Blog de Empresa, Economía y Contabilidad

Nueva Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2009-12-23T18:29:00.010+01:00

El Consejo de Ministros, de 23 de diciembre, ha recibido un Informe de la Ministra de Ciencia e Innovación sobre la situación en que se encuentra el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, actualmente en la fase final de redacción. Esta Ley abordará los cambios necesarios para consolidar al sistema científico español en la vanguardia internacional y hacer que el conocimiento generado por los científicos y tecnólogos españoles contribuya más eficazmente al desarrollo social y al progreso económico del país.

El borrador actual del Anteproyecto, del que se derivará en las próximas semanas un texto consensuado, recoge las aportaciones que durante los últimos meses, mediante un proceso abierto y participativo, que ha empleado herramientas de la web 2.0, han realizado los agentes sociales, las Comunidades Autónomas, numerosas asociaciones representativas de agentes del sistema científico y universitario, así como un buen número de expertos y ciudadanos interesados.

A partir de las sugerencias incorporadas al primer borrador que se hizo público, la intención del Gobierno es que el Anteproyecto de Ley alcance el mayor consenso posible. Por este motivo en las últimas semanas el Ministerio ha intensificado los contactos con todos los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología, con especial atención a los agentes sociales. Esta ronda final permitirá dar a conocer las novedades y mejoras respecto al primer borrador y cerrar un texto consensuado para el Anteproyecto, antes de su aprobación como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros.

Necesidad de la nueva Ley

La vigente Ley de la Ciencia, impulsada por el Gobierno socialista en 1986, marcó el nacimiento de un sistema científico moderno y equiparable al de las países más avanzados, un sistema científico que durante los últimos años ha despegado definitivamente gracias al importante impulso político y presupuestario que ha recibido desde 2004 y que ha convertido a España en la novena potencia científica mundial.

La reforma de la actual Ley es necesaria para consolidar los importantes avances registrados por la ciencia española en los últimos años y, en especial, para dotar a los investigadores de una carrera científica atractiva y socialmente reconocida, que favorezca su movilidad y que facilite su labor investigadora mediante un modelo de evaluación y financiación de la ciencia más ágil y flexible.

Por otra parte, desde 1986 se han producido dos cambios sustanciales en la realidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación a los que la nueva Ley debe dar respuesta: España se ha consolidado como un importante Estado miembro de la Unión Europea, convergiendo hacia la media europea en diversos ámbitos. Además, se ha producido el desarrollo de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, acompañado de un importante impulso a sus respectivas políticas de ciencia e innovación.

Hay que destacar que la Ley está incorporada en la Estrategia de Economía Sostenible y también profundizará en algunos aspectos del cambio de modelo productivo referentes al papel de la ciencia y la innovación, que ya se han avanzado en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

OBJETIVOS DE LA LEY

El borrador del Anteproyecto de Ley se estructura en torno a los siguientes temas clave:

Una carrera científica socialmente reconocida

La Ley permitirá a los investigadores que trabajen en España contar con una carrera científica estable, predecible, basada en méritos y socialmente reconocida, que responde a las aspiraciones de los jóvenes científicos, el personal investigador en formación, pero que reconozca también el esfuerzo de los más veteranos. El objetivo último es incrementar los recursos humanos dedicados a la investigación en España, no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, es decir, mejorar las condiciones laborales de los investigadores.

Particularmente, en el ámbito de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) adscritos a la Administración General del Estado se define una carrera estructurada en torno a un nuevo diseño de escalas científicas, con un régimen de selección, retributivo y de promoción homogéneo para todos estos Organismos y que fomente la movilidad entre ellos. También prevé la movilidad entre los diversos agentes del sector público (particularmente entre OPIs y Universidades) y entre estos y el sector privado.

Además, la Ley creará el denominado contrato de investigadores distinguidos, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio, para dirigir proyectos científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia.

Organización del Sistema Español de Ciencia y Tecnología

La Ley definirá dos nuevos instrumentos de planificación: la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Estatal de Innovación, a lo que hay que sumar la creación de un Consejo de Política Científica y Tecnológica como órgano de coordinación. Este último organismo estará compuesto por los Departamentos ministeriales con competencias en la materia y las Comunidades Autónomas.

También establecerá una Comisión Consultiva de Política Científica y Tecnológica como órgano de participación de los agentes sociales y la ciudadanía en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Modernización de la ciencia y apertura a la sociedad

La Ley apostará por la difusión universal del conocimiento, a través de la promoción de la publicación “en abierto” de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Asimismo, hará especial hincapié en la cooperación científica al desarrollo y en el fomento de la cultura científica y tecnológica como actividades propias de los investigadores, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad. También fomentará el mecenazgo en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Un modelo de financiación similar al de los países más avanzados

La Ley avanzará hacia un modelo organizativo moderno para la evaluación y la financiación de la ciencia. Se trata de un modelo similar al existente en los países más avanzados de nuestro entorno, que dotará de mayor autonomía, más flexibilidad y más agilidad a estas actividades, y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

Una Ley para contribuir al cambio de modelo

Además, la Ley abordará diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorporará novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, profundizando y complementando lo previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.

Imágenes: dreamstime.

Novedades tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros (23/12/2009).

2009-12-23T17:48:00.015+01:00

El Consejo de Ministros, de fecha 23 de diciembre, ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican:

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Todas las modificaciones del Reglamento del IRPF son consecuencia de las medidas y cambios en relación a dicho impuesto aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Así, se adapta el reglamento del IRPF a la nueva configuración de la deducción de cuatrocientos euros, que se mantiene para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a doce mil euros, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.

En concreto, la deducción será de cuatrocientos euros para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a ocho mil euros y decrecerá gradualmente para los contribuyentes que tengan una base imponible comprendida entre ocho mil y doce mil euros.

En consecuencia, también se adapta la deducción para los pagos fraccionados y se modifican los límites excluyentes de la obligación de retener.

Por otra parte, se incluye además en el Reglamento el cambio en el tipo de retención de los rendimientos de capital aplicable en el IRPF, que pasa del 18% al 19%. (Las retenciones se hacen al tipo inferior de la escala de gravamen, que llega al 21 por 100 para los rendimientos de más de 6.000 euros.

Finalmente, el Real Decreto aprobado hoy incluye modificaciones del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Los principales cambios son:

Se amplía el contenido de la información que las entidades intervinientes en la financiación de bienes inmuebles debe remitir a la Agencia Tributaria. Así, deberán indicar no sólo las cantidades percibidas del prestatario en concepto de intereses, sino también en concepto de otros gastos de financiación.
Se pospone hasta el año 2012 la entrada en vigor de la obligación de presentar electrónicamente la información de los libros de registro para todos los sujetos pasivos que no estén inscritos en el registro de devolución mensual del IVA o del IGIC.
Se modifica la obligación de informar acerca de préstamos y créditos a las entidades que se dedican al tráfico bancario o crediticio de forma que, para la información correspondiente al año 2009, se limitará a los saldos cuya cuantía sea superior a seis mil euros.

Imagen: actualicese.com

Los Informes Especiales de Auditoría de las Sociedades Cotizadas.

2009-12-22T09:17:00.066+01:00

La Información Pública Regulada de las sociedades emisoras de valores negociables está constituida por: el informe de auditoría, junto con las cuentas anuales y el informe de gestión. Tras su recepción formal, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publica dichos documentos en el registro oficial junto con las informaciones adicionales que los emisores envían en respuesta a los requerimientos de la CNMV sobre dichas cuentas.

Establece la legislación vigente que cuando el informe de auditoría emitido sobre las cuentas anuales individuales de la entidad o, en su caso, de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio anterior contenga una opinión con salvedades o la opinión del auditor fuese adversa o denegase la opinión, el emisor deberá recabar de sus auditores un informe especial, que se adjuntará al informe financiero semestral siguiente, y que contendrá, al menos, la siguiente información:

En el supuesto de haber desaparecido las causas que dieron lugar a la opinión con salvedades, incluidas la denegación de opinión y la opinión adversa, deberá ponerse de manifiesto esta circunstancia, así como la incidencia que las correcciones introducidas hayan podido tener en la información del semestre objeto del informe.
En el supuesto de persistir las causas que dieron lugar a la opinión con salvedades, incluidas la denegación de opinión y la opinión adversa, se hará constar expresamente dicha circunstancia, así como los efectos que hubieran podido derivarse, si se hubieran incorporado tales salvedades sobre los resultados y, en su caso, sobre los fondos propios que figuran en la información del semestre objeto del informe.

Lo indicado en el apartado anterior no será de aplicación cuando se hubieran reformulado las mencionadas cuentas anuales y la opinión del auditor sobre ellas fuera favorable.

La CNMV, en el Informe la supervisión de las cuentas anuales CNMV (excluidas SICAV) correspondiente al ejercicio 2008, comunica que los 56 informes especiales de auditoría recibidos durante el ejercicio 2009, que están a disposición del público en los registros oficiales de la CNMV, que son obligatorios para aquellos emisores de valores admitidos a negociación cuyos informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio anterior presentan una opinión adversa, denegada o con salvedades.

Las conclusiones más relevantes que se pueden extraer de los referidos informes especiales, son las siguientes:

Se mantiene la tendencia descendente del porcentaje y número de informes de auditoría con errores o incumplimientos –excepciones-- de los principios y normas contables generalmente aceptados. Únicamente 6 informes de auditoría presentan en el ejercicio 2008 una salvedad cuantificada, mientras que en el ejercicio 2007 fueron 11.
Las limitaciones al alcance son salvedades muy preocupantes, porque reflejan que el auditor no ha podido aplicar los procedimientos requeridos por las Normas Técnicas de Auditoría al no haber dispuesto de información suficiente para formarse una opinión fundada al respecto. La CNMV exige, mediante requerimiento escrito, que se subsanen de forma inmediata las limitaciones que provienen de la propia entidad emisora. Inicialmente, se registraron 11 informes de auditoría del ejercicio 2008 correspondientes a 7 emisores de valores que contenían limitaciones al alcance. Como resultado de los requerimientos remitidos por la CNMV, y una vez aplicados los procedimientos establecidos en las Normas Técnicas de Auditoría, se recibieron manifestaciones expresas de los auditores obviando las limitaciones al alcance incluidas en 5 informes de auditoría, correspondientes a 3 entidades. En el caso de otra entidad la limitación al alcance fue superada en el informe especial de auditoría.
El número de informes de auditoría que contienen algún tipo de incertidumbre prácticamente se ha duplicado en el ejercicio 2008 –de 28 informes en el ejercicio 2007 a 52 informes en 2008-- principalmente por el aumento de las entidades con riesgos significativos de continuidad en sus negocios. En estos casos, el auditor refleja en su opinión dudas sobre la capacidad de la sociedad o su grupo para continuar las actividades. El incremento de las incertidumbres por continuidad del negocio –35 informes en este ejercicio, frente a 12 en el ejercicio anterior– sigue impactando en las empresas del sector inmobiliario y, en menor medida, en las compañías industriales.
Por mercados, el mayor número de informes que presentan incertidumbres se registra en el mercado continuo: 34 informes, frente a 12 entre el mercado de corros y segundo mercado. Sin embargo, en términos porcentuales, un 20,3% de los informes de entidades cotizadas en corros y segundo mercado contiene incertidumbres, frente al 13,5%, del mercado continuo. El auditor ha incluido este tipo de incertidumbre sobre las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de 11 inmobiliarias (4 en 2007), 6 entidades industriales (2 en 2007) y 2 cajas de ahorros.

Entradas relacionadas:

Aspectos a mejorar de las Cuentas Anuales (sociedades cotizadas).

Más información: CNMV.

Imagen: Business Mashups

La financiación para las PYMEs en la carta de los Reyes Magos.

2009-12-21T19:36:00.038+01:00

Que las PYMEs necesitan financiación es una cuestión que nadie discute. El 76% del total de las PYMEs españolas, en tres últimos mees, han acudido en busca de financiación, según la Encuesta de Diciembre sobre el acceso a la financiación ajena que realiza el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio.

Si observamos los datos de la encuesta, aunque sólo sean los titulares de prensa:

El 84,5% de las PYMES (1.068.000) que se ha dirigido a entidades financieras ha tenido problemas para acceder a la financiación en el último trimestre, por encima del 83,0% registrado en enero y del valor medio anual (83,6%).
De las PYMES con problemas constatados para acceder a la financiación, el 14,0% finalmente no ha obtenido financiación externa (136.000).

Recordamos que en el mes de octubre la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó la creación de la figura del Facilitador Financiero, un nuevo instrumento con que se dota al Instituto de Crédito Oficial con un objetivo primordial: ayudar a autónomos y pequeñas y medianas empresas a acceder a la financiación de las entidades de crédito.

Este nuevo vehículo, que ha comenzado a funcionar hoy, se debe encargar de canalizar las solicitudes de crédito que las, PYMES y autónomos con necesidades de financiación de inversión y/o circulante por importe máximo de dos millones de euros, realicen a las entidades financieras y que hayan sido rechazadas en primera instancia. Con un vistazo a las estadísticas del Informe de las Cámaras, trabajo no les faltará a los Facilitadores Financieros.

Sus funciones principales previstas son:

Mejorar la comunicación entre la empresa y el sector financiero.
Asesorar a la empresa en el proceso de tramitación del crédito.
Revisar expedientes de crédito denegados.
Los interesados en acceder a los servicios del facilitador financiero podrán hacerlo electrónicamente o por teléfono, entrando en su página web o llamando al call-center. Tendrán que cumplimentar los datos de un formulario que permitirá valorar si la solicitud se ajusta a los requisitos establecidos y si el proyecto presentado es viable, en cuyo caso será admitida a trámite y deberá aportar los documentos que acrediten su situación.

Comentamos cuando se publicó la aprobación del Facilitador Financiero que todo mecanismo que facilite el acceso a la financiación a los necesitados, de ella, nos parece una fenomenal noticia. Además, nos felicitábamos, porque el anuncio venía cargado con la tecnología necesaria para agilizar las solicitudes.

En este sentido, la tecnología que hemos apreciado consiste en la página web que puede verse aquí. Es cierto que el resto de la tecnología que no apreciamos es propiedad del ICO, pero no es menos cierto que se trata de una entidad pública con las consecuencias que conlleva. Nos gustaría conocer los adelantos e innovaciones tecnológicas del ICO para tratar de obtener la financiación que nos rechazan. Por favor, para ello, que el mecanismo sea algo menos farragoso de lo que nos acostumbra el ICO.

Como recogemos en el título de la entrada, convendría que las Cartas a los Reyes Magos de los españoles, incluyera una referencia, aunque sea pequeña, para que la financiación llegue, en tiempo y forma, como se suele decir en estos casos, a las PYMEs y autonómos que en su inmensa mayoría vienen apechugando, en primera persona, con la dichosa sequía del crédito.

Y, por supuesto, a los señores Facilitadores Financieros con la tecnología que les hayan facilitado, les deseamos la mejor fortuna posible en su desempeño, que está en juego la continuidad de muchas empresas y cantidad de puestos de trabajo.

Entradas relacionadas:

El Facilitador Financiero. ¿Llegará por fin la financiación?

Remuneración de administradores (sociedades cotizadas).

2009-12-21T11:25:00.035+01:00

Es conocido que la Comisión Europea viene ocupándose, desde años mediante recomendaciones, de las remuneraciones de los administradores de las sociedades cotizadas, tratando de garantizar los siguientes objetivos:

la transparencia de las prácticas remunerativas,
el control de los accionistas sobre la política de remuneración, y
las remuneraciones individuales gracias a la accesibilidad de los datos correspondientes,
la exigencia de una votación obligatoria o consultiva para la declaración relativa a las remuneraciones,
la aprobación por los accionistas de los sistemas de remuneración en acciones,
el establecimiento de una supervisión no ejecutiva que sea efectiva e independiente, y
el ejercicio por el comité de remuneraciones de una función al menos consultiva en materia de prácticas remunerativas.

En la última recomendación (3177/2009/CE) se recoge que la estructura remunerativa aplicable a los consejeros debe favorecer la sostenibilidad de las empresas a largo plazo y garantizar que la remuneración de aquéllos se base en los resultados.

Por lo tanto, los componentes variables de la remuneración:

Han de ir vinculados a unos criterios de rendimiento –incluidos de carácter no financiero– que sean predeterminados y medibles. Asimismo, es preciso imponer límites a esos componentes y disponer que, de ellos, los más significativos se aplacen un determinado tiempo (por ejemplo, de tres a cinco años) para comprobar si se cumplen o no las condiciones de rendimiento establecidas.
Además, las empresas deben poder reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración que se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud quede demostrada después de forma manifiesta.

Por otra parte, es necesario garantizar que los pagos por rescisión –los llamados paracaídas de oro– no representen una recompensa del fracaso y que se respete su función esencial como red de seguridad en caso de terminación anticipada de un contrato. Para ello es necesario que esos pagos se limiten de antemano a una determinada duración o un determinado importe –por lo general no más de la remuneración anual de dos años (calculada sobre la base exclusiva de sus componentes fijos)– y que no se paguen si la rescisión obedece a lo inadecuado de los resultados conseguidos o en caso de que el consejero abandone la empresa por decisión propia. Esto no excluye las indemnizaciones por despido en los casos en que se ponga fin a un contrato antes de tiempo como consecuencia de los cambios operados en la estrategia de la empresa o en situaciones de fusión y/o absorción de sociedades.

En esta situación, hace unos días, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un documento, en fase de consulta, que llama Propuesta de Actualización del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con los cambios que se muestran en el esquema siguiente:

Además, la referida recomendación de la CNMV tiene en cuenta, como no podía ser de otra forma, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el apartado 21 de la Disposición Final Séptima, prevé que junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo de las sociedades anónimas cotizadas difunda y someta a votación de la Junta General ordinaria de Accionistas, como punto separado del orden día, y con carácter consultivo:

un informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros y primeros ejecutivos, que incluirá información completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años futuros,
incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y primeros ejecutivos.

Por ello, recoge el texto de la CNMV que las siguientes recomendaciones del Código Unificado referentes a la transparencia de la política retributiva de los consejeros y a su votación, con carácter consultivo, por la Junta General, dejarían de formar parte del Código para incorporarse al ordenamiento jurídico:

Recomendación número 35, sobre el contenido de las políticas retributivas;
Recomendación 40, sobre la votación consultiva por la Junta General del informe de retribuciones
Recomendación 41, sobre la difusión de las remuneraciones individuales de los consejeros.

Documentación de utilidad:

Actualización del Código Unificado de la CNMV (texto íntegro, pdf).
Recomendación de la Comisión Europea (3177/2009).
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (pdf)

Imagen: dreamstime.

Feliz Navidad.

2009-12-20T23:46:00.007+01:00

El IRPF en la Ley de Financiación de las CCAA (I).

2009-12-20T10:39:00.054+01:00

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (CCAA) y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, es la consecuencia de un largo proceso en el que se ha producido un intenso debate entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 15 de julio de 2009, adoptó, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Acuerdo 6/2009, de reforma del Sistema de Financiación autonómica y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía cuya puesta en práctica exige llevar a cabo una serie de reformas legales que se plasma en la Ley 22/2009 que tiene por objeto, por ello:

la regulación del sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía desde 1 de enero de 2009,
incluyendo la garantía de financiación de servicios públicos fundamentales,
los fondos de convergencia autonómica,
el régimen general de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y los órganos de coordinación de la gestión tributaria,
al mismo tiempo que se modifican determinadas normas tributarias afectadas.

En relación con los tributos cedidos, que conforman lo que se denomina en la Ley la capacidad tributaria de las CCAA, son los que ya recogía la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, aunque se produce una elevación del porcentaje de cesión:

del IRPF del 33% al 50%,
del IVA del 35% al 50% y
de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores del Tabaco del 40% al 58%.

Entre las reformas legales realizadas, en la gestión de los tributos cedidos, nos interesa, en esta entrada, las relacionadas con el IRPF. que se recogen en la Disposición final segunda. que modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Las modificaciones más relevantes, desde el punto de vista del contribuyente, son las que siguen:

El apartado 4 del artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:

4. No se someterán a tributación las rentas que no excedan del importe del mínimo personal y familiar que resulte de aplicación.

El apartado 3 del artículo 56 queda redactado de la siguiente manera:

3. El mínimo personal y familiar será el resultado de sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de esta Ley, incrementados o disminuidos a efectos de cálculo del gravamen autonómico en los importes que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma.

El artículo 63 queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 63. Escala general del Impuesto.
1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma:
1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar la escala prevista en el número 1.º anterior.
2. Se entenderá por tipo medio de gravamen general estatal el derivado de multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la cuota obtenida por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior por la base liquidable general. El tipo medio de gravamen general estatal se expresará con dos decimales.

Se da nueva redacción al artículo 78.

Artículo 78. Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual.
1. El tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de esta Ley será el resultado de aplicar a la base de la deducción, de acuerdo con los requisitos y circunstancias previstas en el mismo, los porcentajes que, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma.
2. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado los porcentajes a que se refiere el apartado anterior, serán de aplicación los siguientes:
a) Con carácter general el 7,5 por ciento.
b) Cuando se trate de obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad a que se refiere el número 4.º del artículo 68.1 de esta Ley, el porcentaje será el 10 por ciento.

En la segunda parte de esta entrada recogeremos el resto de modificaciones orientadas a los

contribuyentes, teniendo en cuenta que la entrada en vigor de la Ley, coomo establece la Disposición final quinta, se produce el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, (BOE, de 19 de diciembre). Si bien surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, excepto los siguientes preceptos y disposiciones que entrarán en vigor y surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2010:

El artículo 46 y la disposición final segunda.
El artículo 28, en cuanto al período de residencia en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El artículo 59, en cuanto a la delegación de la revisión en vía económico-administrativa.
El Título IV relativo a los órganos de coordinación de la gestión tributaria.
La disposición final tercera.
La disposición final cuarta.

Documentación:

Texto íntegro de la Ley 22/2009 (pdf, BOE 19 de diciembre).

Imágenes: dreamstime.

Sedes Electrónicas del Ministerio de Economía y Hacienda.

2009-12-19T10:08:00.028+01:00

Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda, tiene por objeto la creación de las sedes electrónicas correspondientes a los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Recordamos que la Sede Electrónica es:

aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

Se crean las siguientes sedes electrónicas:

Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda.
Sede Electrónica de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
Sede Electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro.
Sede Electrónica de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Sede Electrónica de la Dirección General de Fondos Comunitarios.

Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda

La Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda (SECMEH en lo sucesivo) se crea con las siguientes características:
El ámbito de aplicación de la sede será el de la totalidad de los órganos del Departamento definidos en el artículo 1.2 anterior, con excepción de los centros directivos que cuentan con sede electrónica propia conforme a lo regulado en los artículos siguientes de la presente Orden.
Se realizarán a través de la SECMEH todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.
La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sedemeh.gob.es.
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Subsecretaría del Departamento.
La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Serán responsables de la gestión, contenidos y servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica, los titulares de los centros directivos del Departamento y, en su caso, de aquellos Organismos que se incorporen a dicha sede. La responsabilidad se corresponderá con las competencias que cada uno de los titulares tenga atribuidas por la legislación vigente.
La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los centros directivos del Departamento y los Organismos incorporados a la sede corresponderá a la Secretaría General Técnica, que la ejercerá a través de la Unidad de Gestión de Contenidos en la Red.
Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede:
Para el acceso electrónico, Internet, con las características definidas en el presente artículo.
Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Economía y Hacienda, tanto de carácter central como territorial, conforme a las competencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para la atención telefónica, los servicios de información departamental, en el teléfono 900 56 77 65, así como al número de fax 91 595 88 69.

Las subsedes de la SECMEH

La SECMEH contará con las siguientes sedes electrónicas derivadas o subsedes:
Subsede de los Tribunales Económico-Administrativos, a la que se podrá acceder directamente a través de las direcciones:
http://www.tribunaleseconomicoadministrativos.gob.es
http://www.teac.gob.es y
http://www.tea.gob.es.
El ámbito de esta subsede será el correspondiente a las competencias del centro directivo Tribunal Económico Administrativo Central y a los órganos y Tribunales dependientes del mismo.
Subsede de la Dirección General de Tributos, a la que se podrá acceder directamente a través de la dirección http://www.tributos.sedemeh.gob.es. El ámbito de esta subsede será el correspondiente a las competencias de la Dirección General mencionada.
Las restantes características de estas dos subsedes serán las establecidas para la sede de la que derivan.
Entradas relacionadas:
Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Configuración de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
Las nuevas Sedes Electrónicas del Gobierno.
Imagen: dreamstime.

Nuevas medidas del Gobierno para la adquisición de viviendas.

2009-12-18T17:29:00.019+01:00

El Consejo de Ministros, del 18 de diciembre, ha aprobado la modificación del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 para prorrogar y ampliar las disposiciones transitorias contempladas en él.

Se trata de un conjunto de medidas que estarán vigentes durante 2010 y que persiguen un doble objetivo:

facilitar el acceso a más familias a viviendas asequibles y
ampliar el parque de vivienda protegida en compra y en alquiler aprovechando el excedente de viviendas libres.

Por ello, el Gobierno ha decidido ampliar a los hogares con rentas familiares de hasta siete veces el IPREM (48.900 euros al año) la ayuda para pagar la entrada a una vivienda protegida de régimen concertado.

Así, y durante 2010, si cumplen las restantes condiciones para el primer acceso a la vivienda en propiedad, podrán obtener dicha ayuda, cuya cuantía dependerá de los ingresos familiares del solicitante y, de otras circunstancias personales o familiares como se detalla en la siguiente tabla:

Hasta el momento sólo podían recibir la ayuda para el pago de la entrada los adjudicatarios de viviendas protegidas de régimen especial y general (para familias con ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM), si bien éstas mantienen unas cuantías superiores, que pueden llegar a los doce mil euros.

Entre las medidas que se prorrogan y amplían destaca, además:

La posibilidad de que no sólo los promotores, sino también cualquier persona o entidad que haya adquirido viviendas libres con licencia de obras previa al 1 de septiembre de 2009, puedan solicitar la calificación de esas viviendas como protegidas, para compra y alquiler si dichas viviendas se adaptan a los requisitos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación en cuanto a precios, superficie etcétera.
Se incorporan como novedad otras dos medidas transitorias: por una parte, las personas jurídicas que hubieran adquirido viviendas podrán subrogarse en el crédito convenido por el promotor; por otra, las Comunidades Autónomas podrán autorizar que las viviendas protegidas calificadas para venta que no hayan encontrado comprador se puedan ofrecer en arrendamiento protegido.
Asimismo, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2010 la disposición transitoria por la que podrán considerarse como usadas, a efectos de su adquisición protegida, las viviendas libres ya terminadas sin que sea necesario esperar un año.
Hasta el 28 de febrero se mantiene el incremento del 20% en las cuantías de las subvenciones a la promoción de vivienda protegida en alquiler con préstamo convenido y a áreas de urbanización prioritaria.

Congelada la cuantía del Módulo Estatal Básico

El Consejo de Ministros ha decidido, asimismo, mantener congelada la cuantía del Módulo Estatal Básico, atendiendo a la coyuntura actual y con el mismo objetivo de las medidas anteriores, es decir, facilitar el acceso de las familias a viviendas a precios asequibles. Por lo tanto, el Módulo, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta y alquiler de las viviendas protegidas, se mantendrá durante 2010 en 758 euros/m2 de superficie útil.

Actuaciones de rehabilitación con los fondos adicionales

del Plan E

Además, el Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Vivienda sobre las obras de rehabilitación financiadas con los 110 millones de euros procedentes de Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo destinados a tal fin. Estos recursos están permitiendo la rehabilitación de 42.498 viviendas y han generado, según datos aportados por las Comunidades Autónomas, 26.949 empleos. La distribución de este fondo fue acordado con las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial.

Con cargo al mismo se han financiado, principalmente, actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de viviendas y edificios así como áreas de rehabilitación y renovación urbana integrada de barrios degradados, conjuntos históricos, centros urbanos y municipios rurales. Esta actuación del Gobierno ha tenido una muy buena acogida por los ciudadanos y las Administraciones, ya que las solicitudes de financiación superaron el doble de los objetivos inicialmente previstos.

No obstante, aquellas que han quedado fuera de esta línea de financiación han podido acogerse al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, que da continuidad a la política estatal de fomento de la rehabilitación, ya que dedica a este fin dos mil millones de euros que financiarán la rehabilitación de un total de 470.000 viviendas.

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Préstamo a la empresa: ¿2009 ó 2010?

2009-12-14T16:55:00.048+01:00

Es conocido que la situación económica por la que atraviesan, buena parte de, las empresas y los problemas de financiación existentes, están originando que aumenten, considerablemente, las aportaciones de los socios a las empresas mediante préstamos.

Es evidente que estas aportaciones de los socios suponen un pasivo financiero, para la empresa que obtiene la financiación, que devengará unos intereses y la obligación de reembolso a su vencimiento.

Desde el punto de vista de los socios que aportan los recursos financieros, vía préstamo, recibirán los referidos intereses que integrarán en la base imponible del IRPF o, en su caso, del Impuesto de Sociedades.

Nos planteamos en esta entrada, como puede observase en la imagen anterior, ante las modificaciones fiscales que se avecinan con la entrada de 2010, si conviene la formalización de estas operaciones de préstamo en 2009 o esperar unas semanas y llevar a cabo las mismas en 2010.

En estas circunstancias nos planteamos las repercusiones para los prestamistas (socios) y para el prestatario (empresa).

Hemos expresado en diferentes ocasiones que la normativa tributaria española cambia, con excesiva frecuencia y, a veces, de forma apresurada, lo que dificulta, considerablemente, la adecuada planificación fiscal. No obstante,

Si consideramos la opción del prestatario, no conocemos, en la actualidad, argumentos que, a efectos, de los intereses (gastos financieros) y reembolso del préstamo, determinen o condicionen la decisición de formalizar el préstamo en 2009 ó 2010.
Desde el punto de vista del prestamista (los socios) para evaluar la repercusión fiscal de los rendimientos obtenidos, habrá que considerar el grado de vinculación existente entre la empresa y los socios. Esto es, si existiera una participación directa en la citada sociedad igual o superior al 5% (1% si se tratase de una entidad cotizada), se trataría de una operación vinculada entre la sociedad y sus socios, debiendo la operación valorarse por su valor normal de mercado.

Dicho esto, en relación con la renta que los socios (personas físicas) obtienen en concepto de intereses tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario en concepto de cesión a terceros de capitales propios.

En relación con la integración de esta renta, en la base imponible de los socios (personas físicas), conviene precisar que la Ley 11/2009 por la que se regulan las SOCIMI, introdujo, con efectos desde el 01/01/2009, un límite para la integración de estos rendimientos en la renta del ahorro.

De esta forma, si el importe de los rendimientos que percibieran no superase el resultado de multiplicar por 3 el importe de los fondos propios de la sociedad que corresponda a su participación, los intereses formarán parte de la renta del ahorro, tributando al tipo fijo establecido para estas rentas (18% en 2009).
No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital mobiliario correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada respecto del resultado de multiplicar por tres los fondos propios, en la parte que corresponda a la participación del contribuyente, de esta última.

Conviene recordar que mientras la renta calificada como general tributa, de forma progresiva, hasta el 43%; las rentas del ahorro, para el ejercicio 2009, se sitúa en el 18%.

Es interesante reseñar que a efectos de computar dicho exceso, se tendrá en consideración el importe de los fondos propios de la entidad vinculada reflejados en el balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto y el porcentaje de participación del contribuyente existente en esta fecha.

Por otra parte, es conocido que los Presupuestos Generales del Estado, para 2010, que se encuentran en el tour parlamentario, recoge una modificación en la tributación de las rentas del ahorro, pasando a tributar al:

19% por los primeros 6.000 euros y
21% por el exceso sobre el importe anterior.

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Fondos Propios y tributación del accionista (socio).

Rebaja de la factura fiscal de 2009 (I).

2009-12-07T10:11:00.002+01:00

Resulta conocido que la factura fiscal se van devengando a lo largo del año, como no podía de ser otra forma, y se produce su liquidación financiera (el pago o el cobro por devolución), aproximadamente, en verano del año siguiente; aunque en caso de las devoluciones, se acercan cada vez más al invierno.

Y, como todos los años, nos encontramos con el deber de optimizar, casi al cierre del año, el importe de la factura. No obstante, cuando más necesitados estamos, en principio, menos posibilidades tenemos para el necesario recorte.

Como el citado deber de optimizar la factura fiscal incumbe tanto a la economía familiar como a la empresarial, a fin de sistematizar de forma clara, las opciones disponibles y las alternativas asequibles vamos a establecer los dos bloques siguientes:

En relación con la economía familiar y la tributación en el IRPF, tres frentes consideramos de interés en la búsqueda de la optimización: vivienda habitual, planes de pensiones y plusvalías.

Deducciones en la vivienda habitual

Es conocido que para la declaración de 2009, la deducción por hipoteca y por cuenta ahorro vivienda puede generar una rebaja del 15% de la cuota del IRPF sobre un máximo deducible de 9.015 euros.

Los que tengan hipotecas antiguas, es decir, las firmadas antes del 20 de enero de 2006, se pueden beneficiar de una compensación adicional que les permitirá elevar esa deducción hasta un 20% sobre los primeros 4.507,5 euros.
Suscribir en estos días una cuenta vivienda es otra alternativa para reducir impuestos: por las cantidades depositadas, hasta un máximo de 9.015 euros, se tendrá derecho a aplicar en la próxima declaración una desgravación fiscal del 15%.
Llevar a cabo amortizaciones extraordinarias de una hipoteca es otra de las fórmulas más rentables de reducir la próxima factura fiscal. De esta forma, por cada 601,01 euros de amortización adicional -se reduce el importe del préstamo-, todos los contribuyentes, independientemente del volumen de ingresos que obtengan en 2009, se ahorrarán de impuestos 90,15 euros (un 15%).

En este sentido, convendría recordar:

Por una parte, que la intención del Gobierno es eliminar las deducciones por compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2011 para las rentas superiores a 24.107,2 euros. Por ello, los compradores disponen de un año para asegurarse la desgravación al adquirir una casa que constituya la vivienda habitual.
Por la otra, que en la Ley de Economía Sostenible incluye deducciones en la vivienda (ver aquí) pero están pendientes de aprobación y de la tramitación parlamentaria correspondiente y , en cualquier caso, no resultan de aplicación en la declaración de 2009.

Planes de Pensiones

Sin duda, la manera más efectiva de rebajar la factura fiscal es hacer aportaciones a un plan de pensiones. Recordamos que las aportaciones reducen directamente de la base imponible, pero para disfrutar de ello es necesario tener rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

Si se tienen menos de 50 años, el límite máximo de aportación es de 10.000 euros (o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas).
Si se supera los 50 años, de hasta 12.500 euros (o el 50% de las cantidades anteriores).

De esta forma, por cada 1.000 euros de aportación, directamente se obtiene una rebaja entre 240 y hasta 430 euros menos en el IRPF, en función de los ingresos de cada particular.

Además, se pueden ahorrar impuestos en la misma medida realizando aportaciones al plan de previsión del cónyuge, con un máximo de 2.000 euros por año, siempre que el cónyuge a favor de quien se realiza la aportación no tenga rentas de trabajo y de actividades económicas superiores a 8.000 euros.

Plusvalías

Resulta conocido que las plusvalías surgen en la enajenación: de fondos de inversión, acciones, inmuebles, entre otros, por un importe superior a su precio de adquisición.

Por otra parte, hemos comentado en diferentes ocasiones que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 introducen, en lo que se conoce como la Reforma Fiscal, la subida en la tributación de los rendimientos del capital mobiliario -cuentas, bonos, depósitos, seguros y dividendos- y las ganancias patrimoniales - tributarán desde el 1 de enero al 19% para los primeros 6.000 euros y al 21% para los importes que excedan esa cantidad.

Por ello, resultaría interesante:

La venta de la vivienda, en 2009, que genere plusvalías tributarán al 18% en lugar del 21% de 2010 que se aplicará a las ganancias superiores a los 6.000 euros. No obstante, es conocido que la plusvalía por la venta de la vivienda habitual queda exenta si se reinvierte en otra casa para vivir dentro de un plazo máximo de dos años. Para las ventas realizadas en 2006, 2007 y 2008, el plazo para reinvertir esa plusvalía y poder disfrutar de la exención se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2010.
Diferir las transacciones susceptibles de generar pérdidas patrimoniales a 2010 puesto que se podrían compensar con ganancias con tributación al 19% o 21%. No obstante, convendría hacer efectivas las transacciones con pérdidas, en 2009, para compensar las ganancias computables en 2009.

La simplificación administrativa en la Ley de Economía Sostenible.

2009-12-06T11:55:00.028+01:00

Resulta conocido que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) contiene una diversidad de intenciones que podrían resumirse en: necesarias, buenas, mejorables, inviables e indeseables.

Entre las intenciones necesarias destacaríamos las orientadas a la simplificación administrativa tan requerida y más que abandonada por la legislación mercantil, contable y, fundamentalmente, fiscal.

En el ámbito mercantil de la sociedad anónima los cambios (en la sociedad de responsabilidad limitada los presentaremos en otra entrada) recogen mejoras relativas a la simplificación de trámites en la constitución, modificaciones estatutarias, reducciones de capital y disolución de la sociedad, incluyendo los medios telemáticos como instrumento de publicación de los acuerdos sociales, utilizando las páginas web de las sociedades, cuando sea posible, como plataforma de comunicación de los referidos acuerdos.

A continuación, en las siguientes tablas, presentamos los artículos a modificar por la LES, la redacción actual y la redacción modificada remarcando los cambios introducidos.

Además, en el caso de liquidación de la sociedad anónima resulta conocida la necesaria formulación, por parte de los liquidadores, del Balance final.

En este sentido, continuando con la dinámica de publicación que introduce la LES, el referido balance (que se someterá, para su aprobación, a la junta general de accionistas, y) se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y, a elección de la sociedad, en su página web o en uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar del domicilio social.

Las modificaciones recogidas en esta entrada, referidas a la ley de sociedad anónima, no son las únicas contempladas en la LES en el marco de la competitividad, por ello en próximas entradas nos seguiremos ocupando del resto de intenciones.

El Consejo de Defensa del Contribuyente. ¿Para qué?

2009-12-04T16:58:00.038+01:00

Que en el actual sistema tributario los contribuyentes nos encontramos indefensos, no es una novedad. Desde el año 2003 que se aprobó la Ley General Tributaria se decía que:

El Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.

El Boletín Oficial de Estado (BOE), de fecha 4 de diciembre, publica el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Señala el el Real Decreto, en su apartado I, que :

La labor del Consejo para la Defensa del Contribuyente ha sido intensa, antes y después de la aprobación de la Ley General Tributaria vigente, ejerciendo su función primordial de defensa de los derechos de los obligados tributarios,, permitiendo la mejora de los servicios prestados por la Administración Tributaria, no solo gracias a las quejas manifestadas por los usuarios de tales servicios.....

Tengo que reconcer que cuando he leído en el BOE la publicación del Real Decreto referido he pensado, por fin, alguien que se va a preocupar por los contribuyentes. Cuando sigo leyendo y compruebo que el Consejo para la Defensa del Contribuyente ya existía, no sé desde cuando, tampoco conozco lo que ha hecho. Pero sí percibo, a diario, la indefensión del contribuyente en la selva recaudatoria en que se ha convertido nuestro sistema tributario, con parches legislativos, a doquier, interpretaciones vinculantes propias del tercer mundo, inseguridad jurídica creciente con cada actualización o modificación que se realiza, multiplicación de las obligaciones documentales. Menos mal que estaba el Consejo velando por nuestros intereses si no llega a estar, dónde estaríamos nosotros.

Además, sigo leyendo con detenimiento, tratando de encontrar alguna concreción positiva al puñado de buenas intenciones del Real Decreto me encuentro (artículo 7) que:

Las quejas y sugerencias formuladas al amparo de esta norma ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente no tendrán, en ningún caso, la consideración de recurso administrativo, ni su interposición suspenderá la tramitación del procedimiento ni interrumpirá los plazos establecidos en la legislación vigente para la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos.

Las contestaciones y demás actos producidos por el Consejo para la Defensa del Contribuyente no constituyen ni reconocen derechos subjetivos o situaciones jurídicas individualizadas por lo que no son susceptibles de recurso alguno, administrativo o jurisdiccional.

Y con el artículo 7 termino la lectura del Ral Decreto y añado al título de la entrada ¿Para qué?

Imágenes: dreamstime.

Los Servicios Profesionales y la Morosidad: una relación insostenible.

2009-12-03T12:39:00.004+01:00

Ha sido presentado el estudio Índice de Riesgo 2009 – Informe por sectores realizado por Intrum Justitia, multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito, concluye que en Europa, servicios profesionales es el sector con mayores pérdidas y retrasos en los pagos.

El sector de servicios profesionales abarca un amplio abanico de especialistas: arquitectos, abogados, servicios de traducción, ingenieros, psicólogos, investigadores, economistas, diseñadores web…

El estudio cuantifica que:

las pérdidas por impagos en este sector se sitúan en un 4,7%, una cifra que está cerca de duplicar la media de pérdidas por impagos de otros sectores (construcción, sanidad, educación…) y que a nivel europeo se sitúa en un 2,4%, además
han disminuido un 23% las facturas que se pagan a 30 días con respecto a 2008 lo que supone un 48% del total. Así, el 37% de las facturas se pagan entre 30 y 90 días y el 15% a partir de 90 días.

Según Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibérica, en relación con el sector de servicios profesionales señala que:

este sector es el más afectado por pérdidas y retrasos en los pagos en cierta medida porque mantiene una relación poco frecuente con sus clientes que además en muchas ocasiones no pagan porque no pueden.

la mala situación de este sector respecto a los pagos se debe también a que el 50% de las empresas nunca han dejado la recuperación de sus pagos en manos de profesionales especializados y los que lo han hecho, es decir, el otro 50%, tarda una media de 75 días en asignarlas para comenzar a reclamar los impagos.

Por tipos de pagadores, sector público, empresas y consumidores han incrementado los plazos de pago respecto a 2008. El sector público es quien más tarde realiza los pagos y los consumidores son quienes primero pagan sus deudas. Así la Administración Pública retrasa sus pagos 18 días desde la fecha de vencimiento de la factura en 2009 frente a los 16 de 2008, las empresas retrasan sus pagos 13 días frente a los 11 de 2008 y los consumidoes 10 días frente a los 8 de 2008.

Luis Salvaterra afirma que:

Como en el resto de Europa, el sector de servicios profesionales tiene un papel importante en la economía y si situación actual en España no es prometedora. Estos profesionales tienen que esperar muchos días para recibir sus pagos a la vez que ellos deben cumplir con sus obligaciones en plazo. Esta situación se ha vuelto crítica y pone en riesgo su supervivencia. Por ejemplo, deben pagar sus impuestos y tasas a tiempo, pero las Administraciones Públicas no pagan por sus servicios a tiempo.

Recordamos que según el informe Índice de Riesgo 2009, a nivel general, la Administración Pública española tarda 139 días en efectuar sus pagos, una cifra que en el caso de las empresas se sitúa en 98 días y 57 días en el caso de los particulares. En el resto de Europa estas mismas cifras disminuyen considerablemente, así la Administración Pública tarda 67 días frente a los 57 de las empresas privadas o 41 días de los particulares.

En este sentido, es conocido que la Ley de Economía Sostenible contempla entre sus medidas, como el resto pendiente de desarrollo, la limitación en los plazos de pago como se indica a continuación:

Para ello, se recoge la determinación del plazo de pago en los siguientes términos (artículo 4):

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el que se hubiera pactado entre las partes dentro del marco legal aplicable y, en su defecto, el establecido de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 de este artículo.

2. El plazo de pago, a falta de pacto entre las partes, será el siguiente:

Treinta días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente.
Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se presta a duda, treinta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.
Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, treinta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.
Si por disposición normativa o estipulación en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, treinta días después de esta última fecha.

3. El plazo de pago a proveedores que sean considerados empresas de reducida dimensión a efectos del capítulo XII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, y los que sean considerados trabajadores autónomos a los efectos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, será como máximo el siguiente, sin perjuicio de los plazos máximos inferiores que resulten de aplicación en virtud de la existencia de normativa específica:

Sesenta días después de la fecha en que el deudor haya recibido lafactura o una solicitud de pago equivalente.
Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente se presta a duda, sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.
Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.
Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, sesenta días después de esta última fecha.
Para la aplicación de este plazo máximo de pago, los proveedores deberán acreditar su carácter fiscal de empresa de reducida dimensión y de trabajador autónomo en el momento de la contratación.

4. Los proveedores, salvo pacto en contrario, deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.

5. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el interesado.

Como en otros apartados del Anteproyecto las intenciones parecen adecuadas será, no obstante, la concreción y el desarrollo de las mismas, marcará el grado de adecuación a la agilidad necesaria en el cobro de la venta de los servicios profesionales que comentamos en esta entrada.

Sólo se pide cobrar nuestros trabajos para pagar, lo que debemos, y poder sobrevivir.

Entradas relacionadas: Se vende menos, se cobra peor.
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En defensa de los derechos fundamentales en Internet.

2009-12-02T19:17:00.004+01:00

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentalesde los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

También está disponible en inglés, catalán y gallego.

La Competitividad en la Ley de Economía Sostenible.

2009-11-28T08:09:00.020+01:00

Hemos comentado, anteriormente, que la Ley de Economía Sostenible (LES) incorpora un conjunto de modificaciones normativas destinadas a generar un entorno regulatorio adecuado a los agentes económicos para el desarrollo de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.

Es conocido que se apoya en los tres ejes siguientes:

La mejora del entorno económico lo hemos comentado aquí, de esta forma, en esta entrada analizamos la competitividad dejando para la próxima la sostenibilidad medioambiental.

La competitividad se apoya en los 5 pilares que destacamos a continuación (ver esquema siguiente):

1. Simplificación administrativa.

Reducción de los plazos para la creación de empresas:

se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y 3.100 euros, con un máximo de 250 euros de costes; y
de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros.
Para todas ellas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y todos los trámites serán telemáticos.

Reducción de la morosidad:

Reforma de la Ley de Contratos del sector público, de forma que obliga a las Administraciones a abonar el pago en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013
También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratador.

Reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario:

Los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los veinte primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados. Se podrá acceder de forma telemática a las bases gráficas del Catastro.

2. Sociedad de la Información.

Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz:

Se permitirá el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que abaratará su coste y aumentará su calidad.
Dividendo digital: La banda de frecuencias 790 -862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico podrá utilizarse para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas.
Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones.
En 2010 será del 1/1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación.Banda ancha universal: Inclusión a partir de 2011 de la banda ancha a una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo (multiplica casi por veinte los 56Kbits actuales) como parte integrante del servicio universal.

3. Ciencia e Innovación.

Fomento de la transferencia de resultados en la actividad investigadora:

Se establece la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad pública investigadora, que pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, para facilitar la explotación comercial de las patentes.
Se facilita la cooperación de los agentes públicos con el sector privado.
Promoción de los derechos de propiedad industrial: Con el objetivo de agilizar la concesión, difusión y uso de los títulos de propiedad industrial, se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes. Además, se reduce un 18 por 100 en tres años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades de propiedad industrial.
Universidad e Investigación: Se fomenta la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de I+D obtenidos por los investigadores.

4. Internacionalización.

Se amplía el concepto de internacionalización, considerando que un proyecto será de interés para la internacionalización y, por tanto, prioritario para la política comercial española, siempre que tenga un impacto positivo en la cadena de valor de las empresas españolas.

La novedad más destacada es la adaptación del sistema español de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación, para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito.

5. Formación Profesional.

Con esta reforma del sistema de Formación Profesional se pretende facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, mejorar el aprovechamiento de los recursos e integrar las distintas enseñanzas de formación profesional.

Las principales novedades son las siguientes:

Se promueve la oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo. Con la promoción de una red estable de centros de Formación Profesional constituida por los centros integrados de FP, los centros públicos y privados concertados del sistema educativo y los Centros de Referencia Nacional.
Se crea una plataforma de Formación Profesional a distancia en todo el Estado.
Reconocimiento de las competencias profesionales. Acción común del gobierno y las Comunidades Autónomas para dar prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores emergentes.
Se promoverá la participación en cursos específicos que permitan conseguir un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad a personas que ya tengan experiencia profesional y quieran completar su formación.
Se flexibiliza la organización de los programas formativos. La Formación Profesional se estructura en tres niveles: Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio y Ciclos formativos de grado superior. En este sentido, se crean "pasarelas" para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos, permitiendo la movilidad entre la formación profesional de grado medio y el bachillerato, y entre la formación profesional de grado superior y la enseñanza universitaria.
Formación profesional de proximidad: Se amplía la capacidad de los centros de adaptarse a su entorno y ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.

Más información:

Referencia del Consejo de Ministros.

Entradas relacionadas:

Modificaciones fiscales (vivienda) en la Ley de Economía Sostenible.

2009-11-27T20:29:00.012+01:00

La Ley de Economía Sostenible introduce una serie de novedades y modificaciones fiscales que en relación con la vivienda, objeto de esta entrada, destacamos las siguientes:

Deducción por compra de vivienda habitual

Resulta conocido que a partir de enero de 2011 se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros.

Cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros, se mantiene la situación actual, lo que permite una deducción en cuota del 15% de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año.
Entre los 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible se aplicará una reducción gradual de forma lineal.

Los contribuyentes que adquirieran su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual.

Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda

La equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se anunció durante el Debate del Estado de la Nación y que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.

Se elevan, por tanto, los importes de bases imponibles que otorgan derecho a la deducción por alquiler de forma análoga a la deducción por inversión en vivienda habitual.
De esta forma, actualmente el arrendatario se puede deducir el 10,05% de los pagos de alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros.
A partir del 1 de enero de 2011, este límite de 12.000 euros pasará a ser de 17.707,20 euros. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente la base de la deducción, y los contribuyentes con bases imponibles superiores a 24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.
Por otra parte, para impulsar el alquiler, también a partir de 2011 se mejorará el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los arrendadores de inmuebles incrementándose del 50 por 100 al 60 por 100 el porcentaje de reducción en la declaración de la renta.
Además, se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de la exención del 100 por 100 de las rentas de alquiler. Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta exención cuando se alquila a menores de 35 años, desde el 1 de enero de 2011, se aplicará a los alquileres a menores de 30 años, aunque aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31 de diciembre de 2010, conservarán la exención del 100% hasta que cumplan los 35 años.

Impulso a la rehabilitación

Otra novedad de la Ley de Economía Sostenible es la mejora de los incentivos fiscales a la rehabilitación. A partir de la entrada en vigor de la Ley, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación de viviendas.

Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA reducido a los trabajos de albañilería.
Con esta ampliación se incluirían las reformas que tengan por objeto la eficiencia energética, el ahorro de agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida.

Esta medida conlleva que en la Ley de Economía Sostenible también se incluya la ampliación del concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir, tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas, como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la accesibilidad de las viviendas.

Además, también a partir de la entrada en vigor de la Ley se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012.

La base anual máxima de deducción será de tres mil euros y estará limitada en función de la base imponible del contribuyente, siguiendo los mismos tramos establecidos en la deducción por compra de vivienda habitual. Además, el límite máximo plurianual por vivienda será de diez mil euros.

Semáforo verde para la Ley de Economía Sostenible (I)

2009-11-27T19:07:00.019+01:00

Como se había anunciado el Consejo de Ministros, de fecha 27 de noviembre, ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que supone un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que, disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.

Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.

La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO

Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas.

Se trata de extender al conjunto de la actividad económica la eliminación de restricciones injustificadas.

Organismos reguladores . Se acomete una profunda reforma horizontal de la estructura y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas.
Éstas son algunas de las novedades:

Reducción del número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.
Cooperación entre los organismos reguladores: Los distintos organismos deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.

Mercados financieros. Las medidas de reforma que se adoptan son coherentes con las recomendaciones del G-20.

Reforma de la Ley del Mercado de Valores: Obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros.
Reforma de la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros: El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
Regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras. Las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información y autorización.
Libertad de elección de los asegurados: El asegurador deberá poner a disposición del asegurado, de forma fácilmente accesible, una relación de prestadores para garantizar una efectiva libertad de elección.

Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto, como la estructura y procedimientos de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Se presentará un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.

Contratación pública y colaboración público-privada. El objetivo fundamental es agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.

Algunas de las novedades son:

Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.
Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
Modificaciones: los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Los modificados no podrán superar el 20 por 100. Si el contrato no puede modificarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, las denominadas Sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público-privada.
Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30 por 100 al 50 por 100, con el objetivo de fomentar la participación de Pymes en la contratación pública.

Dada la extensión y complejidad de las actuaciones recogidas en el primer eje, mejora del entorno económico, que consideramos fundamental y, aunque de forma apresurada, un tanto ambicioso.

Analizaremos con detenimiento las medidas e iremos, en las próximas entradas, comentando nuestras impresiones así como de los dos ejes restantes: la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.

En alguna ocasión habíamos expresado el deseo de conocer el contenido de lo que parecía interesante, la Ley de Economía Sostenible. Reconocemos que, la primera lectura, nos ha sorprendido, gratamente, el detalle y la concreción, en este primer eje que hemos analizado con mayor detenimiento.

Más información:

Ámbito de aplicación de la Auditoría de Cuentas en la nueva normativa.

2009-11-26T18:11:00.032+01:00

La auditoría de cuentas se configura en la Ley 19/1988 (en trámite de modificación) como la actividad que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de la información económica financiera auditada; no limitándose, pues, a la mera comprobación de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en el balance y en la cuenta de resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con un alto grado de certeza y sin la necesidad de rehacer el proceso contable en su totalidad, dar una opinión técnica e independiente sobre la contabilidad en su conjunto y, además, sobre otras circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, no estuvieran recogidas en dicho proceso.

La auditoría de cuentas es, por tanto, un servicio que se presta a la entidad auditada y que afecta e interesa no sólo a ésta, sino también a terceros que se relacionen o puedan relacionarse con la misma, habida cuenta que todos ellos, entidad y terceros, pueden conocer la calidad de la información económico-contable sobre la cual versa la opinión emitida por el auditor de cuentas, sin que, por ende, pueda limitarse su uso y distribución.

Ámbito de aplicación de la Auditoría de Cuentas

En relación con su ámbito de aplicación en la nueva normativa se recoge (art. 1):

Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.

La auditoría de las cuentas anuales consistirá:

en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le sea aplicable;
también comprenderá, en su caso, la verificación de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas.

La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor de cuentas, mediante la emisión del correspondiente informe y con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Auditoría.

Marco normativo de aplicación

A los efectos de lo establecido en la Ley de Auditoría, se considerará el marco normativo de información financiera el establecido en:

La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación.
El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Para concluir, recogemos la manifestación del Subgobernador del Banco de España en el XVIII (noviembre 2009) Congreso Nacional de Auditoría:

En nuestro país, el sistema de supervisión es muy intenso, con inspecciones in situ, que se realizan con medios propios. Por ello, los trabajos de los auditores de cuentas tienen una gran utilidad para el Banco de España, puesto que complementan nuestra tarea. Somos usuarios de los dictámenes de los auditores, tanto del informe de auditoría de las cuentas anuales, como del informe especial que se emite, desde finales de los 80, para proporcionar al supervisor información específica de interés.

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Medidas de fomento del alquiler (Ley 19/2009).

2009-11-24T10:13:00.018+01:00

Resulta conocido que el alquiler no ha sido la opción mayoritariamente escogida por los españoles en los últimos años para acceder a la vivienda. A la preferencia generalizada por la compra han contribuido diversos factores:

como las propias características del mercado de vivienda en alquiler,
los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y
unas condiciones financieras favorables al endeudamiento.

Esto ha supuesto que, en términos relativos, el porcentaje de vivienda en alquiler fuera perdiendo terreno en beneficio de la vivienda en propiedad. De hecho, el alquiler en España representa tan sólo el 11% del mercado de vivienda, cuando la media europea está situada en el entorno del 40%.

Si bien es cierto que en los últimos años esta situación descrita ha empezado a cambiar y, de hecho, ya se incrementan más los nuevos hogares que acceden a una vivienda en régimen de alquiler que los que acceden a ella en régimen de propiedad, siguen siendo necesarias medidas de estímulo:

tanto las dirigidas a ayudar a las familias de menor capacidad económica a hacer frente a los pagos de las rentas arrendaticias y favorecer la emancipación de los jóvenes,
como también las orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de las partes y a fomentar el incremento de la oferta en el mercado del alquiler.

A esta doble finalidad, además de la eficiencia energética de los edificios, se orienta la Ley 19/2009, de 23 de noviembre que publica el el Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha 24 de noviembre, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler y la Ley de Propiedad Horizontalpara facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.

En relación con las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplían los supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, de tal modo que se extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para sus familiares en primer grado, es decir, para los padres y los hijos o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así se haya hecho constar expresamente en el contrato para evitar fraudes y preservar la necesaria seguridad jurídica.

El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico:

los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas y
los procesos de desahucio por expiración legal o contractual del plazo del arrendamiento.

Se amplía también el ámbito del juicio verbal para que puedan sustanciarse por este procedimiento las reclamaciones de rentas derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio, lo que permite salvar, en su caso, la relación arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el propietario acreedor de rentas o cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del desahucio si quería acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. Igualmente, cuando las reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al proceso monitorio y se formule oposición por el arrendatario, la resolución definitiva seguirá los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Además, en varios supuestos se reducen plazos y se eliminan trámites no sustanciales que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del proceso.

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Nueva regulación de las declaraciones complementarias de la Agencia Tributaria.

2009-11-23T16:47:00.023+01:00

Hemos comentado recientemente las modificaciones que la normativa introduce en relación con el Modelo 390 y la nueva regulación de las Declaraciones complementarias y sustitutivas referentes al citado modelo 390.

Ante las modificaciones publicadas, tanto para el modelo 390 como para el modelo 190, nos da la sensación que la Agencia Tributaria podría haber considerado la extensión de la regulación de la subsanación de los errores u omisiones en las declaraciones presentadas por el contribuyente. De esta forma, la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas recoge la nueva regulación.

Cabe destacar, en lo que respecta al modelo 190, la regulación que se efectúa como comentábamos de los diferentes cauces de subsanación de los errores u omisiones advertidos en las declaraciones con posterioridad a su presentación:

ya se trate de los advertidos por los propios obligados tributarios,
o de los detectados por la Administración tributaria como consecuencia de los procesos de validación de la información contenida en las declaraciones presentadas.

Así, en el primer caso, advertidos por los contribuyentes, se prevé que la subsanación de los errores u omisiones se realice mediante la presentación por los obligados tributarios de declaraciones complementarias o sustitutivas, distinguiéndose, dentro de las declaraciones complementarias,:

las que incluyan nuevas percepciones no declaradas previamente y
las que tengan por objeto la modificación o anulación de datos concretos de alguna de las anteriormente declaradas, a cuyo efecto se introducen las necesarias adaptaciones en la hoja-resumen del modelo 190 y se aprueba una hoja interior específica para las declaraciones complementarias mencionadas en último lugar que se presenten en la modalidad de impreso,
al tiempo que se establece un procedimiento diferenciado para la presentación telemática de dicha clase de declaraciones complementarias a través de la Oficina Virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

En el segundo caso, detectados por la Agencia Tributaria, se establece un cauce específico para que, a través de la citada Oficina Virtual y cualquiera que hubiera sido la forma de presentación del modelo 190, los obligados tributarios puedan conocer y subsanar espontáneamente las anomalías detectadas por la Administración tributaria en las declaraciones presentadas con anterioridad al requerimiento formal a que se refiere el artículo 89 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, haciendo con ello innecesario dicho requerimiento o limitando su objeto a los defectos de que adolezca la declaración presentada que no hayan sido previamente subsanados por este cauce.

Es evidente, para concluir, el avance que puede suponer, en aquellos escenarios de fácil y rápida resolución sin las estrecheces formales del sistema tradicional de requerimientos, el nuevo sistema para la corrección de los, frecuentes, errores u omisiones en los datos declarados.

Nueva regulación del Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones).

2009-11-23T16:30:00.019+01:00

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 23 de noviembre publica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el nuevo modelo 190 se recogen las siguientes modificaciones:

Ccon objeto de incluir, en el ámbito de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, la reducción de dos enteros del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo obtenidos por los contribuyentes (Real Decreto 1975/2008, de 28 noviembre) que hubiesen comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual siempre que, además, la cuantía total de sus retribuciones anuales sea inferior a 33.007,2 euros.
Se han incorporado también otros nuevos datos adicionales que permitirán a los obligados tributarios indicar la proporción, por entero o por mitad, en la que, en su caso, han sido computados cada uno de los tres primeros hijos y descendientes del perceptor a efectos de determinar el tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo a los que resulta aplicable el procedimiento general establecido en el artículo 82 del Reglamento del Impuesto.

Presentación del Modelo 190

Por lo que se refiere a la regulación de la forma de presentación del modelo 190 se mantienen, en términos generales, las reglas y principios anteriormente vigentes, no obstante lo cual se han incorporado dos importantes novedades en esta materia.

En primer lugar, destaca el aumento hasta 5.000.000 del número de registros que pueden contener las declaraciones del modelo 190 que se presentan telemáticamente a través de Internet, lo que supone un considerable incremento del volumen de información que puede transmitirse por esta vía, limitada anteriormente a declaraciones con un máximo de 50.000 registros. Todo ello, sin perjuicio del mantenimiento de la presentación telemática por teleproceso del modelo 190 en los términos anteriormente previstos.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la presentación del modelo 190 en soporte directamente legible por ordenador se restringe únicamente a aquellas declaraciones que contengan más de 5.000.000 registros.

En el ámbito de la presentación telemática por Internet y de la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 190, se ha procedido también, al margen de otros ajustes puntuales, a reordenar las disposiciones relativas a ambos procedimientos con el propósito de mejorar la sistemática de la regulación de los mismos. En este sentido, se han recogido en dos únicos artículos todos los aspectos concernientes a la presentación telemática por Internet del modelo 190, incluidos los que se refieren a la presentación por terceros que actúen en representación del declarante, y se han reunido en un solo artículo todas aquellas cuestiones que guardan relación con la presentación del modelo 190 en soporte directamente legible por ordenador.

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Normativa nuevo modelo 190 height="500" width="450" > value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23061431&access_key=key-1nim1gbrltm48cx6f10t&page=1&version=1&viewMode=list">

Nuevo modelo de declaración 390 (Resumen anual IVA).

2009-11-20T16:37:00.043+01:00

Resulta conocido que en 2009 se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), estableciendo la posibilidad de que los sujetos pasivos que opten por ello, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de éstas, y de acuerdo con las condiciones, términos, requisitos y procedimiento establecidos reglamentariamente, puedan solicitar la devolución del saldo a su favor pendiente al final de cada período de liquidación. Para ello, se establece que aquellos sujetos pasivos que opten por ejercitar el derecho a la devolución deben estar inscritos en el registro de devolución mensual.

Para el ejercicio del referido derecho, a la devolución pendiente al final de cada periodo de liquidación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, aprobó un único modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido que sustituía a los modelos 300, 330, 332 y 320, así como, un nuevo modelo 308 para articular un sistema que permitiera solicitar las devoluciones del Impuesto en los supuestos previstos en el artículo 30 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido

Tras la unificación de los modelos generales de autoliquidación del IVA en un único modelo 303, del año pasado, se aprueba la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada en el Boletín oficial del Estado de fecha 20 de noviembre, con las siguientes modificaciones:

Unificar a su vez los modelos 390 «Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido» y 392 «Grandes Empresas. Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido», en un solo modelo 390 de «Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido», que se pueda utilizar por todos los sujetos pasivos del Impuesto que estén obligados a la presentación de una declaración-resumen anual de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.6 del Reglamento del Impuesto.

También, se ha considerado oportuno modificar el literal de las casillas B1, B2 del modelo 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, suprimiendo la denominación «constituida en España» o «constituida en el extranjero», eliminando así la dualidad de significados que tenían dichas casillas y por tanto la confusión que implicaba.
Asimismo, se ha modificado el literal de la casilla B3, añadiendo «de Constitución», con la finalidad de aclarar el contenido de dicha casilla. Para realizar dichos cambios, se ha modificado el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Formas de presentación del modelo 390.

En el supuesto de sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 71.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de este modelo se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 4 y 5 de la presente Orden.
En los demás supuestos, la presentación del modelo 390 podrá realizarse en impreso o, potestativamente, por vía telemática a través de Internet.
Los sujetos pasivos que opten por la presentación de la última autoliquidación periódica del Impuesto por vía telemática a través de Internet, presentarán asimismo la declaración-resumen anual por vía telemática a través de Internet.

Lugar y procedimiento de presentación del modelo 390 en impreso.

Si el resultado de la última autoliquidación periódica es a ingresar, ésta y la declaración-resumen anual se presentarán en cualquier entidad de crédito situada en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria. En el caso de que la declaración-resumen anual carezca de las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se acompañará esta declaración de fotocopia de la tarjeta o documento acreditativo del número de identificación fiscal.
Si el resultado de la última autoliquidación periódica es a compensar o sin actividad, ésta y la declaración-resumen anual deberán presentarse directamente o enviarse por correo certificado a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, o bien a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según proceda, en función de la adscripción del sujeto pasivo a una u otra Delegación o Unidad, adjuntando a la declaración fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal si la misma no lleva adheridas las correspondientes etiquetas identificativas. No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones correspondientes a personas físicas que se presenten personalmente en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que acrediten su identidad.
Si el resultado de la última autoliquidación periódica es a devolver, ésta y la declaración-resumen anual se presentarán en la entidad de crédito situada en territorio español que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria donde se desee recibir la devolución. Asimismo, podrán presentarse en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, o bien en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o en la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según proceda en función de la adscripción del sujeto pasivo a una u otra Delegación o Unidad, adjuntando a la declaración-resumen fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal si la misma no lleva adheridas las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones correspondientes a personas físicas que se presenten personalmente en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que acrediten su identidad.
Si el resultado de la última autoliquidación periódica es a devolver, y se ha solicitado la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España, ésta y la declaración-resumen anual se presentarán en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, o bien en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o en la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según proceda en función de la adscripción del sujeto pasivo a una u otra Delegación o Unidad, adjuntando a la declaración fotocopia acreditativa del número de identificación fiscal si la misma no lleva adheridas las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones correspondientes a personas físicas que se presenten personalmente en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que acrediten su identidad.
Los sujetos pasivos acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria que presenten en impreso la última autoliquidación periódica del Impuesto, presentarán ésta y la declaración-resumen anual en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en la Administración de la misma en cuya demarcación territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos acogidos a la presentación conjunta de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, presentarán la declaración-resumen anual directamente o por correo certificado en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en la Administración de la misma en cuya demarcación territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.

Plazo de presentación del modelo 390.

La declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá presentarse en los treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente al año al que se refiere la declaración, sin perjuicio, de lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de la Orden.

Más información:

Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

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Dirección Financiera e Impuestos.

2009-11-19T12:51:00.018+01:00

Recientemente se han publicado las conclusiones de la segunda Encuesta a la Dirección Financiera en España, elaborada por Deloitte, que tiene como objetivo ofrecer una visión sobre cómo actúan las empresas en las actuales condiciones económicas, y en la que han participado hasta 100 Directores Financieros, de los que un 37% pertenecen a empresas cotizadas en el mercado nacional e internacional.

Nos centramos en esta entrada en los aspectos relacionados con la subida de impuestos, destacando que:

El 21% de los Directores Financieros opina que habría que acometer medidas fiscales dirigidas, fundamentalmente, a mantener el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido en los niveles actuales; aumentar los Impuestos Especiales y reducir el Impuesto de Sociedades.

El aumento del IVA es una medida necesaria para los Directores Financieros del sector Distribución, mientras que los IIEE deben incrementarse para los Directores Financieros de Finanzas y Seguros.

La mayoría de los encuestados considera que deben mantenerse el IRPF y el IVA, aumentarse los IIEE´s y reducirse el IS.

Fuente: Deloitte.

Las nueves sedes electrónicas del Gobierno.

2009-11-18T17:27:00.020+01:00

La Ley 11/2007, de 22 de junio, en su momento significó una nueva concepción de la regulación del derecho de los ciudadanos a utilizar los medios de comunicación electrónica para relacionarse con la Administración y ejercer sus derechos.

La ley estableció un elenco de derechos específicamente relacionados con la comunicación electrónica con la Administración y con su estatuto de ciudadano:

derecho a la obtención de medios de identificación electrónica,
derecho a elección del canal de comunicación o del medio de autentificación y de igualdad garantizando la accesibilidad,
así como una efectiva igualdad entre géneros y respecto de otros colectivos con necesidades especiales y entre territorios.

Se produce con la publicación del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre, el desarrollo parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este real decreto se ha construido, señala la introducción, sobre la base de los siguientes principios estratégicos:

En primer lugar, procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la protección de datos, los derechos de acceso a la información administrativa o la preservación de intereses de terceros.
En segundo lugar, establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de los medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, como en la legislación administrativa en general.

Las sedes electrónicas

Un elemento clave en la comunicación jurídica con los ciudadanos en soporte electrónico es el concepto de sede electrónica.

La referida Ley 11/2007, establece que:

La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

En este punto el real decreto pretende reforzar la fiabilidad de estos puntos de encuentro mediante tres tipos de medidas:

asegurar la plena identificación y diferenciación de estas direcciones como punto de prestación de servicios de comunicación con los interesados,
establecer el conjunto de servicios característicos así como el alcance de su eficacia y responsabilidad, y
imponer un régimen común de creación de forma que se evite la desorientación que para el ciudadano podría significar una excesiva dispersión de tales direcciones.

Este régimen de la sede, que debe resultar compatible con la descentralización necesaria derivada de la actual complejidad de fines y actividades asumidas por la Administración, resulta, sin embargo, compatible con la creación de un punto de acceso común a toda la Administración, puerta de entrada general del ciudadano a la Administración, en la que éste podrá presentar sus comunicaciones electrónicas generales o encontrar la información necesaria para acudir a las sedes electrónicas en las que iniciar o participar en los procedimientos que por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones o formularios concretos.

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