sentir que se vulnera el espíritu de cuerpo cuando se demanda aclaraciones e información a uno de mis ministros. Habría que preguntarse porque existe una situación anómala, personal aparentemente usando armas que no deberían usar, atacando a la fuerza pública de esa manera. El presidente debería estar muy preocupado también por eso. Si empiezo a organizar un enlace de ese hecho con otros que han ocurrido en estas últimas semanas”, mencionó .

A su turno la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, denunció otro hecho grave, dijo que ante la falta de control del Estado, las organizaciones ligadas al narcotráfico, compran lotes y tierras para la explotación maderera, con el objeto de lavar dinero, y lo que es peor aún advirtió que las comunidades nativas se han convertido en los nuevos peones del narcotráfico

“Hay cultivos ilegales, fuera de todo control. Si bien se está procediendo a la erradicación con planos, yo creo que el control debería estar en manos de las autoridades correspondientes a estos terrenos amazónicos”, agregó.

El sábado 31 de enero, un miembro de seguridad de la fiscal de la Nación Gladys Echaíz repelió a balazos el ataque de un delincuente que disparó contra el vehículo que transportaba a la magistrada, quien finalmente resultó ilesa. Pese a que la Policía Nacional, sostiene que el robo habría sido el principal impulso del agresor, existen indicios razonables para sostener que existe una intención intimidatoria frente a las investigaciones que realiza la fiscal sobre el espionaje telefónico.

Ante estos hechos, el ex presidente del Congreso de la República Henry Pease García lanzó una severa crítica a las autoridades del Estado que velan por la seguridad de los altos funcionarios.

“Acá se ha puesto en peligro la vida de la Fiscal de la Nación, porque esa mujer ha sido valiente y se ha enfrentado y no ha puesto paños tibios para decirle ‘ladrón’ al ladrón y ‘corrupto’ al corrupto. (…) ¿Cómo es posible que recién ahora se le incremente la seguridad a la Fiscal de la Nación. Es que no se dan cuenta que cuando la ven actuando contra el narcotráfico y con decisión contra el chuponeo ya tenían que haberle mejorado la seguridad. ¿Es que no hay capacidad de prevenir de la Policía? No sé si es el ministro o si son otros (que no han mostrado capacidad), pero parece que todas las instituciones parece que estuvieran medias aletargadas, medio dormidas, y estamos entrando en un ambiente sórdido que es necesario ventilarlo rápidamente”, añadió.

El ex congresista además hizo una advertencia, señaló que hay quienes buscan reactivar los niveles de poder que tenían entre el 90 y el 2000. Según comentó el reciente escándalo por la violación de las comunicaciones es un efecto de largo plazo que dejó la dictadura fujimorista.

Para Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo y presidente de la Academia de la Magistratura, el panorama actual nos revela que no se ha enfatizado en las políticas anticorrupción y que por eso seguimos igual que en los 90. Refirió que una prueba de la existencia de una política anticorrupción parcial y no integral, es la reciente excarcelación de dos miembros del grupo Colina, Douglas Arteaga Pascual y Ángel Pino Díaz, implicados en la presunta violación de derechos humanos.

“Nosotros (el Ministerio Público) hemos avanzado mucho en las investigaciones y sanciones, pero como la política de Estado no ha sido permanente, entonces eso ha posibilitado que el crimen organizado avance más. A veces (avanzamos) mucho que las políticas estatales. Nos da la impresión que estamos en lo mismo, pese a que hacemos bastantes esfuerzos para contrarrestarlos. Sigo pensando en el trabajo particular de jueces y fiscales dentro de sus políticas institucionales más que como políticas de Estado….No se ha puesto el acento en la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista de las leyes, de las políticas gubernamentales, desde el punto de vista del trabajo social. Porque el tema de corrupción tiene muchas áreas que afectan, porque sino no estaríamos tocando temas de chuponeo telefónico, temas de corrupción de distintos niveles. Es decir, creo que hay que abordar el tema de la política integral”, agregó

Finalmente Javier Torres Seoane, integrante de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER y ex secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mencionó que es necesario retomar una serie de procesos que se dejaron a medio camino, que tiene que ver con el sector defensa e interior. Advirtió que cuando se quiere profundizar con investigaciones inmediatamente sectores vinculados a la mafia tratan de poner un coto a estos intentos de renovación democrática

“Lamentablemente hay un conjunto de líderes políticos que antes que afirmar el poder civil, sobre el militar, lo que hacen es vestirse del uniforme y salir en una defensa cerrada confundiendo el rol que tienen. Lamentablemente eso ocurre cada vez en nuestro país. Este atentado a la fiscal Echaiz debe ser un parte aguas. Creo que también ahí quienes levantaron las banderas de la transición y las banderas contra la democracia tiene que salir a pronunciarse el día de hoy, porque la cosa se puede poner peores”, mencionó. “A mi me parece muy serio lo que está pasando porque no sólo es esta mafia, es el tema del narcotráfico, violencia en varias regiones del país que se manifiesta en conflictos sociales sino en otras situaciones en las cuáles como vimos en los bosques del Pomac donde a todos los policías los balean y nadie sabe qué ocurre”, afirmó.

Como vemos, existen una serie de mensajes preocupantes por parte del gobierno, que revelan la dejadez y la poca capacidad sancionadora del gobierno frente a los que atentan contra el Estado Democrático. Debemos poner un alto porque peligrosamente nos estamos convirtiendo en cómplices de la mafia de la década anterior, de sectores vinculados al narcotráfico y de la delincuencia organizada, generando así un alto nivel de inseguridad en el país.

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Informes Especiales 04 de marzo 2009

2009-03-04T13:00:00.000-08:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)

(Lado A por partes)

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)

Un nuevo error del gobierno: Énfasis en el chuponeo y silencio en la corrupción

2009-02-27T13:11:00.000-08:00

Ideeleradio.- La agenda en torno a la difusión de los audios que revelan un oscuro negociado entre el ex ministro aprista, Rómulo León y Alberto Quimper, ex miembro del directorio de Perupetro, se diluyó en las últimas semanas, por un debate político y mediático en torno a la interceptación telefónica y la sanción que se impondría a quienes “reproduzcan” contenidos obtenidos ilícitamente, que colisionaría con el derecho a la libertad de prensa e información.

La discusión se distrajo incluso para poner en calidad de “denunciados” a los “denunciantes”, y se acusó al ex ministro Fernando Rospigliosi, al ex procurador José Ugaz y la periodista Rosa María Palacios de estar detrás de la violación del secreto de las comunicaciones.

El ex defensor del Pueblo, Walter Albán, conversó con Ideeleradio sobre este escenario y cuestionó parte del proyecto de ley del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal e incorporar agravantes a los delitos relacionados con la interceptación telefónica. Albán Peralta estimó que la norma sería una espada de Damocles para los periodistas que difundan audios o información que se derive de estos procedimientos ilícitos realizado por terceros.

“Mientras hace algunos meses el gran tema era la corrupción, lo que se había descubierto en la conversación del señor León Alegría, ahora resulta que eso ha pasado a un segundo plano y estamos más bien asistiendo a un cuestionamiento al periodismo que tuvo el coraje y la decisión de hacer esto publico (…) Definitivamente nadie pone en cuestión de que se persiga el chuponeo, pero esta es una suerte de iniciativa que, por supuesto no quiero decir que esa sea la intención, pero termina en la práctica favoreciendo a la corrupción”, aseveró.

El periodista Gustavo Gorriti, añade a su turno que la investigación que realice el Ministerio Público en torno al chuponeo telefónico, no debe dejar de lado la indagación de los delitos conexos que evidenciarían tanto, los audios que revelan el caso irregular de la petrolera Discover Petroleum, como los que fueron incautados a Busisness Track, empresa del ex capitán de navío Elías Ponce Feijoo, o los que entregó el periodista Pablo O’Brien.

“Habrá que ver también, simultáneamente con la investigación del chuponeo que se hace con el material, que se ha revelado a través de las interceptaciones y como de por medio hay un conjunto de operaciones y de intenciones profundamente corruptas, tal como ha revelado estos materiales (incautados) creo que existe un deber, no solamente de investigarlos a fondo sino que excepto los casos en que haya cosas exclusivamente personales y que afecten a la intimidad de las personas – que es otra cosa- debe saberse su contenido”, declaró.

El Caso “Petrogate” parece ser parte del silencio gubernamental y es a su vez, un tema de investigación obligatoria para las autoridades judiciales y el contexto en que se mueve el espionaje empresarial. El ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, dijo al respecto que se debe indagar la presunta vinculación entre el vicepresidente Luis Giampietri y Elías Ponce Feijoo, un ex marino vinculado a Antonio Ibárcena, ex comandante general de la Marina. Ello en el marco de la denuncia que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sobre el intento que haría el fujimorismo para recuperar núcleos de poder que tuvieron en los noventa.

“Es evidente que los nexos que pudieron haber existido entre el pasado lejano y el pasado reciente, entre este grupo de interceptación telefónica y Luis Giampietri tienen que ser investigados y esclarecidos. Aquí hay asuntos muy de fondo, porque al margen del espionaje empresarial e industrial, existen aspectos que atañen a la salud constitucional del país, que abren hoy día preguntas que podrían afectar no sólo a la constitución – en abstracto- sino a la estabilidad política del país”, sostuvo.

García Sayán indicó que el análisis de García Belaunde debería también ser materia de una indagación, por cuanto se está advirtiendo la posibilidad de que un grupo reaccionario de la Marina de Guerra pretenda dar un golpe de Estado, tras la aparición de más audios que registran conversaciones sobre presuntos tráficos de influencias.

Al ex procurador José Ugaz Sánchez Moreno le preocupa el radio de acción de esta mafia del espionaje, por cuanto la violación del secreto de las comunicaciones no se agota en el tema de los petroaudios, sino que abarca una presencia múltiple en distintos rubros, algunos de los cuales tendría que ver con los intereses del Estado. Al letrado, le llama a sospecha, además, el aislamiento de los implicados en este caso, como si se tratara de evitar que estos digan la verdad.

“Un tema que me llama la atención como penalista, en el que no se ha puesto mucha atención, es el régimen penitenciario al que están sometidas estas personas capturadas en el tema de la interceptación. Son personas que deberían estar en el caso de la mujer en el penal de Santa Mónica y en el caso de los hombres, deberían estar en San Jorge o Lurigancho, de acuerdo a los criterios que ya tiene establecido el INPE. Sin embargo, están en zonas de máxima seguridad, prácticamente aislados, como si se quisiera que no pudieran tener acceso a la prensa y contar sus propias historias más allá de las especulaciones”, manifestó.

Ugaz Sánchez Moreno no descartó tampoco la posibilidad de que algunos estudios de abogados utilicen las prácticas de interceptación telefónica, para obtener información en cuanto a los casos que ventilan ante el Poder Judicial.

La corrupción que utiliza el chuponeo o la interceptación vinculada al chantaje, parece haberse visto golpeada, al punto que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, fue víctima de un atentado que mereció el rechazo de todos los sectores políticos y no gubernamentales. David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) respaldó, en ese contexto, el trabajo de la titular del Ministerio Público.

“Es un indicador de que el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación están haciendo bien su trabajo y afectando los intereses de quienes atentan contra la democracia y la transparencia. En los últimos tiempos (Gladys Echaíz) ha tenido un liderazgo que se esperaba hace mucho tiempo, como es el combate contra la corrupción del pasado, llámese el juicio a Fujimori, contra la corrupción del presente, el escándalo de los petroaudios y finalmente, la lucha contra el crimen organizado. Y es ahí que las autoridades del ejecutivo y la Policía Nacional deberían de redoblar todos los esfuerzos e investigar para determinar quién ha sido el autor intelectual de este atentado”, aseveró.

La interceptación telefónica es una actividad sumamente grave, que no debe distraer la mirada en torno a los escandalosos casos de corrupción. Tanto, las autoridades políticas, como los operadores judiciales, deben reflexionar en torno a estos rezagos del régimen fujimontesinista que pretenden nuevamente jaquear las instituciones y el sistema democrático.

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Informes Especiales 18 de Febrero 2009

2009-02-18T15:33:00.000-08:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

CASO FRONTÓN: (Descargar mp3)
ENTRE ERRORES GARRAFALES Y DECISIONES EJEMPLARES
Ricardo Beaumont, magistrado del Tribunal Constitucional; Gloria Cano, responsable del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Juan Carlos Ruiz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL); Víctor Cubas, coordinador de la Fiscalía Penal Nacional.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior

EL PABELLÓN 16 DEL PENAL DE LURIGANCHO: (Descargar mp3)
UNA EXPERIENCIA QUE NO DEBE OLVIDARSE
Raquel Alvarado, sub directora del Penal de Lurigancho; Gerson Villar, vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); Maria Lauro Salas, supervisora del Programa de desarrollo de competencias psicosociales para jóvenes con conductas delictivas entre 18 a 24 años; Humberto Meza, coordinador del programa; José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Sonia Medina, procuradora antidroga

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

ALAN GARCÍA Y PETRO TECH: (Descargar mp3)
IDAS Y VENIDAS PRESIDENCIALES
Sinesio López, analista político; Jaime Cáceres Sayán; presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Juan Incháustegui Vargas, ex ministro de Energía; Javier Diez Canseco, ex parlamentario; Luis Iberico; ex presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Alexandro Saco, analista político

EL ESTADO Y EL LADO OSCURO DE LA MINERÍA (Descargar mp3)
Antonio Brack, ministro del Medio Ambiente; José De Echave, representante de CooperAcción; Marco Arana, directivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES); Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Salomón Lerner, ex presidente de la CVR

Informes Especiales 04 de Febrero 2009

2009-02-05T16:34:00.000-08:00

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)

(Lado A por partes)

UN NUEVO ERROR DEL GOBIERNO: ÉNFASIS EN EL CHUPONEO Y SILENCIO EN LA CORRUPCIÓN (Descargar mp3)
Walter Albán, ex defensor del Pueblo; Gustavo Gorriti, periodista; Diego García Sayán, ex ministro de Justicia; José Ugaz Sánchez Moreno, ex procurador; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Eduardo Adrianzén, escritor y dramaturgo.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Magdalena Chu, jefa de la ONPE.

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)

(Lado B por partes)

INACCIÓN DEL GOBIERNO Y LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADO PARALELO (Descargar mp3)
Eduardo Toche, analista político; Sonia Medina, procuradora antidrogas; Henry Pease García, ex presidente del Congreso; Pablo Sánchez, fiscal supremo y presidente de la Academia de la Magistratura; Javier Torres, integrante de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Pablo Talavera, presidente de la Sala Penal Nacional.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior.

Caso Castillo Páez: Una luz al final del túnel

2008-09-09T08:10:00.000-07:00

Por: Ideeleradio.- El estudiante Ernesto Castillo Páez desapareció el 21 de octubre de 1990, luego de ser detenido por efectivos de la Policía en Villa El Salvador, sin que hasta ahora se conozca su paradero o se haya encontrado su cuerpo. Este caso sólo pudo ser judicializado como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición del joven estudiante.

Luego de 18 años de espera, la Corte Suprema en una decisión ejemplar, ha ratificado la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional que condenó al comandante de la Policía Juan Carlos Mejía León autor intelectual de este crimen a 16 años de prisión, y a los autores materiales, los suboficiales Manuel Arotuma, Carlos de Paz y al cabo Juan Aragón, a 15 años de cárcel.

Francisco Soberón Garrido, director de Aprodeh sostuvo que la sentencia, constituye un avance importante dentro de un escenario de obstáculos y dificultades para alcanzar justicia. Indicó que la persistencia de los abogados y de los organismos de derechos humanos logrará nuevos triunfos en la lucha contra la impunidad.

“Esto es indudablemente lo que debe significar la justicia, que debe alcanzar no sólo a los que intervienen directamente en las operaciones de detención, traslado, desaparición o ejecución de las personas que son sustraídas de manera ilegal o clandestina. Las responsabilidades deben alcanzar a quiénes consiguieron, planearon, a quienes ordenaron este tipo de crímenes. Es por ello que esperamos que esto suceda no sólo en este caso, o en el de Chuschi donde se ha ordenando la investigación de la cadena de mando hasta llegar al jefe político militar de Ayacucho de la época, sino en todo los casos donde se comete este tipo de crímenes de lesa humanidad”, indicó.

Los magistrados de la Corte Suprema han establecido que dada la complejidad y naturaleza del delito de desaparición forzada de personas es posible establecer una sentencia condenatoria en base al existencia de indicios concurrentes que demuestran la responsabilidad penal de los perpetradores y en especial de aquellos que dieron las ordenes de estos hechos delictivos. Al respecto Gisella Vignolo, Adjunta en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, reveló que dicho fallo permite consolidar también jurisprudencia sobre la naturaleza permanente del delito de desaparición forzada de personas, pues hasta hoy se desconoce el paradero de Ernesto Castillo Páez.

“Una de las dificultades que encontramos en los casos de desaparición forzada es que se caracterizan porque se procura la supresión de cualquier elemento que permita comprobar la desaparición y suerte de la víctima y por ello es muy importante que en esta sentencia se destaque la prueba iniciaria, es decir los medios que permiten aportar a las condenas de estas personas como son la prueba circunstancial, las presunciones y los indicios claros que se acreditaban en este caso y permitieron la condena de Mejía León”, anotó.

Cromwell Castillo, padre del joven estudiante desaparecido, señaló que ha tomado con satisfacción y con alegría los resultados de dicha sentencia, tras 18 largos años en espera de justicia. Aunque esperaba una mayor condena para los policías involucrados en este caso, consideró que lo alcanzado tiene un enorme significado y puede servir de aliento para las miles de familias que como él han perdido a sus seres queridos.

“Como se dice lo último que se pierde son las esperanzas y en todo momento a nosotros nos ha animado a seguir adelante porque cuando más dificultades encuentra en el camino parecería que el impulso por obtener la justicia es cada mayor(…) Como se puede deducir han sido sólo cuatro policías que han sido sancionados a una pena que no corresponde a la magnitud del delito, como es una detención y desaparición porque 15 o 16 años me parece poco. Pero en todo caso es una esperanza y primer caso en que este tipo llegue a ser sancionado, por lo que no sólo para mí sino para muchas otras miles de familia en nuestro país cuyo casos ni siquiera han sido judicializados es como ver una luz al final del túnel”, mencionó.

Pablo Talavera Elguera, Presidente de la Sala Penal Nacional que condenó a los implicados en este crimen señala los alcances de dicha sentencia. Precisó que una vez más la Corte Suprema se pronuncia sobre la validez y autenticidad de la llamada prueba por indicios y señala algunos parámetros que pueden servir de precedente para el juzgamiento de los casos por desaparición forzada.

“Yo creo que los avances, constitucionales, las convenciones ya tienen claramente establecido qué es una desaparición forzada, cuáles son las exigencias para determinar que hay la existencia de un delito de desaparición forzada y lo mismo ocurre con los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales. No es lo mismo que una tortura se de en el marco de violación sistemática a los derechos humanos, que en un caso que no corresponda a un delito de lesa humanidad. Se ha avanzado bastante en algunos puntos”, refirió.

Carlos Rivera Paz, abogado de los familiares del estudiante y Coordinador Legal del IDL fue más alla y sostuvo que lo señalado por la Corte Suprema debe constituir un aporte significativo al proceso de judicialización de las graves violaciones de derechos humanos en el Perú, pero adicionalmente esta sentencia debería tener valor agregado en el sentido de significar un aporte para casos como el del ex presidente Alberto Fujimori.

“Para el IDL esta sentencia debe constituir un aporte significativo al proceso de judicialización de las graves violaciones de derechos humanos en el Perú, pero adicionalmente esta sentencia debería tener valor agregado en el sentido de significar un aporte para casos como el de Alberto Fujimori, porque justamente para la Corte Suprema en el caso Ernesto Castillo Páez, aquellos que dan ordenes, aquellos que constituyen o que tienen la condición de jefes superiores de quienes perpetúan materialmente los crímenes, sí es posible determinar la responsabilidad penal a partir de indicios incriminatorios, conexos y concurrentes que demuestran su responsabilidad”, anotó.

La sentencia en el caso del estudiante Ernesto Castillo Páez sin lugar a dudas sienta un precedente importante no sólo para los casos de desaparición forzada sino inclusive podría tener importantes implicancias en el proceso que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori. La ratificación de la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional constituye un aporte significativo al proceso de justicia y devuelve la confianza a miles de familias que esperan una sanción ejemplar para los responsables de los graves crímenes contra los derechos humanos.

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Caso Fujimori: La alianza aprofujimorista vs. el avance en el megajuicio

2008-09-02T13:12:00.000-07:00

Ideeleradio.- Si el juicio al ex presidente Alberto Fujimori registra avances importantes en materia probatoria y doctrinaria, otra parecer ser la dirección en el plano político, con la ratificación del pacto entre el Apra y Alianza por el Futuro, acuerdo que le permite hoy ocupar puestos importantes en el Congreso y obtener beneficios en el régimen carcelario del ex mandatario.

El megajuicio por el Caso Barrios Altos, La Cantuta y los Sótanos del SIE, está en su etapa intermedia, tras la culminación de la presentación de los testigos y el inicio de la revalidación de las pericias antropológicas y legales.

En ese contexto, el experto franco-colombiano Federico Andreu, respaldó la acusación que formuló el Ministerio Público, en base al argumento de la autoría mediata por dominio de la organización, es decir la responsabilidad de Fujimori como jefe máximo de las Fuerzas Armadas en todo el accionar del Grupo Colina. Andreu Guzmán rebatió, además, los argumentos de César Nakasaki, abogado del ex jefe de Estado

“En cuanto a la existencia de órdenes escritas, que fue uno de los argumentos que el abogado de Fujimori ha esgrimido, eso es totalmente irrelevante. Como se sabe la experiencia demuestra en muchísimos casos y muchísimas jurisprudencia que rara vez quienes ordenan crímenes dejan rastro alguno. Incluso la estructura criminal, es compartimentada, con zonas de operaciones clandestinas y secretas, lo cual hace imposible la existencia de tales órdenes por escrito”, anotó.

Ese es el camino, también de los informes o Amicus Curiae, que entregaron organizaciones internacionales al Poder Judicial y que recogen la jurisprudencia mundial, respecto al juzgamiento de quienes encabezaron un aparato jerárquico para delinquir. A pesar de que esta figura está totalmente clara, el INPE flexibilizó el régimen penitenciario del ex jefe de Estado. Antonio Salazar, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó al respecto, el secretismo con que se benefició al ex gobernante y la forma como se intenta expresar una supuesta voluntad para el retorno al régimen cerrado especial.

"Yo creo que es muy poco probable que varíe esa situación, porque es parte de la alianza con el fujimorismo y es casual que el señor (Leonardo) Caparrós, jefe del INPE, trate de decir que ellos han pedido que la Sala califique (la situación legal de Fujimori). La Sala no va a calificar, esta ha dicho que quien califica es el INPE. Nosotros (los jueces del tribunal) le pasamos los documentos y el INPE califica. La Sala no puede ni siquiera plantear la revisión de este régimen. El jefe del INPE, pareciera ya adelantar opinión, porque dice, si la sala no califica, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Ese parecería ser el mensaje de Caparrós, con lo cual Fujimori mantendría el régimen que tiene actualmente”, comentó.

Durante el juicio, se reveló también un hecho que acreditaría la voluntad expresa de Fujimori Fujimori, de pretender ocultar información. La parte civil dejó sentado, en una de las audiencias, que el médico Aníbal Escalante, que respondía a la funcionalidad del Instituto de Medicina Legal (IML) llevó en 1994 a Inglaterra muestras de los restos de las víctimas de La Cantuta, sin que se conozca hasta ahora los resultados. El ex vicepresidente Máximo San Román, confirmó en diálogo con Ideeleradio, que el mencionado profesional fue nada menos que médico de confianza del ex jefe de Estado.

“Era una persona muy cercana a Alberto Fujimori, especialmente por n el trato que tenía con Ana Kanashiro, quien ha sido presidenta del INABIF (Instituto Nacional de Bienestar Familiar), ha sido también nuestra senadora, muy cercana a la familia. Ellos le expresaron en diferentes oportunidades que son médicos y que consultan con él, cualquier asunto de salud, que tenían tanto el señor Fujimori, como sus familiares. Yo puedo dar fe, de que estaba muy cerca de Fujimori y su familia”, señaló.

Ya en el plano político, Carlos Rivera, abogado de las víctimas, denunció que el Ejército estaría beneficiando a Fujimori, en razón de que le proporciona, rápida y oportunamente, información que es negada a los Organismo No Gubernamentales de derechos humanos y a su turno, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, cuestionó que la bancada fujimorista procure presentarse como defensora de las Fuerzas Armadas, cuando en la década de los noventa, se saqueó la Caja de Pensiones Militar Policial.

"El fujimorato creo al Grupo Colina. Keiko Fujimori, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos son lo mismo y nos hace creer ahora, que Montesinos es el malo, que Alberto Fujimori era un tonto y que Keiko Fujimori era inocente. Estos grupos políticos que crearon los vladigenerales, actas de sujeción, la corrupción, ahora quieran acercarse a la Fuerza Armada. Es una forma también de cómo los políticos menosprecian (a las Fuerzas Armadas) y creen que la población o las instituciones no se dan cuenta de que es lo que está pasando. A mí me da asco que esta gente se la de ahora, de defensores de las Fueras Armadas. ¡Por Dios! Osea, el mundo al revés”, exclamó.

Entre las resoluciones que favorecen a los coprocesados de Vladimiro Montesinos, sin duda es emblemático el caso del ex vocal Ramiro de Valdivia Cano, pues el Tribunal Constitucional ordenó su reincorporación a la Corte Suprema, a pesar de estar procesado por acudir en 1998 al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para buscar los mecanismos de reelección de Alberto Fujimori, caso por el que la Fiscalía ha solicitado seis años de prisión. Aníbal Torres, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) rechazó la virtual reposición.

“El Tribunal Constitucional aquí ha incurrido en un error que no sé si lo van a enmendar o no lo van a enmendar. Pero, no lo deja bien parado frente a la comunidad. No es aceptable que el Poder Judicial no haya resuelto este caso, estando ya allí, varios años y más aún estando con acusación fiscal. Ahora lo que corresponde al Poder Judicial, es llevar a cabo, rápidamente el juicio oral y si es que encuentra responsabilidad debe aplicar la sanción que corresponda”, declaró.

Finalmente, el ex presidente del Congreso, Henry Pease García, calificó de un escándalo la gota que rebalsó el vaso: La elección de la legisladora fujimorista Martha Moyano como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Los fujimoristas que están en el Congreso, son defensores de un delincuente. Ese señor (Alberto Fujimori) ya fue declarado delincuente, ha sido condenado por uno de los delitos (usurpación de funciones en el Caso Allanamiento) en el Poder Judicial. Quien defiende a un corrupto, es un corrupto. Mientras no seamos claros el país no va a cambiar y la gente no quiere que se generalice la corrupción. (…) Esto debe llamar a reflexión a quienes están hoy día en la administración pública, para darse cuenta que tienen que dar un golpe de timón. Y que con los corruptos no se puede ir ni a misa, como dice el refrán”, puntualizó.

Hoy, además del cargo importante de Moyano, el parlamentario Alejandro Aguinaga ocupa la primera vicepresidencia y Santiago Fujimori, la Comisión de Relaciones Exteriores, grupos de trabajo que no tienen otro objetivo que buscar la exoneración del ex mandatario y atacar a los organismos de derechos humanos que impulsan su juzgamiento. Advertidos estamos.

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