Marcel Claude

Crisis del Capitalismo: Hacia el Fin de la Era Neoliberal

2008-10-06T05:52:00.000-07:00

Capitalismo y Codicia
El capitalismo otra vez está en crisis. Los medios frenéticamente anuncian el Apocalipsis financiero now, resucitan las viejas tesis de la crisis terminal del capitalismo, esa que muchos pensadores de izquierda han pronosticado por generaciones, el Fondo Monetario, Soros, economistas de todos los rincones del planeta se adelantan a sugerir que ésta sería una de las peores crisis que haya enfrentado el capitalismo.

Independientemente de lo anterior es importante entender –en la medida de lo posible- las dimensiones, causas y reales consecuencias de semejante acontecimiento que convulsiona al planeta entero. Pero, quizás, antes de ello deberíamos partir reconceptualizando el sistema capitalista, cuál es su esencia y su razón última: el alfa y omega de tan cuestionado sistema. Muchos lo entienden como la empresa privada o la propiedad privada, la explotación del hombre o el gobierno de la derecha, las teorías de Adam Smith o de Milton Friedman, la ley de la oferta y la demanda o la “mano invisible”. Sin embargo y para ir mucho más al núcleo fundamental, aunque en todas esas caracterizaciones haya parte de la verdad, el sistema capitalista es en esencia un orden político, social y económico que se sustenta en la búsqueda del lucro para todo capital que pueda obtener una rentabilidad. Es decir, obtener un beneficio mayor por sobre la inversión y de allí, atesorar ganancias sobre ganancias. Es decir, los valores que mueven al mundo capitalista son nada menos que esos viejos y desacreditados pecados capitales como la avaricia -afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas- o la codicia -afán excesivo de riquezas. El orden mundial está sustentado -hoy más que en ninguna otra época- sobre este tipo de comportamientos que no provienen precisamente del conjunto de virtudes humanas –siempre tan escasas- sino más bien de sus antípodas.

Podrán ser desacreditadas las tesis de Smith o Friedman y podrán desaparecer la propiedad privada, la economía de mercado y los gobiernos de derecha, pero si continúa el lucro como razón de ser de la sociedad humana, seguirá prevaleciendo el capitalismo y se encontrarán las instituciones adecuadas para su realización. El lucro es en definitiva -y en simples palabras- la verdadera razón de la crisis actual. Así lo entiende profundamente la Presidenta Bachelet quien se permitió decir esto ante las naciones del mundo. Bien por ella, pero, podría también decirle eso mismo a las AFP chilenas, a los grupos económicos que en Chile depredan el medio ambiente y explotan a los trabajadores debido a su insaciable codicia. Mal que mal, Chile es el paradigma del capitalismo salvaje y la tierra donde la avaricia y la codicia campean a su antojo, así como medraron las bestias en el principio de los tiempos. Pero, nadie es profeta en su tierra y si la presidenta lo hiciese, corre el riesgo de bajar mucho en las encuestas de La Tercera y El Mercurio y de allí, la Concertación podría perder las elecciones.

Para quienes no somos más que simples economistas, no se nos está permitido hablar con tanta liviandad acerca de situaciones tan complejas y fenómenos tan entreverados. No sería serio y pecaríamos de una enorme falta de prolijidad profesional. De allí que tengamos –forzosamente- la tarea de hacer esfuerzos mayores de comprensión y explicación de tales situaciones. Es necesario por lo demás, puesto que es mucho lo que se dice y escribe al respecto, mas es muy poco lo que se puede entender.

Vamos por parte. En la actualidad -y en términos macroeconómicos- el capital tiene dos grandes ámbitos para realizar ganancias: la economía real y/o la economía financiera. Es decir, puede invertir en una planta lechera, en una mina de cobre, en una empresa de transporte, o en cualquier otra actividad que signifique producir algo que tenga consistencia física o intangible, como por ejemplo, un servicio de transporte o una empresa de contabilidad que no le dan nada material pero que sí prestan una utilidad, sirven. El ritmo de maduración de estas inversiones depende del tipo de actividad, pero, obviamente no es inmediato. Si invertimos en plantar tomates, debemos esperar el tiempo de cosecha que no será nunca antes de seis meses. La alternativa es el mundo de las finanzas. Hoy por hoy, en ese mundo ya casi virtual, los tomates se cosechan de la noche a la mañana y los árboles crecen en fracciones de segundo. ¿Nada mal no? el mundo feliz, la gallina de los huevos de oro, la lámpara de Aladino, la cueva de los cuarenta ladrones, el reino de Midas y todas esas fantasías infantiles que hacen soñar con una vida más fácil y sin los sinsabores de la sentencia bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. En la actualidad y gracias a las características del sistema financiero global, es posible ganar mucho más -y en más corto tiempo- que en actividades reales y vamos a ver la razón de esto.

En todo caso, si a la codicia como valor supremo de la humanidad capitalista le añadimos las características actuales del mercado financiero, vamos a comprender mejor las causas de la crisis actual: ¿Para qué vas a ganar 100 si puedes ganar 500? ¿Para qué vas a producir leche si puedes comprar instrumentos financieros que rentan mucho más? El primer problema es que los instrumentos financieros no se comen y los tomates sí, las acciones en bolsa no contienen los nutrientes que tiene la leche y que los niños del mundo necesitan para su alimentación; el segundo problema es que cuando se invierte el dinero en acciones o instrumentos financieros, se deja de invertir en la producción de leche o de trigo y, en consecuencia, hay menos actividad económica, menos empleo, menos leche y más hambre, más desempleo y más pobreza. Según Lynn Walsh, editor de la revista Socialism Today, durante el período 1980/90, los capitalistas aumentaron sus ganancias a través de la intensificación de la explotación de los trabajadores, pero, la inversión de capital ha caído a niveles históricos. Es decir, ha habido un excedente de ganancias no invertidas en la creación de bienes de capital para la producción real y este excedente ha sido una de las principales fuentes de dinero que se ha introducido en el sector financiero.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas. No son pocos los especialistas que afirman que hoy la economía capitalista, en su conjunto, no es nada más que un enorme casino, en donde los ricos del mundo van a jugarse el ahorro y la riqueza del planeta: algunos perderán, pero otros van a ganar y mucho. Mientras tanto, el ahorro de los trabajadores que ponen sus fondos de pensión en las AFP y que éstas a su vez arriesgan en los mercados financieros, se va distribuyendo etapa por etapa: una parte para las utilidades de la AFP; otra para pagar las comisiones de los operadores financieros que transan las acciones o instrumentos financieros que la AFP compra; y una no despreciable porción para sustentar los costos de operación –luz, agua, arriendos, almuerzos, viajes, materiales para oficinas lujosas, etcétera- y los sueldos de los ejecutivos de bancos y fondos de inversión que transan esos instrumentos financieros. Todo ello con una promesa altamente riesgosa de incrementar el fondo para su pensión, es decir, con una alta probabilidad de que no sea cierto. Si se materializa, bien para el trabajador, para los operadores financieros, los bancos y la AFP, si no, mal solo para el trabajador, puesto que la AFP ya cortó su parte, los ejecutivos de los bancos ya recibieron sus salarios, los costos de operación ya se pagaron y las comisiones ya se cobraron. Todo ello con los fondos que se les obliga a los trabajadores a proveer para sus futuras pensiones. Así como los trabajadores que ponen sus fondos previsionales en una AFP, también hay otras personas que ponen sus ahorros en bolsas de comercio y fondos de inversión que corren la misma suerte.

Datos estremecedores que permiten sustentar estos argumentos: el sector financiero ha sido el de más rápido crecimiento en la economía mundial. A principios de los ochenta, el total de activos financieros (acciones, bonos, préstamos, hipotecas) era aproximadamente igual al Producto Interno Bruto mundial (PIB), es decir, igual a toda la riqueza del planeta. Al final del 2005, era equivalente a 3,7 veces el PIB mundial, es decir, casi cuatro veces la riqueza global, lo que significa que no hay suficientes aviones, tomates, zapatos, trigo y leche, en el mundo, para hacer efectivo el valor de todos los activos financieros. Unos cuantos hombres de negocio tienen en sus manos la riqueza del planeta que se produce hoy y que se producirá en los próximos 4 años. En ese mismo período de tiempo, el valor nominal de los derivados financieros –que son instrumentos o contratos cuyo valor deriva del que tienen los activos financieros- representó tres veces el valor del total de activos financieros y 10 veces el PIB mundial (Lynn Walsh).

Lo que vemos claramente en los últimos años, es que los dueños del capital no solo han acumulado cada vez más riqueza, también han buscado mayores rentabilidades a través de la especulación financiera y menos en la producción real. Esto porque de alguna manera, el ciclo de negocios en la economía no financiera se ha ido reduciendo y estrangulando, entre otras cosas, por la creciente concentración de la riqueza que limita la expansión de la demanda y por la disminución de la productividad de los ecosistemas naturales al ser sometidos a sobre explotación. Todo ello reduce la tasa de ganancia en la economía real empujando a los capitalistas hacia la especulación financiera. Esto, a su vez, refuerza la perdida de dinamismo de la economía real al reducirse las inversiones pues el capital migra hacia el mercado financiero.

Vemos claramente cómo la avaricia se ha desplegado por el mundo sin cortapisas y cómo ello ha desviado una riqueza gigantesca de la producción real y útil, tangible o intangible, para sustentar una orgía miserable y cruel de lucro y acumulación, mientras el desempleo, la pobreza, el hambre y la desigualdad cunden como reguero de pólvora. Dato curioso y francamente insultante: para combatir la hambruna que aqueja a más de 800 millones de personas, las naciones del mundo recolectaron 16 mil millones de dólares, mas, para resolver la crisis financiera del Wall Street el gobierno estadounidense asignó 700 mil millones de dólares –amén de todos los gastos que ya ha hecho ese país y otros del mundo desarrollado que suman una cifra similar-, es decir, 44 veces más para continuar el desenfreno absurdo de Wall Street que para enfrentar el hambre de los más necesitados ¿Perro mundo no?

El Detonante de la Crisis: las Hipotecas Subprime
Como se ha repetido hasta el cansancio, a esta crisis se le ha denominado la crisis subprime y dice relación con préstamos hipotecarios que hizo la banca norteamericana a personas que eran incapaces de hacer frente a sus obligaciones. Como sabemos, en el año 2001 hubo otra crisis financiera conocida como la “burbuja Internet” que se desarrolló debido a la entrada exitosa en las bolsas de comercio de las empresas de Internet -en Estados Unidos con Yahoo y Amazon y en España con Terra- gracias a las elevadísimas expectativas de negocio que se basaban en proyecciones demasiado optimistas en cuanto al número de usuarios que se iban a captar. Pues bien, éstas no se materializaron, lo que llevó a la caída del financiamiento y fue causa de otra crisis de liquidez. Entonces, la Reserva Federal –el Banco Central de Estados Unidos- para aportar liquidez al sistema hizo caer en dos años el precio del dinero desde un 6,5% a un 1%, lo que constituyó un fuerte incentivo para expandir el crédito, dado el bajo costo que la Reserva Federal le cobraba a los bancos y a los fondos de inversión por el dinero prestado. Esto favoreció el mercado inmobiliario y contribuyó a que, en 10 años, el precio real de las viviendas se multiplicara por dos en Estados Unidos, gracias a la mayor demanda que la disponibilidad de préstamos favorecía.

Si a lo anterior agregamos el hecho de que, durante años, las tasas de interés vigentes en los mercados financieros internacionales han sido considerablemente bajas, podemos entender la necesidad de los bancos por aumentar la oferta de créditos para compensar la disminución de sus márgenes de ganancia que significaba la caída de la tasa de interés. La racionalización lógica de la expansión de créditos inmobiliarios a personas insolventes era muy simple: como son más riesgosos, les cobramos más interés y si pagan, bien, pero si no pagan nos quedamos con las casas cuyos precios considerablemente más altos nos permitirán recuperar el dinero prestado y ganar un excedente. El error es obvio, los precios de las casas estaban siendo empujados hacia arriba, entre otras cosas, por el aumento de los créditos hipotecarios de mala calidad que hacían subir la demanda y, en consecuencia, el precio y la oferta futura de casas. Es decir, un boom inmobiliario artificialmente construido. Estos créditos hipotecarios se denominan hipotecas subprime, en contraposición a las denominadas hipotecas prime que tienen muy bajo riesgo de insolvencia, puesto que sus deudores son clientes con trabajo, activos e ingresos estables.

Ahora bien, el aumento en el número de operaciones de los bancos, no lo podían solventar cos sus propios recursos, por lo que, gracias a la Globalización que mantiene en línea a todos los mercados financieros del mundo, pudieron recurrir a la banca internacional para obtener los fondos necesarios. Esto, en virtud del mercado interbancario -que es donde los bancos se prestan dinero unos a otros. Sin embargo, con ello debilitaban el cumplimiento de las llamadas Normas de Basilea que le exigen al banco un capital no inferior a un determinado porcentaje de sus activos –en los que se incluyen los préstamos que otorgan. Eso fue precisamente lo que estaba ocurriendo: el aumento en los créditos hipotecarios de alto riesgo les hacía quebrantar dichas normas. Para salvar la situación, los bancos actuaron implementando dos operaciones articuladas mutuamente: primero, creando los denominados conduits, que consisten en filiales de los bancos bajo la forma jurídica de fondos de inversión que, gracias a la normativa hoy vigente, no estaban obligados a mostrar balances consolidados con los bancos que los habían creado y que pertenecían al mismo dueño; segundo, creando la llamada “Titulación” que consiste en la invención de un nuevo instrumento financiero que no es nada más que un paquete de deudas hipotecarias, en los que se mezclaban tanto las prime como las subprime. En consecuencia, ahora el banco tenía un conjunto de nuevos instrumentos que se denominaban MBS (Mortgage Backed Securities) y que consistían en un conjunto de obligaciones garantizadas por la hipoteca de los inmuebles y que no eran más que canastas que agrupaban créditos de distinta categoría de riesgo. La gracia es que esto hacía que los MBS tuvieran un riesgo menor que las hipotecas subprime por si solas, dado que promediaban su riesgo con el de las prime.

Con estos dos inventos financieros, el banco hacía que los fondos de inversión (sus conduits) compraran dichos instrumentos MBS y de esa manera lograba reducir mágicamente la vulnerabilidad en su cartera de créditos y aumentar la relación entre su capital y los créditos otorgados. Esto porque le vendían su cartera de clientes a sus fondos de inversión. Lo absurdo es que el banco y los fondos de inversión le pertenecían al mismo dueño, pero, de esa manera lograban cumplir con las Normas de Basilea. A su vez, estos fondos de inversión, mediante los créditos interbancarios conseguían los recursos para comprar los MBS y, por otra parte, vendían estos MBS a otros fondos de inversión, sociedades de capital de riesgo, aseguradoras, financieras, sociedades patrimoniales y administradoras de fondos de pensión.

Ahora bien, para que todo esto pudiese operar “limpiamente” se requería del apoyo de las clasificadoras de riesgo, es decir, tenían que ser bien evaluados por las agencias de rating, que califican en función de la solvencia de los instrumentos financieros. Para vender los MBS altamente riesgosos a operadores como las sociedades de capital de riesgo, las AFP u otros fondos que buscaban rentabilidades más altas, entre otras razones porque eso implicaba recibir comisiones según la rentabilidad obtenida, los bancos conseguían de las agencias clasificadoras de riesgo, una recalificación de los instrumentos financieros. Para ello procedían a una nueva “Titulación” o reestructuración, esta vez de los MBS, creando nuevos paquetes pero de MBS que se denominaban tranches. Aquellos con mayor probabilidad de pago eran reclasificados en categoría AAA, es decir, con el menor riesgo, los más solventes. Estos MBS ordenados en tranches fueron rebautizados como CDO (Collateralized Debt Obligations), es decir, deudas colaterales pues se apoyaban en las características de otras deudas. El cuento sigue, puesto que con estos CDO creaban otros instrumentos como los CDS (Credit Default Swaps) ofreciendo más y más intereses sobre deudas hipotecarias de dudosa credibilidad.

Todas estas operaciones tenían como punto de partida, o como hipótesis, el que las hipotecas subprime se iban a pagar y que el boom inmobiliario en Estados Unidos no se detendría jamás, aumentando constantemente el precio de los inmuebles. No obstante, a principios del 2007, los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron. Los deudores hipotecarios se dieron cuenta que estaban pagando por sus casas más de lo que ahora costaban y no pudieron o no quisieron seguir pagando sus deudas. Automáticamente, nadie quiso comprar MBS, CDO o CDS, y quienes ya los tenían no pudieron venderlos. Pérdida total. La crisis de credibilidad se instaló inmediatamente y los bancos debieron recurrir, una vez más, a los prestamos interbancarios, pero, o no conseguían créditos o lo hacían a tasas muy altas. En consecuencia, se produjo la temida crisis de liquidez, es decir, no había dinero, por lo que no se otorgaban créditos ni hipotecas, caía la demanda de las empresas constructoras, caía el precio de sus acciones en bolsa, empezaba a subir la tasa de interés y los deudores habitacionales empezaban a pagar más por la deuda, a las empresas menos solventes se les cerraba el acceso al crédito, los bancos se quedaban sin recursos y empezaban a vender acciones, bonos, edificios, y todo esto empezaba lentamente a repercutir en los precios y la demanda global, por lo que comenzaba a aumentar el desempleo, la inflación y a caer toda la actividad económica real. Es decir: recesión.

Las Causas Profundas de la Crisis
Muchos han sostenido que la causa de la presente crisis financiera es la denominada burbuja hipotecaria subprime. No obstante, eso solo corresponde al detonante de la crisis. Sus causas profundas dicen relación con el proceso de desregulación del mercado financiero, el comportamiento de las clasificadoras de riesgo y la conducta observada por los bancos centrales del mundo.

En el sector financiero existe un conjunto de fondos de inversión libre no reglamentados que apuestan a productos financieros con un elevado riesgo -conocidos como hedge funds- y un grupo de bancos de inversión autorizados a realizar operaciones en el mercado de capitales. Ambos hoy representan más de la mitad de todo el crédito, mientras que los bancos tradicionales están cada vez más comprometidos en acciones especulativas no reguladas, tales como los mecanismos de “Titulación” que no están obligados a informar en sus balances. Estas operaciones que cuentan con la complicidad de las autoridades políticas, fueron autorizadas por los cambios en la legislación gubernamental -la llamada “desregulación financiera”- al punto que hoy, la principal actividad de los bancos de inversión y de los hedge funds es comprar y vender deuda entre ellos mismos, obteniendo como es obvio, alguna ganancia entre cada operación. A esto ha contribuido, también, el desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones que permiten operaciones financieras en línea y las 24 horas del día a través de todo el mundo.

No obstante lo anterior, tal como lo sostiene Lynn Walsh, el factor más importante es de carácter político e ideológico. La “desregulación financiera” se inscribe en el cambio ideológico que operó durante las últimas tres décadas del pasado siglo, cuando se abandonaron las políticas económicas de inspiración liberal-keynesiana y se asumieron las recomendadas por la Escuela de Chicago de Milton Freidman. Una suerte de retorno a las políticas liberales de principios del siglo XX. Así también, es el resultado de la imposición asimétrica de las fuerzas políticas pro capitalistas en la mayor parte del mundo occidental y de la abdicación –y en muchos casos subordinación- de gran parte de las fuerzas políticas no capitalistas a la lógica del capital. La “desregulación financiera”, es la hija predilecta de esas políticas económicas ultraliberales que han provocado las diferentes crisis que ha enfrentado el mundo en los últimos 30 años y, particularmente, la crisis subprime en curso. El mismísimo Fondo Monetario Internacional, en 1998, sostenía que las crisis que han llegado a tener efectos globales, se explican por los procesos de desregulación y liberalización financiera, así como por la innovación en los mercados de capitales de finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, a más de otros causas.

Girón y Correa sostienen que, entre los cambios financieros estructurales más importantes ocurridos en los últimos 30 años, es posible señalar: el acortamiento de los plazos en depósitos e instrumentos financieros y el desarrollo de un activo mercado secundario de títulos, lo que ha reducido considerablemente el plazo para la realización de la ganancia; el crecimiento de las prácticas de “Titulación” del crédito; el enorme crecimiento de las operaciones “fuera de balance” de los bancos, en particular con el uso de instrumentos derivados y la administración y el comercio de títulos de deuda; y el fortalecimiento de los fondos de inversión con un alto grado de concentración de activos financieros en manos de unos cuantos administradores que pueden mover grandes volúmenes en muy corto plazo. Todas estas transformaciones han conducido a características muy preocupantes del sistema financiero internacional, una de las cuales es la falta de transparencia, ya que nadie conoce realmente cuales son los riesgos asociados a las inversiones Otra característica aterradora que daña un fundamento crítico del sistema bancario –la honorabilidad de los compromisos, es decir, la certeza de que las deudas se pagan- es la separación entre los acreedores de deuda y quienes las arbitran, es decir, entre quienes las deben cobrar -los bancos- y los que transan títulos basados en esas deudas en mercados secundarios –los fondos o conduits- bajo el predicamento de que cuando una deuda está asegurada y se vende, no tiene ninguna relevancia el hecho de que los deudores originales estén capacitados o no para pagar dichas deudas.

Según John Hoefle, la desregulación del sistema financiero estadounidense –que regenta a los mercados financieros del mundo- permitió que se fueran eliminando de manera sistemática las medidas legislativas proteccionistas que resultaron de la lucha política del presidente Roosevelt en contra los banqueros internacionales en los años treinta. Hoefle recuerda que, en 1993, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), institución gubernamental responsable de regular los mercados a futuro, determinó que las transacciones de derivados efectuadas fuera de los mercados de valores, estarían exentas de toda regulación. Esto incluía operaciones de futuro de cualquier tipo, entre ellos los relacionados con los energéticos. Así también, en el 2000, se aprobó la Commodities Futures Modernization Act que dejó a ciertos derivados financieros huérfanos del control gubernamental y sin la supervisión de la CFTC.

Otra importante modificación que “desregulaba” la actividad financiera, mediante el eufemismo de la modernización de los servicios financieros, fue la Financial Services Modernization Act de 1999, que representó el mayor cambio en la regulación del sistema financiero norteamericano desde 1930. Esta ley creaba un nuevo tipo de entidades financieras denominadas Financial Holding Company (FMC), autorizadas para llevar a cabo actividades en valores, banca, seguros, así como también, en cualquier actividad calificada como financiera. De esta manera se quebrantaba la separación entre la banca comercial y la banca de inversión que estableció la Banking Act de 1933, debido a que en la época de la Gran Depresión, un gran número de quiebras bancarias se atribuyeron a la actividad especulativa de los bancos en el mercado de valores.

El economista Emilio Ocampo agrega, además, que en el año 2004 fue relajada la norma que obligaba a los bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers y Bear Stearns, a mantener una relación mínima entre endeudamiento y patrimonio. Esto llevó a que en el período 2003/07, la relación endeudamiento sobre patrimonio de Morgan Stanley pasara de 23 a 32 y lo mismo ocurrió con los otros bancos. En contraste, a fines de 2007, la deuda total de un banco comercial como JP Morgan (supervisado por la Reserva Federal) no excedía 12 veces su patrimonio.

Según el informe Nº 78 del Banco de Pagos Internacionales (BPI) “es innegable que los cambios en el sistema financiero a lo largo de los años también han contribuido de forma importante al desenlace de los acontecimientos. En concreto, las numerosas innovaciones relacionadas con la propagación del modelo financiero basado en originar y distribuir riesgos han tenido una enorme influencia. Innovaciones recientes como los productos financieros estructurados se consideraron en un principio una buena manera de repartir los riesgos asumidos. Sin embargo, la forma en la que se introdujeron empeoró significativamente la calidad de la calificación del crédito en muchos mercados y produjo una clara falta de transparencia, lo que acabó generando una enorme incertidumbre sobre el volumen real de las pérdidas y su distribución. En efecto, las innovadoras técnicas financieras de «empaquetamiento» y redistribución de riesgos hacían que éstos fueran más costosos pero menos probables, al menos durante algún tiempo. En la práctica, esto suponía que los riesgos inherentes a los nuevos préstamos parecían desaparecer, elevando con ello las calificaciones, hasta que reaparecían de repente al materializarse una pérdida totalmente inesperada”.

El ya legendario premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, autor de textos de estudio que muchos economistas debimos revisar y aquilatar en nuestro años de estudio, en un artículo publicado por el diario El País en enero pasado, afirma que cuando Bush se hizo con la presidencia en el 2000 y los republicanos obtuvieron mayoría en las dos Cámaras del Congreso, el "conservadurismo compasivo" de Bush se tradujo en compasivos regalos fiscales a los plutócratas, además de una nueva desregulación de la contabilidad empresarial que les permitiría ocultar las pérdidas y exagerar los beneficios, mediante un manejo de los balances que violaban las estrictas normas de contabilidad creadas en los años anteriores a Bush. El profesor Samuelson continúa diciendo que “las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo tienen directa relación con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de Bush”.

No menos importante ha sido el rol de los bancos centrales. El papel que éstos desempeñaron jugó también un factor crítico en esta crisis, puesto que, utilizando el mecanismo de tasas de interés anormalmente bajas, proveían a los grandes operadores con dinero fresco y a bajo costo para sus operaciones. Recuérdese que los bancos centrales actúan como prestamistas del sistema bancario y financiero, para lo cual establecen una tasa de interés que actúa como referente para las operaciones de crédito. En particular, la Reserva Federal –el Banco Central estadounidense- cada vez que se enfrentaba a una amenaza de inestabilidad, respondía con nuevas inyecciones de liquidez. Alan Greespan –largo tiempo a la cabeza de la Reserva federal- fue el artífice de esta política que hoy continúa Ben Bernanke. Por otra parte, la deuda de los gobiernos ha sido una de las bases más importantes para el crecimiento de los activos financieros. Algunos sostienen que el crecimiento del período 2001/07 fue alimentado por las bajas tasas de interés de Greenspan y los enormes déficits fiscales de Bush que hacían subir los títulos y los volúmenes de endeudamiento en el sistema financiero. Así también, el Banco Central Europeo, ha ido inyectando liquidez monetaria para que los Bancos puedan tener dinero.

Torres López sostiene que los bancos centrales son en parte responsables de la crisis, en primer lugar porque a ellos corresponde la labor de vigilar la situación del negocio bancario, la de advertir del riesgo y prevenir sus consecuencias. No son pocos los instrumentos que tienen para realizar dicha tarea y tampoco es despreciable la información de que disponen sobre la situación financiera real que se estaba generando, pero, eligieron la complacencia y el silencio frente a la creciente volatilidad y el peligro cierto de recesión mundial que se estaba incubando; y en segundo lugar, porque los bancos centrales han utilizado la política monetaria -que es un instrumento de política económica- exclusivamente para controlar la inflación, olvidándose de cualquier otro objetivo, como el crecimiento de la actividad o el empleo, y han actuado como un soporte del sistema financiero aportándole liquidez para el negocio especulativo.

Como sostiene el Banco de Pagos Internacional (BPI), en los últimos años se han puesto claramente de manifiesto una serie de tendencias económicas y financieras inusuales, tales como el rápido crecimiento del dinero y del crédito, en el contexto de una inadecuada valoración del riesgo en forma generalizada. Las elevadas tasas de crecimiento monetario y crediticio registradas en todo el mundo por un largo período, entre otras causas, son el resultado de una política monetaria basada en tasas de interés oficiales extraordinariamente bajas en los últimos tiempos, en comparación con sus niveles de posguerra, lo que fue posible gracias a la mayor credibilidad que han tenido los bancos centrales durante los últimos años.

Por otra parte, en esta crisis, las agencias clasificadoras de riesgo han sido francamente incompetentes o han incurrido en graves conflictos de intereses. Las aseguradoras de deuda que actúan como aval en todas las emisiones de deuda –denominadas Monline porque esa es su única actividad- que comenzaron asegurando deuda pública de instituciones oficiales en Estados Unidos y que desde hace algunos años decidieron ampliar su negocio y lanzarse a las emisiones privadas, avalando cualquier tipo de bono o instrumento financiero estructurado como los MBS, CDO o CDS, han perdido credibilidad y, en consecuencia, valoración en las bolsas de comercio. A estas incluso se les acusa de estar muy implicadas en el negocio y eso explica el que no les interesara mostrar la verdadera y peligrosa naturaleza de los títulos e instrumentos financieros.

El descontento en contra de estas clasificadoras de riesgo se extiende por todo el orbe, puesto que fueron incapaces de prever el riesgo y siguieron clasificando con nota AA (de bajo riesgo) a instrumentos financieros contaminados con las hipotecas basura. Clasificadoras de riesgo como Moody's y Standard and Poor's, entre otras, otorgaron las calificaciones más altas (AAA) a instrumentos financieros que tenían como respaldo los famosos créditos subprime. Lehman Brothers –el gigante banco norteamericano caído recientemente- ostentaba una clasificación de bajo riesgo (AA) a pocos días de su estrepitosa quiebra. Las aseguradoras de riesgo norteamericanas más grandes del planeta – Fitch, Standard & Poor's y Moody's- han sido responsabilizadas por parlamentarios estadounidenses de la crisis y sus consecuencias. Más crudo fue The Wall Street Journal, quien ha señalado que estas aseguradoras no solo empujaron la crisis, sino que ganaron mucho dinero con los títulos contaminados con las hipotecas subprime. Las clasificaciones máximas de estos instrumentos financieros que otorgaban estas clasificadoras, les permitieron vender y colocar esos “instrumentos basura” a los bancos de inversión, a cambio –como no- de cuantiosas tarifas de mercado.

Duración de la Crisis
Ignacio Ramonet, citando al editorialista Martin Wolf del Financial Times, nos informa que las estimaciones van entre veinte años si tenemos suerte o menos de diez años si las autoridades actúan con mano firme. La verdad es que la dimensión del problema no está bien calibrada, aún hay mucha incertidumbre y eso se refleja en el frenético subir y bajar de las bolsas. Tampoco se sabe quienes son todos los afectados, cuántos bancos, cuántas AFP, cuántos fondos de inversión.

Claramente, la duración de la crisis dependerá del monto de las pérdidas que podrían acontecer en el curso de ésta. Lynn Walsh, citando el libro de Morris “The Trillion Dollar Meldown”, sostiene que sólo las pérdidas por las hipotecas subprime ascenderían a 450 mil millones de dólares, aunque hoy se sabe que es una estimación baja por los montos que ha invertido el gobierno norteamericano en sostener el mercado financiero. Para las empresas estima pérdidas potenciales mayores a 345 mil millones de dólares; en tarjetas de crédito las pérdidas ascenderían a 215 mil millones de dólares. En total, un billón de dólares en pérdidas o riqueza esfumada. Si a esto se agregan las pérdidas potenciales de los CDS –las deudas colaterales- y que son difíciles de precisar, no quedarían muchas ganas de seguir contando, dado que, cualquier cifra que se aventure no debería dejar de considerar que el valor nominal de éstos asciende a la escalofriante cifra de 45 billones de dólares. Es por ello que Morris sostiene que si caen los CDS “nos enfrentaríamos a una trombosis completa del sistema de crédito” y que, dado el volumen, no tiene sentido tratar de estimar la magnitud de las pérdidas. Para mayor abundamiento, Morris sostiene que una crisis caótica, convulsiva, un desastroso colapso del sistema financiero, podría producir pérdidas de hasta 3 billones de dólares.

Las medidas de solución
Las crisis financieras son difíciles de evitar en el marco del desarrollo capitalista, más aún en el contexto de un capitalismo con un sistema financiero hipertrofiado. El viejo dicho “la ambición rompe el saco” se aplica matemáticamente a este capitalismo financiarizado, aunque acá debemos hablar de bolsas y no de saco. La ambición desmedida e incontrolada es el caldo de cultivo para estas crisis monumentales, en donde las actividades especulativas no sólo son el pan de cada día, también se muestran como las actividades más legítimas, técnica, política y moralmente. Sin embargo, existen los instrumentos de política económica y los mecanismos institucionales y jurídicos que pueden corregir y contener dichas crisis. Eso fue lo que se aplicó en los años treinta como resultado de la Gran Depresión: todo un sistema institucional y de regulación económica cuyo desmantelamiento ha provocado la crisis en curso. Entre otras medidas, habría que considerar impuestos a los flujos de capital internacional, sistemas de encaje que obligaran a los capitales golondrina de corto plazo a mantener un porcentaje de sus capitales en los países de destino de sus inversiones, lo que encarece y castiga las inversiones especulativas; eliminar los famosos paraísos fiscales, obligar a los bancos a la transparencia mediante el término de las operaciones “fuera de balance” que los habilita para ocultar operaciones riesgosas; crear instituciones estatales dedicadas a la clasificación de riesgo que impida los conflictos de intereses. En definitiva, más control y regulación por parte de las instituciones públicas que aseguren el interés ciudadano por sobre cualquier otro objetivo político. No está lejos el día en que vuelvan, en gloria y majestad, las leyes antimonopolio que nunca debieron ser abandonadas.

Esto es, nada más, lo que propone Michael Moore con su especial modo de comunicarse, al exigir que “todas las regulaciones deben ser restauradas” y decretar la muerte de la revolución Reagan quien señalara como marco de sus políticas de desregulación que “El problema no es el Estado, el Estado es el problema”. En concreto Moore propone para los Estados Unidos la revocación de la Financial Services Modernization Act de 1999, promulgada por Clinton y promovida por el senador republicano Phil Gramm, principal asesor económico del candidato republicano John McCain. Esta propuesta es muy probable que sea bien acogida en un eventual gobierno demócrata encabezado por Barack Obama.

En lo inmediato, sería posible poner en juego el poder acumulado por los Fondos Soberanos de inversión, creados por los Estados y bancos centrales con recursos procedentes principalmente del petróleo y del gas. Rusia, Noruega, algunos países asiáticos y los Emiratos árabes, han constituido este tipo de fondos cuya envergadura se estima en 3 billones de dólares. Tienen su origen en los años cincuenta bajo la idea de constituir un “fondo para las futuras generaciones” y tienen, como sostiene Ibrahim Warde, características, objetivos y modos de funcionamiento diferentes a los que rigen los fondos especulativos responsables de la presente crisis. Esto y su poder financiero, los hace funcionales a objetivos político-estratégicos distanciados del desenfreno especulativo que caracteriza la economía finaciarizada. De hecho, ya han estado jugando un papel importante en la política de salvataje de los bancos caídos en desgracia a lo largo de los últimos trece meses que ha durado la crisis subprime. Como destaca Warde, en noviembre del 2007, el fondo ADIA de los Emiratos Árabes Unidos compró el 4,9% de Citigroup, primer banco mundial; dos semanas más tarde, el fondo GIC de Singapur inyectaba 10.000 millones de dólares en el grupo suizo UBS, décimo banco mundial. En diciembre del mismo año, el fondo soberano chino CIC adquirió el 9,9% del capital del gran banco de negocios Morgan Stanley; Merrill Lynch recibió 4.400 millones de dólares del fondo Temasek de Singapur. Esto entre otras operaciones que están realizando estos fondos y que hoy, a la luz de la flagrante incapacidad del mercado financiero de resolver los problemas que ha creado en el marco de la desregulación, podrían ser hábil y políticamente utilizados para ordenar el comportamiento de los flujos de inversión internacional.

Otra de las importantes reformas que deberían implementarse, dice relación con las políticas salariales de los altos ejecutivos. Emilio Ocampo sostiene que las compañías y bancos también deberán cambiar su cultura y su estructura de compensaciones y bonos, ya que es improbable que estas instituciones puedan seguir pagando a sus ejecutivos y a sus empleados el 50% de sus ingresos. En la misma dirección Moore exige que “ningún ejecutivo debiera ser pagado más de 40 veces lo que gana su empleado promedio”. Las cifras de Moore son estremecedoras: en 1980, el presidente promedio de una compañía ganaba 45 veces lo que ganaban sus empleados; en el 2003 ganaban 254 veces y ahora, después de la era Bush, cobran 400 veces, mientras en Gran Bretaña, el presidente de una compañía promedio gana 28 veces lo que recibe un empleado típico y en Japón sólo 17 veces.

Conclusiones
En un artículo de Victor Ramos, titulado “Derecho a alimentarse, derecho a rebelarse”, se sostiene que hace muy poco tiempo, cuando las bombas caían en Irak, en marzo del 2003, las bolsas internacionales, principalmente las europeas y Wall Street, reaccionaban con euforia y que esto habría llevado a reconocer a dirigentes del Partido Popular español (PP), que España había perdido una gran oportunidad al retirar las tropas. La búsqueda de beneficios exorbitantes ha llevado al mundo a un retroceso gravísimo en la estructura de valores que orienta el quehacer humano y ello tiene implicancias monumentales haciendo crecer la desigualdad, la pobreza y la destrucción de los ecosistemas naturales del planeta, incrementando exorbitantemente el índice de dolor y sufrimiento de miles de millones de personas. Cuando la humanidad vuelva a encontrar su centro y se restauren ciertos valores y virtudes humanas que han sido enviadas a la zona de castigo en el curso de los últimos treinta años, muy probablemente lo que ocurre en Wall Street será incorporado al grupo de las grandes calamidades de la historia humana, como lo fueron los campos de concentración nazis, el estalinismo, las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, el SIDA, el hambre africana y las dictaduras latinoamericanas, entre muchas otras.

Mientras tanto, si bien esta crisis no sea aquella tan esperada por el pensamiento de izquierda tradicional como la “crisis terminal del capitalismo”, al menos esperemos que Ignacio Ramonet, uno de los editores de Le Monde Diplomatique, tenga razón cuando sostiene que el derrumbe de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín, con lo que se terminaría con la era iniciada con Ronald Reagan en 1981, poniéndole fin a la “edad de oro” de Wall Street. Si esto ocurre sería todo un logro y un progreso para la humanidad, pero, tal como lo sostiene Paul Samuelson, todo el mundo sabe que, hoy en día, el dinero sirve para comprar votos legalmente. Por eso los realistas matizan su optimismo con cierta cautela.

Marcel Claude, Economista

Referencias

Ignacio Ramonet, El fin de una era del capitalismo financiero.

Fernando A. Torres, Armagedón desciende sobre el “libre mercado”.

Michael Moore, Cómo arreglar el lío en Wall Street.

Leopoldo Abadía, La Crisis Ninja.

Victor Ramos, Derecho a alimentarse, derecho a rebelarse.

Alicia Girón y Eugenia Correa, Mercados financieros globales: desregulación y crisis financieras.

Banco de Pagos Internacional, BPI, Informe Nº 78.

Clara Elena Parra y Natalia Salazar, La Crisis Financiera y la Experiencia Internacional.

John Hoefle, La lección de la debacle de Enron: debe restablecerse la regulación.

Emilio Ocampo, Réquiem para Wall Street.

Ibrahim Warde, Los “fondos soberanos” absorben bancos.

Lynn Walsh, Economía mundial: Una crisis pronosticada.

Alicia Girón González, Crisis financieras: causas y efectos.

Juan Torres López, Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones.

Paul A. Samuelson, Bush y las actuales tormentas financieras.

La reforma educacional y cómo financiarla

2008-08-09T16:20:00.000-07:00

(Publicada en El Mostrador Agosto 6, 2008)

Han transcurrido aproximadamente dos años del llamado movimiento de los pingüinos, estudiantes secundarios cuyas manifestaciones abrieron un amplio debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile. No debe sorprender que los estudiantes hayan vuelto a las calles y a las movilizaciones, y que las reivindicaciones planteadas por éstos vuelvan y sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la Jornada Escolar Completa, la tarifa escolar, entre otros. Todo lo anterior, a pesar de la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación -anunciada pomposamente por la Sra. Bachelet- que debió haber generado las propuestas adecuadas, pero que sólo sirvió para poner freno al movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema educacional: financiamiento, calidad y equidad.

Es importante no olvidar que uno de los problemas importantes que enfrenta la institucionalidad educacional chilena es el sesgo que favorece el reemplazo de colegios públicos por privados, lo que se ha traducido en el desmantelamiento progresivo de los primeros, sin que los segundos los suplan con resultados de calidad adecuada y cobertura equitativa. Por su parte, las reformas anunciadas y el acuerdo educacional marco entre el Gobierno y la Derecha no han logrado revertir esta situación. Como se sabe, el sistema educacional público fue construido durante más o menos un siglo por gobiernos de todos los signos políticos y fue un factor clave en el progreso y transformación social que experimentó el país en la segunda parte del siglo XX. Durante la dictadura militar 1973/1990, fue sometido a un severo desmantelamiento, el cual sólo se ha agudizado durante los gobiernos de la Concertación.

Un de los factores que ha contribuido a esta situación es el mecanismo de financiamiento que se utiliza, el que, vía subvenciones por alumno, no hace ninguna distinción entre colegios públicos y particulares subvencionados, contribuyendo a concentrar más recursos en los colegios particulares subvencionados que terminan siendo más competitivos, captando más matrícula y, por lo tanto, disfrutando crecientemente de los beneficios que les otorga el Estado, a pesar de que el norte final de estos colegios es el lucro de sus sostenedores. Es decir, en parte importante, los recursos públicos para educación han terminado simplemente contribuyendo a sostener las tasas de ganancias del capital invertido en la educación.

Nada de lo anterior sería relevante si efectivamente estas significativas transformaciones hubiesen mejorado la calidad de la educación chilena. No obstante, según la prueba internacional TIMSS 2003, aplicada a octavos básicos, en matemáticas Chile promedió 387, 5 puntos menos que la vez anterior y muy por debajo del promedio internacional de 467. Sólo superamos a países como Filipinas, Botswana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica. En Ciencias Chile obtuvo 413 puntos, 7 puntos menos que en 1999, mientras que el promedio internacional fue de 474. Sólo superamos a Túnez, Arabia Saudita, Marruecos, El Líbano, Filipinas, Botswana, Ghana y Sudáfrica. De esta medición internacional, a partir de los magros resultados Chile decidió retirarse.

Estas transformaciones, tampoco han contribuido a mejorar las desigualdades y no han contribuido en nada a ser un mecanismo de ascenso social. El diagnóstico en cuanto a la equidad es tan malo o peor que en materia de calidad.

Esto mismo es posible observar en relación a los resultados de la Prueba de Selección Universitaria, por ejemplo, en los resultados del 2007, solo un 1% de los hijos de las familias de menos recursos superaron los 700 puntos, mientras que en los hijos de familias de altos ingresos ese porcentaje llega al 16%. Estas cifran demuestran que los pobres en su condición de exclusión reciben una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país, razón por la cual, en la última propuesta entregada por los secundarios al Ministerio de Educación en diciembre pasado, se planteó su eliminación definitiva y su reemplazo por un mecanismo que considere sistemas de bachillerato humanista y científico.

En esa misma y errada dirección se pueden considerar a otros mecanismos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso que lleva más de 30 años sin romperse, heredado de la dictadura y que la Concertación ha ratificado. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas del día 24 de abril pasado, cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle en distintas ciudades del país y recibieron la acostumbrada represión policial.

Una explicación del problema viene por la importancia de la educación pública respecto a la privada. Es más o menos sabido que la educación privada no está orientada a convertirse en un instrumento de justicia social y ascenso. Los países de alto desarrollo mantienen niveles significativos de educación pública como porcentaje de la riqueza nacional, mientras que en Chile, la importancia de la educación privada es casi la misma que la pública.

Obviamente, esto nos permite colegir una directa relación entre educación pública y desarrollo de los pueblos. Esto es así por la simple razón de que los criterios de acceso a la educación de calidad en dichos países, no son las categorías socioeconómicas, sino el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del capital humano. Además del factor justicia social, está el factor desarrollo, es decir, cuando los pueblos se quieren desarrollar deben necesariamente integrar a toda la sociedad y mejorar sus capacidades productivas y profesionales. Cuando se antepone el lucro como razón de ser de la educación, el fin de alcanzar mejores estándares de desarrollo queda postergado irremediablemente. Esto, los economistas lo deberían saber muy bien, ya que los recursos son escasos y no es posible -en la mayoría de los casos- asegurar lucro y calidad, lucro y justicia social, lucro y desarrollo. Normalmente se debe optar y cuando los pueblos están demasiado afectados por las asimetrías de poder a favor de las elites y oligarquías, tiende a privilegiarse el lucro por sobre cualquier otra meta social. Este es el caso de Chile.

En nuestro país, se gastan aproximadamente -según el Ministerio de Educación- unos 150 mil pesos mensuales promedio por alumno en la educación privada, en donde estudia no más del 8% de los estudiantes, mientras que el gasto por alumno en el sector público asciende a no más de 30 mil pesos mensuales. Es decir, existe una diferencia gigantesca de 5 veces entre la inversión por alumno en el sector público versus la inversión por alumno en el sector privado. El 90% de los niños chilenos tiene acceso a una pésima calidad de la educación que recibe.

Para efectos de empatar o tender a cierto equilibrio, se requerirían unos 60 mil pesos mensuales de inversión por alumno en el mundo de la educación pública, para alcanzar el rango mínimo de aranceles privados de 90 mil pesos al mes para los 3 millones 294 mil estudiantes del sistema público y/o subvencionado.

La respuesta que siempre da la autoridad es que Chile es un país pobre que no se puede permitir este tipo de lujos. En consecuencia no hay que esperar sino los frutos del crecimiento económico. Sin embargo, esta mayor inversión significaría anualmente la suma de 3.500 millones de dólares adicionales, lo que constituye una cifra menor respecto a la riqueza disponible en Chile, no sólo desde la perspectiva de las utilidades de la banca, el capital de los grupos económicos y las considerables ganancias de las sociedades anónimas, sino también, desde la perspectiva de nuestra riqueza en recursos naturales cuyo uso y explotación, en Chile, es de exclusivo beneficio del capital privado nacional y trasnacional.

En el cuadro a continuación, es posible observar que la aplicación de royalties al uso de recurso críticos como el cobre, el agua, los recursos forestales que las grandes empresas explotan casi gratuitamente, dejaría un excedente superior a los 8 mil millones de dólares anuales. En consecuencia, dada la dotación de recursos naturales disponibles, Chile podría perfectamente disponer de los recursos financieros necesarios para realizar una reforma educacional que modifique sustantivamente las asimetrías en calidad, equidad y financiamiento que muestra el sistema educacional chileno.

Cabe recordar que dichos recursos pertenecen a Chile y el cobro por el uso de estos recursos es una cuestión exclusiva de equidad mercantil, en donde se supone que los que aportan cierto capital -en este caso Chile y sus recursos- deben ser remunerados en el aporte económico que dicho capital genera. Los recursos naturales en Chile y su valor económico, representan aproximadamente un tercio del valor de venta de esos sectores productivos; sin embargo, dado el poder del capital y el desequilibrio político que hoy exhibe nuestro país, esos valores económicos se orientan a engrosar las utilidades del capital, en vez de reasignarse al desarrollo del país. Esto es lo que hicieron países como Noruega, Finlandia y otros países de la OCDE que lograron estándares mayores de desarrollo y eso es lo que Chile no puede hacer, puesto que sus gobiernos son prisioneros del poder político y económico de la oligarquía.

El desarrollo de los pueblos es una cuestión de orden político y no técnico y éste desarrollo requiere fuertes inversiones, no es gratis. Los pueblos que han alcanzado el desarrollo han invertido importantes recursos en esa meta política. En Chile, la opción es una economía basada fundamentalmente en exportar recursos naturales cuya renta es apropiada por el capital, en donde la formación del capital humano es contraria al tipo de ordenamiento económico que se ha instalado, dado que personas bien educadas no sólo se convertirían en ciudadanos críticos y autónomos, sino que también implicaría aumentar los niveles salariales, lo que significaría reducir la rentabilidad del capital.

La crisis de la educación en Chile no es fruto de un país que no dispone de los recursos financieros necesarios, sino más bien, de una oligarquía que teniendo férreamente los puestos de comando y control, no está dispuesta a transar, ni en medida menor, la repartición del excedente productivo que es el resultado del trabajo colectivo de los chilenos, pero que es apropiado por las elites, gracias al poder incontrarrestable que ésta exhibe en el espacio socioeconómico y político del país.

Marcel Claude, Economista.

Ironía Política para Llorar IV

2008-07-30T09:23:00.000-07:00

(De "gobernar es educar" a "Educar para lucrar")

Paraguay en el Camino de la Esperanza

2008-07-15T16:14:00.000-07:00

(Publicado en El Mostrador Julio 15,2008)

En su más famosa obra literaria e histórica, “Las Venas Abiertas de América Latina”, Eduardo Galeano nos habla del Paraguay de otrora, el que en sus primeros años de independencia del Imperio Español, era el único país de la América del Sur que de veras toco las alas de la libertad real y eficaz y que, por ello, fue aplastado en el nombre de esa curiosa e hipócrita libertad de comercio que tanto gusta a empresarios, oligarcas y capitalistas. Paraguay no estaba dominado por esa lacra de la deuda externa y desde el final de la colonización española, en 1811, el Estado paraguayo practicaba el proteccionismo para conformar una barra de protección a su industria nacional y a su mercado interno. Llegó a ser el Estado más avanzado de la región latinoamericana, por lo que el Imperio Británico, en 1986 instigó la llamada Guerra de la Triple Alianza que articulaba a Brasil, Argentina y Uruguay, a fin de terminar con la experiencia paraguaya que amenazaba con extenderse por la región, dificultando las ganancias que el “libre comercio” le proveía a los británicos. Se recuerda como la guerra más cruel de la historia hispanoamericana, ya que, después de cinco años de matanzas, dejó con vida escasamente a una sexta parte de su población. Lo que viene después es una liturgia mil veces repetida, al Paraguay se le impusieron sanciones económicas draconianas, debió ceder parte importante de su territorio a los otros países de la Triple Alianza y, cómo no, pagar las deudas de la guerra. Entonces, un país que se había desarrollado durante 60 años sin recurrir a la deuda externa, comenzó a repetir esa trágica historia del continente.

Le herencia de esa innoble gesta bélica se ha perpetuado hasta nuestros días. Según el "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Paraguay 2008: Equidad para el Desarrollo”, la alta concentración de las tierras indica que el 1% de la población tiene el 77% de las tierras y del ingreso y que el 10% más rico se lleva el 40% de la riqueza del país. Es tan poca la atención que los diferentes gobiernos de signo oligárquico han dado a los más pobres, que Paraguay exhibe uno de los más bajos gastos sociales de la región, llegando al 9% según el PNUD, lo que contrasta con el 20% promedio de los países de la región. Es también un país con un sistema tributario altamente regresivo, dado que el máximo impuesto a la renta llega al 10% cuando en Argentina es un 35%, en Brasil un 28%, y en Uruguay llega al 40%. Por su parte, la pobreza extrema llega al 20% de la población y 2,5 millones viven con menos de dos dólares por día, es decir, un 42% de la población. Otras cifras son más crudas y nos hablan de más del 50 % de la población viviendo bajo el umbral de pobreza y de un 35 % en la miseria absoluta. El desempleo alcanza aproximadamente a un 11% de la población económicamente activa, mientras que el empleo informal abarca a cerca de una cuarta parte de los trabajadores.

Como todo país latinoamericano, Paraguay es víctima de los capitales trasnacionales que usufructúan de los recursos naturales y energéticos. En particular, ha sido severamente afectado -en su soberanía hidroeléctrica- por los acuerdos que dieron origen a los contratos de Itaipú y Yacyretá, firmados por la dictadura de Stroessner con Brasil y con la Argentina de Perón. Ambos tratados perjudicaron significativamente a Paraguay. En el tratado de Itaipú se establece que la energía producida se repartirá en partes iguales para cada país, pero asegura también a cada país poder adquirir la energía que no sea utilizada por el socio para su consumo interno. Obviamente, como Paraguay consume solo el 5% de la energía producida en Itaipú, se ve obligado a vender el excedente a Brasil y a valores muy por debajo de los precios de mercado. El acuerdo de Yacyretá con Argentina es muy similar y perjudicial para el Paraguay. Según las cifras entregadas por Lamarque en Rebelión, los ingresos recibidos por Paraguay de la explotación de Itaipú, son apenas un 7,5% del valor real de mercado.

Este es el país con el que comenzará a tratar Fernando Lugo –ex obispo católico de San Pedro, una de las regiones más pobres del país- el 15 de agosto próximo cuando llegue formalmente a la presidencia de Paraguay. No son pocos los desafíos ni los entorpecimientos que enfrentará su gestión, a pesar de su voluminosa victoria cercana al 41% sobre la candidata del Partido Colorado Blanca Oviedo (31%) y sobre el ex general Lino Oviedo (22%). No obtener la mayoría absoluta no constituye obstáculo en Paraguay pues las elecciones presidenciales se deciden en primera vuelta por mayoría simple. Su participación en política es muy reciente, sólo a fines del 2006 abandona el sacerdocio para involucrarse en política, después de que 100 mil firmas lo conminan a tomar esa opción. La sorpresa y el cambio han sido muy significativos e ilustrativos para la región latinoamericana, ya que logró conformar una coalición denominada Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que incluyen a grupos de izquierda más bien radicales y al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pasando por todo el espectro político. La gesta política de Lugo –muy al estilo de la frescura y vitalidad que siempre ha demostrado la región latinoamericana- puso fin a la hegemonía del Partido Colorado, que gobernó sin contrapeso ni alteraciones durante 61 años.

Hasta ahora, las cosas para Lugo marchan miel sobre hojuelas. De hecho y según una encuesta de la empresa Gabinete de Estudios de Opinión (GEO), encargada y publicada por el diario La República del Perú, el 59,7% de los paraguayos considera que su gobierno será bueno. Es más, un 14,8% cree que la administración de Lugo será "muy buena". Sin embargo, el mismo estudio realizado entre el 20 de junio y el 3 de julio pasados, también señala que el 56,3% de los consultados considera que Lugo "la tendrá difícil". Claramente esta percepción no es equivocada. Por una parte, deberá enfrentar los conflictos y contradicciones de su propia coalición de gobierno –la Alianza Patriótica para el Cambio- que por su naturaleza políticamente multifacética es posible aparezcan a poco andar su gobierno. Al respecto el desafío es consolidar los cambios en la dirección de la democratización, la justicia social, la transparencia del aparato público, la distribución de la propiedad de la tierra y de la riqueza, sin que por ello encuentre resistencias dentro de los sectores liberales de su coalición. No sería justo para los más pobres ni para los siempre marginados del Paraguay y de América Latina que –en aras del equilibrio interno- el gobierno del presidente Lugo se alineara a políticas económicas cercanas a las que han venido practicando en Chile los gobiernos de la Concertación, que han sido un duro golpe a la esperanza y una desenfadada traición a la voluntad popular.

No obstante, lo más peligroso para el futuro de Paraguay es la férrea oposición que instalarán –ya es clásico en nuestra América- los empresarios, latifundistas y políticos de derecha que ven amenazados sus intereses con la sola elección de un hombre que no viene de sus filas. No habiendo asumido la presidencia formalmente aún, estos sectores oligárquicos ya deben estar planificando sus estrategias. Así lo han hecho siempre en América Latina con el respaldo también clásico de los Estados Unidos. En Chile llegaron al extremo de asesinar al comandante en jefe del Ejército por negarse a desconocer el resultado electoral que llevó a la Presidencia de Chile a Salvador Allende. Así también en el Paraguay, el Partido Colorado y sus representados –la oligarquía latifundista y empresarial- establecerán una feroz oposición a los cambios que están pensados en el Paraguay de Fernando Lugo.

Nada menos podemos esperar si pensamos en que dentro de los principales postulados de su gobierno están, por una parte, una revolución agraria integral que necesariamente deberá afectar la propiedad de la tierra y, por otra, un programa de reactivación económica ligado a una mayor justicia social, lo que necesariamente debería pasar por aumentar el gasto público, la carga tributaria de los sectores más ricos y una mayor ingerencia del Estado en la economía paraguaya. Nada de esto es ni será del gusto de la oligarquía empresarial y latifundista que, como es obvio, hará todo lo posible por cerrar el paso a los cambios y consternar la sociedad y la economía paraguaya. No faltará quien acuda a la siempre bien dispuesta “cooperación” norteamericana para “afianzar la paz y la libertad” en el continente americano.

No es menor la esperanza que levanta en Paraguay y en toda América Latina la llegada a la Presidencia de Paraguay de Fernando Lugo. No es menor tampoco la resistencia que enfrentará por parte de los empresarios y de los dueños de la tierra, la que no se fijará en gastos ni en conductas aberrantes para detener el proceso. Lo saben hacer, lo han hecho mil veces y lo seguirán haciendo pues han tenido mucho éxito en ello. Lo que aún no sabemos y constituye todo un misterio, es la fuerza, la lucidez y la habilidad política de Lugo, su coalición y del pueblo paraguayo para resistir los embates políticos que se avecinan.

Para todos aquellos que soñamos con una América grande y generosa que acoja a todos los hijos nacidos de su tierra, el proceso que comenzará a vivir el Paraguay, constituye todo un gesto de progreso y de esperanza que nos hacen confiar en que, como lo dijo Salvador Allende, los grandes valores de la humanidad terminarán finalmente por imponerse.

Marcel Claude, Economista.

La Insuficiencia del Reajuste al Salario Mínimo

2008-07-01T10:00:00.000-07:00

(Publicado en El Mostrador, Junio 27, 2008)

Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.

Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.

La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.

No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.

La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.

Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.

La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.

Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.

Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.

Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.

El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.

Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.

El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.

Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.

Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.

Marcel Claude, Economista.

A Cien Años del Natalicio de Salvador Allende

2008-06-16T05:13:00.000-07:00

(Publicado en El Mostrador, Junio 11 2008)

El 4 de diciembre de 1972, el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, tuvo la oportunidad de presentarse ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y dar cuenta del país que presidía. Muchas cosas han cambiado en el curso de los últimos 35 años pero otras son muy similares e incluso, en algunos casos, se ha profundizado la distancia entre lo deseable y la áspera realidad.

En cuanto a los cambios de signo negativo, una actualización al 2008 debería decir, por ejemplo: “Vengo de Chile, un país pequeño, en el que hoy cualquier ciudadano ya no es libre de expresarse como mejor prefiera, con una preocupante intolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial tiene cabida. Un país con una clase obrera atomizada en distintas y pobres organizaciones sindicales, donde el sufragio universal y secreto, es cada día menos participativo y cada vez más el vehículo para consagrar un régimen político excluyente, con un Parlamento que sufrió una severa interrupción en su funcionamiento desde su creación hace 196 años y que permanece como un poder limitado y de dudosa representatividad popular, donde los tribunales de justicia no son independientes del Ejecutivo y de los poderes económicos y militares. Un país que desde 1981 cuenta con una carta constitucional creada de acuerdo a las necesidades de una oligarquía representada en la dictadura de Augusto Pinochet y avalada por los presidentes Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet, cuya vida pública está organizada en instituciones civiles bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, con un extremadamente limitado espíritu democrático. Un país con cerca de diecisiete millones de habitantes que en los últimos 30 años no ha logrado ningún premio Nobel de Literatura, como si lo hicieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores de un Chile menos pretencioso y soberbio pero también más humano y noble”.

Siguiendo la misma línea argumental, hoy no es posible decir que el pueblo de Chile “se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica, para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro particular”. Menos se podría añadir que “los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del poder político y económico, tanto en los centros de labor, como en las comunas y en el Estado”. Más bien habría que decir que el proceso que vive el país es totalmente opuesto y no se dirige, como sostenía entonces Allende, hacia la superación del sistema capitalista, peor aún, se consolida un capitalismo cada día más salvaje y despiadado.

En su aplaudido discurso, Allende señalaba la necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo chileno, la totalidad de nuestros recursos económicos, lo que tenía -según él- directa relación con la recuperación de la dignidad de Chile. Para Salvador Allende, debíamos acabar con una situación en la que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, teníamos que exportar enormes sumas de capital en beneficio de la más poderosa economía del mundo, por lo que la nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de las exportaciones, en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras que siempre habían antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales realizaban sus operaciones lucrativas.

Tampoco podíamos aceptar la lacra del latifundio, los monopolios industriales y comerciales, el crédito para beneficio de unos pocos ni las brutales desigualdades en la distribución del ingreso. Esta realidad denunciada por el entonces presidente Allende, no ha cambiado mayormente e incluso se ha agudizado, puesto que hoy los monopolios y la concentración de la riqueza son aún peores que en ese entonces; así también, la propiedad de la tierra y de los principales recursos naturales siguen siendo de usufructo del capital trasnacional y de los grupos económicos nacionales.

En relación al cobre, Allende denunciaba que “sólo en los últimos cuarenta y dos años se llevaron, en ese lapso, más de cuatro mil millones de dólares de utilidad…”. Cuánto más no habría que escandalizarse hoy en día cuando sólo en el año 2006, las compañías multinacionales que explotan el cobre chileno se llevaron la módica suma de 20 mil millones de dólares. En ese entonces, Allende comparaba cifras y pedía tener presente que con sólo una parte de esa suma se asegurarían proteínas para siempre a todos los niños chilenos. Respecto a las sumas que hoy extrae el capital extranjero podemos afirmar -como lo hiciera Allende- que se podría asegurar por muchos años una educación apropiada para todos los niños de Chile. Lo grave es que esto no sólo ocurre con el cobre, sino también con el agua, el suelo, y todos los recursos pesqueros y forestales de que dispone el país para su desarrollo.

En ese entonces -como hoy- con Allende podemos afirmar que “Chile es también un país cuya economía sigue enajenada a empresas capitalistas extranjeras…; un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada”.

A tanto ha llegado el retroceso de Chile en casi todos los aspectos que hoy ni siquiera siguen siendo validas las conclusiones de Allende, cuando se refería al pueblo chileno como políticamente maduro. Hoy es todo lo contrario, ya que como pueblo, exhibimos una inmadurez política mayúscula que impide por falta de práctica, capacidad reflexiva, desidia, flojera y hasta mediocridad superior, una participación activa y decidida para hacer frente a los saqueos, robos y todo tipo de abusos de que somos víctimas.

La trágica actualidad de ese ovacionado discurso de Allende, se extiende también a las consecuencias que él anunciara como resultado del proceso de globalización y que hoy se hacen cada día más evidentes, cuando sostenía que las perspectivas para Chile, como para tantos otros países del Tercer Mundo, no eran más que estar condenados a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida infrahumana.

Así y todo, confiamos tanto como Allende en que los grandes valores de la Humanidad tendrán que prevalecer y no podrán ser destruidos.

Marcel Claude, Economista.

¿Rebaja del IVA o del Impuesto a los Combustibles?

2008-06-06T05:16:00.000-07:00

(Publicado En Estrategia Junio 6, 2008)

El gremio de los camioneros una vez más en la historia hace templar los cimientos del palacio de La Moneda. La amenaza de paro hizo correr a los funcionarios de palacio –incluida la reina- para detener la inminente acción de protesta. Esto es un síntoma de que al famoso impuesto específico a los combustibles le queda muy poca vida y tarde o temprano va a desaparecer. Sin embargo, e independientemente de la justicia de las demandas de los camioneros, es necesario preguntarse por la eficacia de esta medida para resolver el problema de los combustibles. Primero, es importante entender que el precio del petróleo está subiendo y no es resorte del gobierno de Chile evitarlo. Lo que se podría hacer ya no se hizo pues reducir la dependencia del país respecto del petróleo como energía principal, es una política de largo plazo que se debió anticipar. Se prefirió dejar todo en manos del mercado y ya sabemos que los inversionistas privados sólo invierten en negocios redondos con ganancias inminentes de corto plazo. Las consecuencias eran totalmente previsibles y ahora comienzan a pasarnos la cuenta.

El problema es que los camioneros piden la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Con ello están favoreciendo a los sectores más acomodados del país, ya que, al tener un mayor consumo energético por persona, son quienes más usufructuarían de la eliminación de este impuesto. Además, agrava el problema de la calidad del aire al incentivar el uso del automóvil. Sería mucho más eficaz un mecanismo que les asegurara un precio estable y de mediano plazo con aumentos controlados y previamente anticipados que pudiesen absorberse, por parte de la población, con rebajas en el impuesto al valor agregado que es el más dañino para el bolsillo de los más pobres. Si el kilo de pan cuesta mil pesos, en poco más de dos meses, una familia pobre le entrega al Estado los 20 mil pesos que éste le da como bono compensatorio por las alzas del costo de la vida. Si pensamos en una familia con un ingreso de 100 mil pesos mensuales –de las que hay muchas- que gasta todo su ingreso en productos afectos al IVA, sólo en un mes le entregan al Estado lo que éste les devuelve de cuando en cuando como máxima expresión de generosidad y compromiso social.

Si efectivamente este gobierno tuviese sensibilidad social, bajaría considerablemente el IVA y subiría significativamente el impuesto a las utilidades del gran capital, pero, eso implicaría otro gobierno y otro Chile.

Marcel Claude, Economista.

Discurso del 21 de Mayo: Perfectamente Predecible

2008-05-22T19:48:00.000-07:00

(Publicado en Diario Estrategia Mayo 23, 2008)

No sé qué era más predecible el último 21 de Mayo ¿el discurso presidencial o la reacción de la clase política? Lo cierto es que ambas cosas no se salieron del cansino libreto al que nos tiene, más que saturados, esa selección de figuras denominada “clase política”. La Concertación en masa apañando el discurso y la Alianza casi matemáticamente a fustigarlo con toda fuerza y energía. Ambas coaliciones no estuvieron ausentes de razones para hacer lo que hicieron, está claro que “hay razones para cualquier acomodo”, pero mucho más que razones hubo oportunismo electoral e ideológico que no es sino parte de la obra teatral de la actual política chilena.

No es mi interés aplaudir a los actores en juego ni comentar cual de los dos bandos tuvo el mejor desempeño teatral. Lo más justo, a mi parecer, es mirar el sustrato fundacional del discurso, el diseño de sociedad que perfila y configura e independientemente de las repartijas y beneficios que algunos alcanzarán, no me cabe ni la menor duda que no hay letra ni palabra ni frase de la Dra. Bachelet que no sea un grito a los cuatro vientos de que en Chile las cosas no van a cambiar. Dedicación exclusiva para los salmoneros, ofreciéndoles, esta vez, apoyo para que puedan superar la crisis sanitaria que enfrentan. Respaldo irrestricto al proyecto de centrales hidroeléctricas de Aysén que son necesarias para dar curso a la demanda energética del desarrollo exportador. Recursos -40 millones de dólares- para la imagen país y así fortalecer las exportaciones chilenas que hacen básicamente las grandes empresas que no superan el 1% del total de ellas.

Para las clases medias y pobres lo de siempre: palabras de buena crianza y efecto placebo. Subsidio para comprar motores eléctricos para las pymes; gratuidad de la PSU, computadores personales para los niños pobres destacados; bonos de 20 mil pesos para los pensionados pobres; etcétera.

No es que me parezcan mal este tipo de regalías -las aplaudo y mucho- pero, ellas no cambian el carácter del proyecto país al que nos tienen sometidos y es por ello que esta pieza de oratoria no es sino la certificación de que no hay nada que esperar de este gobierno. Sólo tres cosas a mencionar: se mantiene el modelo educacional consagrado en la LGE que avala el lucro en la educación; reconocimiento de la necesidad de mejorar las condiciones en que los trabajadores negocian pero nada más que palabras; y en el presupuesto municipal continuará el problema de la enorme desigualdad.

Marcel Claude, Economista.

Financiamiento Municipal, Espejo de la Injusticia

2008-05-16T06:52:00.000-07:00

(Publicado en El Mostrador, Mayo 16, 2008)

Hay un cierto acuerdo en que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la manera en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, no es similar para todos ellos. En nuestro país, el financiamiento de las municipalidades es un tema no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el escenario actual, es evidente que resulta ser un tema no despreciable, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, etcétera.

Si consideramos que dentro de los 345 municipios existentes, hay un porcentaje significativo –en torno al 48%- que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada satisfactoria. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. En ese mismo escenario y peor aún, hay comunas como Alhué que en el 2006 no contaban con recursos propios para hacer inversiones en su territorio. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.

Las cifras respecto a los gastos que realizan las municipalidades se pueden analizar también desde otra perspectiva, para así mostrar cuán lejos estamos de los objetivos del desarrollo que tanto nos gusta profesar. Tomados globalmente, los municipios del país administran recursos financieros que constituyen aproximadamente un 2,8% del Producto Interno Bruto y solo un 13% de los gastos del gobierno en general. Algo muy distante de lo que ocurre en los países de Europa, en los que el porcentaje promedio del ámbito local constituye un 43% de lo que representa el gasto gubernamental. En Suecia por ejemplo, la cifra se empina por sobre el 60%. Por su parte, en países del sur y centro América ese promedio es de 16,5%. En ese ámbito Bolivia registra una participación de un 18,3%. Chile está muy lejos de esos porcentajes, a pesar de la importancia política y la relevancia que públicamente se le asigna a los municipios. Una vez más, no hay concordancia entre lo que se postula como de importancia mayor y los recursos que se disponen para ello.

Y si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que actualmente es de 520 mil millones de pesos aproximadamente, lo que resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstas enfrentan, sobre todo las más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los recursos comunales, por ejemplo, del impuesto territorial y/o de los permisos de circulación, y muy poco del gobierno central, por lo que es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan -en porcentajes- casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. En cuanto a la distribución de este fondo las críticas apuntan a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas.

Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos –considerando el conjunto de éstos- y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan lasa responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. Resultado: frustración, pobreza, injusticia y un gobierno central cada vez más rico pues no gasta los recursos provenientes de impuestos o transferencias que hacen las empresas públicas como Codelco. A estas alturas el candado resulta muy ingenioso para reducir o mantener controlado el gasto público. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura se siguen postergando.

Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.

Marcel Claude, Economista.

Hambre en el Mundo

2008-05-05T05:15:00.000-07:00

(Publicada en El Mostrador Mayo 5, 2008)

De acuerdo a la organización internacional ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, la crisis alimentaria que emerge del cuantioso aumento en el precio de lo alimentos básicos, afectará de manera cruda y cruel a más de 850 millones de personas, esencialmente en África, Asia y el Caribe, que son las que sufren hambre, en medio de la abundancia y el derroche de recursos que se permite el mundo altamente desarrollado. Es más, el mismo BANCO MUNDIAL, a través de su actual presidente, Robert Zoellick, pidió una acción coordinada y global para contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria, ya que, el aumento de precios en los alimentos está generando desabastecimiento, hambre y desnutrición alrededor del mundo. Según el BANCO MUNDIAL son 33 países en el mundo los que afrontan la posibilidad de una crisis social y política debido a los elevados precios de los alimentos y la energía.

La situación es crítica y no ha recibido –como era de esperar- la cobertura noticiosa que un problema de esta envergadura requeriría. Es tan aguda la situación que desde el PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN (PMA), se nos advierte que las reservas de alimentos en el mundo están en el nivel más bajo de los últimos 30 años y que amenaza a 100 millones de personas que son “los más pobres de entre los pobres” y que, además, afectará la capacidad para responder al aumento de los precios de la energía y los fertilizantes de más de 500 millones de campesinos pobres. Algunos analistas internacionales sostienen que bastaría con que el precio del arroz suba en un 52% en dos meses y el de los cereales en un 84% en cuatro meses –en un contexto de aumento en el precio del petróleo- para precipitar a dos mil millones de personas hacia el umbral de la pobreza. Esta situación ha llevado al secretario general de las NACIONES UNIDAS, Ban Ki-Moon, a sostener que temía una "crisis en cascada" que afectará al crecimiento y a la seguridad del mundo si la crisis de los precios de los alimentos "no es gestionada de forma correcta y urgente".

Probablemente no sea fácil entender claramente una situación como esta, pero las cifras son tan claras y evidentes que no es necesario ser un entendido en la materia para asomarse a la gravedad del problema. Aproximadamente el 50% de la humanidad vive con menos de dos dólares por día y cerca de mil millones con menos de un dólar diario. Estamos hablando de cifras siderales de personas en condiciones muy precarias –unos tres mil quinientos millones de personas- que viven en países pobres y que, en promedio, gastan un 75% de su presupuesto en alimentación, mientras en los países ricos éste tipo de gastos no supera el 15%. Entonces, si sabemos que en los países pobres, el trigo, la soya, el arroz y el maíz son la base de su alimentación y si también sabemos que en los últimos 12 meses, el precio del trigo subió 130%, de la soya 85% y del maíz 35%, mientras que el arroz lo hizo en un 71%, no nos puede sorprender que hoy el mundo se enfrente a un grave crisis alimentaria. El precio del arroz pasó en unos pocos meses de 300 dólares la tonelada a unos 1.200 dólares. El PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN (PMA) evaluó en un 55% el aumento de los precios de los productos alimenticios desde junio de 2007 y algunos expertos estiman que esta cifra llega al 70%.

Estas cifras -por muy duras y frías que parezcan- nos permiten explicar los estallidos de violencia que se han dado a lo largo del planeta, en especial en Haití con 5 muertos, Egipto, Costa de Marfil, Camerún con 40 muertos, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistan y Yemen. En Haití la crisis derribó al Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, quien fue destituido por el SENADO haitiano en un intento dramático para frenar las violentas protestas de la población con numerosos establecimientos saqueados, quemados y destruidos debido al incremento en los precios de los alimentos. Un ejemplo que ilustra la delicada situación es lo que ocurre en El Salvador, en donde según el PROGRAMA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN, las comunidades rurales están comprando 50% menos comida que hace 18 meses, lo que significa que su consumo nutricional que ya es muy pobre, se ha visto recortado a la mitad. La situación es más que complicada pues está alcanzando a los países de alto desarrollo, cuyos habitantes ahora están invirtiendo 5% más de sus ingresos en comprar alimentos. Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, está viviendo la peor alza de precios en los alimentos en casi dos décadas, incluso algunas grandes cadenas distribuidoras, como Wal-Mart y Cotsco, han racionado la venta de algunos productos como el arroz. Para colmo de males, las NACIONES UNIDAS advirtieron que el aumento en el precio de los alimentos básicos podría continuar hasta el año 2010.

Así las cosas, en Filipinas, Pakistán y Tailandia, sus ejércitos vigilan para evitar robos y saqueos en los centros de acopio de granos y en Tailandia, el Ejército monta guardia en los campos de arroz, mientras en Vietnam ha habido huelgas cada vez más frecuentes por la penuria alimentaria. Indonesia, tercer productor mundial de arroz, anuncia que sólo permitirá las exportaciones si las reservas superan los tres millones de toneladas, y Kazajastán suspende todas sus exportaciones de trigo hasta el 1 de septiembre. Por su parte, Argentina, Vietnam y Rusia también han restringido sus exportaciones de trigo, arroz y soja para hacer frente al mercado interno.

Dentro de las causas de la presente crisis alimentaria, la revista médica británica THE LANCET, remarcó los efectos del cambio climático, los subsidios agrícolas y, sobre todo, el uso masivo de productos alimentarios para producir los denominados biocombustibles. Efectivamente, las condiciones adversas generadas por el cambio climático, entre las que se cuentan prolongadas sequías o súbitas inundaciones, impiden un aumento en la producción de cereales y granos básicos, mientras la demanda causada por el incremento mundial de población no se detiene. Por otra parte, la creciente demanda de países como China e India por alimentos de calidad, tiene una incidencia no menor en el aumento de la demanda por granos; por ejemplo en China, la demanda de carne por habitante pasó de 20 a 50 kilos anuales, lo que impacta enormemente en los requerimientos de cereales pues para incrementar la producción de carne, se necesita aumentar el consumo de estos productos por parte del ganado. A su vez, la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ha llevado a la reasignación de importantes productos alimenticios hacia la producción de los llamados biocombustibles; actualmente se están utilizando unos 100 millones de toneladas de cereales por año para fabricar etanol o biodiesel.

Ciertamente, el tema de los biocombustibles es altamente controvertido, ya que en algunos casos, cuando se trata del uso de granos como el maíz y el trigo que constituyen la base de alimentación de miles de millones de personas –generalmente las más pobres- es todo un contrasentido ético y, al igual que la producción de salmones que destruye una biomasa pesquera natural casi diez veces el tamaño de la producción salmonera, debería promoverse una moratoria mundial que impidiera el uso de recursos tan críticos como la biomasa pesquera y las reservas de grano para sostener el negocio lucrativo de los salmoneros y de las trasnacionales que -como Monsanto- inciden a nivel mundial y de manera gravitante en la producción y disposición de granos como el maíz. No está demás recordar que con los precios actuales del petróleo, el incentivo para reasignar los granos a la producción de estos biocombustibles crece en forma directamente proporcional al aumento del precio del petróleo. Al respecto, considérese que el barril de crudo de la OPEP ya tocó los 111 dólares; el Brent del norte que es la referencia en Europa, ya se cotizó en Londres a 117 dólares, y el de Texas, referencia en Estados Unidos, alcanzó en Nueva York los 120 dólares. Ciertamente, compañías multinacionales como Monsanto –responsable del temible Agente Naranja y de la proliferación de los PCB’s y de las dioxinas en el mundo- no tendrán tribulaciones éticas a la hora de poner en riesgo a los 850 millones de hambrientos que hay en el mundo si de ganar mucho dinero se trata. El problema que están causando los biocombustibles fue incluso resaltado por el primer ministro británico, Gordon Brown, quien estima que hay que remediar el aumento reciente de los precios de los alimentos y que la comunidad internacional debería examinar el impacto que está teniendo en este tema la fabricación de biocarburantes.

No menos importante en la explicación de la actual crisis alimentaria es la política agrícola seguida por los países de alto desarrollo. El presidente del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Dominique Strauss, haciendo gala del sesgo ideológico de esta institución, ha declarado que la súbita crisis de alimentos, que se ha intensificado más en países de Asia, África y el Caribe, se debe a las políticas comerciales y de subsidios que países ricos dan a sus agricultores. Aunque se ponga en tela de juicio la obsesión ideológica del FMI que busca demoler toda forma de impuestos y subsidios, no debería esto segarnos ante el enorme impacto que puede tener en la economía mundial, especialmente en los países pobres, los más de 300 mil millones de dólares anuales que gastan los países ricos (Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá) para subvencionar a sus productores agrícolas. Esto representa aproximadamente un 30% del valor de la producción y en esas circunstancias no hay negocio que aguante. Esto que no hacen ni pueden hacer los países en desarrollo, es derechamente competencia desleal que afecta a los más pobres de entre los pobres del mundo, lo que se agrava más aún cuando muchas veces, la mal llamada ayuda al desarrollo consiste en entregar suministros de estos productos alimenticios a los países pobres, contribuyendo a eliminar y destruir la producción tradicional de estos pueblos. Muchas veces la ayuda al desarrollo se utiliza como una excusa para sostener las políticas de subsidios que hacen los países ricos a sus agricultores. La hipocresía política no es patrimonio exclusivo del Tercer Mundo.

No pocos expertos sostienen que las políticas de ayuda alimentaria de los países ricos -donde la producción es subsidiada- modificaron en las últimas seis décadas los hábitos alimenticios y destruyeron la producción agrícola local de pueblos en Africa y el Caribe. Vandana Shiva –reconocida líder del Tercer Mundo- responsabiliza al BANCO MUNDIAL y al FMI de la destrucción de los sistemas de agricultura tradicional de los países pobres, los que gracias a proyectos de desarrollo y políticas de ajuste estructural, fueron forzados a abandonar la producción de granos básicos, para depender de las exportaciones de flores, frutas y verduras exóticas, así como de los biocombustibles. Todos estos productos tienen como destino los mercados de los países industrializados que son quienes acaparan la riqueza del mundo. Africanos y caribeños dejaron de comer tubérculos como la yuca o el camote y otras raíces que eran producidos localmente y constituían la base alimentaria antes de que se introdujeran, como ayuda al desarrollo, el trigo, el arroz y el maíz. En Haití, el arroz importado de Estados Unidos a precios subsidiados sustituyó a los tubérculos, raíces y a la producción local y, en algunos países de África, es más barato importar granos o cebollas desde Francia que producirlos localmente, lo que contribuye a la dependencia y a la incapacidad de los países pobres para desarrollar su sector agroalimentario.

Esta crítica situación por la que atraviesa el mundo ha sido ratificada el pasado 15 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, en una reunión de gobiernos y científicos del mundo -auspiciada por NACIONES UNIDAS y el BANCO MUNDIAL- en donde se dio a conocer el informe del PANEL DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA (IAASTD), el cual demanda un cambio radical en la forma de producción agrícola. En dicho informe, se pronostican los graves conflictos que implicará la actual y dramática escasez de alimentos, se cuestiona la revolución verde -basada en el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes- y en los organismos genéticamente modificados y se hace hincapié en la necesidad de promover y fortalecer la agricultura en pequeña escala como la única solución viable a la crisis. El director del IAASTD, Robert Watson, señaló que "Business as usual is not an option", afirmando que, de la forma que actualmente el mundo enfrenta la insuficiencia alimentaria, no se resolverá el problema del hambre, ni de la pobreza ni de la grave crisis ambiental que vive el planeta. El informe -realizado por un grupo de 400 investigadores a nivel mundial- fue aprobado por 55 países y sólo Estados Unidos, Canadá y Australia mostraron sus reservas, mientras algunos países de la OCDE rechazaron el cuestionamiento de los subsidios agrícolas.

El problema esta planteado y apareció como una plaga largamente larvada y es de esperar que los políticos del mundo, sean capaces de asumir este desafío en la escala y dimensión que corresponde.

Marcel Claude, Economista.

Me gustan los Estudiantes

2008-04-30T10:18:00.000-07:00

(Publicada en La Nación, Abril 29, 2008)

Han transcurrido aproximadamente dos años del llamado movimiento de los pingüinos, estudiantes secundarios cuyas manifestaciones abrieron un amplio debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile. No debe sorprender que los estudiantes hayan vuelto a las calles y a las movilizaciones, y que las reivindicaciones planteadas por éstos vuelvan y sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la Jornada Escolar Completa, la tarifa escolar, entre otros. Todo lo anterior, a pesar de la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación –anunciada pomposamente por la Sra. Bachelet- que debió haber generado las propuestas adecuadas, pero que sólo sirvió para poner freno al movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema educacional: financiamiento, calidad y equidad. Y a pesar también, de que el tema se encuentre actualmente en el Parlamento, aunque no parece existir una intención de avanzar en su tramitación.

En este escenario que opera bajo la cuestionada lógica vigente en mayo del 2006, lo esperable es que las brechas existentes en la educación se acrecienten, por ejemplo, en los resultados de la PSU 2007, solo un 1% de los hijos de las familias de menos recursos superaron los 700 puntos, mientras que en los hijos de familias de altos ingresos ese porcentaje llega al 16%. Estas cifran demuestran que los pobres en su condición de exclusión reciben una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país, razón por la cual, en la última propuesta entregada por los secundarios al Ministerio de Educación en diciembre pasado, se planteó su eliminación definitiva y su reemplazo por un mecanismo que considere sistemas de bachillerato humanista y científico.

En esa misma y errada dirección se pueden considerar a otros mecanismos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso que lleva más de 30 años sin romperse, heredado de la dictadura y que la Concertación ha ratificado. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas del día 24 de abril pasado, cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle en distintas ciudades del país y recibieron la acostumbrada represión policial.

Desde mayo del 2006 han transcurrido dos años de tramitaciones inútiles, donde contrariamente a lo planteado en mayo del 68 por los estudiantes franceses, los nuestros sí han sido realistas pues han pedido sólo lo posible, pero en Chile, lo posible es imposible. Resulta políticamente absurdo responsabilizar a las movilizaciones estudiantiles por el poco avance logrado, ya que si no fuera por éstas, el consejo asesor de educación nombrado por Bachelet sesionaría ante la tumba del ex dictador. Seamos honestos, ni el gobierno ni la oposición han querido modificar el marco regulatorio de la dictadura. La solución existe y es tan antigua como la vieja Europa, aquella que tanto nos gusta imitar, y que enfrenta el problema con cuantiosas inversiones públicas financiadas con un sistema tributario que grava más a los que más tienen y a las grandes empresas.

Entonces, no nos puede sorprender que los estudiantes vuelvan a salir a las calles para reclamar por un grave problema país que se ha querido presentar como solucionado o en vías de solución, que es la falsa imagen con la que se quiso clausurar la revolución pingüina del 2006. Además tampoco debería resultar sorprendente a la luz de lo que ocurre en el Parlamento, ya que el proyecto que se encuentra en el Congreso considera sólo una parte de las demandas y no asegura los cambios sustantivos que el sistema requiere. Un maquillaje más -entre tantos- gracias a los cuales, estilistas de la Concertación y de la Alianza han logrado reconocimiento internacional.

Marcel Claude, Economista.

De Nuevo los Estudiantes

2008-04-25T09:38:00.000-07:00

(Publicado en Diario Estrategia Abril 25, 2008)

A casi dos años de las manifestaciones del movimiento secundario que abrieron un debate sobre la precariedad de la educación básica y media en Chile, no debería sorprender que los temas planteados por éstos vuelvan y sigan siendo el lucro, la Ley General de Educación, la calidad de la enseñanza, la Jornada Escolar Completa, entre otros. Es decir los mismos de hace un par de años, a pesar de la instalación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que debía haber generado las propuestas adecuadas, pero que sólo sirvió para poner freno al movimiento estudiantil y no superar las grandes lacras del sistema educacional: financiamiento, calidad y equidad.

Cada año las brechas existentes en la educación –las mismas que se reflejan en casi todos los ámbitos- se acrecientan, por ejemplo, los resultados de la PSU 2007 lo único que mostraron fue que los pobres en su condición de exclusión han recibido una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país.

En ese mismo contexto, se pueden considerar aspectos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso, que lleva más de 30 años sin romperse. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas del día de ayer cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle.

Dos años perdidos de dilatación, donde no se consideraron importantes propuestas y alternativas que en algunos países europeos, aquellos a los que tanto nos gusta imitar, abordan con una cuantiosa inversión pública y un sistema no regresivo de impuestos que representan un porcentaje altísimo del PIB. No nos puede sorprender que los estudiantes vuelvan a salir a las calles para reclamar por algo que se presenta como solucionado, que es la falsa imagen con que se clausuró la revolución pingüina del 2006. Algo muy lejano de la precaria realidad de la educación chilena.

Marcel Claude, Economista.

SalmonChile y la Patria Capital

2008-04-11T08:59:00.000-07:00

(Publicado en Diario Estrategia, Abril 11, 2008)

Difícil se ha puesto el panorama para los salmoneros. Están ofuscados y, a través de su presidente, Cesar Barros, se han dedicado a injuriar no sólo a quienes hemos realizado una campaña para que se tome conciencia de los impactos negativos sobre el medio ambiente y los abusos laborales que esta industria acomete, sino también, fustigando al New York Times, el diario norteamericano que recientemente dio cuenta de los cuestionamientos que pesan sobre la industria. Esto llevó a que una de las cadenas de supermercados más importantes de Estados Unidos, suspendiera las importaciones de salmón desde Chile. Inmediatamente, en la Bolsa de Comercio de Santiago, las empresas salmoneras perdieron entre 4 y 5 puntos porcentuales en sus precios.

No sorprende la actitud de Barros, es de su linaje la arrogancia ofuscada ante la crítica pública. Pero, lo que resulta inaceptable es la actitud de las instituciones del Estado. El embajador chileno en Washington, se apresuró en escribir una carta al diario indicando que la nota perjudica a una industria altamente beneficiosa para Chile; el canciller Foxley, expresó el orgullo nacional que representa esta industria, Juan Gabriel Valdés, encargado de la Imagen País, representó el deseo del gobierno de apoyar a la industria para evitar el daño que sufre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo para que el país informe sobre las regulaciones y las fiscalizaciones a que está sometida la industria y el Ministro Pérez Yoma, jefe del gabinete anunció un plan conjunto con la industria para organizar su salvamento.

Todo lo que dijo el New York Times ha sido largamente documentado. Marine Harvest, empresa salmonera noruega que opera en Chile, reconoció el uso excesivo de antibióticos y la falta de regulación. No obstante, altos funcionarios de gobierno se apresuran a defender a la industria como si fuera lo más sagrado del ser nacional.

Cuando recursos tan básicos como el agua son severamente dañados y los derechos laborales atropellados por esta industria, no hay autoridad que salga en su defensa. Si los salmoneros confunden sus intereses con los del país allá ellos, pero cuando el Estado defiende el capital privado como a la patria misma, no sólo es una vergüenza impresentable, sino una demostración de la grave crisis de representación que hoy exhibe el país y una evidente falta de democracia política que sea real y eficaz.

Marcel Claude, Director Ejecutivo Instituto PolítiKas.

Intereses y Función Pública

2008-04-09T11:24:00.000-07:00

(Publicado en La Nación, Abril 9,2008)

En el momento en que el proyecto sobre lobby, presentado por los diputados Carolina Tohá y Jorge Burgos en 2002, quedó listo para ser promulgado, el nuevo presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, anunció una ofensiva orientada a que senadores y diputados especificaran bien sus intereses, los que por ley deben declarar. La conjunción de estos antecedentes da la oportunidad para poner en el tapete público la transparencia de la función parlamentaria -y por extensión de la función política- en Chile. Esto porque aun cuando Zaldívar tenga razón, los parlamentarios, como bien dice el contralor Ramiro Mendoza, actúan bastante en la impunidad y protegidos por la legislación, donde las leyes de transparencia y probidad no alteran ni su buen dormir ni su "buen actuar".

A tal punto se ha llegado al respecto que el diputado Burgos ha reconocido que la situación en el Congreso es "opaca" y que no pocas veces ha habido "señores" vigilando cómo vota cada parlamentario determinado proyecto, lo que sin duda constituye un oprobio para cualquiera que crea en la profundización de la democracia. La situación es más oscura aún porque los que rondan en los pasillos del Legislativo y tratan de influir en la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo, con desenfado no asumen en público tal condición. Hace unos meses, la revista Qué Pasa entrevistó a las doce empresas de lobby más conocidas del país: nueve dijeron no realizar esa actividad. Sólo Imaginacción, de Enrique Correa, dijo reconocer y entender que defendía intereses particulares. Sorprende el nivel de impunidad de quienes realizan una labor tan determinante.

Más allá de que la regulación del lobby pretenda transparentar y con ello consagrar el "mal menor" -lo cual no quiere ni puede significar que este mecanismo sea bueno y deseable-, también asombra el doble rol de varios reputados lobbistas que ejercen al mismo tiempo responsabilidades políticas (de bien público) mientras obtienen sus ingresos de representar a intereses privados. Si son asesores de altas autoridades de la República, si postulan a cargos de representación popular o si lideran organizaciones ciudadanas, ¿cómo puede el ciudadano distinguir dónde está el interés público y dónde el privado? ¿Cuándo actúan en representación de los altos intereses de la patria o cuándo lo hacen para favorecer a los clientes con los que trabajan? El problema es que, cuando ser parte activa de la política se convierte en la gran ventaja comparativa de un lobbista, entramos en un terreno extraordinariamente peligroso para el interés público.

En lo que tiene que ver con el Congreso, podemos afirmar responsablemente que, hasta el momento, la institución no ha hecho nada para autorregularse, lo cual deja límites extremadamente tenues entre el lobby, el tráfico de influencias y la abierta operación a favor de intereses privados o personales. Respecto de esto último la ley orgánica constitucional a la que están sometidos los parlamentarios, es clara: los obliga a no pronunciarse, a no votar y con mayor razón aún a no tramitar leyes en las que estén comprometidos ellos o sus familiares hasta en tercer grado de consanguinidad. Sin embargo, incumplir esta disposición legal no ha tenido en la práctica consecuencia alguna para los parlamentarios, quienes en no pocas ocasiones han legislado a favor de sus propios intereses.

Adolfo Zaldívar lo sabe en abundancia, puesto que siendo su hermano Andrés presidente del Senado y él mismo titular de la DC y miembro de la Comisión de Pesca, tramitaron la llamada Ley de Pesca en 2002 que favorecía a la empresa Eperva del grupo Angelini, en la cual 18 miembros de la familia Zaldívar eran accionistas. Adolfo Zaldívar no se abstuvo de votar a favor de dicha ley. Para ninguno de los dos senadores existió la menor consecuencia. Uno continuó siendo presidente del Senado y luego vicepresidente de Chile y el otro todavía es parlamentario y hoy flamante presidente de la cámara alta.

Celebramos por lo mismo el avance de la ley de lobby y la propuesta del senador Zaldívar en aras de la transparencia. Chile necesita perfeccionar su democracia no sólo mediante la superación del sistema binominal sino también con medidas como éstas, que incluyen el acceso de la ciudadanía a información pública, financiamiento de la política y la posibilidad ciudadana de revocar mandatos cuando quien ha sido elegido lesiona gravemente la confianza de quienes lo llevaron a la victoria. Veamos cuán lejos puede avanzar la llamada clase política en esta dirección.

Marcel Claude, Economista.

Una Vez Más el IVA

2008-03-28T09:19:00.000-07:00

(Publicado en Diario Estrategia Marzo 28, 2008)

Una vez más el controvertido Impuesto al Valor Agregado salió al ruedo político. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, es un impuesto crítico dado que permite financiar al Estado en un 40% aproximadamente. Ello explica la molestia del ministro Velasco con la idea de rebajarlo, pues es la viga maestra de su “política fiscal responsable” que apunta a evitar déficit y desajustes en el programa de gastos públicos, pero, lo más importante es que evita confrontar al gobierno de Velasco con el poder económico, puesto que, obviamente esto significaría subir otros impuestos para compensar la rebaja del IVA y, dada la sobrecarga tributaria que hay sobre los chilenos, sería absurdo darles por un lado y quitarles por otro, sería como en el box para ganar una pelea: darle por todos lados y esa política ya sería como mucho, puesto que es nada menos que la consabida política del abuso que es la más regular, permanente y sistemática política pública que se aplica en Chile desde el poder hacia la ciudadanía.

Hay que entender la importancia de este impuesto cuando la carga tributaria en Chile con suerte llega al 17% del PIB, mientras que en otros países –los desarrollados- supera el 30 y el 40%. Sin este impuesto, en la práctica, no habría Estado, desaparecería casi completamente y eso es por cierto el interés que muchos tienen, particularmente los empresarios ultraliberales y anarco-capitalistas que quisieran ver incluso la palabra Estado fuera del diccionario de la Real Academia de España.

Esta clarito, como diría Velasco, que el IVA es un impuesto insano para la salud mental de los chilenos, la que depende mucho del presupuesto familiar. Produce esa sensación de injusticia, tan extendida en el espíritu nacional. Allí están las posibilidades de los empresarios de eximirse de este impuesto cuando comprar autos u otros “bienes de capital” a nombre de sus empresas, y ahí están las tasas irrisorias que pagan las empresas por sus utilidades (17%) mientras las dueñas de casa pagan 19% por lo que compren y sin contar los impuestos que pagan por lo que ganan sin descuentos ni rebajas ni exenciones tributarias de las que los empresarios son beneficiados en abundancia.

Así y todo resulta vergonzosa la propuesta de rebajar del 19 al 18% el IVA. Es tan despreciable, tan insignificante que irrita la actitud mediocre de los parlamentarios y nos demuestra lo incapaz que hoy resulta la política para mejorar la condición del pueblo chileno.

Marcel Claude, Economista.

Tribunal de la Libre Competencia: Cuando las Instituciones Funcionan

2008-03-16T12:44:00.000-07:00

(Publicado en Diario Estrategia Marzo 14 del 2008)

Recientemente, la opinión pública se enteró de la decisión de Falabella y D&S de no seguir la vía judicial para revertir el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual, en enero pasado, no acogió la consulta formulada, en junio del 2007, por los accionistas controladores de ambas empresas. El rechazo se fundaba en que la operación crearía una empresa dominante –léase monopólica- en el retail, las tiendas por departamentos, los supermercados, el negocio inmobiliario y el negocio financiero asociado. Es decir, se produciría una disminución sustancial y duradera de las condiciones de competencia en un mercado muy relevante para los chilenos, con efectos perjudiciales para su bienestar en los precios, la cantidad y la calidad de los productos transados.

Eso sí, no deja de sorprender la actitud tibia –dado los contundentes argumentos que entregara el Tribunal- de la Fiscalía Nacional Económica, quien, pese a reconocer la legitimidad y sustancia de lo planteado por el Tribunal, en su momento optó por no rechazar la fusión, dado que, si bien detectó serios riesgos para la competencia, propuso medidas de mitigación en caso que se aceptara tal fusión. La conducta contradictoria que muestra la Fiscalía, al recomendar con los mismos argumentos que era posible realizar la fusión, da cuenta de las dificultades que existen en Chile para que instituciones tan importantes, destinadas a evitar la conformación de mercados monopólicos, puedan realizar su tarea sin presiones ni influencias indebidas de los poderes económicos.

Por otra parte, resulta jocoso y enojoso a la vez, el argumento esgrimido por los controladores de estas empresas, en cuanto a que esta fusión permitiría economías de escala que facilitaría la competencia internacional, es decir, habría razones de eficiencia. Este argumento reinventa la teoría económica acerca de las estructuras monopólicas de los mercados, dado que intenta convencernos de que la conformación de monopolios rebaja los precios de mercado y significa un aumento del bienestar social. Los monopolios efectivamente tienen el poder de rebajar sus costos, más aún cuando en el caso del retail en Chile, son a la vez monopsonios, es decir, constituyen grandes poderes por el lado de la demanda de insumos y suministros. Pero, está escrito y más que teorizado, que esas rebajas de costos solo incrementan sus ganancias y difícilmente van en beneficio de los consumidores.

Marcel claude, Economista.

Impuesto a los Combustibles

2008-03-04T07:47:00.000-08:00

(Publicado en Diario Estrategia febrero 29, 2008)

Hace ya mucho tiempo que viene generándose una presión explícita y mediática, cuando no en los mismos pasillos del palacio de La Moneda, orientada a eliminar o bajar considerablemente el impuesto a los combustibles. En este aspecto, los alineamientos ideológicos funcionan de mil maravillas. A la hora de salir a pedir rebaja de impuestos, el empresariado se comporta con una disciplina impresionante, puesto que ellos quisieran que los únicos impuestos que existan sean los privados, es decir, aquellas punciones sobre el ingreso de la gente –las utilidades extraordinarias- que van en directo beneficio de su proyecto de acumulación de riqueza. Los otros, de carácter público, destinados a fortalecer la educación o la salud y finalmente la democracia de los hombres libres, deben desaparecer pues una sociedad de esa naturaleza atenta contra la posición de dominio y control de la elite.

Dado el poder de la elite económica, a la larga se logrará eliminar el impuesto a los combustibles, siempre argumentando en favor de los pobres. En la medida que se agudice el problema del petróleo, de los costos, de la inflación y de la pérdida de ingresos de los chilenos, van a terminar eliminándolo. Y si bien la caída del precio del petróleo –gracias a la eliminación del impuesto a los combustibles-va a beneficiar en mayor medida a los sectores de más altos ingresos, eso no quiere decir que no vaya a beneficiar a los sectores más pobres, pero, obviamente, en medida menor.

Hay que tener presente que este impuesto constituye un desincentivo del automóvil, cuyo uso mayoritariamente es responsabilidad de los sectores altos de ingreso; en consecuencia, la disminución de este impuesto beneficiaría a quienes hoy usan abundantemente el automóvil y terminaría con el único impuesto verde que hay en Chile, el único impuesto ecológico que castiga el uso de productos altamente contaminantes.

Los más pobres con toda certeza casi ni verán el efecto de esta reducción pues el carácter monopólico de los mercados hará que las reducciones del precio de los combustibles se vayan quedando en el camino como un aumento de las utilidades de productores y distribuidores. Si se quiere beneficiar a los sectores más pobres no es correcto eliminar este impuesto, sino que sería más útil tener políticas de precios especiales y subsidios para bienes tales como el arroz, los tallarines, la leche, el pan, que son los que más consumen los sectores de menores ingresos.

Marcel claude, Economista.

Capital Real y Capital Ficticio

2008-03-04T07:44:00.000-08:00

(Publicado en Diario Estrategia Febrero 15, 2008)

Los economistas están preocupados y así también los hombres de negocios; se respira inestabilidad en el incomprensible -para las personas- mundo de las finanzas. Y aunque se quiera dar la impresión que hemos aprendido de las crisis financieras, tales como la famosa crisis del 29, la problemática es siempre la misma: una expansión inorgánica de transacciones ficticias de capital. Entre otras cosas esto es grave puesto que una parte importante de los fondos de pensiones están depositados en papeles financieros de distinta naturaleza y nombre (acciones, options, swaps), los que no tienen un correlato en el mundo real, es decir, hay más “riqueza financiera” que bienes materiales y riqueza natural como bosques o biomasas marinas.

La extracción de riqueza natural y el desvío sistemático de excedentes de la producción real hacia el mundo financiero, hace posible la magia del incremento descomunal de la riqueza financiera, la que ha crecido mucho más rápido que el ingreso real de los países, llegando a ser cinco veces el valor del producto económico real mundial. Pero, si todos los dueños de esa riqueza, hoy quisieran hacerla efectiva en bienes materiales, no habrían suficientes autos o lechugas para hacerla real. Esta fantasía es posible gracias a: la creciente concentración de riqueza que hace crecer el capital de quienes pueden ir a la bolsa a rentabilizar más aún su riqueza y esto permite empujar los valores hacia arriba; el acceso al crédito fácil que permite a muchos operadores financieros ir del banco a la bolsa para hacer ganancias especulativas, pidiendo prestamos de corto plazo con tasas inferiores a la rentabilidad de la bolsa; el desarrollo de las AFP que permiten capturar una riqueza disponible para ir a buscar rentabilidades en las bolsas.

El problema es que este desequilibrio entre lo real y lo ficticio, en algún momento empieza a expresarse y lo complicado es que afecta a la economía de carne y hueso. Primero, el precio ficticio de los papeles financieros es un incentivo para reasignar las inversiones desde lo real a lo financiero; segundo, las futuras pensiones se ven destruidas por la pérdida de valor del capital financiero en que éstas se han invertido; además, los Estados reasignan fondos para sostener las bolsas y los inversionistas se vuelven adversos al riesgo, retardando inversiones y contrataciones. Tristemente, los que sufren las consecuencias de la especulación en los períodos de auge, son también los mismos que sufren en períodos de depresión.

Marcel claude, Economista.

Las Preguntas de la Economía

2008-02-03T06:56:00.000-08:00

(Publicado en Diario Estrategia, Febrero 1, 2008)

Hace bastante tiempo que los economistas han adoptado el crecimiento económico como la única solución de todos los problemas económicos que enfrentan las sociedades modernas.

Cuando la desigualdad prolifera como una verdadera plaga que inunda de infelicidad a los pueblos, al unísono los economistas responden: crecimiento económico. Esto porque si la economía crece se reduce la cesantía y muchos dejarían la temible línea de la pobreza. Ante los problemas de la inflación, lo mismo, si crece la economía se generan las condiciones para evitar la presión sobre los precios al aumentar la oferta. Extremando las cualidades del crecimiento de la economía, ante los problemas ambientales que se han constituido en un problema mayor del mundo moderno, la respuesta es la misma: cuando los países alcancen un nivel de ingreso per cápita similar al de los países hoy desarrollados, entonces empezarán a reducirse dichos problemas puesto que se podrían enfrentar los gastos de mitigación.

Independientemente de que el crecimiento del ingreso sea una condición necesaria para el mejoramiento material de los pueblos, no deja de inquietar el olvido generalizado que los economistas han practicado respecto a las otras preguntas que la economía debe saber responder. Éstas son básicamente cuatro: ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? Y ¿Para quién producir? Hoy por hoy, el único tema central sobre el cual versa la conversación de los economistas es la respuesta a la pregunta sobre cuánto producir y la respuesta es una sola: al máximo.

Pero no es lo mismo crecer produciendo pan y leche que abusando de la explotación de los recursos naturales o, peor aún, produciendo armas nucleares o químicos altamente peligros. Por lo tanto, el qué producir es una pregunta que hay que saber responder. Tampoco es lo mismo producir usando intensivamente capital y poco trabajo que métodos intensivos en la contratación de personas y tampoco es lo mismo hacerlo utilizando tecnologías altamente contaminantes que aquellas más respetuosas del medio ambiente. Esto dice relación con el cómo producir. Finalmente, no es lo mismo producir para beneficio del 1% de la población que para el 100%, por lo que, el para quién producir es otra de las preguntas claves que los economistas deben saber responder para cumplir con su tarea de proveer recomendaciones de política que aumenten el bienestar de los pueblos.

Tengo la impresión de que la profesión no está cumpliendo con su deber.

Marcel Claude, Economista.

Hacia la crisis financiera global

2008-01-19T15:20:00.000-08:00

A medida que la crisis financiera en marcha se va acelerando, vemos surgir todo tipo de explicaciones del porqué el deterioro financiero de los EEUU no pudo ser contenido, y porqué la recesión económica en ese país ahora sí amenaza con transformarse en una recesión económica global. Hasta hace poco, el coro de voceros oficiales negaba rotundamente que ello pudiera ocurrir. Igual, los fundamentos estructurales de la crisis en desarrollo permanecen encubiertos, como si ignorarlos pudiera dar un respiro a quienes están buscando las formas de "restablecer" el equilibrio.

Dentro de los fenómenos estructurales de mayor relevancia actual, está el inusitado incremento del comercio mundial de capital ficticio durante los decenios pasados. Este ha permitido niveles también inusitados de endeudamiento, no sólo de los estados, sino también de las empresas, hogares y personas individuales.

Dando muestras de un grado de socialización de las relaciones económicas impensable hace unos decenios, el capitalismo mundial dio rienda suelta a la producción y el comercio de las más exóticas formas de símbolos de capital. La mayor parte de los fondos de pensiones y otros fondos está "depositada" en tales papeles. La riqueza material fue sustituida por el establecimiento de relaciones jurídicas de endeudamiento. En muchas naciones, la gente incluso se endeudó para comprar capital simbólico y participar en las ganancias que ofrecía su comercio. El proceso fue tan dinámico, que durante el último decenio el valor simbolizado por los papeles de capital ficticio creció muchísimo más rápido que la economía real. Hasta el comienzo de la actual crisis, ese valor superaba en más de cinco veces el producto mundial, es decir, el valor de todo lo producido anualmente en el mundo en bienes y servicios.

De esta forma, se fue creando un desequilibrio entre el valor nominal de los papeles de capital ficticio circulante en el mundo, y la capacidad real de la economía mundial para producir los valores equivalentes. La tasa de acumulación de capital real ha sido muy inferior a la tasa de acumulación de capital ficticio. La realidad se ha distanciado de la ficción de tal manera, que incluso los más ilusos han comenzado a dudar de los valores de los papeles que simboliza su riqueza. Tratando de desprenderse a tiempo de ellos, han provocado el desplome de varios segmentos del mercado financiero mundial. Ni las más descaradas maniobras de la agencias calificadoras de riesgo lo han podido impedir.

El grave problema es que con ello ha comenzado una desvalorización generalizada del capital ficticio existente. Se manifiesta así que ha habido una sobreacumulación de capital ficticio, y una subacumulación de capital real. Las pérdidas que ahora están sufriendo bancos, fondos y otros inversionistas institucionales, y a consecuencia de ello las personas, son el resultado de esa sobreacumulación de capital ficticio. Algunos banqueros e "inversionistas" han descubierto hoy con asombro de que muchos de los papeles de capital simbólico no tienen precio. Por ello, la estrategia de salvataje del Citibank, basada en crear un precio ficticio para papeles ficticios, ha fracasado rotundamente, a pesar de las cuantiosas inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales de EE.UU y de la Eurozona.

La sobreacumulación de capital ficticio tiene un doble efecto, que amenaza con profundizase. Por un lado, la de desvalorizar muchos de los papeles de capital simbólico en circulación, provocando pérdidas que podrían hacer estallar a más de alguno de los grandes bancos internacionales. Por el otro, la de hacer cada vez más difícil el financiamiento de déficits fiscales y comerciales mediante la emisión de nuevos papeles simbólicos de capital.

Por ello, es completamente ilusoria la idea de que la actual crisis financiera pudiera quedar confinada a algunos países, por ejemplo, EE.UU. El comercio mundial necesariamente se verá afectado, a no ser que se suponga posible establecer un comercio mundial completamente equilibrado, pero dinámico, que excluya EE.UU. Esto es una visión simplemente absurda de quienes hacen cuentas alegres con las reservas internacionales acumuladas en las "economías emergentes" durante los últimos años.
La actual crisis financiera es de carácter estructural y mundial. La socialización capitalista, por mucho que haya avanzado, no supera las limitaciones de un sistema económico basado, en definitiva, no en los intereses colectivos, sino individuales. Pretender que hay naciones mejor "preparadas" para enfrentarla, es desconocer su naturaleza estructural. Pretender enfrentarla con medidas individuales de los estados, es desconocer su naturaleza mundial. La respuesta a la crisis debería ser tanto de carácter estructural como mundial. Pero es evidente que faltan las instituciones para siquiera concebir una respuesta de esa naturaleza.

Alexander Schubert, Economista y Politólogo.

Nuevo Estatuto Pyme no Apuesta al Desarrollo de Chile

2008-01-18T03:17:00.000-08:00

(Publicado en diario Estrategia Enero 18/2008)

Recientemente se dio a conocer el contenido del Estatuto Pyme, que tendría como meta apoyar el desarrollo de este alicaído sector que representa la abrumadora mayoría de las empresas, más del 90%, otorga sobre el 70% del empleo y, sin embargo, representa menos del 4% de las exportaciones y con suerte el 15% de la facturación interna.

El nuevo Estatuto Pyme busca promover las buenas prácticas regulatorias para evitar los costos de transacción, ampliar las facultades para otorgar permisos provisorios, incluyendo los sanitarios, lo que incluye otorgar facilidades de pago o eximir del pago de patentes provisorias a empresas que lo solicitan por primera vez. Así también, busca promover la transparencia en la aplicación de multas, disminuir los montos de éstas a las empresas de menor tamaño por motivos laborales reemplazándolas por capacitaciones, facilitar el acceso voluntario al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales a los empleadores y/o dueños de empresas pequeñas y aplicar normas de protección especial a los pequeños empresarios cuando éstos actúan como consumidores. Por otra parte, extender el porcentaje de crédito tributario (de 4% a 8%) por las inversiones en maquinaria o infraestructura y fortalecer la suscripción de Acuerdos de Producción Limpia. Finalmente, se propone un mecanismo de apoyo para las empresas en situación de insolvencia para su reestructuración o cierre.

Nada de esto está mal, pero, no da cuenta del problema real de la pequeña empresa: enfrentar un mercado sin dinamismo y extraordinariamente empobrecido. Este sector no exporta a los grandes mercados y no tiene mecanismos que favorezcan su inserción en mercados donde tiene ventajas comparativas como son los mercados de países más pobres, lo que se explica por una política exterior que mira fundamentalmente a los mercados ricos que compran nuestras materias primas y donde la mega empresa tiene amplia llegada porque se ubica precisamente en el rubro de los recursos naturales. Por otra parte, el mercado interno, donde se desarrolla actualmente la pyme, es un mercado poco dinámico debido a la enorme concentración de la riqueza. Un 80% de chilenos no dispone de 160 mil pesos al mes para satisfacer sus necesidades. Ese el poder adquisitivo que enfrenta la pyme y con ese nivel de recursos, difícilmente podemos darle mayor dinamismo a este sector, pero, este nuevo estatuto no se hace cargo ni por ventura del problema.

Marcel Claude, Economista.

Palabras de Matías Catrileo (Estudiante Mapuche Muerto por la Policía Chilena)

2008-01-14T05:51:00.000-08:00

Mensaje desde la Cárcel por Patricia Troncoso (Prisionera Política Mapuche)

2008-01-07T06:46:00.000-08:00

Ante la Decisión de "Libertad o Muerte" de los Presos Políticos Mapuches y el Silencio de las Autoridades Chilenas

2008-01-05T18:27:00.000-08:00

Quienes firmamos la presente carta (profesionales, intelectuales y artistas, mapuche y no mapuche) hacemos un llamado a personas, organizaciones e instituciones respetuosas del derecho a la vida a solidarizar con los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre, protestando por la injusta condena que los tribunales les han impuesto. Exigimos, al mismo tiempo, a las autoridades políticas y judiciales del país la inmediata revisión y revocación del proceso que los ha condenado a 10 años y un día de prisión, proceso que ha tenido escandalosas irregularidades, tales como el uso de testigos sin rostro y el pago a los mismos de veinte millones de pesos por sus declaraciones.

Seguir Aquí Campaña por la Causa Mapuche

Déficit Fiscal en el Transantiago

2008-01-04T03:09:00.000-08:00

(Publicado en Diario Estrategia 04/01/2008)

Esta semana el Gobierno decidió “pedir un crédito” al Banco del Estado para financiar el déficit del Transantiago. Este mecanismo fue justificado por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, como un crédito de la banca al sector privado y que, bajo ningún aspecto habría que considerarlo como un auto-préstamo.

Lo que el ministro ha demostrado exclusivamente, es que así como hay distintas miradas y puntos de vista para todas las cosas, también hay distintas formas de explicar operaciones económicas que gozan del prestigio inapelable de la objetividad. Lo que no dice el ministro es que una cosa es explicar objetivamente las cosas y otra es darle una justificación racional a un absurdo económico como es el Transantiago. Me refiero a que es un gasto que crece exponencialmente –cada día es más grande el déficit y ni siquiera el ministro sabe a cuanto asciende- para un servicio que si mejora, lo hace minimamente.

Más curiosa resulta la gigantesca contradicción entre la obsesión por el equilibrio fiscal del ministro de hacienda y este derroche insano del Transantiago. Cuando se trata de financiar la educación o la salud pública, así como el reajuste del salario mínimo, el criterio es draconiano e inapelable: prudencia en la administración fiscal. Pero, cuando se trata del trágico transporte público operado por privados, los equilibrios fiscales no están ni por de cerca en la mente de las autoridades.

Se nos dice que es para responder a las necesidades de la gente y resolver los problemas del transporte que tanta indignidad han traído, pero, la razón fundamental que ha causado tantos sinsabores a los ciudadanos, es que el sistema nunca fue pensado para servir el interés público sino más bien, el interés privado. Lo más grave: parte importante de los fondos y créditos fiscales para financiar el déficit del Transantiago, tienen como destino las utilidades de los operadores.

Queda demostrado entonces que las obsesiones por el equilibrio fiscal son exclusivamente argumentos para facilitar la consecución del interés privado y nada más. Cuando los déficit son para aumentar el salario mínimo o mejorar la educación, está mal porque fortalecen el ámbito de lo público, de la democracia, de la justicia social. Pero, cuando sirven el interés privado, no se repara en gastos porque no implica más funcionarios públicos ni ciudadanos más educados, sino únicamente, más rentabilidad para los negocios privados.

Marcel Claude, Economista.