UrbanismoPatasArriba

"Todos lo saben", incluso los fiscales

2009-11-04T11:30:00.002+01:00

E-NOTÍCIES/Barcelona* : El ex fiscal jefe de Catalunya y ex miembro de la fiscalía anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, declaró hace días a ComRàdio, sobre los últimos casos de corrupción, que "muchos ayuntamientos advierten a los constructores de que, si no pagan comisiones, no pueden construir. Todos lo saben". Lo que no dijo es que también lo sabían los fiscales. Porque la fiscalía archivó en 2007 una denuncia sobre "movimientos especulativos" en Sant Andreu de Llavaneres, que ahora ha revelado el juez Garzón.

Según informa el diario El Mundo, "algunas de las irregularidades urbanísticas que investiga ahora el juez Baltasar Garzón ya fueron detectadas por la fiscalía de Catalunya en 2007, pero ante la ausencia de información concluyente por parte de los denunciantes -la Plataforma SOS Llavaneres-, decidió archivar dos de los casos".

Añade que "se trataba de los proyectos urbanísticos del parque y viviendas en la zona de Can Rivière, y el edificio antiguo conocido como La Bodega cuyas reformas, a juicio de SOS Llavaneres, eran agresivas con el medio ambiente y sospechosas de esconder sendos pelotazos".

En este caso, dice el diario se movieron "millones de euros debido a la recalificación, un plan presuntamente urdido por el ex diputado del PSC Luis Andrés García, conocido entre sus allegados como Luigi".

La plataforma SOS Llavaneres denunció varios proyectos urbanísticos de esta localidad, y actualmente algunos de ellos se están instruyendo en el juzgado de instrucción número 1 de Mataró. Se refieren a la construcción de una guardería y a una zona deportiva. En estos dos casos están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos el ex alcalde de Llavaneres, Víctor Ros, y el ex concejal de urbanismo, Antoni Jiménez, que aparece en la resolución de Garzón sobre la red Pretoria, y que se ha dado de baja en el PSC".

* E-NOTÍCIES - 3.11.09
Foto: e-noticies.es

España: La cifra de imputados por corrupción alcanza los 800 en apenas unas semanas

2009-11-04T10:06:00.002+01:00

InSurGente* : Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios. El sistema está infectado hasta sus entrañas.

La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es 'Gürtel', la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como 'trama eólica', pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado 'caso Faycán', que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es 'Gürtel', presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.

El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, 'Gürtel' ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés.

Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.

La imputación de Matas está relacionada con el caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está
relacionada con el caso 'Can Domenge'. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.

Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el 'caso Scala', que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

En Cataluña, la operación 'Pretoria' en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.

En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.

* INSURGENTE - 1.11.09
Viñeta: insurgente.org

La corrupción ahoga España

2009-11-04T10:00:00.000+01:00

PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO* : «Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes.

De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.

* ABC - Madrid - 1.11.09

Los Alcázares: Ayuso se valió de su cargo municipal para copar el 90% de los proyectos de urbanismo locales

2009-11-03T18:54:00.003+01:00

LAVERDAD/Murcia : Como el ave carroñera que daba nombre a su despacho profesional -bautizado como Gyps Fulvus S.L., nombre latino del buitre común-, Mariano Ayuso no desperdiciaba ni las sobras. A raíz de que en el año 1997 asumió el puesto de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Los Alcázares, este profesional se habría aprovechado de su cargo público para ir desviando hacia el citado despacho «un número «enorme y desproporcionado» de proyectos urbanísticos de la localidad, haciendo una competencia desleal al resto de arquitectos de la zona y con el evidente objetivo de enriquecerse.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), que ha realizado a lo largo de meses una exhaustiva investigación, considera que a la vez que supervisaba formalmente el urbanismo municipal, llegó a diseñar desde Gyps Fulvus S.L. los proyectos de media docena de hoteles, más de 2.500 viviendas de nueva planta (colectivas, unifamiliares, apartamentos...), más de 220 ampliaciones de viviendas ya existentes, multitud de reformas y rehabilitaciones, demoliciones...
Para soslayar la clara incompatibilidad profesional en la que estaría incurriendo al compaginar su cargo público con los encargos privados, Ayuso habría puesto su despacho profesional a nombre de su hermano Juan Ignacio, y además contaba con un grupo de arquitectos que, a cambio de remuneraciones económicas, le prestaban su firma para que no fuera él quien figurara en los proyectos.
El arquitecto municipal fue detenido en enero del 2008 por su implicación en la denominada Operación Ninette contra la corrupción urbanística en Los Alcázares, y se le imputa una infinidad de delitos, entre los que figuran blanqueo de capitales, evasión de impuestos, cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, entre otros. También fue arrestado su hermano Juan Ignacio y varios de los arquitectos que vendían su firma permanecen imputados.
Múltiples infracciones
El resultado de la investigación del COAMU se resume en más de 70 folios, que constituyen la resolución del expediente disciplinario que se le abrió a Ayuso y a otros cuatro arquitectos. El objetivo de este expediente, que nada tiene que ver con las diligencias judiciales, no era otro que depurar las responsabilidades que hubieran podido cometer como colegiados, por vulneración de los estatutos de la profesión y de las normas deontológicas.
En el caso del ex arquitecto municipal de Los Alcázares, el Colegio ha considerado probado que incurrió en una amplia serie de infracciones, algunas calificadas como «muy graves», como no someter al visado colegial los proyectos realizados para la Administración, incurrir en incompatibilidades por razón de su cargo público, no atender debidamente los encargos y causar perjuicio a los clientes debido al «enorme y desproporcionado» volumen de proyectos asumido, no actuar con honradez y veracidad en su cargo de arquitecto municipal y aprovecharse de ese puesto «para obtener situaciones de provecho propio y de terceros», haberse procurado trabajo profesional con ventaja y hacer una competencia desleal a sus compañeros de profesión, y haber fomentado la realización de trabajos de arquitectura por quien no reunía la cualificación necesaria para ello.
Desde su propio puesto municipal, Ayuso llegaba a «informar favorablemente sobre obras y proyectos realizados en su propio estudio profesional, firmados por otros arquitectos (que prestaban su nombre a cambio de dinero) y que han puesto en una situación de concurrencia de intereses particulares y generales de forma equívoca e irregular.
Curiosamente, el Colegio Oficial destaca que Mariano Ayuso fue nombrado arquitecto municipal por un tribunal constituido por personas que habían sido clientes suyos. Esto es, personas a quienes había redactado proyectos urbanísticos particulares, entre los que figuran quien era entonces el alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero; el secretario municipal, Diego Sánchez; su hijo, el jurídico municipal Juan de Dios Sánchez, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y los hermanos de dos concejales socialistas.
Duras sanciones
Tras la investigación realizada, el Colegio considera que Ayuso infringió al menos 22 preceptos de los estatutos profesionales y de los códigos deontológicos, lo que constituye una infracción muy grave, y ha decidido su expulsión del COAMU. Por lo que se refiere a los arquitectos que según el colegio le prestaban la firma, con el fin de ocultar que era en realidad Ayuso quien realizaba los proyectos, ha impuesto duras sanciones a tres de ellos: Miguel Ángel G.I., suspendido del ejercicio profesional por un año y medio; José Antonio V.M., suspendido por seis meses, y el arquitecto municipal de Cartagena Enrique S.M., suspendido por dos años.
En parte, estos tres profesionales le deben haber sido sancionado al propio Ayuso. Fue éste quien, en una de las alegaciones presentadas en el expediente, señaló que «suponemos que todos los profesionales mencionados (los que le prestaban la firma) tendrán abiertas sus correspondientes diligencias, pues no tiene sentido que se nos acuse sólo a nosotros. El Colegio, en eso sí, le dio la razón.

* La Verdad -RICARDO FERNÁNDEZ - 3.11.09
Foto: Los Alcázares, ayuntamiento - laverdad.es

Un alto cargo de Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo

2009-11-03T17:45:00.003+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en el año 2003.

La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del presidente de Espais, Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas a Luigi.

La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró Luigi, aunque del auto se desprende que Renau luego recibió 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.

El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones a través de Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo La Seda y muy cercano a Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el 30 de enero de 2009 y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en la trama. En esta sociedad patrimonialista, además, participan los empresarios Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.

A medida que avanza la investigación se le complican las cosas al PSC. La dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien, ayer, desde la cárcel, renunció al cargo de alcalde, al acta de edil, al puesto de vicepresidente de la Diputación y a los cagos en el PSC; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales Pascual Vela. Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), también fue suspendido de militancia "a petición propia" según el PCS.Fuentes de la dirección del partido aseguraron que Jiménez deja temporalmente el partido no por aparecer en el sumario de Garzón por su "estrecha relación" con Luis García, sino por su imputación en otro caso que lleva el juzgado de Mataró (Maresme). En su etapa como concejal, Jiménez habría favorecido una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que benefició a Proinosa, una de las empresas de los imputados por Garzón.

La ejecutiva del PSC que acordó las suspensiones de militancia se celebró ayer con un espeso silencio como protagonista. Hubo pocas intervenciones y todos los dirigentes dieron por buenos los argumentos del líder, José Montilla, quien defendió las drásticas medidas con el argumento de que la cirugía de guerra es el único remedio posible para salvaguardar la credibilidad del partido. Montilla también pidió tranquilidad y prudencia a los cargos municipales en un momento en que los nervios por la actuación judicial se han instalado en muchos ayuntamientos.

Una de las pocas intervenciones fue la del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Éste defendió al gerente del Incasòl, Emili Mas, del que Garzón asegura que participó con cuatro de los imputados en conversaciones centradas en la falsificación de facturas. Nadal dijo creer en la inocencia de Mas, aunque aseguró que el departamento revisará todas las actuaciones del Incasòl en Santa Coloma.

A los socialistas, sin embargo, se les presentó ayer un nuevo problema en este ayuntamiento. El director de Servicios Municipales, Pascual Vela, hasta ayer militante del PSC y en libertad bajo fianza desde el pasado viernes, se presentó ayer a su puesto de trabajo sin que nadie le impidiera ejercer sus funciones, informa Fermín Robles. Vela, imputado por delitos de fraude y encubrimiento, sigue, pues, en el ayuntamiento y con acceso a todo tipo de documentos mientras que el alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, están encarcelados, entre otros motivos, para evitar que destruyan pruebas.

Albert Gadea, jefe de alcaldía, justificó ayer la presencia de Vela en el ayuntamiento. Gadea señaló que Vela, quien gestiona los servicios municipales en Santa Coloma, es un funcionario con categoría de "alto directivo, no un cargo de confianza", y que las circunstancias actuales no implican su despido. "Está en libertad bajo fianza, no sólo tiene derecho a venir a trabajar, sino que tiene que venir". La dirección del PSC no concretó si ha dado algún tipo de orden a sus representantes locales en Santa Coloma para apartar a Vela.

Por otra parte, el comité ejecutivo de CDC acordó ayer suspender temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Artur Mas afirmó que la decisión fue unánime. "Ha sido una decisión dolorosa pero necesaria. Yo mismo tengo con ellos relación de afecto y amistad. Ni reniego ni me escondo", señaló.

* ELPAIS.com - LL. PELLICER / M.NOGUER - Barcelona - 03/11/2009
Foto: Badalona - geodominios.info

Canarias. El cáncer salpica a nueve municipios, dos cabildos y al Gobierno regional

2009-11-03T17:26:00.003+01:00

LAOPINIÓN* : En Gran Canaria, cinco municipios están implicados en casos de corrupción: Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria. En Telde se cruzan al menos tres investigaciones distintas donde están implicados toda clase de cargos públicos por adjudicación de contratos, comisiones y permutas presuntamente perjudiciales para las arcas públicas del consistorio.

En cuanto al número de delitos, el alcalde Mogán es el que más acumula: media docena de ellos entre los que se encuentra la malversación de caudales, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En la capital grancanaria, el juez investiga si en torno a la licencia municipal de las torres del Canódromo, anuladas por la Justicia la pasada semana, se esconde al menos un delito de prevaricación presuntamente cometido por la ex alcaldesa de la ciudad, Josefa Luzardo, y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber. Y también está la operación Paraíso, en San Bartolomé de Tirajana, y Brisan, en Santa Brígida, además de un caso de falsificación de certificaciones de obra en el Cabildo de Gran Canaria que ha costado seis millones de euros a las arcas públicas.

En Tenerife hay dos municipios relacionados con casos de corrupción, Arona y Santa Cruz, mientras que en Lanzarote se ven afectados Arrecife, Yaiza y Teguise, además del Cabildo insular. El caso eólico, por su parte, salpica a la Consejería de Industria del Gobierno canario.

Una causa gigantesca. Tres ayuntamientos y el Cabildo se unen en la operación Unión, en Lanzarote, donde además de la corporación insular se ven afectados los municipios de Arrecife, Yaiza y Teguise. Esta macrocausa que saltó a la luz pública en mayo del presente año suma ya 29 imputados, de los que diez son cargos públicos. El cabecilla de la red es Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

* La Opinión Tenerife - P.G. - 3.11.09
Foto: Telde - canarias24horas.com

Vilamartín: La Fiscalía se querella contra Manuel Candal por un delito de prevaricación urbanística

2009-11-03T17:07:00.003+01:00

LAREGIÓN/Ourense* : Manuel Candal volverá al Juzgado, un año después de renunciar como alcalde de Vilamartín. Declarará en el procedimiento iniciado ante la querella que la Fiscalía ourensana presentó contra el ex regidor por un delito de prevaricación urbanística. Le atribuye la firma de las 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios buscando legalizarlas, a pesar de las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial del anterior Ejecutivo. Estos hechos desembocaron en la renuncia de Candal a la Alcaldía.

El ex alcalde de Vilamartín Manuel Candal volverá a pisar el Juzgado número Uno de O Barco casi un año después de haber renunciado a la Alcaldía. Lo hará para declarar en el procedimiento abierto por una querella de la Fiscalía de Ourense. Le atribuye un delito de prevaricación urbanística, que basa en la firma del escrito de concesión de 15 licencias municipales que le presentaron sus propietarios, en un intento de regularizar la situación de sus casas y naves.
Sobre las construcciones pesan las órdenes de derribo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes del anterior Ejecutivo autonómico. Todas carecían de licencia municipal, por lo que los afectados apremiaron a Manuel Candal para que firmase un escrito otorgando las licencias de obra. Este documento dotaba a este trámite con un carácter retroactivo, hasta el inicio de las obras, según dijo en aquellos momentos el portavoz de la “Asociación contra os Derribos de Vivendas”, Juan Francisco Rodríguez, que había tildado a Candal de “alcalde heroico”.

Trámites

El ex regidor rubricó los documentos en la Casa Consistorial vilamartinesa el 18 de noviembre de 2008, rodeado de los propietarios de las viviendas, quienes previamente habían cubierto las solicitudes de licencia municipal en las oficinas generales del Concello.
Horas después, Política Territorial descartaba cualquier validez a las licencias firmadas, al estimar que fueron concedidas “de xeito irregular”.
Todos estos documentos fueron recopilados por la Fiscalía en el momento de presentar la querella contra el ex alcalde. Manuel Candal fue citado para que el próximo jueves se persone en el Juzgado de O Barco para prestar declaración en relación con todos estos hechos.

Los hechos hicieron dimitir al alcalde
La firma de las polémicas licencias ocurrió el 17 de noviembre de 2008, después de una caótica sesión plenaria, en la que los compañeros de Manuel Candal en el equipo de gobierno “popular” le dejaban sólo para aprobar la propuesta del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Al final, este punto quedaba sobre la mesa.

La situación apenas varió desde entonces. Las diferentes propuestas de normas urbanísticas fueron rechazadas una y otra vez por la Xunta, al no ajustarse a sus peticiones. Ante esta situación, el pleno municipal que ahora preside María Jesusa Candal, hija del ex alcalde, acordaba rescindir el contrato con la consultora que las redactó, Servicat Arquitectura. Votaron a favor los ediles del PP, optando por la abstención el PSOE y posicionándose en contra el concejal del BNG.

La situación actual del Concello de Vilamartín difiere mucho de la existente hace un año. En esos momentos, el “plantón” de sus compañeros de grupo y la polémica surgida por la firma de las licencias de obra a los vecinos condujeron a Manuel Candal a presentar su renuncia a la Alcaldía. Ésta fue entregada en el Consistorio el 19 de noviembre, después de que los concejales “populares” le dejasen solo en el debate del Plan Xeral.

* La Región - L.R. - Vilamartín - 03-11-2009
Foto: Vilamartín - panoramio

El alto precio de las licencias ilegales

2009-11-03T11:13:00.000+01:00

JOAN SERRA* : La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni efectuada en 1997 sitúa al Ayuntamiento de Portmany ante un nuevo atolladero que le puede resultar muy gravoso. El fallo deja en evidencia la actuación de los responsables del Consistorio en esa época, que primero otorgaron una licencia ilegal para construir el edificio ´Sol Bahía´ y que, después, cuando el Tribunal Superior de Balears anuló ese permiso y obligó a demoler el inmueble ya edificado, se sacó de la manga una chapucera modificación del PGOU para legalizar varios edificios que se hallaban fuera de ordenación, entre ellos el ´Sol Bahía´.

Tan burda fue la maniobra que el Tribunal Superior de Balears y el Tribunal Supremo han subrayado claramente que el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico «con el único propósito de incumplir la sentencia [de demolición], o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute».
Pero no es Sant Antoni el único municipio pitiuso que se enfrenta a posibles indemnizaciones por haber dado licencias ilegales basadas en interpretaciones forzadas de la legalidad para favorecer el interés de los promotores. En Formentera ha pasado algo parecido en ses Castellones y Sant Josep tiene también una demolición pendiente en el Puig d´en Serra con parecidos antecedentes, aunque con agravantes respecto a los casos anteriores. Sin embargo, todos tienen en común parecidas artimañas políticas y jurídicas, unidas a considerables dispendios económicos, para tratar de amparar esas ilegalidades y evitar las demoliciones; dicho de otro modo, todos esos ayuntamientos dedicaron mucho dinero público y muchas horas de trabajo de técnicos y funcionarios a la impropia finalidad de burlar la ley y las sentencias judiciales.
Dejando al margen las corruptelas o la infinidad de triquiñuelas empleadas o consentidas desde los ayuntamientos para hacer posible lo que legalmente no lo era, que ya de por sí conllevan una deliberada (y delictiva) voluntad de vulnerar la legalidad, podemos admitir que el urbanismo no es una ciencia exacta y que en ocasiones un proyecto puede suscitar dudas legales o interpretaciones divergentes sobre un mismo precepto, pero en esos casos la prudencia y el interés público aconsejan optar por la decisión más restrictiva, la que no comprometa el futuro colectivo. Siempre será mejor, y más barato para el erario, que los tribunales obliguen a un ayuntamiento a otorgar una licencia injustamente denegada que tener que afrontar las consecuencias de demoler e indemnizar por una edificación ilegalmente autorizada pero construida gracias a una licencia municipal que nunca debió otorgarse. Este elemental principio de prudencia fue sistemáticamente ignorado durante décadas, porque ediles y promotores confiaban en que los hechos consumados eran siempre irreversibles o en que nadie estaría dispuesto a asumir los costes de pleitear durante años en todas las instancias. Y ahora comenzamos a pagar las consecuencias de todos aquellos excesos, de los que nadie quiere responder ni asumir la menor responsabilidad.

* Diario de Ibiza - Opinión - 1.11.09

Cambios de ocupación del suelo en la costa 1987-2005 y pérdida acelerada de servicios de los ecosistemas y destrucción de un bien común

2009-11-03T10:04:00.000+01:00

XAVIER FONTCUBERTA ESTRADA/ FERNANDO PRIETO* : La costa es un recurso totalmente estratégico para el país, tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental. Las fuertes presiones que gravitan sobre la costa han originado un importante y rápido deterioro de los ecosistemas que está ocasionando una fuerte disminución del capital natural y de los servicios que origina a la comunidad. Además está suponiendo una privatización de recursos comunes que beneficia solo a unos pocos y es además una grave amenaza para los propios sectores económicos afectados (una masiva construcción supone un grave riesgo para el turismo).

El litoral es un recurso de muy compleja gestión: comprende unos 500 municipios, 23 provincias y 10 Comunidades Autónomas. Los 8.000 kilómetros de litoral delimitan una pequeña franja territorial, del orden del 4,25% de la superficie del país (hasta los primeros 5 km.), pero que en cambio concentra el 30% de la población. Sobre esta franja descansan además varios sectores clave de nuestra economía, de los cuales el principal es el turismo (el 80% de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral), pero entre los que también están sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinado tipo de agricultura, energías renovables, etc. Si se añade la existencia de algunos valiosos espacios protegidos (como Doñana o el delta del Ebro), estamos delante de uno de nuestros más valiosos recursos estratégicos.

Sin embargo en los últimos 20 años la presión sobre este recurso ha aumentando dramáticamente a través de la ocupación masiva del territorio, que ha avanzado a un ritmo frenético desde la Costa Brava hasta las de Cantabria y el País Vasco, afectando negativamente a la funcionalidad física y ecológica del litoral. En efecto, con los datos del proyecto Corine Land Cover obtenidos a partir de imágenes de los años 1987, 2000 y 2005 se observa que el ritmo de construcción en la costa en los dos primeros kilómetros de litoral se multiplicó por4 entre el periodo 1987-2000 y el periodo 2000-2005, pasándose de un crecimiento de superficie artificial de 1.520 ha. anuales en el primer caso (excluyendo las Islas Canarias) a uno de 6.152 ha. anuales en el siguiente periodo. La media entre 1987 y 2005 fue de 2.800 ha. anuales, o lo que es lo mismo un ritmo de 8 ha./día transformadas.

Para analizar este tipo de procesos se suele utilizar lo que se conoce como un modelo de presión-estado-respuestas, propuesto por la OCDE y la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) y que permite detallar y tener en cuenta las principales fuerzas motrices, los impactos -irreversibles en muchos casos-, las presiones, el papel del Estado y las respuestas de las administraciones y la sociedad civil. Partiendo de indicadores básicos para la franja del litoral, como el incremento de la superficie artificial o la pérdida o ganancia de ecosistemas clave, se analiza las respuestas y estrategias llevadas a cabo por los diferentes niveles de la administración.

Así, se observa como el modelo de ocupación del litoral se ha caracterizado por cinco fases, vinculadas al ciclo de desarrollo urbanístico en la costa:

exploración

creación de infraestructuras

expansión

intensificación

maduración y saturación,

donde políticas públicas como la realización de infraestructuras de alta capacidad, la habilitación de nuevos aeropuertos de bajo coste o de grandes superficies comerciales, o la declaración de espacios protegidos han jugado un papel clave en la configuración del espacio en gran parte del Mediterráneo (en comunidades como Catalunya o la Comunidad Valenciana la superficie artificial en los dos primeros kilómetros de litoral alcanza ya casi un 40% del total, mientras que entre 1987 y 2005 hay provincias como Huelva o Valencia que han más que duplicado su superficie artificial a lo largo de esos dos primeros kilómetros).

El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación y que sigue amenazando una parte importante del litoral español es claro: aumento de presión de la construcción, aumento de presión turística, degradación del patrimonio ambiental y de la calidad de vida y finalmente abandono del turismo por otros entornos mejor conservados. Algunos municipios han multiplicado el número de viviendas por 10 o por 100 sin los necesarios servicios públicos existentes (guarderías, hospitales, centros de ocio) pero también sin depuradoras de aguas residuales, adecuada gestión de residuos, etc., situación que ha generado urbanizaciones que la mayor parte del año acaban quedando vacías.

Y la única alternativa desarrollada hasta el momento es también conocida: control de la construcción bajo parámetros razonables, mantenimiento de los recursos ambientales y de la calidad de vida también bajo estándares razonables, buscando el consiguiente mantenimiento del turismo y de los procesos productivos tradicionales (como la pesca).

Ha sido pues la falta de planificación, de transparencia y de rendición de cuentas el principal peligro para la sostenibilidad de este frágil ecosistema. Y si bien es cierto que podemos encontrar ejemplos de buenas prácticas en algunas CCAA, Consejos Insulares y municipios, es evidente que la mayor parte ha evolucionado hacia pautas menos sostenibles.

A estos hechos hay que añadir, en un escenario previsible de cambio climático, los procesos de “rigidización” del Mediterráneo y de “mediterranización” del Cantábrico, que pueden hacer peligrar importantes zonas urbanizadas en áreas con escasez de agua, así como los riesgos en urbanizaciones cercanas al mar producidos por una subida del nivel del mar y del cambio en la dinámica litoral. Será pues necesario estudiar zona a zona cuales pueden ser los impactos esperables.

Lúgubres perspectivas futuras

Aunque la actual crisis económica ha motivado una fuerte reducción en el ritmo de urbanización y construcción del litoral, existe un importante riesgo de que el propio proceso de recuperación económica, tal como ha sido concebido, vuelva a poner en marcha un mecanismo de privatización y apropiación de nuestra costa, pues la principal amenaza para su futuro es la superficie recalificada y ya declarada como urbanizable (aunque no esté urbanizada) y la realización de nuevas y mayores infraestructuras – casi siempre públicas – que permiten posteriormente la colonización mediante desarrollos urbanísticos.

Si, a modo de ejercicio de simulación, se proyecta hacia el futuro las tasas de cementación del litoral mencionadas al inicio de este artículo, se observa como transcurridos solamente 104 años será la totalidad de la costa mediterránea la que ya estará 100% edificada, escenario que alcanzará a la costa atlántica-sur tras 184 años y a la atlántico-cantábrica tras 457.

El peligro de estos rápidos aumentos de la superficie artificial, que implican una superación de la capacidad de carga en numerosos puntos concretos, tiene además una materialización bien clara en términos de la pérdida de las funciones y los servicios que producen estos ecosistemas. Se trata de una amenaza directa a la sostenibilidad futura de nuestro entorno: a la sostenibilidad social (con la desconexión y la falta de servicios públicos en las urbanizaciones salidas de la nada), económica (agotamiento y destrucción de un recurso finito en el plazo de unas pocas generaciones, el sector turístico enfrentado y eventualmente expulsado por el de la construcción) y ambiental (cambios en la dinámica litoral, “rigidización” de la costa, pérdida de biodiversidad, etc.).

España tiene todavía una de las costas más diversas y excepcionalmente valiosas de Europa. El potencial de uso de los recursos naturales, la biodiversidad, el propio desarrollo de los sectores económicos y también la calidad de vida de las generaciones actuales y venideras están determinados por el alcance y los modos de esta ocupación del litoral, razones más que suficientes para cargarnos con la responsabilidad de llevar a cabo una gestión racional e inteligente. Dicha gestión implicaría una consideración del recurso como público, una coordinación de los diferentes niveles administrativos, una integración de políticas que afectan al litoral, un aumento de zonas protegidas (tanto en superficie terrestre como marina), de limitación de superficies a construir y, en definitiva, una visión basada en la sostenibilidad que considerara el litoral no como un recurso a explotar pero que no es renovable, sino como una recurso que es necesario conservar para las generaciones futuras bajo determinados criterios de funcionalidad, diversidad y justicia.

*Fernando Prieto del Campo es profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá y asesor científico de SOS Paisajes de Mar. Xavier Fontcuberta Estrada es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, experto en evaluación de políticas públicas y miembro de la Red Renta Básica.

* Rebelión/Sin Permiso - 26.10.09

Fiscalía Cataluña envía a Anticorrupción otros tres "pelotazos" en Llavaneres

2009-11-02T18:44:00.003+01:00

ABC/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.

Este convenio mencionado por Garzón en su auto, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando al caso al no apreciar indicios delictivos en la operación urbanística.

La Fiscalía de Cataluña también archivó otra denuncia presentada en abril de 2007 por SOS Llavaneres sobre un convenio para la compra de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona (Barcelona) habría conseguido multiplicar por ocho, gracias a una recalificación municipal, los beneficios derivados de esa operación.

La documentación sobre este caso también ha sido enviada ahora a la Fiscalía Anticorrupción por sus homólogos de Cataluña, a la espera de que SOS Llavaneres presente mañana nueva información que probaría la relación de la empresa beneficiada con el entramado de sociedades que manejaba el detenido Luis García, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Otras dos denuncias presentadas por SOS Llavaneres por irregularidades urbanísticas están siendo investigadas por un juzgado de Mataró (Barcelona) y, al margen de la evolución de esos procesos en Cataluña, la Fiscalía catalana ha remitido a Madrid documentación sobre estas causas por si se establece alguna relación con la trama de corrupción destapada en la operación Pretoria.

En esos procesos que se siguen en Mataró, y cuya instrucción aún no está concluida, el juez ha imputado al ex alcalde Víctor Ros (PP), que aún es concejal en Llavaneres por la misma formación, así como al ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez y a un técnico municipal.

En una de esas causas se investiga un convenio por el que el ayuntamiento vendió a Proinosa, empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre, a un precio muy por debajo al del mercado, según la denuncia de SOS Llavaneres.

Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además del ex alcalde, a Antonio Jiménez (PSC), al que el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama, el ex diputado Luis García.

En su auto, Garzón subraya que Antonio Jiménez, que fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha tratado con Luis García sobre varios proyectos urbanísticos de esta población, como la construcción del mercado de Fondo, aprobada en 2007.

La cuarta denuncia de SOS Llavaneres investigada por la justicia, y que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, es el convenio para la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería, lo que también ha comportado la imputación del ex alcalde Víctor Ros.

* ABC - EFE - 2.11.09
Foto: LLaveneres - infomet.am.ub.es

El ´caso Arona´ apunta a los tratos de favor urbanísticos

2009-11-02T11:43:00.003+01:00

LAOPINIÓN/Tenerife* : La posible trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento aronero ha vuelto a tomar fuerza al quedar de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.

Tales tratos de favor y la posibilidad de que los mismos pudieran articularse en torno al pago de comisiones ilegales a determinados técnicos y gobernantes del Ayuntamiento de Arona, han saltado esta semana en los juzgados aroneros a colación de la declaración del ex empresario que ha reiterado que entre 1999 y 2003 fue víctima de una extorsión cuando intentó obtener una licencia para edificar un complejo residencial en Costa del Silencio.

Este ex empresario (José Ramón Ansorena) ha detallado las múltiples trabas que le pusieron para obtener esa licencia, según él, porque se negó a pagar la comisión de 45 millones de pesetas que le pidió un intermediario para comprar informes técnicos favorables y el voto de políticos.

Para reforzar su tesis de que le fastidiaron por no pagar la comisión, el miércoles citó que Pedro Suárez construyó las urbanizaciones residenciales Costa Sol, Roque del Mar, Balcón del Mar y Atlantic View en parcelas limítrofes a la suya a pesar de que las trabas urbanísticas debían haber sido las mismas para ambos (ya que tres de las parcelas de Suárez tenían el mismo uso turístico que la suya). Ansorena declaró también que ese empresario quiso comprar su parcela a pesar de las trabas municipales para su edificación.

Complicaciones políticas

Las dos declaraciones judiciales de la semana pasada en relación a la trama de corrupción urbanística que saltó en el caso Arona han dejado a al menos a dos políticos aroneros en una situación muy complicada por los testimonios que apuntan a que conocían la extorsión que estaría sufriendo la empresa Proguito y no hicieron nada. La peor parte de ese reparto de responsabilidades es para el consejero del Cabildo y concejal del PP en Arona Félix Sierra, ya que dos personas han declarado que le habían contado dicha extorsión (uno de ellos, además, le involucra en la misma). El otro aspirante a ser imputado por un delito de omisión del deber de denunciar es el actual alcalde, José Alberto González, quien además ha hablado del tema en conversaciones intervenidas.

* La Opinión Tenerife - B.SALAZAR - 2.11.09
Foto: Un ex empresario denuncia que ha recibido un agravio comparativo en materia urbanística frente a otros en los que percibe un trato de favor. Manuel Lérida, laopinion.es

Galicia: Seis de cada diez concellos carecen de plan de ordenación urbanística

2009-11-02T11:29:00.002+01:00

LAVOZDEGALICIA* : Es un paradigma del fracaso de la ley que el Gobierno Fraga impulsó en el 2002 para tratar de ordenar el caos urbanístico del país, pero también la evidencia de los obstáculos que complican la elaboración del planeamiento municipal en Galicia, y que han convertido en una utopía su cumplimiento. Con la que será la tercera reforma de la Lei do Solo 9/2002 en marcha, como paso previo a su anunciada sustitución por un nuevo marco normativo, solo 39 concellos están al día con el mandato legal y tienen sus planes adaptados. Por contra, 198 ayuntamientos ni siquiera disponen todavía de su propio plan general (PXOM).

El mapa de la situación actual del urbanismo municipal muestra un país en construcción, con circunstancias dispares. De los 198 municipios que carecen de planeamiento, 27 no han iniciado los trámites con la Xunta para su elaboración, a diferencia de los 171 restantes. Un total de 142 de esos 198 ayuntamientos sin PXOM se rigen solo por normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano. Pero en los otros 56 no hay ninguna regulación. Esta coyuntura se extiende por igual en los núcleos de la costa y en los del interior.

Por provincias, A Coruña cuenta con 49 municipios sin planeamiento, de los que 41 ya están trabajando en su redacción. Cambre, Carnota, Carral, Cerceda, As Pontes, Rianxo, San Sadurniño y Vimianzo no han realizado aún ningún trámite ante la Dirección Xeral de Urbanismo para dotarse de sus propios planes. En la provincia de Lugo, 55 municipios carecen de PXOM: 43 ya han iniciado el papeleo para subsanar ese escenario, pero los 12 restantes no. Son Abadín, Antas de Ulla, Barreiros, Cervo, Cospeito, Guntín, Láncara, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Ribeira de Piquín y Trabada.

Los concellos ourensanos sin plan general de ordenación son 58, aunque 53 están trabajando en la redacción de sus planeamientos. Los cinco que tienen esa tarea pendiente son Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Lobeira, Manzaneda y San Cristovo de Cea. En Pontevedra hay 36 ayuntamientos que carecen de PXOM, pero únicamente los de Campo Lameiro y Mondariz Balneario no han contactado con Urbanismo para adecuar su situación a los parámetros que exige la ley urbanística gallega.

Retrasos encadenados

Con la norma en la mano, los 276 concellos sin planeamiento o que no lo han adaptado al marco 9/2002 están fuera de la ley. De hecho, el plazo que estableció para esa adecuación expiró en enero del 2006. Pero los alcaldes, que han convertido en queja habitual la falta de medios para gestionar el urbanismo, no son los únicos que no cumplen. La Xunta lleva más de cinco años de demora en las directrices del territorio y supera los cuatro en el plan del litoral, que prevé aprobar al mismo tiempo.

* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 31.10.09

"Pretoria": Luigi convirtió la empresa pública Gramepark en su coto particular

2009-11-02T11:17:00.004+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada con la Operación Pretoria, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, logró lo que a la mayoría de los ediles de Santa Coloma de Gramenet siempre se les antojó imposible: controlar la empresa pública de servicios Gramepark. Los grupos municipales de CiU e ICV nunca lograron arrancar al alcalde, Bartomeu Muñoz (en prisión), un cargo medio que pudiera estar al corriente de las adjudicaciones de la sociedad, tampoco cuando gobernaron.

Según el auto del juez, Luigi sí consiguió "dirigir la actuación" del presidente de la empresa, que hoy tiene un agujero contable de 85 millones de euros y desde 2003 ha adjudicado contratos por 30 millones a Proinosa, presidida por el empresario también detenido Josep Singla.

Gramepark, que canalizaba la adjudicación de obras públicas, es una de las piezas clave de la investigación. La sociedad era, según el auto, la plataforma en torno a la cual se efectuaron varios supuestos delitos: desde adjudicaciones irregulares hasta supuestas falsificaciones de facturas para justificar desvíos de fondos.

Gramepark nació en 1988 para construir aparcamientos. Dos décadas después, es un gigante que adjudica bloques de pisos, equipamientos, calles, plazas y escaleras mecánicas. La oposición de Santa Coloma (CiU, ICV y PP) ha visto con preocupación su crecimiento "desmesurado". Las obras que antes licitaba el Ayuntamiento ahora las adjudica la empresa. "Tiene un presupuesto de 60 millones, cuando el consistorio cuenta con 80", explica el portavoz de CiU, Manel Olivés.

Los concejales de la oposición se quejaban reiteradamente de que la empresa realizaba las adjudicaciones, sin motivo, por vía de urgencia y sin concurso. El auto de Garzón señala, además, que la sociedad actuaba al dictado de Luis García Sáez, Luigi, en las adjudicaciones de obras.

Por otra aparte, Antonio Jiménez, investigado por sus contactos con Luigi, no sólo ha trabajado para dos municipios en los que ha habido sendos pelotazos. Además de ser concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y gerente del Instituto de Deportes de Santa Coloma, Jiménez fue también director de Política Territorial de Montcada i Reixac.

Entonces se aprobó una polémica modificación urbanística que permitió trasladar la fábrica Barnices Valentine del centro de la localidad a una zona verde adjunta a un polígono de la periferia. Jiménez fue impulsor de esta operación, defendida por el Gobierno de Montcada (PSC-CiU) y por el Gobierno catalán, pero que sulfuró al pueblo colindante de La Llagosta y a los empresarios del polígono que habían cedido terreno para la zona verde. El Tribunal Superior de Cataluña ha declarado nula dos veces la reclasificación de la zona verde, decisión que ha sido a su vez recurrida por Montcada y la Generalitat.

* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER / ARIADNA TRILLAS - Barcelona - 02/11/2009">
Foto: Santa Coloma - ciao.com

Vecinos de Santa Coloma están indignados*

2009-11-02T10:14:00.000+01:00

* YouTube - Europa Press - 30.10.09

Las enfermedades de Ciutat Vella

2009-11-02T10:12:00.000+01:00

ORIOL BOHIGAS* : La parte más significativa de la ciudad de Barcelona está en peligro de dejar de ser ciudad. Hablamos mucho –y con tonos críticos y reprobadores– del distrito barcelonés de Ciutat Vella. Discutimos las deficiencias, nos quejamos de ellas y, a menudo, buscamos responsables. Y siempre llegamos a la conclusión de que es un barrio que sufre alguna enfermedad, demasiado dispersa y demasiado cambiante para poder ser justamente diagnosticada y, claro está, curada.

Cuando alguien me pregunta cuáles son los problemas de mi barrio no sé muy bien qué contestar y acabo confesando una incertidumbre que aumenta la gravedad: son muchos problemas y muy variados, que parecen accesorios o anecdóticos, puntuales, pero que, en conjunto, se convierten en un malestar cívico grave. No es suficiente limpiar más y mejor, con vigilar los robos, la prostitución y la venta de drogas, con controlar el civismo de los turistas, con domesticar los top manta y los mercados clandestinos, con reformar las zonas comerciales especializadas en los repugnantes suvenires. No es suficiente dar refugio a los sin techo, con regular las acumulaciones circulatorias, con mejorar los espacios públicos, los equipamientos, los servicios, los usos y la vigilancia. No es suficiente atacar aisladamente cada uno de estos problemas si no existe una política para resolverlos todos ellos en menor o mayor medida. Para eliminarlos todos no puede aplicarse un solo remedio homogéneo, porque no se trata de una enfermedad global, sino de enfermedades con vías autónomas de desarrollo. Y esta es la contradicción: hay que atacar por partes, pero con una tal estrategia que evite un nuevo contagio con las enfermedades que todavía no han entrado en fase clínica.
Para que esto sea posible son necesarias dos decisiones. Primero: un plan estratégico formulado como consecuencia de unos estudios previos, elaborados en profundidad en todos sus aspectos, desde los económicos hasta los urbanísticos, desde los antropológicos hasta los connotadores de la historia de los usos y las implantaciones. Segundo: la organización de un sistema con autoridad municipal que aplique el plan con garantías y sin claudicaciones.

Para componer la estrategia ya disponemos de análisis y, si no los tenemos, habría que completarlos con datos nuevos y particularizados. Por ejemplo: ¿conocemos con certeza por qué se dan tantas diferencias en barrios tan próximos como el Gòtic, la plaza Reial, el Raval, el Born o el Poble Sec? ¿Cuáles son las reales ubicaciones de las mafias que regulan redes conflictivas? ¿Cuáles y dónde están los focos de delincuencia? ¿Cómo se han formado los diversos guetos o cómo se han logrado algunos equilibrios sociales? ¿Qué relación existe entre necesidades y servicios, entre habitantes y viviendas?
Buena parte de estos interrogantes tienen ya respuestas útiles o aproximadamente fiables y, por lo tanto, el tema decisivo es el de aplicar la estrategia con autoridad radical. Ciutat Vella solo se recuperará si el ayuntamiento sigue actuando allí con decisión y con las inversiones económicas que sean necesarias. Con intervencionismo de urgencia. La actual concejala del distrito se dedica a ello con muchos esfuerzos y con eficacia, pero no sé si tiene todo el apoyo que necesita y si dispone de los instrumentos de autoridad. Hay que tener en cuenta que Ciutat Vella se siente cargada de toda la significación más representativa de Barcelona y que ofrece un contenido histórico y vital importantísimo, al que hay que dedicar esfuerzos excepcionales. Hace pocos días, en una reunión de representantes de muchas instituciones barcelonesas de prestigio, con presencia del alcalde, comprobamos que hacía años que la mayor parte de ellos no frecuentaban la Rambla, refugiados en los barrios altos de la ciudad. Este es el problema: no es anormal que la Rambla, sin el calor de la ciudadanía, sea ahora el escenario privilegiado de aquellos –respetables y, a pesar de todo, bienvenidos– que solo la utilizan como un escenario circunstancial. Y quien dice la Rambla, dice toda Ciutat Vella, a pesar de estar repleta de tantos centros culturales y de tantas instituciones de la alta Administración, de las universidades, de los servicios centrales y de los residuos todavía eficaces de las promociones privadas. Y esto ocurre porque el barrio, en conjunto, no es un escenario confortable para la normal ciudadanía. Y esto significa que la parte más significativa de la ciudad está en peligro de dejar de ser ciudad.

Por lo tanto, en aquel plan estratégico, la prioridad será recuperar la confortabilidad para todos los ciudadanos. El problema es saber cómo puede lograrse ese cambio radical. Es habitual referirse a la limpieza, a la seguridad, a los servicios. Pero existe un aspecto que quizá podría ser más definitivo: la transformación de buena parte del comercio que ahora existe, imponiendo desde el ayuntamiento otro tipo de usos. Porque el comercio es el que acaba definiendo la calle. ¿Podemos conseguir un barrio normal y eficiente cuando en su eje urbano principal hay solo cuatro o cinco tiendas no sometidas a un turismo viciado por el suvenir, el fast food, el mercadillo y el cambio de moneda?

* Arquitecto.

* El Periódico - Opinión - 25.10.09

Valencia: Protesta masiva contra la corrupción

2009-11-01T11:33:00.003+01:00

LEVANTE* : La imagen de la Comunitat Valenciana como paraíso de sol y playa se ha visto alterada en el panorama mediático español con una potente novedad: es también la tierra del chanchullo, el mangoneo y la corrupción. La emergencia nacional del caso Fabra y especialmente la trama Gürtel coronan un mar de fondo repleto de Orihuelas, Díaz Alperis, Torreviejas, Terra Míticas, oscuras visitas del Papa y claros pelotazos made in PAI.

A algunos les tienta la idea de vincular la corrupción valenciana —y la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia ella— con la cultura de esta tierra: una sociedad con carácter muelle vertebrada por el meninfotisme, con una herencia fenicia tan peligrosamente arrimada a los negocios cuando se trata de política, y una severidad moral no precisamente sueca o finlandesa. Para quienes desconfíen de tópicos, el profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ofrece respuestas menos metafísicas para detectar el tumor de la corrupción, que en la Comunitat Valencia parece haber acabado en metástasis. Según explica Lapuente en un artículo, «las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una mala cultura o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político».

«En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes pueden haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones», afirma Víctor Lapuente. En cambio, la Generalitat Valenciana ha nombrado a dedo a 29.023 empleados de su actual plantilla, lo que representa el 23,1% del total y supera ligeramente la media nacional. Es decir: casi uno de cada cuatro empleados de la Generalitat ha sido contratado por libre designación, sin ser funcionario ni personal laboral elegido por una oposición o un proceso selectivo en el que los aspirantes compiten en igualdad de condiciones.

«Esto —añade el profesor Lapuente— genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable». De este modo, aparece un objetivo común para demasiada gente: ganar elecciones a toda costa para mantener cargos, sueldos, prebendas, adjudicaciones y tantas tentaciones susceptibles de corromper.

La tentación
La financiación de los partidos políticos es otro foco que alienta a la corrupción. Lo alerta Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murciaexperto en corrupción. «Llevamos 30 años con escándalos de financiación de los partidos políticos y todavía no hemos solucionado el problema. Y mientras no se arregle de una forma realista la capacidad de los partidos para financiarse, seguirá flotando una nebulosa en torno a ellos que aprovecharán cuatro sinvergüenzas y cuatro recaudadores», explica Jiménez a este periódico.

En este caso, la Comunitat Valenciana no difiere del resto de España. Pero tal vez sí que se halla una particularidad en la respuesta social que suscita la corrupción. Según Carlos Flores, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, el sistema de partidos políticos valenciano influye en el bajo castigo social que está acompañando, según todas las encuestas, a los sonados casos de corrupción.

«En la Comunitat Valenciana, las alternativas políticas son básicamente dos —recuerda Flores—. Y si el partido que representa a tu ideología se ve implicado en un caso de corrupción, resulta absurdo pensar que sólo por ello vas a cambiar tu ideología. No. El ciudadano lo lamenta, lo critica y se resiente, pero no puede ir más allá porque no hay un recambio ideológico. Mientras que si hubiera varios partidos de una misma tendencia [como en el caso alemán o incluso el catalán], el elector podría cambiar de carril sin tener que cambiar de dirección», explica Flores. Si además la dirección opuesta, en este caso el PSPV de Jorge Alarte, resulta tan poco atractiva como reflejan los sondeos, el castigo electoral a la corrupción se vuelve heroico.

Así pues, una configuración institucional que permite multitud de personal enchufado sin escrúpulos; una financiación de partidos que incita a buscar recursos extra en las cloacas; y una simplificación de opciones políticas que dificulta la crítica y el castigo del electorado. Este triángulo acotaría el pecado original de la corrupción.

En busca de soluciones
El diagnóstico de la enfermedad es sin duda interesante. Pero la clave reside en encontrar el remedio. ¿Cómo extirpar el tumor? Los profesores Flores y Jiménez coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación de los partidos y aumentar los controles judiciales y administrativos. Víctor Lapuente propone una solución complementaria. «Se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política», dice. No hace falta que todos sean funcionarios con una plaza en propiedad. De hecho, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la mayoría de sus empleados públicos, que se rigen como cualquier trabajador del sector privado.

A nadie escapa que existen dos grandes obstáculos para materializar esta despolitización de las instituciones: los sindicatos de funcionarios, tan celosos de sus privilegios, y los propios partidos, acostumbrados al poder de enchufar. Se necesitaría, pues, alguien que movilizara esos intereses. Los empresarios o la sociedad civil podrían encabezar este proceso para destruir las redes clientelares, germen de la corrupción según Lapuente. Pero una revolución de este calibre se antoja difícil en la patria del meninfotisme.

* Levante-EMV - PACO CERDÀ - 1-11-09
Foto: Uno de los manifestantes, en la imagen, llevaba una pancarta con una Mona Lisa trucada con la imagen de Francisco Camps, ayer en Valencia.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com

Badalona: Pelotazo en primera línea de mar

2009-11-01T11:18:00.002+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : La fachada marítima de Badalona también cayó en manos de la trama corrupta. Marina Badalona, la sociedad pública que gestiona la zona portuaria, otorgó un solar para construir viviendas en primera línea de mar a una de las empresas que aparecen citadas en el auto del juez Garzón, Badalona Building Waterfront (BBW). La adjudicación del solar se hizo sin que mediara concurso público alguno y sólo para liquidar un préstamo de 13,2 millones que, meses antes, la empresa concedió a Marina Badalona.

La instrumental BBW nació en diciembre 2002 con un objetivo declarado: gestionar una zona residencial en el litoral de la ciudad barcelonesa. Aunque resulta sorprendente, lo primero que hizo al constituirse fue dar un préstamo de 13,2 millones a favor de Marina Badalona, participada a medias por el ayuntamiento y el Consell Comarcal del Barcelones, y dirigida con mano de hierro, desde 2000, por su consejero delegado, Juan Felipe Ruiz. Éste liquidó el crédito el año siguiente con la entrega de dos fincas. Es decir, BBW se hizo con los solares en primera línea de costa sin pasar por concurso.

Ruiz, ex concejal en Badalona y ex delegado del Gobierno en Menorca (de 1988 a 1995) aparece en el auto judicial, que le cita como "el contacto" de Luigi en Badalona. El consejero delegado es un hombre de la confianza del alcalde encarcelado de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, según diversas fuentes.

Entre 2003 y 2004, Ruiz fue miembro del consejo de administración de BBW. Aunque no a título individual, sino como representante de Marina Badalona, que entonces poseía un 10% del capital de BBW (60.000 euros).

Garzón detalla en su escrito que, 15 meses después de la adquisición del local, éste se vendió a la inmobiliaria Espais (cuyo presidente, Lluís Casamitjana, también está imputado) y a Procam. Se generó, así una "revalorización considerable", cifrada en 14 millones de euros. Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta resultaron beneficiados. BBW fue absorbida por Espais el año pasado.

El solar, de 3.000 metros cuadrados y con una edificabilidad prevista de 17.000, nunca ha sufrido modificaciones. Todavía no ha comenzado a levantarse allí ningún edificio. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento denegó el año pasado la licencia de obras al no ver cumplidos ciertos requisitos.

El alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), reaccionó ayer de forma contundente al conocer que el consejero delegado figura en el auto: decretó una suspensión de licencias para la finca investigada y ordenó que se paralice la actividad económica y patrimonial de Marina Badalona. Además, exigió a Ruiz que "renuncie a sus atribuciones especiales". Fuentes municipales coincidieron en que el poder de este hombre en Marina Badalona es "casi absoluto".

El pasado martes, cuando la Guardia Civil ejecutó la Operación Pretoria, Ruiz declaró a este diario: "Espais tiene un solar en el puerto. Como no sea ése... Pero no sé de qué va todo esto".

* ELPAIS.com - JESÚS GARCÍA - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Badalona - elbosquedeithilien

Mallorca: Unas 250 personas participan en una marcha contra el Plan de Carreteras

2009-11-01T09:48:00.003+01:00

DIARIODEMALLORCA* : Unas 250 personas participaron ayer en Caimari en una manifestación convocada por una veintena de entidades ecologistas y ciudadanas y diversos grupos políticos de ámbito municipal para exigir al Consell de Mallorca la retirada del Plan de Carreteras por "obsoleto y depredador" y la adopción de un modelo territorial más sostenible que plantee el transporte en la isla de forma integral.

Los manifestantes se concentraron a las 15 horas en la entrada de Caimari y avanzaron en dirección a Selva por el camino peatonal situado en el lateral de la carretera. Una gran pancarta con el conocido lema Qui estima Mallorca no la destrueix precedió a la comitiva. Los participantes exhibieron carteles críticos con la política territorial del Consell de Mallorca y alusivos a la "poca coherencia" de la presidenta Francina Armengol al permitir la próxima aprobación definitiva de un plan viario que "supone una continuidad del modelo implantado por PP y UM y la transformación de Mallorca en un área metropolitana de Palma".
El acto era secundado por diversas agrupaciones políticas locales de partidos integrados en el Bloc y contó con la presencia de algunos regidores municipales de esta coalición de municipios como Inca, Artà, Santa Maria o Sineu. Sin embargo, ningún alto cargo de la formación progresista se dejó ver en una manifestación que denunciaba la política urbanística de una institución en la que el Bloc asume competencias de gobierno.

"Esperábamos un cambio"

Durante el acto reivindicativo se repartió entre los presentes un folleto informativo sobre las causas de la manifestación en el que se plasmaba la desilusión de las plataformas convocantes por la ausencia de un cambio en la política territorial por parte del actual equipo de gobierno de centro-izquierda del Consell de Mallorca y se apuntaba que la gestión de intraestructuras de la institución insular "está bajo sospecha" por la imputación de los máximos responsables políticos del departamento de Obras Públicas por el caso Peaje, en referencia al conseller Antoni Pascual y al director insular Gonzalo Aguiar, de UM.
Margalida Ramis, portavoz del GOB, asociación que llevó el peso de la organización, reclamó la retirada del Plan de Carreteras porque "su aprobación no tiene sentido al margen de otras planificaciones en materia de transporte público; es necesario un estudio integral de movilidad". Ramis recordó que "hubo promesas de aplicar un cambio en la política territorial" que, hasta la fecha, no se han materializado y expresó su escasa confianza en las modificaciones del Plan de Carreteras que están negociando los partidos. "No serán cambios sustanciales, porque de lo contrario deberían revistar todo el proyecto", apuntó.

* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA. - 1.11.09
Foto: Caimari (Mallorca) - MALLORCAWEB

La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat

2009-11-01T09:36:00.002+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea.

Tras conocer el auto de Garzón, los responsables del Incasòl -dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda- decidieron "revisar" todas "las gestiones" que hayan realizado con el Ayuntamiento de Santa Coloma.

Garzón indica que entre el 16 y el 29 de abril se supo de la "posible emisión de facturas" por parte del consistorio para justificar el empleo de unos fondos comunitarios a través de los contactos que hubo entre el gerente del Incasòl, Emili Mas; el ex diputado del PSC Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el director de Servicios Municipales de la ciudad, Pascual Vela, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que Luigi y Mas mantuvieron conversaciones.

El juez señala que el consistorio modificó supuestamente el destino de los fondos que recibió de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la ciudad, cuya gestión correspondía a la empresa pública Gramepark.

Con las facturas falsas, el Ayuntamiento pudo haber justificado, según el auto, el "empleo irregular" de los fondos comunitarios. Emili Mas, que fue gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, rechazó contestar ayer a este diario si estaba al corriente de la falsificación de facturas.

El Incasòl, en un comunicado, mostró ayer su "máxima disposición" para colaborar con el juez, que ha imputado a nueve personas por posibles delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraudes a Hacienda y de subvenciones.

El auto, además, menciona a dos ex altos cargos más de la administración catalana, aparte del ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, ambos imputados.

Según el auto, Lluís Renau, director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 cobró 120.000 euros de la sociedad Badalona Builing Waterfront, implicada en un pelotazo urbanístico en 2003. Renau y Luigi -al que la investigación apunta cómo el cerebro de la trama corrupta-, ya habían sido socios entre 1996 y 1998 en las empresas de urbanismo Immodarder y Iniciatives i Infraestructures.

También recibió un pago de Luigi, según el juez, Ginés Carbó, que fue jefe del Servicio de Planificación Territorial y luego coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona entre 2002 y 2004. Carbó percibió 244.011 euros por una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).

La publicación del auto no sólo causó ayer revuelo en la Generalitat. A lo largo del día varias empresas se desvincularon de las ilegalidades que apunta Garzón. Entre ellas, Proinosa, presidida por el imputado Josep Singla, que se habría beneficiado de licitaciones irregulares en Santa Colom.

El auto también señala a una filial de Caixa Catalunya y a otra empresa integrada por Caixa Laietana y Restaura. Ambas sociedades habrían pagado comisiones a Prenafeta en dos de las operaciones investigadas por el juez.

Fuentes de Caixa Catalunya aseguraron que, pese a que no tiene constancia contable del pago, ha encargado a sus servicios jurídicos y a los auditores una radiografía de su inmobiliaria Procam. Restaura admitió que la compañía que comparte con Caixa Laietana pagó una comisión del 4%, que equivale a 389.440 euros más IVA, a Prenafeta tras comprar los terrenos de Llavaneres. La promotora recordó que adquirió un suelo finalista, es decir, sin necesidad de recalificación alguna, y dijo desconocer "los antecedentes y prácticas del vendedor [Luigi] y el intermediario [Prenafeta]".

* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Palau Generalitat - flickr

La Línea: La Fiscalía ve indicios de delito en la construcción del Palacio de Congresos

2009-11-01T09:24:00.000+01:00

EUROPASUR/Cádiz* : La Fiscalía de Medio Ambiente cree que en la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones y el Hotel Iberostar se puede haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro contra la ordenación del territorio al haber sido excedida la superficie permitida y ocupado espacio libre público.

En concreto, concluye que este conjunto ocupa 215,46 metros cuadrados de suelo calificado como espacio libre público y que hay un exceso total de edificabilidad de 2.933,29 metros cuadrados.

Además, señala que los supuestos responsables son el actual gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, y otros técnicos municipales, así como los arquitectos y técnicos que dirigieron la obra, la promotora y la empresa constructora, por lo que solicita que declaren en calidad de imputados. Así consta en el escrito que la Fiscal ha remitido al juzgado número 2 de La Línea tras la denuncia interpuesta en su día por el PSOE. Dicho escrito está fechado a finales de junio. Este diario ha sabido que la juez citó a estas personas a declarar a principios del presente mes pero que éstos presentaron un recurso que está pendiente de resolución.

En cuanto al escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, se recuerda que en marzo de 2003, el gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, resolvió conceder una licencia de obras a la empresa Ámbito Sur Hoteles para construir un palacio de congresos, un hotel, oficinas, locales y garajes en la avenida Príncipe de Asturias de acuerdo con un proyecto básico que había sido presentado por el solicitante de la licencia. Según la Fiscal, dicha solicitud vino informada favorablemente en el expediente de concesión por el arquitecto Juan López de Lerma y por la técnico Esmeralda Cano. En este sentido, agrega que dicha licencia era conforme a la legalidad urbanística aplicable al Estudio de Detalle EDCV-P-5 de San Felipe para la zona uno, concretamente la parcela número 5 en la que se iban a edificar estos inmuebles.

Sin embargo, dos años más tarde, el 24 de mayo de 2005, el representante legal de la empresa Sur Hoteles presentó en el Ayuntamiento una solicitud de modificación de la licencia inicialmente otorgada en base a un reformado de proyecto básico. Pérez Partal resolvió conceder en junio la modificación de la licencia de obras otorgada inicialmente previo informe favorable del arquitecto Juan López de Lerma y de la técnico Esmeralda Cano.

* Europa Sur - Soraya Fernández - 31.10.09
Foto: Instantánea de la fachada principal del Palacio de Congresos, con el hotel Iberostar al fondo. - europasur.es

Cerrado por redada

2009-11-01T09:00:00.000+01:00

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los agentes de la Guardia Civil entran en los ayuntamientos en pareja y salen siendo tres. El tercero que se les apunta suele ser un alcalde. Allí se les fotografía en la puerta como si volvieran de celebrar una boda por lo civil. En realidad sacan al alcalde esposado por lo civil. En concreto, por lo Guardia Civil. Incluso los alcaldes corruptos son personas de orden. Si se fijan bien en las imágenes de los periódicos, los furgones de la policía suelen estacionar en los aparcamientos reservados para los vehículos oficiales. Debe de ser que, cuando sospechan que le van a detener, dejan un sitio libre para poder decir que colaboran con la investigación.

La corrupción empieza a ser tan grave que cada vez que aparece un alcalde con grilletes hay que recordar, para tranquilizarnos, que en España hay 8.000 que son honrados. Es como tener que explicar cada vez que detienen a un asesino, que hay 48 millones de españoles que no han matado a nadie. Fíjense si la cosa se ha puesto fea, que cada día es más difícil buscar un candidato a alcalde. Hay partidos políticos, e incluso vecinos, que antes de quedarse sin alcalde prefieren tener uno corrupto. Más vale un corrupto que se lo lleve a dos manos, que ciento volando que sean honrados.

Aunque parecía que en temas de corrupción estaba todo inventado, es posible la innovación. Juan Enciso, en El Ejido, ha demostrado que se puede robar a espuertas sin necesidad de convenios urbanísticos, recalificaciones y reglazos al PGOU. Es de los pocos casos de corrupción donde no se ha detenido al concejal de Urbanismo. Enciso, con una empresa multiservicios, ha sido capaz de extraer del ayuntamiento 20 millones de euros al año colocando baldosas a 2.160 euros la unidad o bombillas a 572 euros la pieza. Si hay algún alcalde que sea capaz de superarlo que se presente a las próximas elecciones. Sus vecinos no sé si se lo agradecerán, pero posiblemente le voten.

También habría que botar -sí, con b- a los dirigentes del PP y del PSOE que se atreven a hablar de El Ejido. Los primeros han tenido 16 años al alcalde como militante. Los segundos lo han disfrutado dos como socio de gobierno para mantenerse en la Diputación de Almería. Como ninguno de los dos partidos está libre de pecado, o se callan o podemos ya empezar a tirarles las primeras piedras. Los partidos políticos, en temas de corrupción, toman a los ciudadanos directamente por idiotas.

A falta de conocer más detalles procesales, hay un nexo común entre Enciso y el otro alcalde que le ha disputado estos días el protagonismo mediático, el socialista Cristóbal Torreblanca en la localidad malagueña de Almogía. Los dos llevan toda la vida instalados en el cargo. Torreblanca acumula 26 años y Enciso 18, lo que viene a demostrar que, en demasiadas ocasiones, las posibilidades de corromperse (Enciso) o de malearse (Torreblanca) son directamente proporcionales al tiempo que se lleva en el puesto. A los políticos de por vida les molesta mucho que se diga esto, pero es una verdad científica.

En los ayuntamientos, los días de intervención judicial, terminarán por colocar un cartel en las ventanillas de atención al ciudadano que diga: "Vuelva usted mañana, hoy hay redada". Los vecinos estarán avisados y no pensarán que los funcionarios andan otra vez de escaqueo. Imagínese que va usted al consistorio a domiciliar el recibo del IBI y se encuentra en la puerta a una docena de agentes de la Guardia Civil. Podría pensar: "Cada día se fían menos de los funcionarios, ahora además de obligarles a fichar le hacen un control de alcoholemia y le apuntan la hora de llegada". Por cierto, alguien ha leído o escuchado alguna explicación de los socios de Enciso en la empresa multiservicios. O sea, de Abengoa, Cajasol y Cajasur. A ninguna de ellas les llamó la atención las facturas increíbles con las que engordaban sus cuentas durante 14 años.

* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 27/10/2009

El alcalde de Alcalà de Xivert declara de nuevo como imputado por presunta prevaricación

2009-10-31T10:58:00.002+01:00

LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Alcalà de Xivert y diputado provincial de Carreteras, el popular Francisco Juan Mars, ha declarado esta semana de nuevo en los juzgados de Vinaròs en calidad de imputado, acusado de un presunto delito de prevaricación por "permitir" que siguiera adelante la construcción de un edificio en la calle Barquero de Alcossebre pese a las denuncias vecinales y a los informes de tres técnicos municipales que alertaban de irregularidades.

La visita a los juzgados es la segunda que el diputado del PP realiza este año en calidad de imputado ya que hace sólo siete meses, el 2 de abril, ya compareció ante la justicia acusado de cometer presuntamente otro delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por una presunta irregularidad alrededor del patrimonio municipal del suelo. En abril, le acompañó la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla. Este pasado lunes, fue otro de sus colaboradores en el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Tosar, el que declaró junto a Juan también como imputado.
Su declaración forma parte del proceso abierto por los juzgados vinarocenses después de que la Fiscalía pidiera, hace ahora un año, abrir diligencias previas tras estudiar las denuncias de los vecinos de la calle Barquero. Los propietarios han presentado varias reclamaciones ante el consistorio, e incluso han abierto un proceso contencioso. Alegan que el equipo de gobierno de Francisco Juan permitió que se continuara con la construcción de un edificio de seis viviendas en esa calle obviando los informes de técnicos municipales (el secretario, la arquitecta y un técnico de urbanismo) emitidos en 2007 que ponían en duda que el proyecto se ajustara 100% a la legalidad. Los tres técnicos fueron despedidos en 2008.
Las dos denuncias por presunta prevaricación que el juzgado de Vinaròs investiga actualmente no son, sin embargo, los únicos frentes judiciales que el alcalde del PP tiene abiertos en estos momentos. En Madrid, el Tribunal de Cuentas todavía sigue investigando si se han dado irregularidades en la cuenta contable del consistorio en los pasados ejercicios mientras la Fiscalía de Castelló resolvió el pasado verano solicitar a los juzgados que se abra una nueva investigación en torno a la legalidad de un PAI en el área de Capicorb.

* Levante-EMV - V. SALINAS - 31.10.09
Foto: Imagen de archivo del edificio que ha provocado la denuncia. - c. p., levante-emv.com

"Pretoria": Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

2009-10-31T10:42:00.002+01:00

ELPAÍS/Barcelona* : El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido...

1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.

- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.

Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.

- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.

- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

* ELPAIS.com - 31.10,09
Foto: Santa Coloma (Barcelona), registro ayuntamiento - elpais.com

Puerto Real: Duro revés del Supremo al proyecto de Las Aletas

2009-10-31T10:08:00.003+01:00

DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Supremo dio a conocer hoy una sentencia por la que "queda anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007 por la que se declara zona de reserva una superficie 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que integran el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz).

Asimismo, según la sentencia, el Supremo señaló que queda anulada la estipulación tercera del Convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2007 entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía en cuanto dicha estipulación incluye en su ámbito territorial, junto a otros terrenos, las 287 hectáreas de suelos de dominio público marítimo terrestre afectos a la reserva acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.

Esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWF-Adena que argumentó en su denuncia que la Administración del Estado no es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo terrestre.

Además, WWF-AdenaDENA argumentó en su recurso que la ubicación de las actividades e instalaciones de la reserva vulnera lo dispuesto en el artículo 47 en relación con el artículo 32 de la Ley de Costas, ya que según dichos preceptos únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

Igualmente, señaló en su recurso la ausencia de la evaluación ambiental estratégica, con infracción de lo dispuesto en los artículos 3.2.b y 7.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

* Diario de Cádiz - Europa Press - 30.10.09
Foto: Imagen de los primeros movimientos de tierra sobre la superficie del parque de Las Aletas./Borja Benjumeda, diariodecadiz.es

El oasis catalán

2009-10-31T10:05:00.001+01:00

JOSÉ MARIA MENA* : En el pretendido oasis catalán parece que hay fuego subterráneo como en las Tablas de Daimiel. Una de las instituciones más prestigiosas de Cataluña, una joya de nuestra cultura y un orgullo para todos, ha sufrido una succión impenitente, sistemática, agotadora, de las aguas que la enriquecían y embellecían, y ahora arde su subsuelo humeando por distintas grietas que van apareciendo:el caso Millet, o el de Santa Coloma, de variado colorido político, son buenos ejemplos.

De nada vale bombear confusión en la grieta del proceso penal confesando solamente lo ya descubierto. De nada vale bombear fingidos sentimentalismos en las grietas de viejos recuerdos, que reverdecen, de cuyo nombre parece desafortunado que quieran acordarse. En el drama ecológico de Daimiel sólo vale cegar los pozos abusivos e ilegales, devolver el agua a su cauce, respetar las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, en los deplorables fenómenos de ecología social, ética o cívica que nos abruman con excesiva frecuencia, sólo vale la transparencia, la restitución, cegar los pozos de la codicia, atenerse a las leyes, que se haga justicia.

Algunos lances del proceso penal contra Millet han desconcertado o incluso escandalizado a la opinión pública. Es inevitable que algunos desconfiados piensen que no se hará justicia, sospechen de la honestidad del juez, porque hay mucho dinero por medio, y ha habido, en alguna ocasión anterior, jueces deshonestos. Pero debe decirse rotundamente que, desde ese punto de vista, se puede poner la mano en el fuego a favor del juez. Debe proclamarse, sin matices, su pulcritud e independencia. Sin embargo, esta proclamación tajante es perfectamente compatible con su posible desacierto. Y este posible desacierto es criticable.

La crítica a las decisiones judiciales, a causa de su desacierto, de su inoportunidad o de la simple discrepancia, es un ingrediente esencial de la convivencia democrática. El poder legislativo y el poder ejecutivo soportan con estoicismo las más severas críticas, justas o no. Los jueces, que administran el poder judicial, deben soportar del mismo modo, por más que sean severas, adversas o desacertadas, las críticas a lo que hacen o dejan de hacer.

Para que la crítica sea posible es preciso que exista información diáfana sobre las actuaciones judiciales, que por eso la Constitución ordena su publicidad, sólo limitable por causa del secreto previsto legalmente. Las leyes que regulan los trámites de los procesos no establecen la forma de producir o canalizar la información desde la oficina judicial a la opinión pública. Es posible que sea esta insuficiencia la que haya creado cauces oficiosos de información con efectos, o defectos, indeseables.

Sin embargo, la ley que regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal sí establece esta fundamental función de la convivencia democrática. Así, encomienda a la fiscalía "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia, y con respeto al secreto del sumario".

Ante el desconcierto o escándalo que generó la actuación judicial, la fiscalía de Cataluña estimó pertinente trasladar a la opinión pública determinados datos relacionados con acontecimientos relevantes del proceso. La que algunos medios calificaron como insólita actuación de la fiscalía no era más que puntual cumplimiento de una función legalmente prevista. Y era necesario, además, para general conocimiento de que la fiscalía había procurado cumplir, en toda la medida de sus posibilidades legales, con la obligación que le impone la ley de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, y en los plazos y términos en ella señalados".

Mientras la fiscalía cumplía con su función legal de informar a la opinión pública y el juez del caso resolvía, o no, los demás jueces ejercían su derecho a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones, favorables o críticas, en relación con el asunto. Algún juez y alguna juez, a título individual, "como ciudadanos", expresaban su opinión sobre la llevanza del asunto, en términos que a la mayoría del colectivo le han producido una santa indignación corporativa.

Desde perspectivas políticas y mediáticas bienintencionadas se ha lamentado que afloren las discrepancias efectivamente existentes en el seno del mundo judicial, estimando que con ello se menoscaba la credibilidad del sistema o se dificulta la serenidad del juez, imprescindible para el acierto de sus decisiones. Estas perspectivas, probablemente, están teñidas de un cierto angelicalismo. El torbellino que envuelve al asunto Millet es un ingrediente más, un elemento consustancial del caso. El juez tendrá que ejercitar y exhibir su ecuanimidad, objetividad e independencia, en el interior del torbellino. Ése es su oficio.

El fuego subterráneo que resquebraja el oasis catalán no lo han prendido los ciudadanos de Cataluña, sino unos cuantos que, como en el resto de España, quieren llevarse toda el agua a su molino. Es deseable que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones para salir del atolladero de este inacabable espectáculo bochornoso. Pero sería también deseable que las instituciones produjeran, con más frecuencia, motivos de confianza.

* ELPAIS.com - Opinión Cataluña - 28.10.09