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EDITORIALES: El uso de Sitel debe ser regulado por ley orgánica

2009-11-21T08:50:00.001+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
EL USO DE SITEL DEBE SER REGULADO POR LEY ORGÁNICA

LA SALA de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó anteayer un recurso de un narcotraficante que pedía la nulidad de las actuaciones alegando un uso abusivo del sistema Sitel. El fallo, sin embargo, reconocía que la regulación de las escuchas del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es «raquítica e insuficiente».

Hay ya cinco sentencias del Supremo que avalan la utilización de Sitel en casos concretos en los que el Alto Tribunal constata que se han grabado las conversaciones mediante orden judicial motivada y que la Policía no se ha extralimitado al conseguir las pruebas. Pero el Supremo no ha entrado en la necesidad de regular su uso mediante una ley orgánica.

Quien sí ha manifestado en reiteradas sentencias que el uso de Sitel debe ser regulado es el Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que sólo puede emplearse en la investigación de graves delitos y siempre con motivación y supervisión del juez. Estrasburgo ha recomendado también que el Parlamento español concrete la lista de delitos en los que puede ser empleado.

Por mucho que el ministro del Interior se canse de decir que Sitel se utiliza siempre con control judicial, parece evidente que al tratarse de un sistema que afecta a derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de las comunicaciones tiene que ser regulado mediante ley orgánica, como ha pedido el PP.

Así lo establece expresamente el artículo 81 de la Constitución, que señala que las leyes relativas al desarrollo de «derechos fundamentales y libertades públicas» deben ser orgánicas, es decir, aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso. Ésta fue la voluntad del poder constituyente, que consideró que había que reforzar la protección de los derechos básicos.

Nadie niega que Sitel es un instrumento formidable para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, pero sus inmensas posibilidades hacen también posibles graves abusos, sea por fallos en el control judicial o porque la Policía se extralimita. De ahí la necesidad de una ley que regule el uso de un sistema que no es ya de interceptación telefónica sino de vigilancia electrónica, con posibilidad de acceder a mensajes por móvil, correo electrónico, cuentas bancarias, ubicación del emisor y del receptor y muchos otros datos que van más allá de las tradicionales escuchas.

Uno de los problemas que plantea Sitel es lo que los juristas llaman «dominio del acto». El juez podía hasta hace poco tiempo controlar con relativa facilidad las escuchas telefónicas convencionales pero la complejidad de la grabación, almacenamiento y selección mediante Sitel requiere una cuidadosa regulación que evite los abusos. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la información que se graba y no se destruye? ¿Quién la custodia y dónde? ¿Cómo se puede autentificar un documento original al tratarse de un procedimiento electrónico? ¿Existen garantías de que el material no se puede manipular?

En resumen, los enormes avances tecnológicos y las posibilidades que hoy tiene el poder de controlar la vida privada de los ciudadanos aconsejan una ley orgánica que no sólo regule Sitel sino también los límites que el Estado no puede traspasar en materia de comunicaciones. Esta cuestión va mucho más allá de los intereses partidistas y entra de lleno en la calidad de una democracia, por lo que PSOE y PP deberían hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo en la defensa de esos derechos fundamentales

EL GOBIERNO MUESTRA SU DEBILIDAD EN GIBRALTAR:
Del ultraje a la bandera a la simpleza de Moratinos

EL REINO UNIDO pidió ayer disculpas a España por las prácticas de tiro de la Royal Navy contra una boya con la bandera española en aguas frente a Gibraltar. Aunque el incidente se produjo el martes, el Gobierno sólo reaccionó ayer, convocando al embajador británico en nuestro país, después de que EL MUNDO hiciera públicos los hechos. Estamos ante un episodio grave, porque, además de suponer una nueva violación de nuestra soberanía, es un ultraje a uno de los símbolos más importantes para cualquier Estado. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo vaya a actuar con la necesaria contundencia diplomática. Así se desprende de las palabras del ministro de Exteriores, que no tuvo empacho en decir que todo está «perfectamente clarificado», ya que no se disparó contra la bandera, sino contra una boya. Resulta indignante que Moratinos trate, de un modo tan pueril, de restar importancia a lo ocurrido. En lugar de decir simplezas, debería trabajar para que se respete de una vez nuestra jurisdicción sobre las aguas que bañan el Peñón y Gibraltar no se siga riendo de nuestra debilidad

EL TC DEBERá PAGAR POR SUS RETRASOS INDEBIDOS:
El Supremo se vuelve a enfrentar al Constitucional
HOY AVANZAMOS una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aún no hecha pública, cuya trascendencia para los poderes del Estado y para los ciudadanos será enorme. Porque, a partir de ahora, el Estado deberá indemnizar a cualquier persona o entidad que acredite un daño económicamente evaluable como consecuencia del funcionamiento indebido del Tribunal Constitucional. El caso examinado por el Supremo se refiere a una demanda por dilaciones indebidas, en las que tan habitualmente incurre el máximo intérprete de la Constitución. El Supremo ha acordado declarar que le corresponde a él fiscalizar si se está o no ante un supuesto de responsabilidad patrimonial del TC, una declaración que, a buen seguro, irritará al Constitucional y provocará un nuevo episodio de enfrentamiento entre ambos tribunales

PRIMERO LAS ORGíAS Y AHORA LAS COMPRAS DE PISOS:
El PP debe pedir cuentas al alcalde de La Nucía

EL ALCALDE de La Nucía (Alicante) saltó a la actualidad en las grabaciones del caso Gürtel, en las que Correa comentaba «una orgía de puta madre» montada por Bernabé Cano «con tías de su pueblo» en un local denominado «el Choco». Pues bien, según publicamos hoy, este mismo alcalde compró dos pisos en primera línea de playa, muy por debajo del precio de mercado, a un promotor que era, precisamente, el propietario del local donde Correa y los demás implicados en la trama Gürtel celebraban sus fiestas. Se da la circunstancia de que el citado empresario resultó beneficiado con adjudicaciones directas por parte del Ayuntamiento de La Nucía. A pesar de que lo que se desprendía de las grabaciones del sumario era un comportamiento impropio de un alcalde, la dirección del PP ni siquiera le pidió explicaciones. Es de suponer que al conocer a través de este periódico los manejos del alcalde, el PP tome cartas en el asunto. Porque mientras no exija a todos sus cargos públicos un comportamiento ejemplar, iniciativas como la de prohibir los regalos a los responsables políticos no serán muy creíbles.
El Mundo en dos minutos
Una actitud malvada e incoherente

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' : La falsa y cínica De la Vega sigue diciendo que «España no ha pagado ningún rescate» y, como siempre, ataca al PP

2009-11-21T08:49:00.002+01:00

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / Rumbo a casa
Sanos y salvos en tierra firme

JOANA SOCÍAS. ENVIADA ESPECIAL

Puerto Victoria (I. Seychelles)

El Alakrana llegó ayer a puerto seguro y con él la alegría de las familias y los marineros que, por fin, se han librado del acoso de los piratas. Al menos de momento, porque tal y como comentó el patrón del atunero, Ricardo Blach, en su primera aparición ante los medios, el pesquero saldrá a faenar «lo antes posible».

Puerto Victoria se llenó ayer de emociones, lloros y abrazos. Nada más atracar en el dique de las Seychelles, a las 4.30 hora española, los familiares y los ocho marineros gallegos se fundieron en abrazos. Hoy la imagen se repetirá con las familias de los siete marineros vascos y del único andaluz, que no viajaron hasta el archipiélago africano y que a las 8.00 horas les verán por fin en Torrejón,

Los pescadores fueron recibidos por el embajador español en Etiopía, Antonio Sánchez-Benedito; el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, que hizo unas polémicas declaraciones al respecto del supuesto pago de un rescate. Preguntado por la cantidad, aseguró: «Desconozco la cifra, sólo sé que el Gobierno ha apoyado al armador».

El patrón, Ricardo Blach, fue el primero y único de los marinos españoles que quiso atender a la veintena de medios de comunicación congregados y lo hizo para «agradecer en especial» al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, su trabajo en la liberación. «Gracias al Gobierno y a todo el mundo que nos ha sacado del infierno», exclamó, aferrado a su hija Cristina.

Preguntado por si volverá a navegar, Blach contestó con una sonrisa que el del Alakrana había sido su «último viaje» por cuestiones de edad, pero subrayó que, si los marineros no encuentran un «buen trabajo en tierra», tendrán que volver a faenar.

Sin duda, para Blach los 47 días de cautiverio han sido «la peor experiencia». «Nos han tratado muy mal, peor imposible», explicó, y declaró que los piratas la tomaron con él. «Ellos veían que era el que más entero estaba y había que tratar de hundirme. Me pegaban, me amarraron y 1.000 cosas más». «Yo mismo vi cómo uno de los piratas le pegaba una patada al patrón», declaró a EL MUNDO uno de los marineros africanos que ha permanecido cautivo.

Según contaron dos de los pescadores del Alakrana, los que se llevaron la peor parte fueron Blach y el capitán, Iker Galbarriatu, quienes pasaron los 47 días en el puente.

Más tranquilo se mostró Blach sobre el futuro de la pesca en el Océano Índico, dado que a partir de ahora los atuneros saldrán a faenar con agentes a bordo. «Habrá mucha más seguridad, cosa que no teníamos antes», relató.

El Alakrana llegó al puerto escoltado por la fragatas de combate Méndez Núñez y Canarias, que estarán en Seychelles hasta el martes. Fuentes cercanas a ésta última confesaron a EL MUNDO que la espera para la liberación se ha hecho eterna, sobre todo porque la Infantería española «tenía las manos atadas». Asimismo, lamentaron la «falta de medios», ya que la operación Atalanta apenas cuenta con media docena de fragatas «para vigilar 800 millas, que vienen a ser 1.600 kilómetros».

Los pescadores parecían zombis

Los primeros militares españoles que llegaron al 'Alakrana' una vez que fue abandonado por los secuestradores se encontraron con un panorama desolador. «Los pescadores parecían zombis», afirmaba uno de ellos. Habían sufrido maltrato y vejaciones durante 47 días, y en ocasiones sintieron las armas de los piratas apuntando a sus cabezas. Varios de ellos han necesitado atención médica de los equipos sanitarios de las fragatas. En los más de dos días de navegación hasta las islas Seychelles, la confraternización entre marinos y pescadores ha sido absoluta y los liberados, agradecidos, quisieron tener un detalle por el trato recibido por los tripulantes de las fragatas: les regalaron lo único que les quedaba, atún de las cámaras del barco

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
De la Vega recalca que «España no ha pagado ningún rescate» y ataca al PP

MARISA CRUZ / AGUSTÍN YANEL

Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer, con la intención de decir la última palabra acerca de las dudas sobre el pago de 2,7 millones de euros para la liberación del Alakrana, que «España no ha pagado ningún rescate».

Así lo puntualizó cuando fue preguntada si se han utilizado fondos reservados para pagar a los piratas. E insistió en que «todo ha funcionado de forma razonable».

La vicepresidenta avanzó también que la próxima semana comparecerá ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones «de todo lo acontecido a lo largo del secuestro». «Será», aseguró, «con luz y taquígrafos y transparencia democrática». Hasta entonces, pidió que «no se hagan especulaciones».

Tras felicitar a la tripulación del atunero, que hoy regresa a España, y expresar la «satisfacción» del Gobierno al ver que los marineros se han reencontrado con sus familias sanos y salvos, insistió en sus reproches al PP porque «desde el minuto uno ha intentado obtener rédito electoral de este asunto y sólo dio una pequeña tregua cuando el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a la prudencia. Ellos han preferido criticar al Gobierno en lugar de echar una mano».

El PP cumplió ayer el anuncio que había hecho Mariano Rajoy tras la liberación del atunero y presentó en el Congreso la propuesta para reprobar a la vicepresidenta De la Vega, por los «graves errores de coordinación» durante la crisis; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, por la tardanza en adoptar medidas para proteger a los pesqueros españoles en el Océano Índico, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, por la estrategia de su departamento con los dos piratas detenidos y traídos a España.

Además, el PP insistirá en este asunto el miércoles próximo en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, con cinco preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera, el ministro de Justicia y la titular de Defensa.

También solicitó la comparecencia en el Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero y del director del Centro Nacional de Inteligencia

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los familiares del País Vasco no fueron a las Seychelles por «motivos personales»

Decidieron arropar a dos de las esposas, que estaban enfermas
MIKEL OTAEGI

Bilbao

Los familiares de los tripulantes del Alakrana están dolidos. Tras 47 días de incertidumbre, desesperados por la situación de los marineros del atunero bermeano, ayer se vieron envueltos, a su pesar, en una polémica: un rumor aseguraba que habían rechazado viajar a las Islas Seychelles a recibir a los suyos por tener que ir en un avión militar español.

La constante compañía de los alcaldes del PNV había alimentado la idea de que se habían prestado al juego nacionalista. Según las propias protagonistas, la verdad es muy distinta: no se han negado a volar al encuentro de sus maridos por «motivos políticos», sino por otros de índole «personal».

«Ya sabéis que he estado enferma», recuerda María Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe, engrasador de máquinas del atunero, que ha permanecido medicada durante el secuestro, lo mismo que la familiar de otro de los tripulantes vascos. «Por eso, nuestros maridos nos han dicho a nosotras dos que no viajáramos».

Para que ellos no fueran los únicos marineros del Alakrana a los que no recibieran sus esposas en las Seychelles, el resto de familias vascas decidió no viajar tampoco y recibirlos a todos en Madrid. «Es tan sencillo como eso. Vamos a estar todas juntas, como hemos estado desde el principio. El resto de esposas nos van a arropar a las que no podemos viajar».

«En principio éramos dos o tres familias las que no podíamos viajar, yo entre ellas». Su médico le recomendó permanecer en reposo y aún arrastra el «agotamiento» acumulado en los 47 días de «infierno» que ha vivido. «El viaje a las Seychelles es largo, muy pesado. Mi psicóloga me recomendó» que, en la medida de lo posible, «permaneciera en España».

María Ángeles Jiménez, que se desplazó ayer en autobús, junto al resto de familias, a Madrid, se pasó el día «desmintiendo el bulo». «Me parece que, sin haber llegado todavía los hombres a casa, se están vertiendo unas declaraciones vergonzosas».

«Hemos agradecido a toda la prensa, al Gobierno, a las personas anónimas que nos han apoyado». Las familias aseguraron ayer que han sido respetuosas con todo el mundo. «Yo, en mi caso, os he contestado y os he atendido a todos», señaló María Ángeles. Recordaron, además, que el primer recibimiento que se les hará a las familias será en una «base militar», lo que, a su entender, dejaría sin sentido las acusaciones de las que han sido objeto.

El de Jiménez no fue el único rumor que las familias de los secuestrados tuvieron que desmentir. Argi Galbarriatu, hermana del capitán del atunero, negó que hubieran remitido ninguna carta, ni al Ararteko (defensor del pueblo vasco), ni al Gobierno central, exigiendo que no se tome ninguna imagen del reencuentro de las familias con los marineros en Torrejón de Ardoz.

En declaraciones a Europa Press, Galbarriatu protestó contra quienes habían difundido el rumor, porque, a su entender, «con estas cosas no se puede jugar. Lo único que hemos buscado nosotros hasta ahora ha sido que volvieran los arrantzales (pescadores) a casa».

Argi Galbarriatu pidió respeto, que se les deje «tranquilos», y precisó que la decisión de acudir o no a recibirles a las Islas Seychelles la tomó «cada persona en concreto y es totalmente respetable». «Si vamos o no vamos no es porque les queremos más o menos o porque queramos ir o no con el Gobierno», concluyó

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El PSE acusa al PNV de «manipular y mentir»

MIGUEL M. ARIZTEGI / MIKEL SEGOVIA

Bilbao

El PSE rompió ayer su silencio en torno al secuestro del Alakrana para pedir responsabilidades políticas al PNV, que no dudó en «desinformar, manipular y mentir» para atacar al Gobierno vasco en su «campaña miserable» en torno a la gestión de la resolución de la crisis. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, optó, además, por acusar a los nacionalistas de «no ayudar a los secuestrados, sino a los piratas».

Aprovechando una reunión en Vitoria, tanto Pastor como el diputado José María Benegas aplaudieron las gestiones lideradas por el Gobierno español para la finalización del secuestro y rechazaron las numerosas críticas vertidas tanto a sus decisiones como a sus omisiones.

Por su parte, el PNV anunció ayer que impulsará una batería de medidas en Vitoria, Madrid y Bruselas que permitan garantizar la seguridad de los atuneros vascos en el Índico y evitar «que se produzca un Alakrana tres», tras el secuestro de este pesquero y el del Playa de Bakio en abril de 2008. Medidas que impidan que se pueda repetir la «desorganización» y «el ridículo» mostrados por el Gobierno en la gestión del mismo.

«La gestión del Gobierno español ha sido desastrosa. Ha actuado tarde y mal», aseguró el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien además acusó al Gobierno vasco de estar «desaparecido» durante el tiempo que ha durado el secuestro. Afirmó que el Ejecutivo que preside el lehendakari no ha sabido actuar con «voz propia, con criterio propio», y se ha limitado a «intentar justificar la mala gestión de Zapatero».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los otros

Pasaron tantos días secuestrados como sus compañeros de a bordo, pero a ellos no fue nadie a recibirlos a Puerto Victoria. Su suerte tampoco tuvo en vilo a todo un país. En el Alakrana, además de los 16 tripulantes españoles, viajaban otros 20 marineros de otras nacionalidades: ocho indonesios, cuatro ghaneses, tres senegaleses, dos marfileños, dos malgaches y un seychelliano. Algunos de ellos aparecen en la imagen en la cubierta del barco, observando desde la distancia el recibimiento a los privilegiados pescadores españoles. Por la pasarela ascienden el patrón, Ricardo Blach, y su hija Cristina. Ella, como el resto de familiares, renunció al hotel para pasar la noche en el atunero

SITEL: "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices"

2009-11-21T08:48:00.004+01:00

Sigue la bronca del PP con Rubalcaba

>El PP no da por cerrado el reciente incidente entre su diputado Carlos Floriano y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El miércoles próximo, en la sesión de control al Gobierno, el diputado preguntará: «¿Tiene el ministro del Interior autorización judicial para escuchar todo lo que digo?». El ministro aseguró que, cuando comentó eso, se refería a que ve y escucha todo lo que dice «en las radios y en las teles» sobre supuestas escuchas ilegales a ese partido. Pero Floriano dice que no es verdad.

DELENDA EST HISPANIA: 153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

2009-11-21T08:47:00.003+01:00

153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La consulta independentista generalizada prevista para el 13 de diciembre en Cataluña toma cuerpo. La coordinadora de la consulta presentó ayer en Barcelona el protocolo de actuación que servirá para los 153 municipios que organizarán votaciones. En total, unas 630.000 personas están llamadas a responder a la misma pregunta que ya se formuló en Arenys de Munt el 13 de septiembre: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?».

La comisión electoral que controlará y verificará el desarrollo de las consultas estará integrada por Josep Cruanyes (abogado e historiador), David Vinyals (promotor de la asociación Catalunya Estat Lliure), Josep Lluís Rodríguez (profesor universitario), Carme Sansa (actriz) y August Gil Matamala (abogado).

Como en Arenys de Munt, estarán autorizados a votar los mayores de 16 años que demuestren estar empadronados en los municipios donde se celebren estas consultas, incluidos los residentes europeos y los no comunitarios. Las urnas se abrirán a las 9.00 horas de la mañana y se cerrarán a las 20.00 horas.

La consulta no tiene ningún valor legal, pero los organizadores se están esforzando por darle una pátina de seriedad y rigor. Por ello, dijeron ayer, han conminado a los ayuntamientos a tener en cuenta la sentencia previa a la consulta de Arenys que prohibía a los consistorios dar apoyo explícito -también material- a las votaciones.

En cualquier caso, pusieron en duda que un Ayuntamiento no pueda facilitar un local para la celebración de una consulta «cuando sí lo hace, por ejemplo, para albergar una conferencia o una exposición».

No tuvieron empacho tampoco en invocar a la Falange para defender su derecho a promover las consultas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) autorizó una manifestación de ese partido ultraderechista el mismo día de la consulta en Arenys porque el hecho de obligar a la formación a celebrarla en otro lugar «privaría al derecho de reunión de su finalidad legítima esencial, cual es la reivindicación o exposición de ideas de forma pública».

En cuanto a las consultas del 13 de diciembre, la Abogacía del Estado anunció a principios de mes que, como en el caso de Arenys, recurriría «una a una» los referendos en los municipios. Fuentes del Ejecutivo consideraron, además, «lógica» esta posición.

Pero los organizadores defienden su actuación: «Si la justicia se amparó en la libertad de expresión para permitir la manifestación de la Falange, pedimos que ahora no ponga trabas ante las consultas, que también sirven para ejercer la libertad de expresión», dijo ayer Josep Lluís Rodríguez. Pese a los avisos, la Abogacía del Estado no ha recurrido hasta el momento ninguna de las mociones aprobadas por plenos municipales de Cataluña para celebrar consultas soberanistas.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, no quiso ayer valorar la convocatoria de estas consultas. Fuentes de la Delegación explicaron a la agencia Europa Press que los ayuntamientos han aprobado mociones que han tenido muy en cuenta la sentencia de un juzgado de Barcelona sobre Arenys.

Los organizadores de las consultas del 13 de diciembre explicaron que el sistema informático que han diseñado centralizará los datos de participación y los resultados, garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces y asegurará que el voto sea anónimo. Otros 55 municipios de Cataluña celebrarán su consulta en una fecha posterior.

De San Cugat del Vallés a Gerona

> Unas 630.000 personas están llamadas a pronunciarse acerca de la independencia el 13 de diciembre. Los municipios más importantes que tienen consulta ese día son San Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Bañolas, Berga, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallés, El Masnou, Las Franquesas, Manlleu, Premiá de Mar, Ripoll, Roses, Sant Celoni, Tárrega, Torelló, Vilafranca del Penedès, Vilanova y la Geltrú y Vic. Otras 55 localidades celebrarán la consulta más adelante. Entre ellas destaca Gerona, que será la primera capital de provincia en acoger una iniciativa de este tipo

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Carme Moraira (PSC) segunda teniente de alcalde de Santa Coloma

2009-11-21T08:46:00.004+01:00

El 'caso Pretoria' se cobra la dimisión de la teniente de alcalde de Santa Coloma

JORDI RIBALAYGUE

Santa Coloma

El caso Pretoria 2 sigue dejando un reguero de víctimas políticas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Si el jueves la nueva alcaldesa, Núria Parlón, cesó al imputado Pascual Vela junto a otros dos altos cargos de la confianza de Bartomeu Muñoz, ayer presentó la dimisión la teniente de alcalde de Servicios Territoriales, Carmen Moraira, una de las concejales más próximas al ex edil encarcelado. En un comunicado, el Consistorio admitió que la renuncia de Moraira se debe a la cuestionada política urbanística del municipio, encharcada por la investigación de la Audiencia Nacional.

La ex teniente y el otro concejal apresado, Manuel Dobarco, eran los ejecutores de los proyectos ideados por Muñoz, algunos de ellos citados en el auto de Baltasar Garzón. Muchos vecinos han recordado en los últimos días que los decretos de múltiples expropiaciones llevan la firma de Moraira. La ya ex regidora socialista aprobaba las licitaciones de las reformas de gran envergadura, como la polémica reconstrucción del mercado del Fondo, sobre la que también recaen las sospechas del magistrado.

Para la oposición y los grupos vecinales más críticos con el Ayuntamiento, Moraira era la correa de transmisión de Muñoz, que replicaba cualquier viso de crítica a la gestión de las transformaciones urbanísticas que se controlaban desde el Consistorio. «Ha sido la defensora de todos los proyectos», explicaba a este diario días atrás el portavoz de la plataforma Gent de Gramenet, Antoni Jaumandreu.

El nombre de la ex teniente fue uno de los cinco que el PSC barajó para ocupar la alcaldía

, aunque el poder que asumió sobre las concesiones de obras y su defensa cerrada de todos los proyectos de la época Muñoz se contaron como desventajas que le restaron opciones para promocionarse para el cargo. Aun así, fue la primera concejal que rompió el silencio de los socialistas colomenses tras el registro de la Guardia Civil para decirse «indignada» con el ex alcalde. En declaraciones a TV3, censuró con dureza a Muñoz, al que señaló diciendo que existen «muchas pruebas» que le incriminan. El concejal Esteve Serrano asumirá las funciones que desempeñaba Moraira

CORRUPCIÓN EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE CATALUNYA: El juez investigará las auditorías ordinarias realizadas

El fiscal pidió los informes contables que no detectaron el desvío de fondos

Barcelona

Juli Solaz, el juez que investiga el desvío de fondos de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, no quiere dejar ningún detalle en el aire. Por eso ha ordenado a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, que auditaba a la institución cultural, los informes contables de los años que van desde 2000 a 2008, ya que no advirtieron indicio alguno del desvío de fondos de los gestores en esa época y principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull.

El fiscal pidió al juez que ordenase la presentación de estas auditorías sobre la fundación, la asociación y el Consorcio Palau de la Música, las tres entidades de donde los imputados han desviado, supuestamente, unos 23 millones de euros. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona pide la «aportación de las notas internas» de los auditores sobre los informes entre los años 2000 y 2008, ya que quiere investigar por qué no se detectó ningún desvío de dinero irregular de estas instituciones, cuando en las últimas auditorías de Deloitte y de la Generalitat constataron un agujero de 23 millones en el mismo periodo.

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría analizó las cuentas anuales de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y, en el ejercicio de 2008, también del Consorcio del Palau de la Música. Cuando se conoció la imputación de Millet y Montull, así como su confesión, la Fundación ordenó una auditoría externa, que también hizo la Intervención General de la Generalitat para el Consorcio.

Por otro lado, el conseller de Interior, Joan Saura, afirmó que el caso del Palau de la Música hubiera merecido alguna medida cautelar «más contundente». Según el conseller, la alarma social generada también hubiera merecido un trámite «más rápido» de la justicia. Saura también se refirió al caso Pretoria 2 cuando afirmó que hay opiniones que mantienen que los casos de corrupción afectan más al votante de izquierdas que al de derechas. Sin embargo, destacó que la «pretendida impunidad» ya no existe, ya que quienes han sido corruptos han ido a la cárcel

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: RAMAL DE BAENA: Las grabaciones confirman la red de facturas falsas

2009-11-21T08:44:00.004+01:00

Las grabaciones confirman la red de facturas falsas en Baena

MANUEL MARÍA BECERRO

Sevilla

Las grabaciones originales realizadas por la Policía Judicial a los cabecillas de la presunta red de facturas falsas que operaba en el Ayuntamiento cordobés de Baena -cobraban de más para pagarse fiestas en un lupanar- desmienten las acusaciones de «manipulación» realizadas por el alcalde y senador del PSOE, Luis Moreno, para criticar la investigación de la Guardia Civil y las informaciones de EL MUNDO.

Su secretario personal, Rafael Santano, y otro trabajador municipal de su plena confianza, Juan Díaz Pérez, están imputados por malversación de fondos públicos, que usaban para financiar sus visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace.

EL MUNDO ha tenido acceso a los archivos de audio que figuran en el sumario de este escándalo de corrupción. Su audición permite confirmar que las transcripciones realizadas por los agentes son exactas, sin que quepa acusar a los agentes de la Guardia Civil de manipulación. Tampoco en las conclusiones que aparecen en sus informes, que evitan las especulaciones sobre cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el alcalde y senador socialista.

«Estar al tanto»

La Policía Judicial, que grabó a personal de confianza de Luis Moreno tras la denuncia presentada por un empresario local -uno de los que facturaban en falso al Ayuntamiento para garantizarse más contrataciones, con la ventaja de que el secretario del alcalde siempre devolvía el IVA-, simplemente se limitó a apuntar que el senador «parece estar al tanto» de las «anomalías» contables y de las «actividades delictivas» de Rafael Santano.

«Pudieran haberse utilizado viajes inexistentes para tapar o camuflar las cuentas, estando asimismo el alcalde en conocimiento de esta irregularidad», explicaban en su informe los agentes investigadores, cuyo trabajo ha sido avalado expresamente por el Gobierno. Sin embargo, en las grabaciones del sumario se oye a Santano -igual que se lee en las transcripciones- diciéndole al otro imputado: «Yo con el alcalde tengo mis chanchullos»; o «de los 3.000 [euros] a lo mejor le doy su sueldo al alcalde, que son 1.000 y pico, y ya estoy menos vendido».

Su secretario añade sobre los chanchullos con el alcalde, textualmente: «Yo no te los puedo decir. Ahora mismo estoy vendido porque ya hoy me ha pedido dinero él. Y le he tenido que dar del mío, de mi bolsillo, porque no tengo de ese dinero que tengo que darle. Su sueldo también lo tengo hipotecado. Es que él cobra del Ayuntamiento un dinero».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las ramificaciones del 'caso Gürtel'
Un alcalde de Gürtel pagó un dúplex en metálico al propietario de un club

M. GONZÁLEZ IVARS

Alicante

El alcalde de La Nucía (Alicante), el popular Bernabé Cano, y su esposa cerraron en mayo -en plena tormenta por el caso Gürtel, en el que apareció salpicado- la compra de dos pisos en primera línea de la playa de Altea. Se los adquirieron a un promotor al que el edil adjudicó en 2005 un plan urbanístico con más de 3.000 viviendas y un campo de golf. El vendedor también es dueño de un club donde El Bigotes alternaba con prostitutas.

El primero de ellos, un piso de 83 metros cuadrados valorado en 312.526 euros; y el otro, un dúplex de 160 metros tasado en 474.416 euros, que, según figura en la nota registral, pagó de sus propios recursos a través de varias transferencias. De la suma de ambos, 751.234 euros, Bernabé Cano y señora sólo están pagando una hipoteca de algo más de 180.000 euros.

La privilegiada ubicación de ambas viviendas, frente al puerto de Altea (Alicante), las convierte en un lujo reservado a las clases más pudientes. Según las inmobiliarias que operan en la zona, el precio de ambos pisos superaría el millón de euros a precios de mercado. El acuerdo de compra y las adjudicaciones a la constructora coincidirían en el tiempo, según la documentación en poder de este diario.

Las viviendas fueron adquiridas por el alcalde de La Nucía y su esposa a la empresa Rotja 2000 Promociones SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, ambos empresarios de la construcción con intereses urbanísticos en el municipio y propietarios de txokos -clubes gastronómicos- donde se han celebrado fiestas con sexo en las que, según figura en el sumario del caso Gürtel, participaron Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, entre otros.

En un pasaje de las conversaciones intervenidas, Correa afirmó que Bernabé Cano les iba a montar «una fiesta de puta madre con tías impresionantes». El alcalde ha admitido públicamente su amistad con El Bigotes.

El primer edil inició los pagos para la adquisición de las dos viviendas poco antes de que el Ayuntamiento de La Nucía diera la condición de urbanizador del PAI de La Serreta, junto a otras dos empresas, a la compañía Cases del Pinar SL, cuyo consejero delegado es Gerardo Martínez Riquelme, a quien el propio alcalde le compra los dos inmuebles.

El otro empresario de la promotora de los pisos adquiridos por Cano es José Ignacio de la Serna.

En el caso del dúplex de 160 metros cuadrados -que está ubicado en las plantas cuarta y quinta del edificio-, el munícipe hizo un primer pago en efectivo de 6.430 euros en la cuenta de la promotora el 3 de marzo de 2004; 52.430 euros el 11 de febrero de 2005; y 50.422 euros en diciembre de 2005, mediante transferencia y sin «poderlo justificar», según la nota registral. Y en cuanto a la cantidad restante, 360.106 euros, la pagó mediante un cheque bancario nominativo a la entidad vendedora. Es decir, en este primer caso no tuvo que recurrir al crédito.

En cuanto al otro piso, situado en la parte inferior del edificio, en la tercera planta, su precio de compra fue de 312.526 euros más IVA (336.523 euros).

En esta operación, Bernabé Cano hizo los siguientes pagos: 106.011 euros mediante transferencia realizada en 2005 «sin que lo acredite», según figura en la nota registral, y 67.650 euros mediante cheque nominativo. Para abonar el resto, el matrimonio subrogó una hipoteca del Banco Guipuzcoano, que asciende a más de 180.000 euros. En esta operación hipotecaria, se incluye una plaza de garaje.

Gerardo Martínez Riquelme también era propietario de suelo en otro plan urbanístico que apareció en las conversaciones del caso Gürtel. Se trata del PAI de Pie de Monte.

«Gozamos de buena situación»

M.G. / Alicante

Bernabé Cano asegura que la compra de las dos viviendas está clara y que puede justificar los pagos. El abono de los más de 750.000 euros (más IVA) se hizo, según él, como sigue: 215.000 euros en aportaciones que recibió de su madre; 180.000 euros en un crédito hipotecario y el resto, aproximadamente unos 356.000 euros, que aportó de sus propios recursos y los de su esposa.

«Ambas familias hemos gozado siempre de una buena situación económica; eso lo saben en el pueblo», aseguró Cano interpelado por EL MUNDO.

El alcalde expuso que recibió las donaciones de su madre después de que ésta vendiera unos terrenos en La Nucía por valor de algo más de 850.000 euros. De esta cantidad, Cano recibió dos donaciones, una de ellas de 109.000 euros, que destinó a la compra del dúplex. En concreto, se refiere a los pagos de 6.430 euros; 52.430 euros y 50.422 euros que Cano y su esposa hicieron a la promotora de Rotja 2000 Promociones SA.

El resto hasta completar los 438.708 (más IVA) que costaba el doble piso en primera línea de playa lo asumió el propio matrimonio, con unos 360.000 euros de sus recursos, «que se pueden justificar sin ningún tipo de problema con los recibos de las transferencias y su origen», según explicó.

En cuanto a la otra vivienda, Cano aportó una primera transferencia de 106.011 euros, cantidad que coincide, según su testimonio, con la segunda aportación que le hizo su madre a través de escritura pública.

La otra aportación -67.650 euros- procedería del matrimonio y la cantidad restante -180.000 euros- son los que Cano y su mujer pagaron con una hipoteca. «No tengo nada que ocultar; tanto mi mujer como yo tenemos nuestros propios trabajos y los recursos los hemos aportado de ahí. Cano es médico de profesión y alcalde desde 1999. Su esposa tiene una gestoría en Altea.

Las orgías de los 'txokos' y la conexión con Francisco Correa

Alicante

Los dos empresarios a los que el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, adquirió sus dos inmuebles son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, los propietarios de dos txokos -clubes gastronómicos- donde los capos de Gürtel organizaban fiestas con prostitutas y políticos.

De hecho, en el sumario se mencionan estas fiestas desenfrenadas en las que no faltaba el sexo. «Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía», detalla Francisco Correa en una conversación en la que relata los pormenores de una fiesta en la que supuestamente estaba Cano, del que se consideraba «amigo íntimo».

«Bernabé nos dijo que él les iba a montar una [fiesta] de puta madre con tías en su pueblo, cinco tías impresionantes», dijo el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que acudieron al chalé eran de Europa del Este, según Correa.

En un encuentro mantenido en un hotel de Madrid en 2006 con su hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, el ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Correa les puso al corriente de su amistad con Cano y del singular local en el que cerrarían la recalificación de un PAI bloqueado por motivos medioambientales. El acuerdo se alcanzaría, según las grabaciones, en un establecimiento «cuasisecreto» y dotado de «suite, salón y cocina». Este lugar no era otro que el txoko del empresario Gerardo Martínez Riquelme, al que Cano compró los dos pisos.

En la misma conversación, Correa asegura que, «negociando en Valencia», él y su «amigo íntimo» -como se refiere a Cano- cerraron un restaurante y que el edil nuciero montó un «tinglado con tías buenas». En la misma conversación, el cerebro de Gürtel se refiere a una inmigrante ilegal de nacionalidad rusa. «Hablo con mi amigo Carlos Clemente y le soluciono el tema de los papeles», apunta.

Negociación de un terreno

Pero ésta no es la única alusión a los txokos en los pinchazos telefónicos. Correa también se refiere a estos locales en otra conversación con Pablo Crespo en la que hablan de un viaje a Alicante al que asistirían El Bigotes, Ramón Blanco y el propio Crespo, que explica que irán al citado local y que visitarán los terrenos con Bernabé Cano.

Finalmente, el PAI no se cerró porque los tribunales tumbaron el proyecto al no tener garantizado el suministro de agua.

Otro de los inmuebles es propiedad del constructor José Ignacio de la Serna y funciona como un punto de encuentro para reuniones entre empresarios y políticos.

En la comarca alicantina de la Marina Baja, en la que está ubicada La Nucía, los dos txokos son bastante conocidos, sobre todo por empresarios y ejecutivos

INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El Tripartit a la greña. Montilla ahora desautoriza a su consejero Saura

2009-11-21T08:43:00.001+01:00

Montilla desautoriza a Saura por pedir la dimisión del TC

XIANA SICCARDI

Barcelona

Los distintos puntos de vista entre PSC e ICV volvieron a mostrarse ayer en relación al Estatut. Tanto es así, que el presidente catalán, José Montilla, desautorizó a su conseller de Interior, el ecosocialista Joan Saura, quien había dicho, por la mañana, que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) deberían dimitir «en bloque» ante la tardanza de la sentencia del Estatut, motivada por diferencias de criterios. En una conferencia en Madrid, Saura subrayó que «existe división» en el Constitucional sobre el Estatut, y que «ante el bloqueo» de la sentencia, «la incapacidad» y «las interferencias», sería «importante que el TC, en un gesto de valentía, dimitiera y facilitara su renovación». En su opinión, «existe una división en el TC, en buena parte, con claras influencias políticas».

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Pocas horas más tarde, el presidente Montilla discrepó de su punto de vista, diciendo que hablaba en calidad de presidente de su partido, Iniciativa per Catalunya. No obstante, la agenda del Gobierno catalán era clara: «El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, analizará el despliegue del nuevo Estatut y la situación creada por el retraso de la sentencia del TC, dentro del ciclo Fórum Europa».

El diputado del PSC David Pérez recordó que la posición socialista es «bien conocida»: «No compartimos esta propuesta». Montilla, por su parte, pidió al TC que dicte la sentencia del Estatut «lo antes posible» y que «diga que es constitucional». «Lo que debería hacer el TC es agilizar sus trabajos y dictar sentencia. E intentar no hacer de tercera cámara y sentenciar que el Estatut es plenamente constitucional. Es lo que creo que espera la sociedad catalana», afirmó.

El diputado del PP en el Parlamento catalán Josep Llobet tildó de «irresponsable» la petición de dimisión a todos los miembros del Tribunal Constitucional formulada por el conseller.

STOP A LA CORRUPCIÓN: Para frenarla el PP propone un Pacto mde

2009-11-21T08:42:00.003+01:00

El PP pide que se prohíba recibir regalos

Reclama un «compromiso» político en su propuesta de pacto anticorrupción

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

El PP propone prohibir a los cargos electos y personal al servicio de la Administración la «aceptación» de regalos... pero exceptúa «los que respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». Así se expresa el documento de «bases» para su anunciada oferta de Pacto Anticorrupción, que han preparado en la Intermunicipal reunida en Sevilla, y que hoy terminará de concretar Mariano Rajoy.

El grado de ambigüedad que los populares aplican al capítulo de los regalos -que tanto ha lastrado la imagen del partido a cuenta de los trajes de Francisco Camps- se repite en la mayoría de las propuestas. Al igual que condena los regalos dejando la puerta abierta a usos sociales, como el de la Navidad, pide «la más amplia concurrencia» para las adjudicaciones de contratos, sin comprometerse con ningún cambio específico de la Ley de Contratos de las Administraciones que, por ejemplo, la propia trama Gürtel sorteaba, con el sistema de sumar adjudicaciones directas inferiores a 12.000 euros.

Pero, a la espera de lo que hoy anuncie Rajoy, lo cierto es que el principal partido de la oposición ha articulado la primera respuesta de reforma frente a una lacra de la que es parte afectada. Y eso que, de hacer caso a la vicesecretaria Ana Mato, citando «al fiscal general del Estado», «hay más casos de corrupción en el PSOE que en el PP».

El control sobre las actividades de los cargos electos es uno de los capítulos más mimados en el documento. Además de estrechar el cerco sobre los regalos, quieren que se hagan públicas sus retribuciones íntegras y sus declaraciones de bienes; que se traslade al Registro de Bienes e Intereses sus cambios patrimoniales o de actividades «en el plazo de dos meses»; que se homologuen sus retribuciones; que se limite su actual compatibilidad de actividades públicas y privadas hasta «los términos municipales limítrofes», y que se reduzcan los gastos de protocolo, parque móvil, teléfono móvil y viajes.

Por otra parte, el documento incide en el Pacto Antitransfuguismo como un vehículo contra la corrupción. Piden, entre otros, un compromiso de los líderes políticos para no incluir en sus listas a los tránsfugas y que no tengan «un papel ejecutivo» tras la moción de censura. Además, quieren impedir que los cargos que se encuentren en prisión provisional «sigan ostentando responsabilidades ejecutivas». Esta última propuesta parece hecha a medida del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, o de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla (PAR). Claro que el PP también ha tenido su ejemplo en Totana (Murcia), en febrero pasado.

Entre las medidas que el PP propondrá al PSOE y al resto de fuerzas, la que tendrá más aceptación social es la de buscar un «compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados».

Uno de los ejes del documento es la profesionalización de los ayuntamientos. Así, propone garantizar la cobertura de todas las plazas por oposición y limitar la interinidad. Además, pide atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera.

El PP lo desautoriza y reitera que no quiere que se anule el sumario

«Queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

La dirección nacional del PP y la Generalitat Valenciana vivieron ayer, como mínimo, un nuevo episodio de descoordinación. Aunque, en realidad, lo que se produjo desde Génova fue una desautorización en toda regla a Francisco Camps por haber sugerido, a través de su portavoz, que la ilegalidad del sistema de escuchas Sitel podría desembocar en la nulidad del caso Gürtel.

Desde el día anterior y durante toda la jornada de la Intermunicipal, en Sevilla, el gabinete de Comunicación se dedicó a negar esta misma tesis. En su empeño por reconducir la polémica política sobre Sitel, tras la bronca mantenida con el ministro del Interior en los pasillos del Congreso y las dudas generadas por la última sentencia del Tribunal Supremo, los populares se emplearon a fondo en abandonar las sospechas sobre las escuchas o la contaminación procesal de los procesos, y en reclamar sólo una ley orgánica. Así que, conocida la pretensión de la Generalitat, el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, no dudó en declarar con carácter oficial: «El PP no quiere que se anule el procedimiento de Gürtel en ningún caso; primero, porque dejaría una sombra de sospecha; segundo, porque queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades políticas y penales, y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es en favor de los inocentes que son tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes».

Camps pedirá la nulidad de 'Gürtel' si se vulneraron sus derechos con Sitel

El Gobierno valenciano solicitaría el archivo de la parte que afecta a su presidente

MARIANO GASPARET

Valencia

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, concatenó ayer varias condicionales para inferir -o anunciar- que la Generalitat se plantea solicitar la anulación de la parte del sumario Gürtel que afecta a Francisco Camps si en la captación de sus conversaciones se vulneraron sus derechos fundamentales.

Aunque se trata de una cuestión sobre la que el Consell «aún no se puede pronunciar», según dijo la portavoz, no parece aventurado afirmar que cualquier iniciativa al respecto partiría del abogado del presidente, Javier Boix, antes que de la propia Generalitat. Sin embargo, las declaraciones de Sánchez de León cobraron mucha relevancia al albur del enfrentamiento que mantienen PP y Gobierno central por la utilización en las investigaciones policiales del polémico sistema de escuchas Sitel, una compleja tecnología de captación de comunicaciones cuyo uso -como mínimo- tensa derechos constitucionales.

El PP no critica Sitel, pero sí el modo en que se utiliza, por lo que ha solicitado que se regule su utilización mediante una ley orgánica. El jueves, de hecho, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ya explicó que los populares «no quieren que se anule el juicio sobre Gürtel por culpa de Sitel porque eso dejaría una nube de sospecha».

No obstante, si en las grabaciones a Camps se utilizó esta tecnología, y «si se llegara a demostrar que han sido vulnerados derechos fundamentales -matizó Sánchez de León-, ejerceríamos aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados del presidente de la Generalitat». Si esta hipotética vulneración de derechos «fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones», precisó la consejera de Justicia.

En opinión del Gobierno valenciano, «entendemos que no hay una suficiente regulación» ni «están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema Sitel, sino por la forma en que se está aplicando». No obstante, el Tribunal Supremo ya ha avalado en cinco sentencias el modo en que se ha utilizado esta tecnología, que curiosamente fue adquirida por Mariano Rajoy, cuando era ministro del Interior, por 13 millones de euros.

Preguntada sobre la documentación que el juez Pedreira ha reclamado a la Generalitat y a sus organismos públicos en el marco de la investigación sobre Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Sánchez de León respondió que requirió «documentación sobre la Fundación V Encuentro», encargada de gestionar la visita del Papa a Valencia en 2006. Pedreira también pidió el contrato entre RTVV y la empresa Teconsa, que cubrió el sonido de la visita de Benedicto XVI

ROSA Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

2009-11-21T08:41:00.001+01:00

Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

Su informe de gestión, aprobado por un 77,3% de los votos en la apertura del congreso

LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

Rosa Díez abrió ayer el I Congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD) con la intención de dotar a su partido de una estructura que lo convierta «en la tercera fuerza política» de España. Pero lo hizo en un congreso con una importante presencia de críticos que, capitaneados por Valia Merino, que lidera una lista alternativa, se hicieron presentes desde el inicio.

La portavoz del partido defendió su informe de gestión ante el cónclave, que se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid, y destacó el carácter continuista con la política desarrollada en los últimos dos años. En el mismo, presentó a su partido como el único «que defiende al Estado» frente al PSOE y el PP, que, según dijo, renunciaron hace tiempo a hacerlo.

Su gestión fue aprobada, en votación a mano alzada, por 341 votos a favor (77,33%), 57 en contra (12,92%) y 43 abstenciones (9,75%).

Díez aseguró que ni socialistas ni populares «son capaces de defender la unidad de la nación española como instrumento para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, la cohesión y la competividad de nuestro país». El primero, el PSOE, por «su propia decisión de dejar de ser lo que fue a lo largo de toda su historia» para «convertirse en una federación de partidos». El segundo, el PP, porque «se ha convertido en la alianza de las derechas autónomas».

«Ni el PSOE ni el PP tienen ya un discurso nacional», argumentó frente a los delegados presentes. «Ni en política educativa, ni en política económica, ni en política fiscal, ni en política sanitaria... En nada», recalcó.

Díez apuntó que su partido ha hecho posible «que hayamos roto el maleficio y en sólo dos años nos hayamos convertido en la tercera fuerza política nacional» (en las europeas, aún fue la cuarta, a 130.000 votos de IU) y adelantó que ahora tiene por delante «unas perspectivas fantásticas». «No sé lo que ocurrirá desde el punto de vista electoral en el corto plazo; pero entre los ciudadanos crece el respeto y la confianza en nosotros», dijo.

La portavoz del partido, que se presentará mañana a la reelección, lanzó varios guiños a los críticos que durante meses han denunciado su excesivo poder y aseguró que es su intención «dar protagonismo a los afiliados» y fomentar la «democracia interna». Precisamente por una supuesta falta de democracia, varios miembros fundadores, como Mikel Buesa, dieron hace meses el portazo y salieron de UPyD. Y por ese mismo motivo, el candidato alternativo, Valia Merino, se ha decidido a presentar una candidatura sin posibilidades de salir elegida, pero que servirá como termómetro interno para medir el grado de cohesión conseguido por Díez en dos años.

Tras la exposición del informe, 14 delegados solicitaron intervenir a favor del mismo y cinco en contra. El debate se produjo a puerta cerrada y en el mismo se escucharon gruesas críticas a la gestión de Díez y su equipo.

Tras la votación, Díez se mostró «muy contenta» por el apoyo alcanzado y agradeció «tanto las intervenciones a favor como las que se han producido en contra».

Merino, sin embargo, reconoció a este diario que cree que su lista -que se votará hoy a través de internet desde las sedes de UPyD en toda España- no tiene «ninguna posibilidad» porque, según él, el modelo de congreso «prefabricado por la dirección» es «plebliscitario» a favor o en contra de Díez.

Tres opiniones de España

>Fernando Savater: El fundador de UPyD dijo que su partido es «de los ciudadanos, no de los territorios» y aseguró que «la concepción nacionalista o regionalista» reduce a los ciudadanos a ser «siervos de la gleba».

>Francisco Sosa Wagner: El eurodiputado aseguró que la democracia española «está dormida» y la función de UPyD debe ser «despertarla». «Estamos creando nacionalismos artificiales», dijo y España está yendo, añadió, en la dirección contraria de la que va el mundo.

>Álvaro Pombo: En una intervención sarcástica y caótica, explicó que en España hay «una gran falta de seriedad política» y la escenificó con «dos ejemplos» de lo que llamó «lo ridículo» -como la liberación del 'Alakrana'- y «lo cursi», para lo que citó la imagen de Francisco Camps en un Ferrari junto a Fernando Alonso y Rita Barberá

ECONOMÍA: El campo español se paraliza paramanifestarse

2009-11-21T08:30:00.001+01:00

LA SANGRÍA DEL PARO / Las movilizaciones
El campo español se paraliza para reclamar auxilio al Gobierno

CARMEN LLORENTE

Madrid

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, sufrió ayer en carne propia la ira y frustración de los agricultores ante la situación de desesperación del sector agrario y ganadero, que sufre la mayor crisis de toda su historia. En el primer día de huelga general del campo, el brazo derecho de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, fue abucheado, zarandeado y empujado por un grupo de manifestantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Segovia.

Al grito de «sinvergüenza, chorizo y traidor», más de una docena de agricultores intentó agredir a Puxeu, que pese a la fuerte presencia policial y en el corto trayecto desde la sede del PSOE de Segovia al coche oficial, recibió varios empujones. Fue éste el principal incidente, en una jornada en la que más de dos millones de agricultores y ganaderos de toda España dejaron su trabajo y salieron a las carreteras y ciudades para gritar al Gobierno «basta ya» y exigirle medidas urgentes para frenar la agonía que vive el sector.

Las protestas de los agricultores provocaron cortes en las carreteras en varias comunidades autónomas, especialmente en La Rioja, donde más de 1.500 tractores dejaron prácticamente sitiada durante varias horas Logroño, al cortar de forma intermitente seis puntos de las carreteras en Aldeanueva, Calahorra, Santo Domingo, Briones y Rincón de Soto.

Las tractoradas también provocaron cortes y grandes retenciones en algunas carreteras de Cataluña, en la N-I a la altura de Burgos y en la comunidad Navarra.

Paralelamente, ayer en la plaza mayor de muchas ciudades y pueblos de toda España, se vivieron multitudinarias manifestaciones, que en algunos casos estuvieron agasajadas con el reparto gratuito de frutas y verduras.

«Ha sido un éxito rotundo. Más del 90% de las cooperativas agrarias ha paralizado su actividad. También se han unido a la protesta y han dejado de trabajar muchas empresas auxiliares del sector agrícola», afirmó Pedro Barato, presidente de Asaja, la primera patronal agraria del sector, quien pronosticó para hoy «una manifestación agraria sin precedentes en la capital de España».

Por primera vez, las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag, UPA, las 3.200 cooperativas agroalimentarias que hay en el país y las asociaciones de regantes han unido sus fuerzas para manifestarse conjuntamente y exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero medidas para frenar la «megacrisis» que vive el sector, golpeado por unos precios en origen cada vez más bajos mientras que los impuestos, las tarifas energéticas y el agua no dejan de subir. Así, mientras los agricultores perciben por sus frutas y hortalizas precios desconocidos en más de 30 años, los costes de producción se han elevado en más de un 35%.

«No hay una sola actividad dentro del sector agrícola y ganadero que se salve de la crisis. Nunca en la historia había pasado esto», afirma Barato.

La protesta se coronará hoy con la manifestación en Madrid de más de 100.000 agricultores que llegarán a la capital de todos los puntos de España y que frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural harán oír su voz alta y clara. «Queremos un pacto de Estado para poner freno al desmantelamiento del campo español», anuncia Miguel López, presidente de Coag.

Los productores agrarios afirman que Zapatero se ha olvidado totalmente del campo, un sector estratégico en la economía española. «No existe una política o una estrategia agrícola por parte del Gobierno», clamó el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón.

En los tres últimos años, la renta del sector agrario ha bajado un 26% y se han destruido 124.000 empleos. En total, en España hay 1,2 millones de explotaciones agrarias en las que, directa o indirectamente, dan empleo a más de cinco millones de personas. Sin embargo, de no llevar a cabo de forma inmediata medidas claras, las patronales agrarias vaticinan la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Además de exigir precios justos para los productos, las organizaciones reclaman mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector y el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.

P&R

El porqué de la huelga

C. LL. / Madrid

Los agricultores y ganaderos españoles han convocado un paro general, golpeados por una situación económica que consideran «insostenible» y piden una rápida actuación del Gobierno.

¿Por qué por primera vez en la historia los agricultores se han unido para protestar ante el Gobierno?

Porque los productores agrarios no pueden soportar más unos precios en origen por los suelos mientras que los costes de producción no dejan de subir. La patronal Asaja afirma que de seguir en esta situación en España desaparecerán el cultivo de cereales, el olivar tradicional y la ganadería.

¿Qué piden los agricultores?

Un pacto de Estado. Que todos los partidos se pongan de acuerdo para poner en marcha y de forma urgente un paquete de medidas que frene el rápido declive del sector agrícola y ganadero.

¿Cuál es la principal medida que piden los productores?

Que se fijen unos precios mínimos para frenar los abusos que ejercen los grandes grupos de distribución, que suelen recurrir a la exportación de productos agrícolas de otros países para forzar una bajada de los precios en España.

¿Cuáles son las demandas económicas de los agricultores?

Condiciones especiales para poder refinanciar las grandes deudas que han acometido en los últimos años para modernizar sus producciones y un recorte de las cargas fiscales

LA SANGRÍA DEL PARO / Las demandas
Trabajo desoye a los autónomos y limita a 6 meses su seguro de paro

JUAN EMILIO MAÍLLO

Madrid

De nada han servido las negociaciones ni la documentación que se le ha puesto encima de la mesa. El Gobierno no se ha movido de su posición inicial y ha limitado a seis meses el periodo máximo en que un autónomo podrá cobrar la prestación por desempleo, una cuarta parte que un asalariado. Percibirá el 70% de su base reguladora.

Para cobrar seis meses deberá haber cotizado tres años. El sistema tiene un carácter mixto, voluntario para unos autónomos y obligatorio para los que ya cotizan por accidentes de trabajo y para los autónomos económicamente dependientes (son los que reciben la mayoría de sus ingresos de un único pagador). Inicialmente, la cifra de población que se podrá acoger al mismo ronda el medio millón, si bien el Gobierno augura que llegará al millón de forma rápida.

Pese a ello, la estimación del Ejecutivo, según la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley que ayer se remitió a consultas, es que quienes realmente cobren la prestación sean unos 27.000 emprendedores que se vean obligados a cerrar su negocio.

El Gobierno no detalló ayer las causas para ser beneficiario, pero en su propuesta habla de caídas de ingresos de más del 40% o el cese del contrato en el caso de los autónomos económicamente dependientes.

Las dos mayores asociaciones de autónomos, ATA y UPTA (vinculada a UGT), aunque dieron la bienvenida a esta nueva protección, denunciaron que se queda corta, sobre todo en el plazo de duración de la prestación.

Entre ellas también hay discrepancias. Mientras ATA es partidaria, dado que el sistema es voluntario, de elevar algo más la cotización (los autónomos pagarán inicialmente un 1% de recargo) a cambio de extender el plazo de la prestación. UPTA, sin embargo, considera que, con la actual coyuntura de crisis, sería difícil para los autónomos soportar un coste adicional.

Las críticas al Gobierno también llegaron del lado político. El portavoz de Trabajo del PP en el Congreso, José Eugenio Azpíroz, tachó de «cicatero» al Ejecutivo y mostró su «sorpresa» por haber desatendido las propuestas del sector. Carles Campuzano, de CiU, lamentó que se apruebe un sistema que «llega tarde» -los autónomos no cobrarán el paro, como pronto, hasta bien entrado 2011- y con «demasiadas» restricciones.

Tanto PP como CiU anunciaron que, cuando el sistema llegue al Congreso en forma de proyecto de ley tratarán de mejorarlo con las reivindicaciones de los autónomos.

Desde el Gobierno, por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo a Servimedia que, aunque «podemos habernos equivocado», el Ejecutivo considera que el sistema elegido, de carácter voluntario y con una cuota pequeña, es la mejor opción. Admitió, además, que había un «rechazo frontal» de la patronal de empresarios CEOE a crear un sistema universal.

El nuevo plan de Corbacho

>Los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria tendrán un sistema de protección que va de los dos a los seis meses.

>La cuantía del subsidio, durante todo el periodo de disfrute será del 70% de la base por la que venía cotizando durante los 12 meses anteriores al cese.

>Sobre la base de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros. La máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos. Se ha establecido un tipo de cotización del 1,5% de la base

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos: Las 4 esquinas

2009-11-21T08:29:00.000+01:00

EDITORIALES: Una ofensa que no puede quedar sin respuesta

2009-11-20T09:30:00.001+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
UNA OFENSA QUE NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA

QUE LA ARMADA británica se dedique a hacer prácticas de tiro frente a la costa de Gibraltar y lo haga utilizando como diana la bandera española es una doble provocación que debe llevar de inmediato al Gobierno a pedir explicaciones a las autoridades de las Islas. Llueve además sobre mojado. Tal y como EL MUNDO reveló este lunes, desde el verano han sido frecuentes los casos en los que las patrulleras de la Royal Navy han hostigado a las españolas frente al Peñón. ¿Es casualidad que, sólo un día después de denunciarlo en nuestra portada, las ametralladoras británicas afinaran su puntería en la zona disparando a la enseña de España?

Hasta ahora, las autoridades de nuestro país han hecho la vista gorda ante estos incidentes, limitándose a pedir a los agentes de la Guardia Civil que eviten el enfrentamiento y redacten informes sobre los hechos. Según esos informes, sus naves han sido interceptadas en varias ocasiones por buques británicos, que han llegado a bloquear su paso de forma intimidatoria.

Son habituales las protestas oficiales de España ante Londres por este tipo de hechos. Pero sólo un mal entendido sentido de la prudencia puede haber llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a no ser más enérgico, sobre todo cuando se ha producido una escalada de tensión por parte británica. Al consentir que la Royal Navy actúe así, el Gobierno comete dos errores. Permite que, de facto, Gran Bretaña se enseñoree de aguas españolas. Esa apropiación de nuestra zona marítima ha impedido ya en algún caso que las embarcaciones de la Guardia Civil realizaran tareas de vigilancia en la zona, obstaculizando así actuaciones para prevenir el narcotráfico. Cabe recordar que el Tratado de Utrecht estipula la cesión del Peñón, pero no de las aguas limítrofes.

Por otra parte, al aceptar la política de hechos consumados que impone la Armada británica se le da pie a que se envalentone y se reafirme en su actitud. Quizás eso ha influido en el ánimo de quienes el martes decidieron colocar una boya con la bandera española para tirotearla. Desde luego, sorprende que barcos de guerra hagan prácticas de tiro en una zona de tanto tráfico como es la del Estrecho, a menos que el objetivo sea simple y llanamente el de la provocación.

Toda vez que Zapatero ha sido el presidente español que más concesiones ha hecho a Gran Bretaña en el conflicto con Gibraltar -permitiendo incluso la primera visita oficial de un ministro de Exteriores a la colonia- y dado que no ha obtenido contrapartidas a cambio, tal vez ha llegado el momento de que el Gobierno español se replantee la estrategia. Por lo pronto, debería solicitar formalmente a Londres que abra una investigación sobre los hechos y, llegado el caso, sancione a los responsables, pida disculpas y obtenga el compromiso de que episodios así no se volverán a repetir.

Es impropio e insultante que militares de un país elijan como blanco de tiro la bandera de otro, pero resulta absolutamente inadmisible cuando hablamos de dos estados aliados y socios de la Unión Europea. Más aún, cabría añadir, después de que el presidente Zapatero haya apoyado a una británica prácticamente desconocida para ser la nueva superministra de Exteriores de la UE.

Por el bien de las relaciones bilaterales, el Gobierno británico debe dar cuanto antes una explicación convincente a España

DECEPCIONANTE ACUERDO DE LOS VEINTISIETE:
Dos pilotos para Europa sin carisma ni pujanza

NI TIMONEL ni rumbo a seguir. La Unión Europea ha vuelto a encallar con la elección del primer ministro belga, Herman Van Rompuy, como primer presidente estable, y de la comisaria británica, Catherine Ashton, como superministra de Exteriores. El acuerdo alcanzado ayer por los líderes de los Veintisiete resulta muy decepcionante, porque confirma el peor presagio: no hay voluntad de crear una UE fuerte. De ahí el nombramiento de una baronesa sin apenas experiencia, que responde a una cuota de género ofensiva para cualquiera -y en especial para las mujeres-, y de Van Rompuy, un político sin carisma y desconocido, que, si bien cuenta con un currículum meritorio, tiene un perfil muy alejado del que necesita Europa para devolver a los ciudadanos la ilusión en el proyecto comunitario. Porque su cargo exige una personalidad con encanto y autoridad para tratar de tú a tú a los líderes mundiales. Pero claro, ni Alemania, ni Francia, ni nadie, quiere dirigentes que les hagan sombra, y con Van Rompuy lo tienen garantizado, a costa, eso sí, de que Europa siga instalada en la irrelevancia internacional

NOS CUENTAN QUE... Fredrik Reinfeldt, el primer ministro sueco, afrontó anoche una difícil tarea en Bruselas. Cerrar el nombramiento del presidente y el superministro de Exteriores de la UE resultaba complicado, pero aún más lo era convencer a sus 26 colegas de las bondades de la gastronomía nórdica, ya que su país ejercía de anfitrión de la cena. Reinfeldt estaba nervioso por Nicolas Sarkozy, que ofendió a eslovenos y checos en cumbres de sus presidencias de turno al rechazar su comida y pedir tortilla francesa (el chef no disponía de huevos y recurrió a un sucedáneo). José Luis Rodríguez Zapatero dijo estar cansado de salmón, un pescado delicado, como descubrió el finlandés Matti Vanhanen. En una cita de similares características, se topó con kilos en mal estado por un descuido en el transporte desde su país. La trufa blanca, la lubina y el chocolate fundido con cáscara de lima sí ofrecieron anoche su mejor aroma

SENTENCIA HISTóRICA DE LA CORTE INTERAMERICANA:
Ciudad Juárez: justicia para las asesinadas

LA SENTENCIA de la Corte Interamericana que considera al Gobierno mexicano responsable de las muertes de ocho mujeres en Ciudad Juárez tiene una indudable trascendencia, ya que es la primera decisión judicial de importancia que se produce desde que en 1993 comenzaran los llamados feminicidios en la ciudad fronteriza. La extrema violencia contra mujeres trabajadoras -secuestros, violaciones, mutilaciones y asesinatos- se ha cobrado ya 480 vidas y es un drama que ha sido denunciado por asociaciones de Derechos Humanos, cineastas, artistas y escritores, pero que nunca ha logrado despertar el celo de las autoridades mexicanas por esclarecer estas muertes. Prácticamente todos los asesinatos han quedado impunes en una ciudad en la que nadie se atreve a imponer la ley. La sentencia que concede amparo a las víctimas es una buena noticia y debería llevar al Gobierno mexicano a hacer justicia

POLéMICA POR EL GOL ILEGAL DE HENRY:
El fútbol debe incorporar las nuevas tecnologías

LA MANO de Henry que permitió a Francia marcar el gol de clasificación para el Mundial ha creado una gran polémica. La Federación de Irlanda pidió ayer la repetición del partido, algo casi sin precedentes. Lo cierto es que el conjunto irlandés se vio apeado del Mundial por un fallo garrafal en la prórroga del juez de la contienda. A España le sucedió algo muy similar en el Mundial de 2002 ante la local Corea con la anulación de un gol legal de Morientes. Una solución para evitar estas injusticias sería la implantación de un sistema similar al ojo de halcón que se emplea en el tenis. El árbitro podría parar el juego unos segundos para ver una grabación de vídeo de las jugadas confusas, al menos de las decisivas. También los entrenadores podrían pedir este recurso en dos o tres ocasiones como máximo por partido. Ello evitaría errores que causan un perjuicio económico y deportivo que luego no es posible evitar. El mundo del fútbol tiene que dar un paso e incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como defendió ayer Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros
El Mundo en dos minutos
Un agudo problema de credibilidad

DELINCUENCIAS ZP: El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

2009-11-20T09:29:00.000+01:00

El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

«No queremos que se anule el juicio del 'caso Gürtel'», afirma González Pons

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

Los populares dejaron ayer a un lado sus últimas acusaciones sobre las escuchas de Sitel para insistir en su regulación, y ofrecer al Gobierno un pacto para «hacer juntos una ley que legalice el sistema».

Así lo expresaba el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, al tiempo que afirmaba a este diario: «Nosotros queremos que Sitel se legalice. Por eso, ofrecemos a Rubalcaba un pacto para hacer una ley orgánica, cuya iniciativa dejaríamos al Gobierno, para que la garantía de los derechos civiles de los españoles esté a salvo».

De este modo, Pons venía ayer a reconducir el debate sobre Sitel al tono de su primera comparecencia de prensa, en la que denunció la alegalidad del sistema. En aquella ocasión, el portavoz popular se negó a trasladar explícitamente sus sospechas sobre el caso Gürtel, pero sí sugirió problemas de «nulidad» para procesos como éste que afecta al PP.

Pero ayer, para desmentir precisamente éstas y otras sospechas expresadas por Rubalcaba, el portavoz popular fue muy directo al negar la mayor: «No queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de Sitel, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria».

Y aún insistió en diluir su hipótesis de hace 15 días: «El peligro de que se anulen juicios por la utilización ilegal de Sitel no es tan grande si recordamos que la inconstitucionalidad de la Ley Corcuera no implicó la anulación de los juicios en los que se había aplicado». Para el dirigente popular, «lo importante es preservar los derechos humanos de los españoles en una ley orgánica».

Pons negaba, en todo caso, que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo sobre la legalidad de las grabaciones a unos narcos por el sistema Sitel haya frenado el ímpetu opositor del PP. Muy al contrario, el portavoz popular aseguraba que la sentencia les «da la razón».

Se atenía, para ello, a un párrafo de la sentencia [motivo octavo] en la que, asumiendo otra sentencia anterior, el Alto Tribunal establece que «es un tema que interesa a la Administración y el Poder Legislativo determinar el sistema a seguir para conservar o no conservar, y controlar las conversaciones telefónicas legalmente intervenidas y grabadas». Según Pons, la propia sentencia reconoce que el Parlamento debe regular qué hacer con el material sobrante de las grabaciones.

Pero ello no le impidió llegar a reprochar al Supremo que le resulte «indiferente» que «la custodia de lo que Sitel graba y no utiliza el juez, quede en poder del Ministerio del Interior o del Poder Judicial». «Sólo el Poder Judicial puede garantizar a los ciudadanos que conservará con imparcialidad y sin manipulaciones el pedazo de su intimidad que Sitel le haya sustraído», dijo; y aún añadió: «Tengo la sensación de que el magistrado que ha escrito la sentencia no sabe en realidad cómo funciona técnicamente Sitel».

A la espera de «próximas sentencias contrarias a Sitel», el PP pide que los jueces no tengan que «suplir» la «pereza» de los legisladores.

ELMUNDO.es Gráfico: Así funciona Sitel

El vicepresidente del CGPJ pide una ley orgánica para regularlo

Madrid

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, defendió ayer que el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel esté regulado por una ley orgánica para que haya más seguridad jurídica y tranquilidad. En la misma línea se manifestó el juez decano de Madrid, José Luis González-Armengol.

De Rosa, que expresó su respeto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que, cuando se trata de restringir derechos, una ley que regule ese tipo de actuaciones afianza al Estado de Derecho, recordando que así lo demandaba un informe del CGPJ cuando el sistema Sitel iba a ponerse en marcha.

González Armengol, señaló que, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, cualquier sistema que suponga restricción o limitación de derechos y libertades debería ser regulado por ley orgánica, según informa Europa Press.

El juez decano declinó valorar la sentencia, ya que aún no la ha leído, si bien coincidió con De Rosa, en el sentido de que cualquier restricción de derechos fundamentales, en este caso del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, precisa ser regulada mediante ley orgánica.

En sentido opuesto, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que el «marco legal» con el que cuenta España en materia de intervención de las comunicaciones telefónicas, unido a un «sistema tremendamente garantista», le da «absoluta tranquilidad» sobre la legalidad del sistema de escuchas Sitel.

El secretario de Estado explicó que las leyes orgánicas sólo son necesarias para regular derechos fundamentales, pero no «cuestiones técnicas o instrumentales», y que Sitel «es un instrumento técnico».

La Sala Penal del Supremo tacha de «raquítica e insuficiente regulación legal» del empleo del sistema de escuchas SITEL

MARÍA PERAL

Madrid

La Sala Penal del Supremo notificó ayer una sentencia en la que vuelve a avalar la utilización del sistema de escuchas Sitel, esta vez en un caso de narcotráfico. Es la quinta sentencia en la que la jurisdicción penal del Alto Tribunal no aprecia tacha de legalidad en el uso de Sitel, aunque se trata de la primera resolución que se conoce después de que el PP iniciase, el 4 de noviembre, una campaña sobre la supuesta ilegalidad de ese sistema.

Esta última sentencia rechaza el recurso interpuesto por dos personas condenadas por la Audiencia de Orense a cuatro años y medio de prisión por tráfico de cocaína. Entre otros argumentos, el recurso sostenía que el sistema Sitel «es inconstitucional» por la «deficiente» cobertura normativa reguladora de las intervenciones telefónicas. Se quejaba, asimismo, de que la Audiencia de Orense había denegado la práctica de una prueba pericial para determinar la «naturaleza, alcance y efectos» de Sitel.

La Sala Penal rechaza todas las alegaciones. Por lo que se refiere a la cobertura normativa de las interceptaciones telefónicas, recuerda que el Supremo ha establecido «un sólido y coherente cuerpo doctrinal sobre el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación, que completa la raquítica e insuficiente regulación legal contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado esta regulación «complementada» con la doctrina del Supremo. Es la misma respuesta que la Sala dio en una anterior sentencia, dictada el pasado 6 de julio, que avaló igualmente el empleo de Sitel.

En cuanto a la prueba pericial solicitada para determinar qué es Sitel, la Sala reitera el criterio ya expuesto en su sentencia de 13 de marzo de 2009, en la que dio por buenos los principios de actuación del sistema -centralización del servidor y administrador, seguridad, automatización y procedimiento de trabajo- descritos de forma detallada. «Todo lo cual pone en evidencia la superfluidad de la pericia propuesta y la pertinencia de su no admisión» por la Audiencia de Orense, concluye el Supremo.

La Sala también menciona la jurisprudencia constitucional según la cual el control de las escuchas no exige que la Policía remita al juez las transcripciones íntegras, sino que «resulta suficiente el conocimiento de los resultados obtenidos a través de las transcripciones de las conversaciones más relevantes y de los informes policiales».

DELENDA EST HISPANIA: El PSOE echa a un alumno de un centro por cuestionar el catalán

2009-11-20T09:28:00.000+01:00

Echan a un alumno de un centro por cuestionar el catalán

Opinó sobre su imposición en Baleares y 5 compañeros se quejaron a la profesora

MANUEL AGUILERA

Palma

«Me he enterado de la discusión que tuviste la semana pasada... lamento pedirte que no vuelvas por clase». Un «alumno oyente» de la clase de francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma -centro dependiente de la Consejería de Educación- ha sido expulsado por discutir con algunos de sus compañeros fuera del centro sobre la imposición del catalán. El estudiante excluido, enfermero del hospital de Son Dureta, opinó que no era justo que se exigiera esta lengua a los sanitarios y algunos alumnos presentes se quejaron a la profesora, que procedió a echarle mediante un correo electrónico.

El estudiante, que prefiere quedar en el anonimato, es natural de Guadalajara y hace dos años y medio que vive en Mallorca. Como vivió cinco años en Francia, quería seguir practicando el idioma galo pero se le pasó el plazo para apuntarse en la Escuela Oficial. Habló con la profesora y ésta le permitió acudir de «oyente» para después presentarse al examen.

Después de un mes y medio de clase sin problemas, un día el denunciante se fue con algunos de sus compañeros a una cafetería fuera del centro educativo. Estuvieron tomando algo tranquilamente hasta que surgió el tema de la imposición del catalán. Según su versión y el de otra chica presente, la discusión fue dura pero no hubo insultos ni nada más grave. Él, junto a otros, se oponía a que fuera obligatorio acreditar un nivel de catalán para trabajar en la Sanidad balear mientras que otro grupo, unos cinco, opinaba lo contrario. Al parecer, le llamaron «fascista» y le invitaron incluso a irse de la isla varias veces. Los otros acabaron abandonando el local debido al enfado y comunicaron lo ocurrido a la profesora. Ésta optó por echar al «alumno oyente» mediante un correo electrónico.

El joven no daba crédito a la comunicación que había recibido. Contestó a la profesora manifestándole su estupefacción por la decisión tomada debido a un asunto extraescolar. Le pidió, además, que le indicara «los temas de los que se permite hablar fuera del recinto, para no causarle a usted ni a otros alumnos problemas». Añadió que «el intercambio de diferentes opiniones en un país democrático y con plena libertad de expresión no debería suponer ningún malestar para nadie». La docente, de origen francés y que llegó al centro a principio de curso, ya no le contestó.

El director de la escuela, Rafael Monreal, asegura que no hay discriminación: «Sea justificado o no, se ha creado un mal ambiente en el grupo y esta persona es corresponsable de esta situación». Reconoce que «la profesora se ha equivocado porque admitió a un alumno oyente y luego se ha visto en la tesitura de echar a alguien, pero tampoco la vamos a crucificar por ello».

El correo de la profesora

>«Hola [...] me he enterado de la discusión que tuviste con los demás alumnos de la clase de avanzado 2 de francés la semana pasada. Dado que esto ha desencadenado un malestar entre la gente y como tú no eres alumno oficial, lamento pedirte que no vuelvas a clase. Gracias por tu comprensión. Atentamente [...]. PD. Enviaré una copia adjunta al jefe de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas».

Contra el monolingüismo

El PP alegará contra el nuevo reglamento que blinda el catalán en el Ayuntamiento y opta por una solución bilingüe

LUIS GARRIDO

Barcelona

La eliminación del castellano en todas las comunicaciones del Consistorio barcelonés ha dejado un muy mal sabor de boca en las filas populares, el único grupo municipal que se opuso al nuevo Reglamento de Uso del Catalán. La nueva norma -que deja de regir los usos lingüísticos para dejar al catalán como idioma omnipresente y desplazar al español a un lado- ha provocado que el líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández-Díaz, anunciase ayer que presentaría un nuevo texto como alternativa al aprobado el pasado miércoles.

«Será un texto alternativo, que tendrá el mismo esquema aprobado en comisión, pero se centrará en el bilingüismo», explica la portavoz del PP, Àngels Esteller, que subraya que no se tratará de una versión similar, ya que «se cambiarán puntos concretos, pero también el eje central de todo el reglamento». Una norma que, en lugar de centrarse en el predominio del catalán, apueste por un bilingüismo total en las comunicaciones que realice el Consistorio, manifiesta la popular.

De esta forma, el grupo liderado por Fernández-Díaz quiere plantar cara a un nuevo reglamento que se escuda en el Estatut para eliminar el castellano de todos los usos del Ayuntamiento. Tanto la comunicación de los empleados como todos los anuncios, solicitudes, contratos e incluso publicidades que tengan que ver con el municipio serán en catalán, mientras que el castellano únicamente podrá ser usado en notificaciones al ciudadano que lo solicite o impresos para rellenar, que también tendrá que pedir en español ya que, por norma, se entregarán en catalán.

Tras haber sido votada y aprobada la nueva regulación, ahora el PP tiene un mes para presentar alegaciones si quiere paralizar una legislación que aprobó el ejecutivo que lidera Jordi Hereu. Esteller confirma que esperan tener un texto que se base en el bilingüismo en una semana aproximadamente, que debería abandonar las premisas discriminatorias del castellano que impulsaron Esquerra y CiU en el texto que fue votado favorablemente.

Además del grupo popular, el diputado del grupo mixto en el Parlament José Domingo confirmó ayer que encabezaría una alegación en nombre de Impulso Ciudadano, la asociación por el bilingüismo que él mismo lidera. Tal y como explicó el ex miembro de Ciutadans, la nueva regulación «limita los derechos del ciudadano y de los empleados del Ayuntamiento» y hace que Barcelona «sea aún más provinciana». Domingo presentará su texto contra el reglamento a partir del lunes de la próxima semana.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: La Audiencia Nacional investiga otro proyecto urbanístico del ex diputado del PSOE catalán en Areyns de Mar

2009-11-20T09:27:00.000+01:00

Garzón investiga otro proyecto urbanístico de 'Luigi' en Arenys de Mar

El ex diputado del PSC quería hacer un bloque de pisos en la zona del Cònsol

GERMÁN GONZÁLEZ / J. RIBALAYGUE

Barcelona

Cualquier proyecto urbanístico del ex diputado socialista Luis García Sáez Luigi, uno de los principales implicados en la trama Pretoria 2, está bajo sospecha. Hace unas semanas el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pidió información al Ayuntamiento de Arenys de Mar sobre unos terrenos en la zona del Cònsol que Luis García compró a través de una de sus sociedades. Según el plan urbanístico de 1984 en estos terrenos sólo se podrían construir casas unifamiliares aunque en el año 2006, tras la elaboración inicial del nuevo plan, se recalificó para poder edificar un bloque de pisos con más capacidad de viviendas.

En la elaboración inicial del nuevo plan urbanístico del municipio participó como responsable del Área de Planeamiento, Genís Carbó, que fue jefe de Planificación Territorial del Departamento Político Territorial y Obras Públicas en época de CiU. Carbó también declaró la semana pasada como imputado ante la Guardia Civil por el caso Pretoria 2, ya que aparece en el auto de Garzón por haber cobrado una comisión de unos 244.000 euros de la empresa de Luigi Niesma por una actuación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres.

Fuentes del Ayuntamiento de Arenys de Mar explicaron que el Plan General de Ordenación Urbana tendrá que aprovar qué tipo de edificaciones se permite construir en la zona de la Urbanización del Cònsul. El Consistorio pretendía hacer la aprobación provisional de este plan a principios de año, aunque la trama de Pretoria 2 ha trastocado los planes iniciales. Arenys de Mar ha acordado con la Generalitat revisar este documento urbanístico para constatar que todos los proyectos están dentro de la legalidad. Por eso esta aprobación inicial del plan se prevé ahora para junio del año próximo.

Pero el proyecto de Cònsol no será el único que investigue Garzón. Hace unas semanas, pidió al Ayuntamiento un proyecto promovido por Luis García en una zona conocida como Villa Betania, aunque finalmente la empresa Edisan, gestionada por Luigi, quebró en 2008.

Además, la Fiscalía de Barcelona tiene previsto remitir al juez una investigación que se hizo a partir de la denuncia del ex concejal de Urbanismo de Arenys de Mar, Lluís Blanchart en 2006 donde acusaba a Genís Carbó y al ex alcalde de la localidad, Miquel Rubirola, de CiU, de facilitar información privilegiada a algunos promotores urbanísticos mientras se redactaba el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. El Ayuntamiento creó una comisión de investigación que no encontró irregularidades en la gestión del ex alcalde y del jefe de Planificación. Incluso un juzgado de Arenys de Mar archivó la causa sin encontrar delitos.

Cesan a un imputado

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet cesó ayer a Pascual Vela como director general de servicios. Vela está imputado por un delito de fraude y encubrimiento en la trama 'Pretoria 2'. A pesar de que el PSC lo expulsó del partido a la vez que Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, Vela se reincorporó a su despacho del Consistorio el mismo día en que pagó los 25.000 euros de fianza. Tras su nombramiento, la nueva alcaldesa, ha reestructurado las direcciones generales del Ayuntamiento, cesando a los tres responsables que había que eran hombres de confianza del ex alcalde. Sus funciones se unificarán en una gerencia

Llinares cree que Millet y Montull todavía pueden destruir pruebas

El juez ordena al Consorcio que aporte sus estatutos para saber si se cometió un delito de malversacion de fondos públicos

GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

Con la constatación, gracias a las Auditorías, del desvío de dinero de fondos del Palau de la Música, los nuevos responsables de la fundación se han lanzado a atacar duramente a los antiguos gestores imputados. En diversas entrevistas, el director ejecutivo del Palau de la Música, Joan Llinares, aseguró que la libertad de Fèlix Millet y Jordi Montull les permite «destruir pruebas» o dificultar la investigación, y por eso no entiende la decisión judicial.

Llinares considera que detrás del desvío de dinero del Palau de la Música había una trama «bien organizada» ya que «sin una organización, era imposible hacer lo que se ha hecho». Por eso piensa pedir explicaciones a las empresas que ayudaron a falsificar facturas, y cree que saldrán más irregularidades en la investigación con el análisis de las obras de ampliación del Palau y otras gestiones de la entidad del periodo del ex presidente Fèlix Millet y el ex administrador Jordi Montull, incluso más allá del 2000.

Sobre la confesión de Millet, Joan Llinares afirmó que «si no es verdadera y completa, si lo que busca es burlar a la justicia y a las víctimas, aquella confesión se convierte en una burla», y destacó que «la confesión era un intento de crear un cortafuegos».

Estas manifestaciones de Llinares fueron respondidas por Jordi Pina, uno de los abogados que llevan las defensas de los imputados. El letrado negó que sus clientes puedan estar destruyendo pruebas, ya que no tienen necesidad de ello ni tendría sentido tras su confesión. En este sentido considera que las auditorías presentadas ya confirman los hechos admitidos por los acusados. Pina considera que el director ejecutivo del Palau quiere hacer «presión pública» para que la Audiencia de Barcelona admita el recurso del Palau y la Fiscalía y revoque la decisión del juez de Instrucción de dejar en libertad sin fianza a los imputados.

Mientras sigue la polémica sobre la gestión del Palau, el juez Juli Solaz continua con el procedimiento judicial. En una providencia pidió ayer al Consorcio del Palau de la Música que aporte los estatutos de la institución y un certificado de los ingresos que la nutren, tanto públicos como privados en los últimos años. Con esta información, el juez puede determinar si Millet y Montull cometieron un delito de malversación de fondos públicos como apuntan la Fiscalía y las acusaciones particulares.

En declaraciones a este diario, Jordi Pina destacó que en su escrito de impugnación contra los recursos de las acusaciones se insistía en que no existe este delito de malversación ya que, en el caso de la fundación, el 60% de los ingresos son particulares. Además, consideró que, con su petición, el juzgado pretende descubrir si el Consorcio es un organismo jurídico de titularidad pública o privada. De esta forma se quiere determinar si los casi tres millones de euros desviados de esta entidad, según la auditoría de la Generalitat, constituyen un delito de malversación de caudales públicos que incrementaría la pena para los acusados. El Consorcio Palau de la Música está formado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que aportaban dinero para la fundación y la asociación de esta entidad cultural.

Fuentes judiciales, destacaron que el juez también aceptó separar en otra causa judicial el supuesto pago de comisiones de los imputados a varias personas de la Ametlla del Vallès, localidad donde Millet tiene una vivienda, para conseguir algún favor urbanístico. La representación letrada de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música presentó varios documentos encontrados en algunas dependencias de los antiguos gestores de la entidad, en los que, supuestamente,se hablaría de comisiones por conseguir la recalifiación urbanística de unos terrenos propiedad de Fèlix Millet.

El juez tiene previsto envíar esta documentación a un juzgado de Granollers para que investiguequiénes fueron los beneficiados con el pago de este dinero. . Por otro lado, los abogados de la fundación se plantean pedir nuevas diligencias judiciales tras la citación de seis nuevos imputados

Un juez critica los intereses urbanísticos de un senador

La sentencia ve de «dudosa moralidad» la actuación del ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig ante una recalificación

Barcelona

Que un alcalde sea a la vez consejero de una promotora urbanística de su municipio, la misma empresa que se beneficia del intento del Consistorio de recalificar unos terrenos no urbanizables, puede no ser delito, pero al menos es de dudosa moralidad. Y que el concejal de Urbanismo de la localidad haya trabajado como abogado de la promotora y tenga una vivienda muy cerca de la zona a urbanizar que resultará beneficiada con la operación es también incuestionable.

Así lo ha manifestado un juez de Barcelona en una sentencia en la que absuelve a EL MUNDO de CATALUNYA de toda responsabilidad penal en relación a una denuncia por calumnias del senador de CiU y ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig, y el ex concejal de Urbanismo Daniel Rius. Ambos llevaron al juzgado las noticias que destapó este diario en 2006 acerca de sus vinculaciones empresariales con la promotora de una urbanización en Amposta, a la que ambos cargos intentaron beneficiar con la recalificación urbanística de una zona que quería acometer el Consistorio.

De hecho, el juez también deja ir una crítica velada a Roig al subrayar que «sigue ostentando en la actualidad pese a su condición de senador diferentes intereses empresariales», aludiendo a su cargo en otra promotora, Club de Campo y Golf de Ronda.

La sentencia, del juzgado penal 4 de Barcelona, considera que «desde el punto de vista de la ética democrática» no parece ser conducta «muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad» que se lleve a cabo una recalificación municipal «sobre un terreno extenso de uno de los concejales -o de su familia- del propio grupo político», de alguien que además ha sido el anterior alcalde de la localidad, «y que se apruebe la misma con ese voto del primer regidor municipal y que tiene además la máxima facultad de dirección del Ayuntamiento».

Durante el juicio, tanto Joan Maria Roig como Daniel Rius sostuvieron que sus cargos en la promotora Hort dels Capellans nada tenían que ver con sus funciones públicas, lo que al juez le llama la atención, «como si aquellos cargos empresariales pudieran calificarse de meramente honoríficos».

Así las cosas, la sentencia concluye que «se ha probado la vinculación de dichas personas públicas, cuyos cargos son de elección popular y deben rendir cuentas no sólo a sus electores sino también a los ciudadanos del municipio que gobiernan, con las empresas que ostentaban intereses empresariales y urbanísticos en el municipio».

El juez apunta que no es esencial que los terrenos sobre los que se plasmaban los intereses de la promotora fueran ya «urbanos, urbanizables o no urbanizables», porque en cualquier caso «fue necesario un cambio en el planeamiento que de alguna manera benefició» al ex alcalde y al que fuera concejal de urbanismo.

El juez rompe asimismo una lanza en favor de los medios de comunicación y de fiscales y jueces «gracias a cuyo trabajo», señala, «han salido a la luz muchas e importantes irregularidades jurídicas o de dudosa índole moral precisamente en el ámbito político municipal y especialmente por lo que se refiere a materia urbanística». Y además, añade, «es fácil establecer que los ciudadanos están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público», lo que convierte en necesarias estas noticias «en un contexto general de mala política urbanística y de necesaria persecución institucional de la corrupción - incluso moral o política, que no necesariamente penal- de este tipo de actuaciones».

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN MADRID: Aguirre pide al Gobierno de la nación que disuelva el Ayuntamiento socialista de Pinto y convoque elecciones

2009-11-20T09:26:00.000+01:00

Aguirre pide elecciones en Pinto

EL MUNDO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió ayer al Gobierno de la nación que disuelva el Ayuntamiento de Pinto y convoque elecciones en la localidad para que «los pinteños elijan quienes quieren que les gobiernen». En su opinión, ésa es la única forma de evitarles dos años más de «escándalos diarios».

Aguirre tilda de «escándalo» lo que está ocurriendo en la localidad a instancias del Gobierno socialista. La última irregularidad denunciada ha sido la de pagar la sede del PSOE con la subvención municipal destinada a los concejales de este partido, según ha publicado 'La Razón'.

Aguirre, en su calidad de presidenta regional, ha pedido la intervención del Gobierno de España en este Ayuntamiento «para preservar la dignidad de todos los políticos madrileños», sea cual sea el partido al que pertenezcan.

Por su parte, el alcalde de Pinto, Juan José Martín, considera «inadmisible» la «permanente intromisión» de Aguirre. «Es de una tremenda irresponsabilidad y cinismo pretender considerar sus escándalos y tramas como algo generalizado a nivel institucional en otras administraciones», dijo el edil, según informa Efe

CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO SOCIALISTA BALEAR: El tribunal de cuentas balear censura a Munar

2009-11-20T09:25:00.000+01:00

El tribunal de cuentas balear censura a Munar

Denuncia que dio 440.000 euros a dedo y «sin facturas» a una productora investigada

EDUARDO COLOM / EDURNE URREIZTIETA

Palma

La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, el organismo encargado de auditar las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, acaba de denunciar en un informe que la ex presidenta del Consell ahora imputada en un caso de corrupción, Maria Antònia Munar, abonó de forma irregular al menos 440.000 euros a la productora de televisión Vídeo U, que surtía de contenidos audiovisuales a la cadena pública que ella misma impulsó desde la institución.

Esta productora está siendo investigada por un juez de Palma y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, requisó recientemente en su sede diversos contratos en el marco de la operación Maquillaje. La compañía, según desveló EL MUNDO, está participada en una cuarta parte por un gestor de los negocios particulares de Miquel Nadal, vicepresidente del Consell durante el mandato de Munar.

Según revela en su último análisis la Sindicatura, el Tribunal de Cuentas balear, hubo dos pagos de 270.000 y 170.000 euros respectivamente realizados durante el ejercicio 2006 por el Consell de Mallorca, entonces presidido por Munar, a la citada empresa. Ambos pagos se produjeron sin que consten «facturas, ni originales ni copia, sino una relación de gastos diferentes de aquellos que figuran en el presupuesto de gastos presentado», según indica el informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario.

Asimismo, los auditores públicos denuncian que no estaba motivado el mecanismo recurrente que se empleó para pagar con fondos públicos a esta productora: mediante subvenciones nominativas. O sea, a dedo. Un procedimiento que habitualmente la ley circunscribe a casos urgentes e inaplazables pero que, como especifica también la Sindicatura, se usó en un 80% de los casos aquel año.

En el caso de los pagos a Vídeo U, ni «están determinadas las razones de la exclusión del principio de concurrencia» ni «se trataba de pagos inaplazables».

GIBRALTAR: la Royal Navy practica el tiro con una bandera española

2009-11-20T09:24:00.002+01:00

Gibraltar: la Royal Navy practica el tiro con una bandera española

La Guardia Civil sorprendió, a siete millas del Peñón, a una patrullera británica cuando acababa de ametrallar una boya con la enseña nacional

FERNANDO LÁZARO

Madrid

La tensión, lejos de relajarse, se acrecienta a pasos agigantados. La situación en el Estrecho no se enfría sino que está cada vez más caldeada. Los incidentes entre la Guardia Civil y las patrulleras de la Armada británica en los alrededores de Gibraltar se suceden con frecuencia. El último se produjo el pasado martes y tuvo como protagonista a la bandera española.

Según explicaron fuentes del Instituto Armado, una patrullera de la Guardia Civil descubrió a otra de la Royal Navy recogiendo una boya con la bandera de España. Los británicos guardaron sus enseres a toda prisa al detectar la presencia de la Guardia Civil. Hasta ese momento habían estado realizando prácticas de tiro contra la enseña nacional.

El incidente se produjo al día siguiente de que EL MUNDO desvelara que los conflictos en aguas españolas entre la Royal Navy y la Guardia Civil son casi diarios.

Según el relato realizado por fuentes del Instituto Armado, el incidente se produjo sobre las 13.00 horas del pasado miércoles. La patrullera del Servicio Marítimo de Algeciras M-22 navegaba rumbo noreste procedente del canal, aproximadamente a unas siete millas náuticas de Punta Europa (el enclave más meridional de Gibraltar, situado en el extremo del Peñón).

En ese momento observaron lo que en principio parecía un pesquero y se acercaron hacia la posición de la nave avistada. Al aproximarse, se percataron de que se trataba de la patrullera de la Royal Navy P-284. Su tripulación estaba recogiendo una boya que en ese momento estaba a «1 cable», (unos 200 metros) de la misma.

Sobre la boya, según consta en el informe elaborado por la patrullera de la Guardia Civil, había una bandera «con los colores de la española, es decir, roja-gualda-roja». En la nota informativa sobre el incidente, la tripulación de la embarcación española aclara que la patrullera británica «llevaba dos ametralladoras emplazadas en popa».

Según la nota informativa explicativa de este enésimo incidente en las aguas gaditanas, la nave británica, «al percatarse de la aproximación de la patrullera de la Guardia Civil, procedió a tratar de recoger la boya con la bandera».

Además, con el fin de evitar que la embarcación española se acercara más a ellos, lanzó advertencias por megafonía: «No pueden estar ustedes aquí, son aguas internacionales, están cortando nuestra proa, aléjense inmediatamente», precisa la Guardia Civil en su nota sobre la comunicación recibida desde la nave británica.

Los agentes del Instituto Armado interpretaron que los británicos trataban de evitar, por todos los medios, que los guardias civiles se acercaran más a ellos mientras recogían a toda la prisa la boya con la bandera española, una insignia que sobresalía más de un metro en altura.

Los agentes concluyen en su informe, que, pese a que no llegaron a ver disparar las armas, saben que los británicos estaban haciendo prácticas de tiro contra la bandera nacional. Y es que, en cuanto les vieron, comenzaron a desmontar las ametralladoras de la popa y a taparlas mientras recogían a toda velocidad la boya con la bandera y trataban desesperadamente de que la Guardia Civil no pudiera ser testigo de esas prácticas de tiro y, sobre todo, de sus consecuencias. Es más que probable que alguno de los disparos alcanzara la enseña nacional.

Según explicaron las citadas fuentes de la Guardia Civil, el Instituto Armado elevó una nota informativa sobre este último incidente con los británicos a sus superiores del servicio marítimo de Algeciras. Desde allí, la notificación del relato fue trasladada a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Hasta hoy, sin respuesta.

Moratinos negó problemas con Gran Bretaña

Cuando el pasado lunes EL MUNDO desveló la tensión que se vive en la zona de Gibraltar entre las embarcaciones de la Guardia Civil y las patrulleras de la Royal Navy, el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, trató de restarle importancia.

Este periódico desveló también que los británicos habían elevado una queja al Ejecutivo español al entender que las patrulleras de la Guardia Civil que navegan cerca de Gibraltar invaden territorio británico.

Moratinos recordó entonces que el asunto de las aguas territoriales «está excluido» del Foro de Diálogo Tripartito sobre Gibraltar. Este foro se puso en marcha el pasado verano tras celebrarse una reunión entre Moratinos, autoridades británicas y autoridades de Gibraltar en el Peñón. Desde entonces, según explicaron fuentes de la Guardia Civil, los incidentes mínimos que se sucedían hasta ese momento se elevaron a la enésima potencia.

Moratinos quitó hierro a las quejas británicas presentadas a finales del pasado mes de septiembre. «Cada día hay viejas noticias que aparecen», aseguró el lunes desde Bruselas Moratinos. El jefe de la diplomacia española lamentó que «siempre» se intente «sacar alguna especie de problema oculto cuando no lo hay» y resaltó la «buena relación» y «buena sintonía» que existe entre los gobiernos español e inglés, según informó Europa Press. El titular de Exteriores apuntó que las cuestiones relacionadas con Gibraltar se tratan «dentro del marco de diálogo trilateral» y que es en ese foro donde Londres puede presentar su posición. No obstante, apuntó que España también tiene su postura al respecto y es que «el tema de las aguas no es un asunto que se debata».

Presión día a día

Día sí, día también, las patrulleras de la Guardia Civil están sometidas a situaciones de enorme tensión en el Estrecho, en aguas territoriales españolas cercanas a Gibraltar. Recientemente, embarcaciones de la Royal Navy bloquearon la navegación de las patrulleras del Instituto Armado cuando se dirigían al denominado «boquete de poniente», una dársena que está en la zona del Estrecho. En la fotografía se observa la embarcación británica bloqueando el tránsito de la española

COMUNIDAD DE MADRID: “Aniversario del triunfo electoral. Seis años de pico y pala”,

2009-11-20T09:23:00.005+01:00

'Cumpleaños' a ritmo de rap.

La presidenta de la Comunidad de Madrid celebró ayer el sexto aniversario de su llegada al Gobierno regional arropada por su equipo.

En un acto celebrado en Navalcarnero, Esperanza Aguirre se arrancó incluso a bailar una versión discotequera del himno del Partido Popular.

Aguirre: “En tiempos de crisis, el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes”

18 Noviembre 2009

Bajo el lema, Aniversario del triunfo electoral. Seis años de pico y pala”, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha celebrado su sexto año de Gobierno. En el evento, celebrado en Navalcarnero, han participado además los consejeros del Gobierno y numerosos diputados, alcaldes y afiliados del PP de Madrid.

El Partido Popular de Madrid ha celebrado este jueves un acto cuando se cumplen seis años del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

La Presidenta regional, que ha realizado un balance de gestión, ha señalado algunos de los numerosos fallos del Gobierno socialista. Aguirre ha sostenido que “a Zapatero le da igual que expertos económicos le aconsejen dejar esas medidas populistas que enmascaran las cifras del paro y acometer medidas estructurales para solucionar los fallos de la economía”.

La presidenta también ha criticado que Zapatero “no haga lo que tenía que hacer, lo que está teniendo un efecto demoledor de endeudamiento del Estado para futuras generaciones”.

En su intervención, Aguirre aseguró que su Gobierno da la cara y da soluciones a los madrileños en tiempos de crisis. “Nos hemos apretado el cinturón presupuestario para administrar mejor el dinero que los madrileños ponen en nuestras manos. En tiempos de crisis, el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes. Por eso bajamos los impuestos”, agregó.

Además, la presidenta regional recordó que en estos años hay 100 nuevos kilómetros de la red de Metro, se han construido ocho nuevos hospitales, hay 24 colegios bilingües más, 20.000 plazas para dependientes, se ha reducido a 30 días las listas de espera para operaciones quirúrgicas, y se han bajado los impuestos.

“Madrid es la Comunidad más atractiva para crear riqueza, empleo y prosperidad”, añadió Aguirre, que recalcó que el 82 por ciento de la inversión extranjera llega a la región.

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / La operación militar: «fuego de detención»

2009-11-20T09:22:00.003+01:00

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / La operación militar
La orden fue disparar a la lancha pero no a los piratas

Una ametralladora abrió primero «fuego de detención» delante del esquife corsario. Al no detenerse, el general Domínguez Buj ordenó desde Madrid «disabling fire». El protocolo de 'Atalanta' sólo permite disparar a los piratas en defensa propia

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

La orden de disparar sobre el esquife de los últimos cinco piratas que salieron del Alakrana se dio desde Madrid. Cuando un helicóptero Sikorsky SH-60 volaba sobre la lancha, se le ordenó fuego de detención. Un soldado descargó unas ráfagas con la ametralladora calibre 12/70 delante de la proa del bote. Al ver que la maniobra no daba resultado, el jefe del Mando de Operaciones, general Jaime Domínguez Buj, que se hallaba junto al Jemad, Julio Rodríguez, ordenó: «Disabling fire!».

Es decir, fuego sólo para inutilizar el bote. Los piratas no respondieron a los disparos del tirador de élite, aunque iban armados. Estaban a apenas 1,7 millas de distancia de la costa y sólo pensaban en escapar con vida. Momentos antes, habían cobrado el rescate -2,7 millones de euros- lanzado al agua desde una avioneta en un recipiente impermeabilizado. Tenían a la vista la playa de Haradhere, donde les esperaban sus compinches y un grupo de civiles para darles protección.

Eran las 14.06 horas del miércoles 18 de noviembre y se cumplían 47 días desde que comenzase el secuestro del pesquero español. Era un final feliz, pero sólo a medias.

Desde el helicóptero se podía haber utilizado la ametralladora para alcanzar a los piratas pero, según fuentes de la Armada, los protocolos de actuación «no contemplan este supuesto si no es en legítima defensa». Los piratas lo saben y, por ello, no suelen responder al fuego.

El capitán del pesquero, Iker Galbarriatu, declaró el pasado miércoles que no había escuchado los disparos. Pero, justo en el momento en el que la operación de detención del esquife estaba llevándose a cabo, el Alakrana tenía encima otro helicóptero Sikorsky SH-60, que hacía labores de protección para evitar otro abordaje por parte de uno de los ocho clanes que operan en la zona.

La versión del pirata Jama Adam, según la cual el helicóptero español «pasó cerca, pero nunca abrió fuego», queda desmentida por los testimonios del Jemad y del jefe del Mando de Operaciones. Existen pruebas de que el tiroteo se produjo.

En realidad, el operativo estaba listo desde 24 horas antes de que los piratas abandonasen el Alakrana. Las fragatas Canarias y Méndez Núñez se situaron al límite de distancia para no ser avistadas por los piratas. Desde que el patrón del atunero avisó a la segunda de que el último pirata había abandonado el barco, hasta que intervinieron los helicópteros, apenas transcurrieron dos minutos.

No fue posible dar caza a los asaltantes, «pero no fue por falta de ganas», sostienen fuentes militares. De hecho, la Armada tenía preparada una operación de asalto al Alakrana que estuvo a punto de ponerse en práctica el pasado 6 de noviembre, cuando los marineros avisaron a sus familiares de que sus vidas corrían peligro.

La prioridad era salvaguardar las vidas de los pescadores, pero si los piratas llevaban a cabo sus amenazas, entonces estaba decidido pasar a la acción para tratar de evitar una matanza.

Sin embargo, justo en esas horas fue cuando los piratas dijeron que habían trasladado a tierra a tres de los marineros del Alakrana.

¿Quién dio esa información errónea que confundió incluso a la propia ministra de Defensa? Seguramente, el CNI. Lo que está fuera de dudas es que los piratas se movieron como si conocieran en todo momento los pasos que iba a dar la Armada española. Fingieron llevar a tierra a los marineros precisamente para evitar así una operación de asalto del Alakrana.

Los errores hay que buscarlos en las interferencias políticas y en el hecho cierto de que, como sostenía ayer el almirante Ángel Tafalla, la Armada está haciendo labores de policía para las que no está preparada

Una fragata portuguesa impide otro secuestro

Lisboa

La fragata portuguesa 'Alvares Cabral' impidió ayer un ataque de piratas somalíes a un carguero en el Golfo de Adén, según informó en un comunicado el comando de la OTAN con sede en Lisboa. En la operación también participó un avión español que estaba de patrulla en la zona.

El buque de carga, de cuya nacionalidad no se ha informado, envió un mensaje de auxilio cuando era perseguido por una lancha de piratas. El avión español fue el encargado de verificar lo que estaba sucediendo.

El helicóptero de la fragata lusa se acercó al lugar y pudo observar que los piratas lanzaron «al mar varias armas». Fusileros portugueses abordaron la lancha pirata, identificaron a «cinco sospechosos» y consiguieron obtener «importante información operacional», según el comunicado recogido por Efe.

También ayer, la fragata griega 'HS Adrias' avistó dos esquifes de ataque y un buque nodriza. Con apoyo de un avión de patrulla marítima, la fragata interceptó al grupo, detuvo a cinco piratas en una embarcación y a 10 en otra y se incautó de diversa «parafernalia pirata»

A CONTRAPELO
Cinemática creativa

SANTIAGO GONZÁLEZ

Contra lo que venían augurando los más catastrofistas de nuestros vecinos, no es cierto que la España plural y diversa haya perdido capacidad de influencia internacional. No hay más que mirar el milagro económico del momento. Zapatero es el Obama de Somalia: una sola decisión suya ha bastado para que nazcan brotes verdes en el secarral del Cuerno de África. Mientras el mundo desarrollado combate como puede el fantasma de la deflación, nuestra inversión en Somalia ha bastado para revolucionar su sector terciario, elevar los precios y el consumo al 1.000% y multiplicar las bodas, lo que, a buen, seguro tendrá su repercusión en el índice de natalidad a medio plazo. No se había visto milagro semejante desde la invención del maná en el Antiguo Testamento.

También se han revolucionado los conceptos científicos. Para estudiar la idea de límite, las matemáticas del bachillerato sustituirán la antigualla de Zenón de Elea sobre Aquiles, el de los pies ligeros, y la puta y cachazuda tortuga, por un nuevo modelo de aporía: la apasionante e inútil persecución del esquife somalí por el helicóptero Sikorsky SH-60 B Seahawk de la Armada española.

Hoy, la tecnología de los quelonios adelanta que es una barbaridad. Si no entendimos mal al Jemad, el esquife en el que los piratas realizaron su ominosa huida tardó dos minutos en recorrer 1,7 millas que lo separaban de la playa. El supuesto es heroico: querría decir que la embarcación hizo una media de 51 nudos, que son, para que ustedes me entiendan, 94,45 kilómetros por hora, contando en esa fastuosa velocidad media la inevitable desaceleración para no comerse la costa, el tiempo que les llevó saltar al agua con su botín a cuestas y lo que tardaran en confundirse con parientes y amigos que les esperaban gozosos, y los turistas que gozaban de un luminoso día de playa.

Todo altamente improbable tal como suena, pero definitivamente imposible si incorporamos a la escena un Halcón del Mar (Seahawk) que dispara a la embarcación. Según cuenta hoy este diario, el helicóptero tenía orden de disparar a la lancha, no a los piratas, razón que llevó a disparar a proa, con propósito intimidatorio. Como quiera que los piratas no se dieron a razones, Defensa ordenó fuego más preciso para inutilizar el motor.

Se comprende que una embarcación navegando a casi 100 kilómetros por hora debe de ser un blanco extraordinariamente móvil, difícil de acertar, pero veamos algunas especificaciones de estos helicópteros, según el portal Armada Española. El halcón del mar puede desarrollar una velocidad máxima de 180 nudos, con seguidor automático de blancos, incluso muy pequeños, cámara de visión nocturna, misil de alcance 17-20 millas, con 50 kilos de carga explosiva y misiles de corto alcance, 4,3 millas, semiguía láser y 8 kilos de explosivo, amén de una ametralladora GAU de 12,7 mm. con mira láser, 2 km. de alcance y una cadencia de 750-850 disparos por minuto. ¿Cómo es posible que se les escaparan?

Nosotros no somos de matar, ya lo dijo el primer ministro de Defensa de nuestra era, pero había algo patético en la imagen del Jemad, comiéndose disciplinadamente sus conocimientos de cinemática para salvar el ideal pacifista del Gobierno. Estemos atentos al próximo secuestro, porque lo habrá.

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El PP sospecha que el Gobierno no quiso apresar a los piratas

MARISA CRUZ

Madrid

Las espadas se mantienen en alto. Entre los grupos de la oposición y, particularmente, en el PP, las escasas explicaciones que ha proporcionado hasta ahora el Gobierno en relación con el secuestro del Alakrana no han hecho sino incrementar exponencialmente las dudas en torno a las gestiones realizadas para conseguir la liberación del pesquero.

Después de cruzar datos, analizar leyes, comparar minutajes y recabar instrucciones militares, entre los populares crece la sospecha de que el Gobierno no quiso apresar a los piratas que abandonaron el atunero Alakrana el pasado martes ¿Formaba parte del pacto para la liberación? Ésta será una de las cuestiones que se le planteará a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando comparezca ante el Pleno del Congreso para dar detalles del caso.

La comparecencia se vaticina durísima porque las piezas del puzle, según las fuentes consultadas en el PP, no encajan. En el primer partido de la oposición no se da crédito a que militares perfectamente adiestrados y con los medios más modernos fueran incapaces de detener, utilizando armas de fuego, un pequeño esquife. Sobre este punto aseguran haber constatado un profundo malestar en el Cuartel General de la Armada después de que la breve operación militar que llevaron a cabo se haya presentado como un fracaso.

El PP quiere conocer con exactitud los términos de lo pactado para lograr la liberación porque no creen que la misma se haya conseguido exclusivamente gracias a las gestiones de Exteriores. Están dispuestos a mantener vivo este debate y a no cejar en el empeño de obtener todos los datos.

Desde ahora hasta la fecha de la comparecencia de De la Vega utilizarán «todos los instrumentos parlamentarios» que estén en su mano.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene previsto registrar hoy las propuestas de reprobación de la vicepresidenta y de los ministros de Defensa, Carme Chacón, y de Justicia, Francisco Caamaño, a fin de que sean debatidas y votadas por el Pleno inmediatamente después de la comparecencia de Fernández de la Vega.

La portavoz popular ha solicitado también la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz, ante la comisión de secretos oficiales, y presentará una batería de preguntas para la sesión de control dirigidas a la vicepresidenta y a los titulares de Defensa y Justicia.

Precisamente ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en Bruselas que se defenderá «en su momento» de las críticas del PP por su gestión de la crisis, y subrayó que Mariano Rajoy -cuya actitud durante el secuestro había ensalzado tras la liberación- no parecía «muy agradecido».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El Congreso rechaza que haya militares en los pesqueros

La propuesta del PP sólo fue apoyada por el PNV y el BNG
AGUSTÍN YANEL

Madrid

El PP no logró ayer que el Congreso inste al Gobierno a permitir que los infantes de Marina suban a los barcos pesqueros españoles que faenan en el Océano Índico, «al estilo de Francia», para evitar que se repitan secuestros como el del Alakrana. PNV y BNG introdujeron algunos cambios en la propuesta popular y la apoyaron, pero los demás grupos dijeron que lo primero es esperar a que el Ejecutivo explique con urgencia todos los detalles.

Los populares también pedían que el Congreso inste al Gobierno a «asumir las responsabilidades derivadas de la descoordinada gestión de esta crisis». Además, proponían ampliar la zona de protección en la que pueden faenar los barcos. Esas propuestas tuvieron 159 votos a favor, frente a 172 en contra (PSOE, IU-ICV y ERC) y 11 abstenciones (CiU y CC).

Frente a las críticas del diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa, que repitió las acusaciones realizadas el miércoles por Mariano Rajoy y otros miembros del partido, el socialista Pedro Cuadrado lamentó que los populares no demuestren la misma «satisfacción» que tiene la sociedad por la liberación, sanos y salvos, de los 36 tripulantes

«Ustedes, una vez más, un 10 en broncas, un cero en propuestas», afirmó, dirigiéndose al PP.

Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares dijo que hay que esperar la explicación del Gobierno «y, después, ya exigiremos responsabilidades, si caben».

En ese sentido se pronunciaron Joan Ridao (ERC), Jordi Jané (CiU) y Ana María Oramas (Coalición Canaria), que dijo: «Hasta que tengamos una información exacta y detallada no vamos a pedir cabezas».

El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, dijo que el PP debería «arrimar el hombro» en vez de censurar a «un Gobierno que ha actuado muy competentemente».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El atunero 'Alakrana' llega a puerto y el 'Campolibre' lo reemplaza

JOANA SOCÍAS. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Puerto Victoria (Islas Seychelles)

El Alakrana llega hoy a puerto seguro en medio de un importante despliegue mediático y el Campolibre, de la misma empresa armadora española, se echó anoche a la mar en busca y captura del considerado mejor atún del mundo.

El atunero vasco -liberado el pasado martes tras el supuesto pago de cuatro millones de dólares- tenía prevista su entrada en Puerto Victoria -capital de las Islas Seychelles- a las 8.00 horas de hoy viernes, un día que marca el fin de la pesadilla para los 36 tripulantes, que por fin pisarán tierra firme en lo que se espera sea un emotivo reencuentro. Los parientes de, al menos, los ocho rehenes gallegos estarán hoy presentes en el momento más esperado por las familias.

La llegada a puerto del Alakrana se producirá pocas horas después de que otro atunero le tomara el relevo en el Océano Índico, el caladero más importante para la pesca de atún. Según ha podido saber EL MUNDO, a última hora de ayer zarpó el Campolibre, una embarcación que también pertenece a Echebastar, la empresa de Bermeo cuyo accionista mayoritario es la familia del armador Kepa Etxebarria, también presente en las Seychelles desde ayer. Los Etxebarria tienen en total siete barcos en el archipiélago africano, cuyo principal motor económico es la industria del atún, además de las divisas de los turistas.

Pero, a diferencia del Alakrana, el Campolibre lleva entre sus 20 tripulantes a cuatro agentes privados de seguridad de una empresa británica fuertemente armados, según informaron ayer a este periódico fuentes cercanas al pesquero, que ya navega hacia una de las rutas marítimas más peligrosas del planeta.

Precisamente, para salvar las más de 1.000 millas que separan la costa de Somalia de las Seychelles, que cada vez sufre más la presión de los ataques de piratas somalíes, el Alakrana tuvo que ser escoltado por las fragatas de combate españolas Méndez Nuñez y Canarias. Hace apenas unas semanas, una pareja de británicos fue secuestrada nada más salir de Puerto Victoria en su yate privado.

La expectación ante la llegada del Alakrana es hoy máxima en la diminuta ciudad de Victoria, inundada estos días de reporteros. Una decena de periodistas españoles se ha concentrado en el país africano para ser testigos del recibimiento que los 36 rehenes tendrán por parte del armador del barco, del secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, y del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Según confirmaron a este periódico fuentes de la embajada de España en Kenia -que ha jugado un papel crucial en la negociación con los criminales somalíes para la liberación del pesquero de Bermeo-, ningún oficial diplomático se desplazará desde Nairobi a las Islas Seychelles.

Según documentos de la Autoridad Portuaria a los que ha tenido acceso este periódico, un equipo especializado trabajará a partir de mañana en el Alakrana durante cuatro días. Una vez realizada la puesta a punto, volverá a la busca y captura del preciado atún

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
«Estoy muy cansado y tengo muchas ganas de volver a casa»

JOANA SOCÍAS. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Puerto Victoria (Islas Seychelles)

Kepa Etxebarria está aliviado, cansado y «con muchas ganas de volver a casa». El armador del Alakrana -el atunero de Bermeo sometido al cautiverio de piratas somalíes durante 47 días- comparte la alegría de las familias por la liberación, pero confiesa que el secuestro se ha llevado por delante parte de su salud. En una entrevista con EL MUNDO, a bordo del vuelo que le lleva de Nairobi a las Seychelles, Etxebarria, un joven treintañero de mirada tímida y amable, cuenta que tiene muchas ganas de que todo acabe. El caso del atunero vasco se ha resuelto más rápido y mejor de lo que muchos se esperaban, pero a Kepa la espera le ha parecido eterna.

«He tenido mucha presión, y estoy muy cansado», cuenta el joven vasco en el avión que le lleva a reunirse con los 36 tripulantes, sus tripulantes, por los que ha sufrido como si fueran sus hijos. «Todo este tiempo he estado en la cama, enfermo», admite en alusión a los 47 días que ha pasado hospedado en la residencia del embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto. Ha sido precisamente en la casa del jefe de la misión diplomática, en el barrio de Lakeview de Nairobi, donde Kepa se ha refugiado del mundo y hasta ahora ha rehuido a la prensa.

«Estábamos aquí de casualidad. Todo nos pilló justo antes de empezar a subir el Kilimanjaro» [el monte más alto de África, en la frontera entre Kenia y Tanzania], explica desde primera clase el joven armador, que heredó el trabajo de su padre y que vive en Bermeo (Vizcaya).

Acompañado por cuatro amigos, Kepa llegó ayer a Victoria, la capital de las Seychelles, con ganas de ver a la tripulación que, según los informes del Ministerio de Defensa, se encuentra en perfecto estado, a pesar de los problemas leves de salud como tensión alta que algunos de los marineros padecen tras el cautiverio.

«A ver cómo están», se pregunta Kepa, que admite no haber estado pendiente de las noticias que llegaban de España y confiesa que tampoco sabe «quién estará en las Seychelles», según apunta en sus primeras declaraciones públicas tras la liberación del Alakrana.

A la pregunta de si realmente vale la pena seguir pasando estos malos tragos y poner en riesgo la entereza de los marineros pescando en la zona costera próxima a Somalia, Kepa lamenta que «ésa sea la pregunta fácil» para después explicar que el sistema de pesca funciona por licencias y que la empresa armadora tiene los permisos para el Océano Índico, que en los últimos años se ha convertido en una peligrosa zona de corsarios

'Los Piratas', equipo nacional

JOANA SOCÍAS. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Puerto Victoria (Islas Seychelles)

En las diminutas Islas Seychelles, 'Los piratas' vuelve loca a su gente. Y no solo los piratas que bajan desde Somalia para atacar y secuestrar barcos occidentales. También 'Los piratas', el vanagloriado equipo nacional de fútbol del archipiélago africano.

El grito de «¡Piratas, piratas!» es el más coreado en cada encuentro de la selección nacional, cuyos simpatizantes no entienden el revuelo que están montando diferentes asociaciones civiles de las islas para tratar de ilegalizar el uso del apelativo.

«No entendemos cómo las autoridades deportivas todavía no han eliminado semejante nombre», rezaba ayer una columna en el periódico nacional 'The People', el más leído en el país africano, en alusión a la «dejadez» de la Federación de Fútbol de las Seychelles (FFS).

Y es que la piratería afecta y mucho al paradisíaco archipiélago, que no sólo vive de la pesca del atún, sino también de las divisas que los occidentales se dejan en este afortunado y, supuestamente, seguro rincón del mundo.

Además de los ataques y asaltos a embarcaciones, muchas de las cuales tienen su centro de operaciones en el archipiélago, los habitantes de las Seychelles temen represalias de los corsarios por cobijar a las flotas pesqueras de España y Francia, países a los que los somalíes acusan de esquilmar sus recursos marinos

EL REVÉS DE LA TRAMA
El silencio es una estafa

JUSTINO SINOVA

El ardor crispado que puso la vicepresidenta Fernández de la Vega en sus respuestas (es un decir) a la oposición desde su escaño revelaba que no las tenían todas consigo (porque incluso a ella no se le escapa que la gestión del secuestro del Alakrana ha sido un fiasco) y que pese a todo no aceptaba la imputación de ineficacia. Lo que quería la vicepresidenta era probablemente que nadie más hablara del asunto que le ha quitado el sueño (aunque no le ha impedido viajar a Argentina en plena crisis). Me apoyo en un prudente adverbio porque no tengo la constancia fehaciente de que su pretensión era el silencio, pero es innegable que el Gobierno ha actuado con oscuridad, ha pretendido impedir las miradas sobre su gestión y oculta todos los detalles que puede. Pero en ese empeño el Gobierno lleva todas las de perder y demuestra un ánimo desacorde con el principio democrático de la transparencia.

Lleva todas las de perder porque tarde o temprano conoceremos todo lo que ha pasado, estén ustedes seguros; descubriremos los detalles del pago del rescate, de dónde ha salido el dinero, cuánto ha sido en total (¿cuatro millones de dólares?), quién lo ha entregado, qué condiciones de los delincuentes aceptó el Gobierno, qué armas empleó contra ellos (si las empleó), por qué no los persiguió, a qué más se comprometió. Hay un detalle trascendental: ¿fueron objeto de negociación los dos piratas que se hallan en poder de la justicia en España? Asuntos más escondidos han sido revelados por la Prensa y sancionados por los jueces; torres más altas han caído.

El gesto y el exabrupto de la vicepresidenta, como también el nerviosismo del ministro de los nervios de acero (hasta ahora) Pérez Rubalcaba sobre otro asunto sofocante (el uso del peligroso artefacto Sitel que facilita la violación de intimidades), son precedentes de la aspiración política al silencio y la opacidad. Todo gobernante sufre la tentación del silencio de los otros para que se extienda la sombra sobre la gestión propia. Pero la Prensa no puede callar, sino que debe revolverse contra esa maquinación. La Prensa (todos los medios de comunicación) es un instrumento de autodefensa de los ciudadanos, a quienes facilita el disfrute del derecho humano a la información, que nuestra Constitución reconoce y protege. Todas las apelaciones de los gobernantes al silencio en cuestiones de interés general son contraproducentes y potencialmente lesivas del sistema. De la opacidad de la gestión de gobierno sólo pueden derivarse daños para la sociedad, privada de la información y de su eficacia para defender la salud del sistema. El derecho a saber que tienen todos los ciudadanos les faculta para exigir información. Esto no es un capricho de la Prensa ni de los periodistas, sino una institución del sistema de las libertades que el Gobierno no sólo debe aguantar sino proteger.

Tenemos derecho, pues, a saber lo que ha pasado en el turbio episodio del secuestro, cuál ha sido la gestión del Gobierno, cómo ha actuado el Ejército, qué compromisos se han adquirido. Y conoceremos así el alcance de la responsabilidad que han contraído todos los actores. Esto no es aliarse con los piratas, como espetó la vicepresidenta a la oposición por preguntarla, sino apostar por la limpieza y aspirar a la honradez de hoy y de mañana

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Caamaño: «España, como país», no pagó a los piratas

IRENE HDEZ. VELASCO. CORRESPONSAL

Roma

¿Pagó el Gobierno español a los piratas somalíes a cambio de que liberasen al atunero vasco Alakrana? El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se convirtió ayer en el primer miembro del Ejecutivo en abordar tan espinosa cuestión. Pero dio una respuesta tan confusa que la incógnita sigue sin despejarse.

Según Caamaño, España, «como país», no ha pagado por el rescate del pesquero. Lo que se ha hecho es «encontrar soluciones en el ámbito internacional a una situación compleja y difícil». Unas palabras que no desvelan claramente lo sucedido.

«Yo sólo puedo sostener que España, como país, no lo ha hecho. Y es lo que puedo, sin duda, afirmar y me consta», fueron las palabras textuales que el titular español de Justicia empleó en referencia a la posibilidad que el Gobierno hubiera comprado a golpe de talonario la liberación del Alakrana. «Que se hayan encontrado soluciones en el ámbito internacional para una situación compleja, difícil, creo que eso lo comprendemos todos, y también lo pueden comprender quienes tienen que interpretar la ley y el derecho en cada momento», añadió en la rueda de prensa que ayer ofreció en Roma, donde mantuvo un encuentro bilateral con el ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano.

Caamaño se mostró a favor de que la Justicia española investigue si en el caso del Alakrana ha habido «incumplimiento de la ley o se ha vulnerado alguna legalidad», y que si se han cometido delitos éstos se esclarezcan. Y enfatizó que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha actuado «con la ley en la mano».

Respecto a los ataques del PP a la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, el ministro de Justicia no se mostró sorprendido y señaló que «el papel de la oposición es criticar al Gobierno». Pero añadió que las gestiones se miden por los resultados y que, en este caso, éstos hablan por sí solos. «Son evidentes los resultados de la diplomacia española. Son evidentes los resultados de que ciudadanos españoles privados de libertad finalmente se están dirigiendo ya a su casa y pueden ver a sus familias», señaló.

Por su parte, el ministro italiano de Justicia anunció que su país apoyará la iniciativa española durante su presidencia de turno de la UE de crear una orden europea de protección para las víctimas de delitos violentos

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
«Nos casaremos cuando llegue otro gran pez», le promete un pirata a su novia

Los delincuentes piensan en nuevos objetivos mientras se gastan el resto del botín

ABUKAR ALBADRI / AHMED ALI. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Haradhere

Haradhere continúa de fiesta. Nunca hubo tantas bodas en esta pequeña localidad somalí de tan sólo 6.000 habitantes. Los piratas pasean orgullosos con sus recién estrenadas mujeres.

Por las calles polvorientas de Haradhere, situada a 300 kilómetros al norte de Mogadiscio, circulan Toyota Land Cruiser, camionetas y vehículos deportivos. En sus asientos, hombres jóvenes armados, fumando cigarrillos Marlboro y masticando khat -la droga más popular de Somalia-, desprovistos de cualquier preocupación.

«Es genial, ahora sí que somos hombres de verdad», susurra un joven pirata que acompaña a un amigo a su boda. Mientras, en la parte trasera del vehículo, una joven acurrucada en los brazos de otro bucanero le pregunta mientras lo mira extasiada: «¿Cuándo será nuestra boda? «Pronto», contesta el pirata, «cuando llegue otro gran pez», es decir, otro atunero.

En una pequeña casa, 200 personas se reunieron ayer para asistir a la boda de Hassan Shukri, un joven corsario, al que aclamaban con gritos de «héroe», al tiempo que animaban a otros chavales a unirse a los piratas, de los que se mostraban orgullosos. «Los cobardes en las calles, los valientes en el mar», gritaban.

Hace dos días, la ciudad era una inmensa polvareda donde no había nada. En el pueblo no hay mercado, aunque algunos de sus habitantes tienen algunas pequeñas tiendas, la mayoría de ellas en chamizos improvisados que han levantado al borde de la carretera.

El dinero del rescate pagado por los españoles -2,7 millones de euros- ha dado un nuevo impulso a la ciudad. «Donde hay un pirata, se respira vida», comenta alegre una mujer, a la que un pirata da unos dólares como recompensa por sus elogios.

Pero no sólo los piratas somalíes están de celebración; desde Etiopía y Yibuti llegan comerciantes a Haradhere para ofrecer sus servicios a los bucaneros, convertidos en los reyes de la ciudad.

«Ustedes son piratas venidos del cielo», afirma encantado Binyan, «les deseo buena suerte para sus próximas misiones», comenta este camello de los piratas que les proporciona drogas y mujeres para sus orgías, pero ellos no entienden su torpe inglés y no le responden.

El cielo de Haradhere se ilumina con las ráfagas de disparos que envían otros piratas desde el mar. Es su forma de mostrar respeto por aquellos que han llenado de abundancia las calles de una ciudad en las que hace unos días no había casi de nada.

En las conversaciones entre los distintos grupos de piratas de Haradhere no faltan chascarrillos sobre los españoles. «¿Quieren saber lo que les hicimos a la tripulación del barco?», comenta un corsario llamado Quruh. «Claro», responden los otros. «Pusimos a la tripulación en una parte del barco y al capitán en la nevera». «¿Murió?», preguntó otro. «No», comenta ufano Quruh, «pero estaba muy enojado cuando lo liberamos», sonríe.

El pirata no duda en afirmar que maltrataron a los marineros. «Ésas son las órdenes que nos dieron nuestros jefes para presionar al Gobierno español y que así liberara a nuestros compañeros retenidos en España», pero no explica qué tipo de malos tratos sufrió la tripulación del atunero, aunque sí reconoce que llegaron a apuntarles con sus pistolas y a amenazarlos con volarles la cabeza.

Su jefe y negociador en el secuestro Jama Adán añade: «Lo que hacemos no es ilegal. Ellos usan nuestras aguas sin pagar, vierten desechos al mar y nos roban nuestros peces, debemos perseguirlos, arrestarlos e imponer la ley».

El Alakrana ya ha quedado atrás, ha sido un buen negocio que los piratas han conseguido rentabilizar. Ahora tienen sus ojos puestos en otros objetivos y han constituido otras dos nuevas empresas -Yasin Dhoble Empresa y Ali Jama- para sembrar aún más el miedo en alta mar. ¿Quiénes serán sus próximas víctimas?

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Dos nuevas 'empresas' llegan al negocio de la piratería

ABUKAR ALBADRI / AHMED ALI. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Haradhere

Después de bendecir a los piratas que secuestraron el 'Alakrana', su jefe, Jama Adam, pide a los asistentes de la boda a la que ha acudido como invitado especial que recen por todos esos jóvenes que se echarán al mar en los próximos días para llevar a cabo nuevas misiones.

El éxito del secuestro del atunero español ha llevado a muchos jóvenes somalíes a soñar con un futuro mejor si se convierten en piratas. Han visto cómo en sólo unos días la ciudad en la que han crecido y nada podía ofrecerles florecía y sus calles se llenaban de comerciantes que ofrecían todo aquello que siempre habían deseado tener.

Ellos también quieren ser héroes y se imaginan ya casados y con un coche y una vivienda nueva, «hombres de verdad».

Adam lo sabe y, por eso, les anima. Además, anuncia que hay dos nuevas 'empresas' dispuestas a incorporarse al floreciente mercado de la piratería: Yasin Dhoble y Ali Jama.

En Haradhere hay ya dos compañías que se dedican a este negocio en auge, y ahora se le unirán otras dos. La gente no para de hablar de ellas, los jóvenes porque quieren incorporarse a sus filas, las mujeres porque piensan en sus futuros maridos, y los comerciantes porque ven en ellas potenciales clientes. Las conversaciones giran en torno a la piratería y sus múltiples beneficios.

Hadarhere está dividida en dos partes: Wadajir y Hawlwadag, es decir, Unidad y Cooperación, pero lo único que parece unir a sus habitantes es su fervor por la piratería.

En un país en guerra desde principios de los 90, la piratería se ha convertido en la principal fuente de ingresos. De pescadores artesanales a bandidos que no creen serlo, pero que no dudan en utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

El botín del 'Alakrana' les ha animado a continuar, ahora con más fuerza que nunca

Un esquife con piratas persigue al atunero vasco 'Txori Gorri'

MIGUEL M. ARIZTEGI

Bilbao

El atunero Txori Gorri se vio obligado ayer a efectuar maniobras evasivas en el Océano Índico para zafarse de la persecución a la que le sometió durante media hora un esquife de supuestos piratas. Aunque el episodio no pasó de ser «técnicamente un avistamiento», según precisaron más tarde el Gobierno vasco y diversas instituciones, las primeras informaciones difundidas por Defensa -que hablaban de que sufrió un «ataque»- hicieron saltar todas las alarmas.

La psicosis por la seguridad de la flota atunera provocó una cadena de reacciones, frenada por las empresas armadoras, que recibieron una primera comunicación vía fax desde el barco, que desmentía la primera versión de la ministra de Defensa. El Gobierno afirmó, en un principio, que los agentes de seguridad a bordo del buque «ejecutaron la disuasión necesaria» para zafarse de los presuntos piratas.

«No ha habido ataque directo. Se ha avistado un esquife y el Txori Gorri se ha escapado», informaron fuentes de las empresas armadoras. «Están dando informaciones que no son correctas. No ha habido ningún ataque», aseguraron

La tripulación de refresco

Los 14 hombres que posan en la imagen en el aeropuerto de Vigo serán los encargados de reemplazar a parte de la tripulación del Alakrana que sufrió el secuestro. Ayer tomaron un avión rumbo a las Seychelles, sin demasiada preocupación en sus rostros, como puede verse. Su primera misión será adecentar el pesquero, como señaló el palangrero Bernardo Dios: «No quiero ni imaginar cómo estará».

El juez Pedraz interrogará a los marineros españoles del 'Alakrana'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazará hasta Guernica (Vizcaya) y Vigo para interrogar, en calidad de testigos, a los 16 marineros españoles que padecieron el secuestro. El magistrado les mostrará fotos de los piratas encarcelados en España, informa Manuel Marraco.

DELINCUENCIAS ZP: Las plumas del 'Faisán' dejan rastro

2009-11-20T09:21:00.002+01:00

TRIBUNA / LUCHA ANTITERRORISTA:
Las plumas del 'Faisán' dejan rastro

El autor subraya que el chivatazo a ETA es uno de los asuntos más graves de nuestra historia democrática. Considera que si no se esclarece todo y se depuran responsabilidades, el sistema quedará duramente dañado

ANTONIO BASAGOITI

EL 'CASO FAISÁN' es uno de los mayores escándalos de la democracia. Se trata del supuesto chivatazo que en 2006 se deslizó desde medios policiales y gubernamentales a etarras encargados de la extorsión, es decir, de lo que los mafiosos de ETA llaman el «cobro del impuesto revolucionario». Prueba de que estamos ante un escándalo mayúsculo es que las informaciones prolijas y detalladas publicadas no han sido ni refutadas ni desmentidas.

Estamos ante un hecho objetivo de extremada gravedad. La alerta a unos terroristas de una actuación inminente de la Justicia para detenerles sólo puede tener como objeto ayudar a una banda criminal a que la actuación de la ley no tenga la eficacia necesaria. Los motivos de esta reprobable colaboración con delincuentes pueden ser varios, pero todo lo hecho y dicho desde que este asunto salió a la luz pública desvela quién puede estar detrás.

El principal argumento utilizado por el Gobierno y por los socialistas, en general, ante la oposición rigurosa del Partido Popular con esta cuestión es que nuestro partido utiliza la política antiterrorista para desgastar al Ejecutivo. Además de ser radicalmente falso, porque lo que estamos cuestionando no es una actuación contra ETA sino una operación a favor de la banda y sus integrantes, deja claro que su único interés es desviar la atención del fondo del asunto. Si en Moncloa y en Ferraz no tuviesen nada que ver con el caso Faisán se dedicarían a rebatir con datos lo publicado o denunciado, y, sin embargo, están en otra cosa.

Pero los hechos son aun más reveladores. Empezaron haciendo reconocimientos oficiales a los supuestos ejecutores del chivatazo, pasaron por la actuación de una Fiscalía que ha solicitado el sobreseimiento del escándalo, y termina, de momento, con la negativa a dar las explicaciones pertinentes en el Congreso de los Diputados.

Distinguir a funcionarios que pueden haber tenido algo que ver con el aviso a unos terroristas apunta a agradecimiento a quienes han cumplido algunas órdenes determinadas. Situar una Fiscalía dirigida por un fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, en una posición de evitar el avance de un proceso judicial sobre el chivatazo, así como no querer comparecer en las Cortes para dar explicaciones políticas, demuestra que en algunos ministerios tienen interés en ocultar hechos y responsabilidades.

Los silencios, las distracciones y las trabas en las investigaciones sobre el chivatazo están desplumando a un Faisán al que cada vez se le ve más claramente qué tiene debajo del plumaje, y están dejando un rastro que lleva directamente a importantes responsables políticos.

Es imprescindible que la investigación y el análisis de algunos medios de comunicación, como el diario EL MUNDO, y la oposición del Partido Popular liderada con acierto por Soraya Sáenz de Santamaría continúen hasta el final y alcance hasta las últimas consecuencias. Y es fundamental porque, si no se asumen responsabilidades, la democracia quedará gravemente dañada.

Si esto sale gratis, si se puede dar un chivatazo a una banda terrorista sin que pase nada, si alguien puede traspasar o pervertir el Estado de Derecho en función del momento, el interés político o la coyuntura, esto podrá volver a ocurrir, y no obligatoriamente en relación a ETA. Podría repetirse con mafiosos, cárteles de la droga o cualquier otro tipo de delincuentes, con lo que esto conlleva y afecta a toda la ciudadanía.

Los atajos, los asuntos turbios relacionados con la Justicia o la Policía generan un descrédito del sistema democrático que luego alimentan el fanatismo de los que dicen que asesinan para liberar un pueblo, y que desacreditan los argumentos necesarios para deslegitimar al terrorismo. Igual que los GAL hicieron un daño terrible al imprescindible trabajo educativo y de concienciación por la libertad, por el prestigio de las instituciones, por la convicción de que el Estado hace cumplir la ley, ahora no puede quedar sin aclararse y sin que se depuren las responsabilidades de algo tan grave, máxime cuando tanto se necesita en el País Vasco para que cada vez haya menos jóvenes que vean con buenos ojos ese mundo.

Los que estamos en política en esta parte de España sabemos que para derrotar a ETA es necesario legitimar la democracia y, si los malos ven que el Estado de Derecho actúa en función de capricho, creerán que su paranoica batalla está bien dada, y entenderán que se puede someter a la Nación española dependiendo del interés de un presidente o un ministro de Interior.

Cuando escribo este artículo o cuando me he manifestado de manera muy crítica con el caso Faisán ya sé que el Partido Socialista ha cambiado de política antiterrorista. Es cierto que ahora están en otra cosa, ahí están las declaraciones públicas de Zapatero, de De La Vega o de Rubalcaba apostando por la derrota de ETA y por la pérdida de esperanzas de los terroristas, y sobre todo ahí esta el Gobierno del País Vasco, en el que los socialistas han situado a la Ertzaintza contra los etarras, además de trabajar en ámbitos tan esenciales como la educación o los medios públicos.

El problema es en que no están por la labor de deshacer algunas de las cosas que hicieron en la anterior negociación, y nosotros se las recordamos, no para meter el dedo en el ojo, no para buscar una dura polémica con un asunto importante pero pasado; sino para reparar lo que se pueda una democracia que debe estar sana para acabar definitivamente con ETA, y para poder garantizar libertades.

Mi sensación es que los dirigentes socialistas no están por la labor de tocar nada de lo que hicieron hace poco tiempo por temor a recordar sus errores, pero deben darse cuenta que lo importante no es eso, lo fundamental es aprender del pasado para que nadie ni nunca vuelva a meter la pata con una banda de asesinos que subsiste por la dificultad para aprender de los gobernantes.

El Estado de Derecho, y especialmente en el País Vasco, necesita que se lleven a los concejales y alcaldes de ANV que nos trajeron y que aún padecemos, y que el caso Faisán se aclare y se asuma.

Antonio Basagoiti es presidente del PP vasco

GORILA ROJO Y SUS CHIMPANCÉS COLORAOS:

2009-11-20T09:20:00.002+01:00

AMÉRICA Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre
Micheletti dejará el Gobierno de Honduras durante las elecciones

Rui Ferreira

El presidente de facto afirma que quiere dar un período "de reflexión" a los hondureños por los comicios generales del 29 de este mes.

El presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció el jueves por la noche que autosuspendería sus funciones del 25 de noviembre al 5 de diciembre, coincidiendo con la realización de las elecciones presidenciales. Agregó que consultará la decisión con "diversos sectores".

En un discurso a la nación captado aquí, Michelleti dijo que el país necesitaba un "proceso de reflexión" por lo cual "me ausentaré del poder", hasta después de las elecciones.

"Mi propósito con esta medida es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en el proceso electoral y no en la crisis política", dijo el mandatario.

Pero el títere de Hugo Chávez, el derrocado Manuel Zelaya, contestó de inmediato que el anuncio de Micheletti es una maniobra para "engañar bobos" e una admisión por parte del hombre fuerte hondureño, de que es "una mancha" para la democracia.

El país tiene programado realizar comicios presidenciales el 29 de diciembre, fecha en la que estaban programados desde antes de que el títere fuera desfenestrado

De momento no quedó claro quien ocupará sus responsabilidades, aunque la constitución hondureña permite que la responsabilidad sea ocupada por el ministro del Interior.

Micheletti levantó la hipótesis de que la oposición malinterprete la medida como "signo de debilidad" de su gobierno, pero afirmó que es todo lo contrario.

El retiro temporal es un "signo de fortaleza y confianza total e incuestionable en la institucionalidad de nuestro país", dijo el hombre fuerte de Honduras.

Durante su tiempo de ausencia "nuestro gobierno operará de manera normal", dijo. Sin embargo, "si ocurre un trastorno general del orden y la seguridad que amenace la paz de la nación, que no quede duda de que reasumiré inmediatamente mis funciones para adoptar las medidas que reaseguren el orden".

Micheletti exhortó a Zelaya que mantenga el más absoluto silencio en los días previos a las elecciones, tal como manda la ley electoral.

El parlamento y el Tribunal Supremo deberán decidir la pertinencia del regreso de Zelaya al poder, después de las elecciones.

Zelaya, el títere de Hugo Chávez en Honduras, pide postergación de elecciones

A su vez, el jueves Zelaya pidió posponer las elecciones del próximo 29 de noviembre para darle alguna legitimidad como solución "legal" que permita el país vuelva al estado de derecho.

"Es urgente presentar soluciones legales a esta crisis, posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas (...) que nos devuelva al Estado de Derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional", dijo Zelaya en una declaración escrita, enviado desde su refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

El mandatario considera que la prórroga de las elecciones podría ser parte de un acuerdo político, "o irremediablemente tendrían que repetirse hasta que se sea restaurada la voluntad del soberano".

En su nota, titulada "Pueblo hondureño no te están diciendo la verdad", Zelaya señala que Honduras se encuentra "en un Estado de facto" en el que "no hay Constitución ni poderes constituidos por haber sido destruidos por la fuerza".

A su modo de ver, la realización de las elecciones en el ambiente actual, sin una restauración democrática, es "una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo".

"Las elecciones del próximo 29 de noviembre no podrán resolver este problema fundamental porque sus resultados estarán al margen de los valores propios de la concepción más elemental de la formación del Estado de Derecho", dijo Zelaya

EDITORIALES: El 'Alakrana' saca a De la Vega de sus casillas....... y Rubalcaba sufre un ataque de ira por Sitel

2009-11-19T07:59:00.002+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
EL 'ALAKRANA' SACA A DE LA VEGA DE SUS CASILLAS...

EL GOBIERNO perdió ayer los nervios en el Parlamento al ser interpelado por la gestión del secuestro del Alakrana. La tensión llegó al punto de que la vicepresidenta De la Vega acusó al PP de no dudar «en ponerse del lado de los piratas» con tal de sacar «rédito» político. Esta acusación, que la vicepresidenta se negó a retirar incluso horas después del calentón, es manifiestamente injusta. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría le exigía explicaciones y la asunción de responsabilidades por ser ella quien coordinaba el gabinete de crisis montado tras el secuestro del pesquero, no hacía más que cumplir con su deber de ejercer la labor de oposición. Y en el caso del Alakrana hay muchas explicaciones que dar.

Si todo se hubiera hecho tan bien como ha defendido De la Vega e incluso el presidente Zapatero, ¿por qué la ministra de Defensa manifestaba ayer mismo que el Gobierno «va a aprender lecciones» de cara al futuro?

El Ejecutivo ni puede pretender convertir la humillante victoria de los piratas en un triunfo de España -y ahí están la juerga y las ocho bodas que ayer mismo celebraron los secuestradores en Haradhere para desmentirle-, ni puede responder con palabras gruesas y aspavientos a sus graves errores. El Gobierno se equivocó al traer a los dos piratas capturados a España y también al explorar piruetas judiciales para devolverlos; falló en la comunicación con las familias, que así lo denunciaron; y mostró su absoluta descoordinación cuando los ministros empezaron a señalarse entre sí como responsables de lo ocurrido, hasta que la propia De la Vega tuvo la enterza de asumirlo ella. El resultado final es que se ha acabado pagando el rescate más alto por un pesquero en Somalia y que no se ha podido capturar a ninguno de los más de 60 piratas que retenían a la tripulación.

La propia persecución de los secuestradores genera muchas dudas que el Gobierno está en la obligación de disipar. Es difícil entender que transcurridos 47 días, la Armada no fuera capaz de diseñar una operación para capturar siquiera a alguno de los piratas para el momento en el que concluyera el secuestro, sobre todo teniendo en cuenta la ventaja de contar con unos medios infinitamente mejores que los suyos.

Esas dudas no se disipan tras escuchar los testimonios del capitán del atunero, que ha sostenido que durante la liberación del barco «no hubo disparos por parte del Ejército español», o la manifestación de uno de los piratas a EL MUNDO, asegurando que nadie abrió fuego sobre ellos, contrariamente a lo dicho por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por supuesto que merece mucha más credibilidad la relación de hechos que ofrece el general José Julio Rodríguez, pero el Gobierno tiene muy fácil disipar cualquier sospecha. De la misma manera que la Armada grabó en vídeo cómo ofrecía escolta al Alakrana, debe de tener imágenes de la persecución de los piratas.

También suscita estupor la explicación oficial de que fue imposible detener a los piratas al desembarcar, pues nada más llegar a la playa se mezclaron con la población. Lo cierto es que la ciudad queda varios kilómetros tierra adentro y esa zona de costa no está poblada.

En definitiva, se han cometido tantos fallos y quedan aún tantos interrogantes por resolver, que lo último que debería hacer el Gobierno es colgarse medallas, y menos aún arremeter contra la oposición y llamarse andana cuando le piden cuentas. Una vez celebrada la liberación de los marineros ha llegado el momento de dar explicaciones y de asumir responsabilidades

.... Y RUBALCABA SUFRE UN ATAQUE DE IRA POR SITEL

TRAS responder a varias interpelaciones del PP en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió ayer la compostura en una tensa discusión con los diputados Esteban González Pons y Carlos Floriano en el salón de los Pasos Perdidos.

Según la versión del PP, en un determinado momento de acalorado debate, el ministro de Interior le dijo a Floriano con un tono de ira: «Veo y oigo todo lo que haces y dices». Las palabras de Rubalcaba fueron interpretadas como una amenaza por los dos parlamentarios, que entendieron que estaba sugiriendo que Interior ha grabado conversaciones de Floriano mediante el sistema Sitel.

Tras hacerse eco los medios de comunicación del incidente, Rubalcaba reconoció que había proferido esa expresión o algo parecido, pero que se refería a que él tiene conocimiento por los servicios de prensa de Interior de todo lo que dice Floriano en las radios y en las televisiones. El ministro argumentó en privado que si realmente él espiara a la oposición por métodos ilegales, no iba a ser tan ingenuo de decírselo a la cara.

El razonamiento tiene sentido, por lo que su explicación es verosímil. Pero ello no exime de responsabilidad al ministro de Interior, que por lo menos es culpable de haber generado una situación susceptible de interpretaciones equívocas.

Igualmente desafortunado estuvo cuando respondió a otro diputado del PP en relación al caso Faisán: «De GAL ya sólo hablan ustedes y ETA», amen de proferir una catarata de descalificaciones. Rubalcaba eludió nuevamente dar las explicaciones que le pide la oposición sobre este asunto y se refugió al mencionar la guerra sucia en el mismo discurso que empleaba Felipe González hace más de 20 años.

Rubalcaba no se comportó ayer como debe hacerlo el ministro del Interior de una democracia, por lo que debería excusarse ante el PP. Su conducta empaña la buena labor que está haciendo en el Ministerio, particularmente sus notables éxitos en la lucha contra ETA. En el mejor de los supuestos, el ministro de Interior se levantó ayer con el pie cambiado, pero ello no le exime de responder a las preguntas que le viene formulando el PP sobre el caso Faisán y la utilización del Sitel.

Respecto a esto último, el PP tiene base para interpretar las palabras de Rubalcaba a Floriano como una amenaza, pues sigue sin estar nada claro el uso que Interior está haciendo de este avanzado sistema. Sitel permite no sólo grabar las conversaciones sin dejar rastro sino que además facilita datos que pueden vulnerar la intimidad, como las páginas por las que navega en internet la persona espiada o en qué lugar se encuentra en cada momento.

De hecho, el Sitel puede convertirse en un cheque en blanco en manos de la Policía con autos como el que redactó el juez Garzón en el que autorizaba a emplear este sistema para espiar a «otros investigados y al resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos en un delito de blanqueo de capitales». Es decir, casi a quien le dé la gana a la Policía.

Sitel está regulado por un artículo de un reglamento de una ley sobre telecomunicaciones cuando afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que exige evidentemente una ley orgánica. Si Rubalcaba está seguro de que las Fuerzas de Seguridad jamás han abusado de Sitel, debería ser el primero en impulsar una regulación que garantice su uso legal.

NOS CUENTAN QUE... Uno de los foros de debate más rompedores de la Convención del PP en Barcelona fue el de nuevas tecnologías. Entre los ponentes figuraron Zaryn Dentzel -director de la red social Tuenti-, Juan Santana -consejero delegado de Panda Security- y Ángel María Herrera -director de Bubok-. Los coordinó uno de los nuevos asesores de Mariano Rajoy, Alfonso de Senillosa. Pese a tratarse del último foro del sábado, hubo lleno, y no desaprovecharon la oportunidad de ponerse al día dirigentes como Jorge Moragas, Romay Beccaría o Pedro Núñez Morgades. Uno de los jóvenes asistentes preguntó al director de Bubok qué debían hacer los políticos por el sector, a lo que Herrera contestó contundente: «Nada, lo mejor es que no hagan nada». Tras una sonora carcajada del público, matizó la respuesta, añadiendo que se conformaba con que los políticos no vieran con miedo las nuevas tecnologías.

El Mundo en dos minutos
Rubalcaba debería pedir disculpas

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / La bronca política/La fiesta de los corsarios/ La actuación de la Justicia/ La operación militar/ Las risas internacionales

2009-11-19T07:58:00.004+01:00

BARRA BRAVA EN EL CONGRESO
La rabia como síntoma

DAVID GISTAU

En las sesiones de control, hay un modo de calibrar cuán malo es el momento que atraviesa el Gobierno: cuando no habla de sí mismo y de sus supuestos logros, sino del PP con rabia para crear una distracción. Y cuanto mayor es la rabia, mayor es también la confesión implícita de que el Ejecutivo no tiene nada de lo cual presumir. Por tanto, y si la rabia es el síntoma, no cabe duda de que el Gobierno se siente más que maltrecho. Porque, en una misma matinal, fue capaz de acusar al PP de estar al mismo tiempo en complicidad con los piratas de Somalia y con ETA. Gruesas palabras que sólo pueden brotar de la mala conciencia o de la desesperación.

La primera acusación, la de la conexión filibustera del PP, la hizo Fernández de la Vega. Acosada por Sáenz de Santamaría respecto de la pésima gestión del secuestro y de su propia huida a Argentina, la vicepresidenta contradijo las palabras del presidente del Gobierno, que la víspera había agradecido al PP su colaboración responsable. Es obvio que el Ejecutivo teme que, una vez liberada la tripulación, el Alakrana ingrese en la trifulca política y desnude la incompetencia de hasta tres ministros y la humillación del Estado. Para cortar en seco ese debate en el que el Gobierno sólo puede perder, De la Vega intentó primero prolongar, al menos «hasta que el barco llegue a puerto», el apagón censor con el que Zapatero trató de cubrir el secuestro. Luego largó la infame grosería de que no aplaudir en posición de firmes la gestión del Ejecutivo equivale a «estar con los piratas». Y, por último, dedicó un minuto largo a replicar al PP, en un tono de reyerta tabernaria, las acusaciones de descoordinación y soberbia hurgando en las pequeñas miserias del primer partido de la oposición, pero sin dar la cara.

La segunda acusación, la de la conexión etarra, la hizo Rubalcaba cuando, huyendo de su pasado, intentó desactivar el estigma de los GAL aduciendo que mantener vivo ese tema sólo interesa «al PP y a ETA». Para entonces, el ambiente se había caldeado por el cerco popular al ministro por el asunto Sitel y por las mentiras de Rubalcaba cuando justificó la condecoración al policía autor de la poco entusiasta investigación sobre el chivatazo del Faisán por un servicio que no fue prestado sino años más tarde: cuán cínica se antoja ya en el recuerdo aquella frase de que los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. Como cuando era el portavoz que intentaba despejar a córner los GAL, Rubalcaba aún sostiene que toda indagación supone una traición que socava el Estado, y no un afán de transparencia que corrige sus desmanes de cloaca. Si antes atribuíamos al Ejecutivo un estado de ánimo colindante con la desesperación, el mayor síntoma de ello lo constituyó el espectáculo de un ministro habitualmente taimado e inaprensible en su sangre fría persiguiendo por los pasillos a un diputado de la oposición, Carlos Floriano, para poco menos que agarrarle por las solapas. Hasta Bono hubo de improvisar una intervención conciliadora llevándose a Rubalcaba antes de que éste se hiciera aún más daño a sí mismo.

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / La bronca política
El Gobierno del talante pierde los nervios por el 'Alakrana' y Sitel

De la Vega a Sáenz de Santamaría: «Para ustedes también vale ponerse del lado de los piratas» / Rubalcaba a Floriano, según el PP: «Yo veo y oigo todo lo que haces y dices»

MARISA CRUZ / AGUSTÍN YANEL

Madrid

Jornada aciaga para el Gobierno. Ni calma, ni prudencia, ni control. La tensión contenida de los últimos días, los datos cruzados, el empeño en negar evidencias y, por supuesto, el azote de la oposición, especialmente del Partido Popular, estallaron ayer con la puntualidad previsible de una bomba de relojería.

El secuestro del Alakrana terminó el martes y a partir de ahí se abrió la veda contra el Ejecutivo. La dureza de los ataques y reproches que le lanzaron ayer en el Congreso, a cuenta del pesquero y del oscuro sistema de interceptaciones telefónicas, Sitel, dieron en el blanco. El Gobierno del talante perdió los nervios y ofreció un espectáculo desconocido de gritos, amenazas y gruesas acusaciones.

La guerra abierta tuvo dos protagonistas principales por parte del Gobierno: la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega y, después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La primera a cuenta del pesquero Alakrana y la gestión «pésima» del Ejecutivo a lo largo de los 47 días de secuestro; el segundo, a propósito del sistema Sitel y de las sospechas que alimenta el PP de que se ha usado para espiar a sus miembros vulnerando la legalidad y los derechos fundamentales [más información en página 12].

El fuego, como estaba cantado, lo abrió la portavoz parlamentaria de los populares, Soraya Sáenz de Santamaría, que utilizó una pregunta genérica pensada para obligar a la vicepresidenta primera a pronunciarse sobre el caso Faisán, para reprocharle abiertamente los errores cometidos en el caso Alakrana.

Sáenz de Santamaría no pestañeó al asegurar que la gestión del secuestro había sido «el mayor fracaso político» de la carrera de De la Vega, a la que acusó de «no haber estado a la altura», haber tomado decisiones «sin valorar las consecuencias», haberse quitado de enmedio viajando a Argentina cuando las cosas se pusieron feas y haber propiciado el que los ministros a los que debía coordinar «se pasaran la patata caliente» unos a otros sin querer asumir responsabilidades.

La reacción de la número dos del Gobierno fue fulminante. Con el rostro crispado e intentando a duras penas contener la voz disparó contra los populares, a los que llegó a acusar de «ponerse del lado de los piratas» con el único objetivo de «sacar réditos electorales» y de tener como prioridad «poner en solfa el Estado de Derecho, la recuperación económica y la lucha antiterrorista».

Tras el durísimo enfrentamiento entre ambas. La batalla prosiguió fuera del Hemiciclo. Fue el turno del líder del PP que, ante el presidente del Gobierno, había optado por guardar las formas reservándose para rematar la faena de su portavoz.

Mariano Rajoy rompió el silencio prudente que ha mantenido durante las últimas semanas en torno al Alakrana y se lanzó a la contienda con todas sus fuerzas. Pidió la comparecencia urgente de Zapatero y anunció que reprobará a la vicepresidenta primera y a dos ministros.

El líder de la oposición calificó de «pésima» la manera en la que el Ejecutivo ha trabajado en este asunto, «antes, durante y después del secuestro». Recordó que el Gobierno no hizo caso a las peticiones para aumentar la seguridad de los atuneros que faenan en el Índico planteadas «antes» del secuestro; que no atendió a las familias «durante» el mismo, hasta que la opinión pública presionó, y que «después» ha salido públicamente a «colgarse medallas por su incompetencia».

«La imagen de nuestro país y de nuestro Gobierno ha quedado claramente dañada por la incompetencia, la descoordinación y la soberbia con la que ha actuado el Ejecutivo», afirmó.

Rajoy aseguró que el PP debe ejercer su tarea de oposición. Y en este caso lo hace denunciando que el Gobierno «hace las cosas mal», por una parte, y, por otra, pidiendo la comparecencia urgente del presidente para que dé explicaciones de todo lo ocurrido, y planteando la reprobación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; de la ministra de Defensa, Carme Chacón, y del titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Rajoy justificó esas reprobaciones así: la de Caamaño, por «el insólito espectáculo» del enfrentamiento con el Poder Judicial; la de Chacón, por la tardanza en adoptar medidas de protección para los tripulantes y por unas declaraciones en las que trasladó la responsabilidad al armador del barco, y la de Fernández de la Vega, por haber viajado al extranjero en plena crisis, por «los gravísimos errores de coordinación» y porque ayer mismo, en el Congreso, dijo que el PP se pone «de parte de los piratas».

Frente a las críticas del PP, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, afirmó que Rajoy se ha convertido en «don pésimo, el apóstol de lo negativo» y, además, que «intenta sacar tajada política de un secuestro que se ha resuelto bien». También señaló que De la Vega dará en el Congreso todas las explicaciones.

Esta exigencia de datos y explicaciones fue algo generalizado por parte de todos los grupos de la oposición. CiU pide que comparezca no sólo la ministra Chacón, sino también el director del Centro Nacional de Inteligencia.

Gaspar Llamazares (IU-ICV) esperará a ver qué información ofrece la vicepresidenta Fernández de la Vega. Criticó tanto «el cainismo del PP como la autosatisfacción del Gobierno».

Desde el PNV, Josu Erkoreka también solicitó las explicaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y no descartó, si son insuficientes, pedir la comparecencia de Zapatero o de otros ministros, e incluso apoyar la reprobación de alguno de ellos. El BNG también pidió que vaya al Congreso la número dos del Ejecutivo.

Y, por último, Joan Ridao (ERC) también reclamó que se aclaren «las circunstancias de la negociación, la liberación y los hechos acaecidos durante el secuestro». Criticó «el doble rasero del Gobierno» que «negocia con los piratas del Índico y, en cambio, mantiene cerradas las puertas en otros escenarios de diálogo para la resolución de conflictos».

Guerra dialéctica por los piratas

>Soraya Sáenz de Santamaría: «Nos felicitamos por la liberación. Han sido 47 días de angustia en los que usted no ha estado a la altura. El Gobierno ha ido 47 días por detrás y no puede sentirse satisfecho, y mucho menos quien tenía encomendada la coordinación de la crisis: usted, señora De la Vega. Creo que éste ha sido el mayor fracaso político de toda su carrera».

>María Teresa Fernández de la Vega: «Está intentando sacar rédito electoral cuando aún no ha llegado el buque a puerto. Todo vale para ustedes; si hay que ponerse del lado de los piratas, pues también».

>S. S. S: «Ha faltado muy gravemente al decoro con la acusación más ruin y vil que se puede hacer. Pido que la retire».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'/ La fiesta de los corsarios
8 piratas se casan en Haradhere con el dinero pagado por España

Nada más desembarcar, se organizaron las bodas en la Ciudad de los Piratas, así como grandes fiestas y orgías La prostitución, las hojas de una droga llamada 'khat' y los artículos en los comercios subieron un mil por ciento Los jóvenes se ofrecen para otros secuestros y los viejos lo celebran: «Aunque trabajaran siglos no ganarían ese dinero»

AIDEED ABDIRAHMAN. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Haradhere

La Ciudad de los Piratas es una orgía de dinero, balazos y sexo. El periodista llega, en plena celebración, al mismo hotel ruinoso en el que se alojaron sus compañeros unos días antes [si llega él y no los otros es porque la vida de éstos corre riesgo tras el reportaje publicado el domingo en CRÓNICA]. En este pueblo de 6.000 habitantes, todos los locales están abiertos, sin hora de cierre. Tras el botín de los españoles, ese maná caído del cielo, los tenderos hacen su agosto en Haradhere (Somalia).

«Ayer hubo ocho bodas, todas de piratas», nos cuenta el dueño del hotel, el único lugar donde alquilan habitaciones a los extranjeros.

Eso significa que, tras su huida cinematográfica, después de cobrar el rescate de cuatro millones de dólares, casi una decena de los 63 piratas que secuestraron el Alakrana contrajeron nupcias.

Haradhere es un lugar donde las pequeñas tiendas -la mayoría en chamizos improvisados que han levantado al borde de la carretera- han cambiado sus productos. Antes vendían azúcar, té, maíz, comida cocinada y cecina. Hoy su producto estrella es el alcohol. Si antes algo costaba 10 dólares, hoy cuesta 100.

Es una costumbre. Apenas se tiene una gran cantidad de dinero, las celebraciones se multiplican. Pero no sólo las bodas. La inflación, en los días inmediatos al cobro de un rescate, se incrementa exponencialmente. No sólo de los productos de primera necesidad, también del sexo. El precio de las prostitutas sube entre un 1.000 y un 2.000%. Las mujeres que antes cobraban 100 dólares, pueden ya cobrar 2.000, o más, dependiendo del cliente. Éste es el loco espíritu tras el pago de un rescate.

La capital financiera del país esta semana es un pueblo a más de 300 kilómetros al norte de Mogadiscio. Los fuegos artificiales para celebrar la inyección financiera son los disparos de los kalashnikov. Hisri Ahmed, un pirata, dice que es su manera de que todos se enteren de que hay mucho que festejar. Al ritmo de la desmesurada celebración, los jóvenes muestran abiertamente su deseo de incorporarse a las filas de los piratas. «Sé nadar y disparar. Quiero ser uno de ellos», dice un muchacho.

Pero no fue todo tan sencillo para los bucaneros. Sólo se animaron a comenzar la fiesta cuando supieron que la Armada española y sus helicópteros no atacaban la ciudad. Habían asegurado el área con decenas de hombres apuntando al horizonte con fusiles y bazocas. Cuando se dieron cuenta de que corrían peligro, la primera ráfaga de disparos iluminó la noche. Pero no hubo ataque y las bodas comenzaron.

Un comerciante, por fin, cobró su deuda con ellos. Los dueños de los negocios suelen financiar a los corsarios hasta que se paga el rescate. «Dos de los piratas se llevaron 1.700 dólares de mi tienda. Me pagarán 4.000 el fin de semana».

Los únicos heridos tras el secuestro son fruto de la codicia. Dos piratas fueron agredidos por dos hombres que les exigieron una propina. Los bucaneros se rieron de ellos. La ley del plomo mandó entonces. Una extraña paradoja, los piratas fueron asaltados por vulgares criminales.

Los camellos de khat -la droga más popular de Somalia- llegan sin pausa en sus todoterreno. Venden y venden. Todo es negocio en Haradhere.

«Estoy orgulloso de ellos porque, aunque trabajaran durante siglos, no ganarían ese dinero», dice Ahmed Mohamed, un anciano de 65 años que celebra el cobro del rescate junto a los secuestradores del barco: «España es uno de los países que más nos ha robado nuestros recursos naturales. Se lo merecen».

Las prostitutas lanzan sonrisas e intentan seducir a sus presas. Los líderes piratas, los que se han llevado el 30% del botín, 1.200.000 dólares aproximadamente, son su objetivo. El despilfarro continúa. El cielo se vuelve iluminar con ráfagas de metralla.

Con información de Abukar Albadri y Martín Mucha

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'
El rescate 'cayó' a estribor

Santiago de Compostela

El capitán del 'Alakrana', Iker Galbarriatu, aseguró ayer que la entrega del rescate se realizó en la zona de estribor del barco, mientras los 36 tripulantes estaban en el área de babor, por lo que no pudieron ver cómo se efectuó. Indicó, no obstante, que cree que los secuestradores se repartieron el botín en una sala de oficiales, informa Europa Press.

Galbarriatu explicó que los negociadores transmitieron a los tripulantes el pasado lunes que, «al día siguiente», podría haber una solución al secuestro, de forma que el martes los piratas «empezaron a marcharse escalonadamente en turnos de seis u ocho en cada bote». Según explicó, «unos 25 botes esperaban a los 63 piratas que había a bordo», hasta que «los últimos cinco» abandonaron el 'Alakrana'.

«Los piratas se veían vencedores, satisfechos porque para ellos es una victoria. Ese dinero no lo ganaría en 10 vidas un trabajador», aseveró Galbarriatu

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'/ La actuación de la Armada
La operación para apresar a los bucaneros fracasó «por dos minutos»

El Jemad afirma que a partir de ahora su captura es un objetivo de las Fuerzas Armadas

MARISA CRUZ

Madrid

Literalmente por los pelos. O con más precisión: «Por dos minutos». Con ese tiempo a su favor, los piratas que mantuvieron secuestrado el Alakrana durante 47 días consiguieron escapar de la persecución a tiros a la que les sometió un helicóptero de la Armada a las 14.06 (hora española). Los bucaneros llegaron a la playa sin sufrir ni heridos ni bajas, se mezclaron con los civiles y desaparecieron.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, explicó ayer, adornándolo con detalles y horarios exactos, los movimientos que llevó a cabo la Armada desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de que un pesquero español -el Alakrana- había sido secuestrado.

El relato del Jemad cobró especial interés cuando se refirió a lo acontecido el pasado martes, día en el que se produjo finalmente, tras el pago del oportuno rescate, la puesta en libertad del buque.

El general explicó que a las 14.04 horas, el patrón del Alakrana informó a la fragata Méndez Núñez de que el último de los 63 piratas que se encontraban a bordo del pesquero había desembarcado, y «dos minutos más tarde» se puso en marcha la operación militar que estaba prevista para evitar que el barco volviera a ser capturado y para intentar apresar a los secuestradores.

De la primera parte de la operación se encargó un helicóptero que se situó sobre el pesquero para intentar disuadir y repeler cualquier nuevo intento de captura que, finalmente, «no se produjo». La segunda parte, sin embargo, fracasó.

Un segundo helicóptero persiguió al último esquife que abandonó el Alakrana a toda velocidad e incluso intentó detenerlo «abriendo fuego contra él por la proa» y, a continuación, «contra la zona del motor».

Todo fue en vano. «No hubo tiempo suficiente», aseguró el general. La corta distancia que les separaba de la costa (apenas 1,7 millas náuticas), los dos minutos que llevaban de ventaja y la velocidad de la lancha rápida, les permitieron llegar a la playa y confundirse con la gente que estaba allí. Pese al tiroteo, ninguno de los piratas somalíes resultó herido, tal y como aseguró ayer el Jemad en presencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón.

Tras el fracaso de la misión, el helicóptero regresó hacia la posición del Alakrana que tiene previsto arribar a las Seychelles mañana viernes a las 6.00 horas.

Y ahora, ¿qué? El general se apresuró a señalar que desde este momento «las Fuerzas Armadas suman a su lucha contra la piratería un cometido prioritario más, que es la captura de quienes han tenido secuestrado el Alakrana».

El objetivo se presenta difícil porque la operación Atalanta no contempla la posibilidad de perseguir a los secuestradores en tierra. Por ello, la ministra de Defensa, tras reconocer que una parte de la citada operación muestra «fuertes carencias», anunció que España se dispone a presentar propuestas para reforzarla y evitar así que tenga que prolongarse sine die.

Chacón defendió el trabajo de las Fuerzas Armadas que, apuntó, «se han conducido siempre con el objetivo del regreso sanos y salvos de todos los tripulantes». La ministra evitó pronunciarse acerca del pago del secuestro e insistió en que la actuación del Gobierno siempre se ha ceñido a la legalidad

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / La actuación de la Armada
Un pirata y el capitán niegan los disparos

Defensa asegura que hay pruebas que corroboran que un helicóptero abrió fuego
ABUKAR ALBADRI. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Jama Adam, uno de los piratas del Alakrana, afirmó ayer a EL MUNDO que «el helicóptero militar español pasó cerca» de ellos, pero que «nunca abrió fuego. Sólo protegió a los tripulantes del Alakrana». Su testimonio contradice la versión oficial. Añade: «Si lo hubieran hecho estábamos preparados para cualquier ataque. Nosotros nos llevamos el dinero primero, y nos fuimos poco a poco».

También el capitán del pesquero, Iker Galbarriatu, negó la versión de Defensa. Aseguró que, durante la liberación del atunero español, «no hubo disparos por parte del Ejército». Fuentes oficiales del Ministerio, no obstante, mantuvieron que el helicóptero ametralló a los últimos cinco bucaneros que desembarcaron del Alakrana, y que si Galbarriatu no lo pudo escuchar fue por el sonido de la segunda aeronave que sobrevolaba el barco para protegerlo. Defensa afirma tener pruebas que corroboran su relato.

En una entrevista con Efe, el capitán aseveró, asimismo, que nunca fueron llevados tres marineros a tierra por los piratas, sino que se trató de una «maniobra de despiste». Tras señalar que intuyeron que los tres tripulantes no fueron sacados del barco, Galbarriatu comentó que no tuvieron en ningún momento la «absoluta certeza de que fuera así».

Relató además que, aunque hicieron desfilar a los tres pescadores delante de ellos, la tripulación fue llevada a la zona de máquinas, desde donde no podían ver lo que ocurría, por lo que cree que les dieron una vuelta alrededor del barco, les volvieron a subir a bordo y los metieron en un camarote al que nadie tenía acceso.

Según el capitán, el momento más duro que ha vivido a lo largo de estos días de secuestro fue cuando los piratas «les pusieron a todos en proa y empezaron a disparar». Preguntado por cómo fue la liberación, dijo que se vivieron momentos de «mucha tensión» y «nerviosismo», porque la cantidad de bucaneros a bordo se dobló y llegaron a estar «63 piratas armados».

Galbarriatu aseguró que durante el secuestro han recibido «golpes, amenazas, insultos, escupitajos y muchas cosas», por parte de los piratas, aunque prefería no hablar de ello

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'
El PNV carga contra la gestión del Gobierno y del 'lehendakari'

MIGUEL M. ARIZTEGI

Bilbao

La sala de plenos del Ayuntamiento de Bermeo fue el escenario elegido ayer por el PNV para hacer saltar en 1.000 pedazos el ejercicio de responsabilidad política construido en torno al secuestro del Alakrana. Los alcaldes de los cinco municipios vizcaínos gobernados por el PNV donde residen tripulantes del pesquero dejaron atrás el tono comedido de días atrás y cargaron contra los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López por su «improvisada y nefasta» gestión del secuestro, que les dejó tanto a ellos como a las familias de los tripulantes «desamparados».

Los alcaldes de Bermeo, Xabier Legarreta; de Mundaca, Unai Rementeria; de Santurce, Ricardo Ituarte; el presidente de la gestora encargada de gobernar Ondarroa, Félix Aranbarri, y el concejal de Bilbao Xabier Anuzita ofrecieron una rueda de prensa en la que actuaron como ariete de la ofensiva nacionalista contra los gobiernos socialistas.

Fue ese afán por obtener «rendimientos políticos de la situación», en palabras del propio José Luis Marcos Merino, el que descolgó al alcalde de Sestao (PSE-PSOE) de la comparecencia. El primer edil criticó el afán de protagonismo de los alcaldes nacionalistas, a los que recordó el papel de las instituciones más cercanas al ciudadano: «Apoyar a los familiares en todo lo que hemos podido, estar a su lado para transmitirles nuestra solidaridad, ofrecerles nuestra colaboración para lo que consideren oportuno y procurar estar siempre al tanto del desarrollo del secuestro del Alakrana».

Felicitaciones

Merino consideró que una vez producida la liberación, su labor «ha terminado», y advirtió que no piensa utilizar la situación «para hacer campaña política». El alcalde de Sestao felicitó además «tanto al Gobierno vasco como al Gobierno español por el trabajo realizado en la liberación del Alakrana y su tripulación», e hizo suya la alegría de las familias.

El punto de vista de los alcaldes nacionalistas convocados en Bermeo difería completamente del expresado por Merino, ya que sólo coincidían con el sestaoarra en su alegría por el final de la «angustia» de los familiares de los secuestrados. A partir de ahí, los nacionalistas denunciaron «el desamparo absoluto al que se han visto sometidas las familias de los arrantzales, quienes sólo han tenido una información sesgada y parcial del devenir del secuestro».

Los alcaldes hicieron extensiva esta actitud de «absoluta indiferencia y desprecio» tanto al Gobierno español como al vasco, pero quisieron remarcar que el comportamiento del lehendakari ha sido «aún más inexplicable y doloroso para nosotros».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / El experto / ANÁLISIS
¿Policías o militares?

El autor defiende la creación de un marco jurídico distinto del Derecho Penal y del Derecho de la Guerra que aclare cómo debe tratarse a los piratas apresados en alta mar
ÁNGEL TAFALLA

Con unos sentimientos contradictorios, de alegría ante la liberación sin daños físicos de nuestros compatriotas del Alakrana y de frustración ante el triunfo total de los piratas ante un Gobierno democrático, trato de esforzarme en comenzar a extraer consecuencias militares con el propósito de contribuir a que no se vuelva a repetir tan ingrata experiencia.

Y la primera pregunta que me hago es: ¿ha conducido nuestro Gobierno las unidades de la Armada en el teatro somalí como si fueran policías, o como militares?

Para ello habría que reflexionar sobre en qué consiste la esencia de estas dos dignas y tradicionales profesiones. Para mí, el policía, en una democracia, es una persona preparada para reprimir delitos en el propio país manteniendo como bien supremo el marco de libertades que nos hemos dado con tanto esfuerzo. Para ello, sólo puede realizar determinadas actividades con permiso previo de un juez, debe conseguir siempre pruebas objetivas que permitan procesar al presunto delincuente y, en general, tiene que actuar con su libertad de acción mermada por la defensa del mencionado marco de libertades individuales, bien más precioso que la propia represión del delito. Es decir, el policía actúa por lo que hace un sujeto, y no por lo que es.

El soldado, al contrario, trata de neutralizar al enemigo por lo que es, no por lo que hace. Lo que hacen todos los soldados es lo mismo: combatir por su nación. Por eso, cuando nuestra voluntad se ha impuesto y este soldado enemigo es prisionero, se le respeta y se le trata con las previsiones del Derecho de Guerra y sus correspondientes convenciones. Es decir, se ataca al soldado enemigo por lo que es y no se le exige responsabilidades por lo que hace, siempre que se mantenga dentro de los usos de la guerra. Por lo tanto, no se adiestra a nuestros soldados en obtener pruebas de la conducta del enemigo, ni se les leen sus derechos, ni se ponen a disposición de un juez en un plazo determinado. En general, el soldado no trata al enemigo como un policía lo haría con un detenido en su país.

Pero, ¿qué conducta se exige a un soldado en Afganistán o a un marino en Somalia cuando su Gobierno tiene un velo ideológico que le impide pronunciar la palabra guerra o cuando un antiguo ministro de Defensa dice que prefiere morir a matar? Probablemente se acerque más al modus operandi del policía que al del soldado. No creo que nuestra opinión pública sepa que un comandante de una fragata en Somalia puede ser acusado de detención ilegal si, en el plazo de 24 horas, no comunica la captura de un pirata al juez. O que la dotación del helicóptero que no pudo impedir la huida del último esquife del Alakrana sólo tenía autorizado fuego intimidatorio por la proa, pero nunca a dar, pues había miedo de que pudieran ser acusados de homicidio. Y no se ha preguntado nadie por qué en Afganistán nuestras tropas no han cogido ningún prisionero talibán.

Se daría aquí una paradoja evidente: como no admito que los terroristas islámicos o los piratas son soldados enemigos, no los puedo juzgar con el duro pero eficiente Derecho de Guerra, sino con el garantista Derecho Penal nacional, lo que a su vez exige que mis soldados se comporten como policías, lo que los hace vulnerables a las disposiciones de los jueces, que no están en la cadena de mando político-militar de las Fuerzas Armadas y, por tanto, las pueden ignorar.

El problema no es exclusivamente nuestro. Es verdad que el Derecho de Guerra se ha quedado anticuado ante estos combatientes que no llevan uniforme ni muestran abiertamente sus armas, y que cometen actos de barbarie inconcebibles. Pero el hecho de aplicarles el garantista Derecho Penal de las naciones occidentales tampoco es la solución.

En el caso de la piratería en España, hay una paradoja irónica: en el momento de limitar el alcance de la jurisdicción universal a que intereses nacionales estén afectados, se incluye la piratería -delito universal- en el Código Penal. No obstante, ambos intentos son positivos.

Creo que personas con más conocimientos que yo deberían crear un marco jurídico adecuado para cuando nuestros marinos y soldados son enviados a combatir en conflictos de guerra irregular -denomínese como quiera a efectos de opinión pública-, que incluyera cómo tratar a nuestros enemigos que no tienen los rasgos tradicionales del soldado combatiente. Y mientras esto llega, que nuestro Gobierno no nos ate una mano a la espalda ni se guíe exclusivamente por sus complejos ideológicos en esta terrible pero cierta realidad de los conflictos modernos.

Ángel Tafalla Balduz es almirante retirado, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'/ La operación militar
El pesquero llega esta noche a las Seychelles «desvalijado»

JULIEN CRUZ

Bilbao

«¿Bai, Alakrana?». La voz pausada y animosa del capitán, Iker Galbarriatu, al otro lado del auricular, era el feliz reflejo de la normalidad que había vuelto a instalarse en la cubierta y los camarotes del atunero. A salvo ya de los captores y de ese infierno de 47 días que ha durado su cautiverio en los mares de Somalia, los tripulantes ponían rumbo a casa con lo puesto.

El desenlace ha sido el deseado, pero el buque no volverá de la misma manera que cuando arribó a las costas de África procedente de Bermeo. Según relató a EL MUNDO el capitán del Alakrana, los piratas han «desvalijado» el atunero llevándose todo lo que encontraron a su paso. «Han arrasado los camarotes. Se han llevado todas las pertenencias de la tripulación: teléfonos, cámaras, ordenadores portátiles, ropa... Todo lo que han visto por ahí», relataba.

Los desperfectos originados fruto de la estancia y posterior rapiña de los corsarios serán cuantiosos. Galbarriatu apuntó a que sólo los gastos de reparación del atunero alcanzarán una cifra elevada, pudiendo incluso superar los cuatro millones de dólares que se han pagado por el rescate. «Únicamente han respetado el puente de mando», lamentaba.

La tripulación, ya camino de las Seychelles, adonde está previsto que llegue esta madrugada, no sólo tiene que capearse sin lo que les quitaron, también debe vérselas con lo que dejaron a bordo del buque. Según el capitán, la mugre y los devastadores efectos del paso de los bandidos se acumulan. «El barco ha quedado para el desguace en lo que a la limpieza se refiere».

«Lleno de mierda»

Los marineros alternaban ayer las conversaciones con sus familiares con la limpieza del pesquero. De hecho, estuvieron el día entero intentado separar la basura del resto, y aun así no terminaron. «Mañana [por hoy] también tendremos que seguir limpiando para ponerlo mínimamente presentable. Han dejado todo tirado, mojado y lleno de mierda. No hay palabras para describir cómo está el barco», comentaba el capitán.

Con los últimos trabajos de acondicionamiento se cierra la experiencia somalí para la actual tripulación, «al menos de momento». Galbarriatu no se atreve a asegurar que vaya a volver a faenar por el Índico.

El capitán aseguró que durante el secuestro han recibido «golpes, amenazas, insultos, escupitajos y muchas cosas» de los piratas, aunque prefirió no hablar de ello.

Sobre la falta de víveres y agua, Galbarriatu dijo que no tuvieron problema con los alimentos, aunque destacó que el consumo de agua era muy elevado porque los piratas la derrochaban, aunque en los últimos días aceptaron la petición de los marineros de racionarla. «Después de haberles pedido 1.000 veces que redujeran el consumo, y cuando la situación empezó a ser crítica, el jefe entendió nuestras razones» explicó.

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'/ La actuación de la Justicia
El fiscal pide investigar «toda la trama jurídico financiera» del secuestro

Apunta a la intervención de «comisionistas» y bufetes de Reino Unido y otros países
MANUEL MARRACO

Madrid

Después de que los piratas somalíes lograran volver a la playa con su botín, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez que apunte la investigación hacia otras tierras. El escrito presentado ayer ante Santiago Pedraz reclama al magistrado que investigue «toda la trama jurídico financiera» vinculada a los secuestradores del Alakrana. En esa red, el fiscal Jesús Alonso incluye a «los comisionistas» que intervinieron en la liberación y a «los bufetes de abogados», con sede en Londres y otras ciudades europeas que pudieron participar en las negociaciones. Esa investigación no se dirige contra quienes -como el armador- pudieron haber desembolsado el dinero.

El Ministerio Público pide que esta parte de la investigación se mantenga bajo secreto como pieza separada del sumario principal, que el juez mantiene abierto contra los piratas que no fueron capturados.

En principio, los investigados en esa trama jurídico financiera podrían ser considerados como cooperadores necesarios en el secuestro, una figura que conlleva la misma pena que la correspondiente a los autores directos del delito.

La pretensión de la Fiscalía parece difícil de ejecutar. Mucho más cerca y, por tanto, con una investigación más sencilla, apenas ha habido éxitos en investigaciones similares sobre secuestros de ETA. Hasta la fecha, sólo ha habido una condena de entidad a un abogado, que acabó el pasado mes de enero con un indulto.

Según publicó ayer EL MUNDO, el principal bufete londinense dedicado a estos asuntos, Holman Fenwick & Willan, negó que su papel pueda encajarse en esa trama que señala el fiscal: «Londres ha sido desde siempre el lugar donde se han resuelto las disputas marítimas. Y no sólo por historia, sino porque la mayoría de los contratos de los barcos son ingleses. En el caso de los piratas es igual. Es inevitable para nosotros tener conexión con piratas o con representantes de piratas. Pero eso no quiere decir que tengamos una relación estrecha con ellos. Hablamos con ellos para ayudar al armador».

En el mismo escrito, el fiscal insta al instructor a que tome declaración como testigos a los marineros españoles acerca de las circunstancias del secuestro. Al mismo tiempo, se les preguntará si quieren ejercer la acusación contra los piratas o les basta con la intervención del fiscal. Con toda seguridad, algunos de los marineros también deberán declarar, a petición del Ministerio Público, en el juicio contra los dos piratas encarcelados que celebrará la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.

Ahora que la liberación de los marineros ya no urge, no parece que la Sala vaya a tener la misma urgencia para celebrar el juicio que la mostrada por el fiscal y el juez durante la fase de instrucción. Aunque en teoría la vista oral podría estar preparada para dentro de un par de semanas, lo cierto es que la Sección ya tiene completa la agenda de señalamientos hasta el mes de febrero

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'

Preparados para relevar a los liberados

Los marineros contarán con cuatro vigilantes de seguridad privada en el atunero

NAIARA ORTIZ

Bermeo (Vizcaya)

Después de estar 47 días pendientes del estado de sus familiares y compañeros, ahora son ellos los que tienen las maletas preparadas para partir al mismo lugar donde el atunero fue secuestrado por los piratas somalíes. Aseguran estar preparados para afrontar los cuatro meses de faena que les toca, al menos los marineros gallegos que partirán hoy rumbo a las Seychelles. De los arrantzales vascos que sustituirán a los ocho que estuvieron secuestrados nada se sabe. En Bermeo, localidad de donde proceden el Alakrana y la mayoría de los pescadores, hay un pacto de silencio. Nadie conoce al relevo y, si lo conoce, no lo dice.

«No sabemos quiénes van, y aunque lo supiera y estuviera aquí, tampoco te lo diría porque si se enteran, me dirían que soy un cabrón», aseguraba ayer en Bermeo un ex marinero, gran conocedor de los entresijos del mundo pesquero.

Fuentes de Echebastar Fleet, el armador del atunero vasco, aseguraron ayer a este periódico que los arrantzales bermeanos ya están en las islas Seychelles a la espera de que llegue el Alakrana para reparar todos los destrozos que han perpetrado los piratas antes de abandonarlo.

Los marineros gallegos que relevarán a sus compañeros en el atunero vasco, en cambio, no tuvieron reparos en mostrarse ayer, horas antes de partir rumbo a las Seychelles. Quizá sea porque el armador está a cientos de kilómetros.

«Sabemos que tenemos que ir. No sé si alguno se ha planteado no ir, pero yo por lo menos, no. No tenemos edad para estar buscando cosas aquí o allí, y menos estando como está ahora el país. Tengo que mantener a mi familia», relató ayer Ángel Blach, primo del patrón del atunero, Ricardo Blach, en declaraciones a este diario desde la localidad pontevedresa de Bayona. «No nos queda más remedio que seguir allí», coincidió el capitán de relevo del Alakrana, Agustín Freire.

Contar con cuatro vigilantes de seguridad privada a bordo del atunero ha servido para tranquilizar en parte a los pescadores y a sus familiares, aunque el miedo sigue ahí, confiesan.

Los marineros gallegos partirán hoy a las 12.30 horas desde Vigo hacia París para seguir desde la capital francesa hasta las islas Seychelles en vuelo directo

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'
El Gobierno vasco media para hallar otros caladeros

MIKEL SEGOVIA

Bilbao

El Gobierno vasco lleva meses manteniendo contactos con países titulares de derechos de pesca en los océanos Pacífico y Atlántico con el objetivo de facilitar acuerdos que permitan a los pescadores faenar en sus aguas. En esta negociación, el Ejecutivo vasco asegura que tan sólo ejerce un papel de «mediador» entre los armadores vascos y las empresas pesqueras internacionales, ya que la regulación de los cupos corresponde a la UE y los caladeros del Pacífico y el Atlántico ya están cubiertos. La fórmula que se intenta promover es la de pactos privados entre armadores.

Las negociaciones más avanzadas llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca son las llevadas a cabo con las autoridades de la República de Kiribati, situada en el Océano Pacífico, entre Hawai y Australia, y conformada por 33 atolones. El Ejecutivo vasco ha mantenido una primera toma de contacto con sus gobernantes y tiene previsto celebrar un encuentro en el País Vasco.

La intervención de la Consejería vino precedida de una petición de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores, con quienes el Ejecutivo mantuvo una reunión tan sólo dos días después de que se produjera el secuestro del Alakrana

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA'
Aprobado el pacto con Kenia para la entrega de piratas

Madrid

El Pleno del Senado aprobó ayer por asentimiento el acuerdo con Kenia que permite a los estados europeos que, como España, participan en la operación Atalanta contra la piratería en el Océano Índico entregar a este país africano a los piratas que capturen en esta zona.

Una vez ratificado el acuerdo -canje de notas en lenguaje diplomático- por el Parlamento, sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

No obstante, la entrega de piratas a Kenia ya se podía aplicar de forma provisional desde que fue firmado el pasado 6 de marzo. Así, ya se invocó el pasado mes de mayo para que el buque de la Armada Marqués de la Ensenada pusiera a disposición de Kenia a trece piratas que había capturado en dos operaciones distintas.

No se recurrió a este acuerdo cuando la fragata Canarias, que también forma parte de la operación Atalanta, detuvo a dos de los piratas que habían intervenido en el secuestro del atunero Alakrana

«No puede seguir como ministro»

El PP acusa a Rubalcaba de amenazar e insultar al diputado Carlos Floriano

AGUSTÍN YANEL

Madrid

El PP acusó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de amenazar al diputado popular Carlos Floriano: «Escucho todo lo que dices y veo todo lo que haces», le habría dicho Rubalcaba. Según el ministro, no existió tal amenaza y él se limitó a decirle que escucha y ve «todo lo que dice en las radios y en las teles» sobre supuestas escuchas ilegales a dirigentes de ese partido.

Desde las filas del PP, su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, afirmó que alguien que «pierde los nervios y amenaza a un diputado de la oposición no puede seguir ni un minuto más como ministro». El responsable de Interior, por el contrario, aseguró que la conversación fue «firme», pero sin amenazas, insultos ni gritos.

El ambiente se había empezado a caldear en el Pleno cuando el diputado popular Ignacio Cosidó preguntó a Rubalcaba por el caso Faisán y le recordó que perteneció al Gobierno que montó y encubrió los GAL. La bronca subió de tono a continuación, cuando el diputado del PP Carlos Floriano preguntó qué va a hacer el Gobierno para garantizar que el uso del Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) se hará garantizando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En su opinión, es un sistema que «investiga la vida entera», «es una intromisión en la intimidad de las personas» y «es capaz de hacer manipulaciones, porque se puede alterar lo grabado».

Pérez Rubalcaba respondió: «Está afirmando que buena parte de las investigaciones que las Fuerzas de Seguridad han realizado desde 2004 en materia de narcotráfico y de terrorismo no se ajustan a la Constitución ni a las leyes».

Desde el PP gritaban «¡no, no!», desde los escaños socialistas decían «¡sí, sí!», y el ministro añadió: «Sí, está usted afirmando eso. Es que no me lo puedo creer».

El diputado Floriano insistió en que «en España hay un sistema ilegal de escuchas». Pérez Rubalcaba le recordó que ese sistema fue comprado cuando el ministro del Interior era Mariano Rajoy.

«Tienen ustedes dos opciones, o van a los tribunales y denuncian estas gravísimas acusaciones que acaba de hacer en esta Cámara, o se callan», añadió. Floriano, desde su escaño, gritaba: «¡No me voy a callar, no me voy a callar!».

Al ministro le indignaron las acusaciones del PP porque, según dijo después a este periódico, «es muy grave, porque están poniendo patas arriba el Estado de Derecho y el Ministerio del Interior».

Cuando salió del Hemiciclo se cruzó en los pasillos con Carlos Floriano y le habló, en presencia de Esteban González Pons. Según este último, el ministro dijo a su compañero de partido que escucha todo lo que dice y ve todo lo que hace y le amenazó. Floriano dijo, además, que Pérez Rubalcaba le había llamado «paranoico».

«¿Con qué le voy a amenazar? ¿Cree alguien que yo puedo tener el más mínimo interés en escuchar a Floriano?», comentó el ministro a EL MUNDO.

El diputado del PP dijo que el presidente del Congreso, José Bono, había tenido que llevarse a Rubalcaba «como se lleva uno a un buen amigo cuando está metiendo la pata». El ministro lo negó y aclaró que había quedado con Bono «para tomar un café» y por eso se marcharon juntos.

Bono comentó a los periodistas que la discusión entre el ministro y el diputado del PP le había parecido «normal» y no había observado agresividad.

Rifirrafe por las escuchas de Sitel...

>Carlos Floriano (en el Hemiciclo): «Sitel es un sistema ilegal que va mucho más allá de las escuchas, por eso hay que regularlo».

>Alfredo Pérez Rubalcaba: «Según ustedes, la mayor parte de las investigaciones de los últimos años no son legales. Sacan ese tema para dar pábulo a la monstruosidad que dijo De Cospedal de que les espían. Han pasado cinco meses y no han ido a ningún juzgado porque es mentira».

>Esteban González Pons: «El ministro ha llevado a Floriano a una sala y le ha dicho que ve y escucha todo lo que hace, le ha insultado y le ha amenazado. Ha perdido los papeles».

>A. P. R: «Cuando me ha negado que el PP acusa al Ejecutivo de escuchar a sus cargos, le he dicho que sí, que veo y escucho cómo lo dicen todos los días por las televisiones y las radios. ¿Cómo voy a decirles en la Cámara que no pueden acusar al Gobierno de escuchar a la oposición porque es mentira y luego fuera les voy a decir que veo y escucho todo lo que hacen?».

...Y también por el 'caso Faisán'

>Ignacio Gil Lázaro: «Alguien cometió un delito de colaboración con banda armada dando un chivatazo y ahora usted es el principal responsable de imponer el silencio en la Policía».

>Alfredo Pérez Rubalcaba: «No me hable de policías, ni de informes, porque recuerdo muy bien el informe de las finanzas del PP en Valencia. Arremetieron ustedes contra toda la Policía. Es siempre lo mismo: cuando van las cosas mal para ustedes, ni Estado de Derecho, ni nada. Estado de deshecho, que es en lo que están ustedes en este momento».

>Ignacio Cosidó: «Perteneció a un Gobierno que ha escrito las páginas más negras en la historia de la lucha contra el terrorismo [en referencia a los GAL], le pido que con el 'caso Faisán' no haga un nuevo borrón ante una sociedad heroica en la lucha contra el terrorismo. Nos mintió con sus informes diciendo que ETA había cesado su extorsión y eso es falso».

>A. P. R: «En este país, de los GAL sólo hablan el PP y ETA. Lanzan ustedes insidias sin parar y acusaciones indecentes».

DELINCUENCIAS ZP, FAISÁN: El juez socialista niega a las víctimas las pruebas que pidieron del chivatazo

2009-11-19T07:57:00.003+01:00

Garzón niega a las víctimas las pruebas que pidieron del chivatazo

Sólo admite que se investigue si el vídeo policial del bar Faisán fue «manipulado»

FERNANDO LÁZARO / MANUEL MARRACO

Madrid

El juez Garzón ha dicho que no. La mayoría de las peticiones de las víctimas han sido rechazadas de plano. El caso del chivatazo policial a ETA, el denominado caso Faisán, puede entrar en su última fase. Parece que el juez tiene prisa por rematar un sumario que arrancó hace más de tres años. Sólo admite que se investigue si el vídeo grabado por la Policía en el bar Faisán el día de la delación fue «manipulado».

En un escrito dirigido ayer a las partes, el magistrado instructor cierra la puerta a la totalidad de las peticiones solicitadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y a la gran mayoría de las de Dignidad y Justicia. Su única concesión ha sido abrir una línea para tratar de esclarecer si, efectivamente, se produjo una manipulación de la cinta de vídeo grabada por la Policía el día del chivatazo, el 4 de mayo de 2006, identificada como «cinta de vídeo/vigilancia número 122».

Esa cinta fue visionada por las acusaciones, que detectaron que, minutos antes y minutos después de la hora en que se presume que se cometió el chivatazo en el bar Faisán, se registran dos fallos que no dejan ver las imágenes.

El vídeo graba ininterrumpidamente la entrada del bar, propiedad de Joseba Elosua. Fue en ese establecimiento donde se presume que un policía le entregó a Elosua un teléfono móvil desde el que otro policía le advirtió de que estaba siendo vigilado.

En su auto, Garzón ordena una «práctica pericial» a la Comisaría General de Policía Científica para que finalice antes del próximo día 25. Quiere aclarar «si los cortes o partes no grabados han sido producidos por agentes externos, accidentalmente, por deterioro o en cualquier otra forma». «Se impone el análisis de la cinta por especialistas a fin de que informen, previa visión, si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación. Asimismo, se considera oportuna la declaración del funcionario encargado de la grabación, si existía alguno en este caso, de informes de la colocación y funcionamiento de las cámaras», indica Garzón en su auto.

Lo que sí deja claro el magistrado a la hora de rechazar todas las acusaciones es que está bastante satisfecho con la investigación realizada por el equipo policial dirigido por el inspector jefe Carlos G.

Una de las peticiones de las dos acusaciones populares personadas era que el instructor, ante las dudas suscitadas desde la Fiscalía sobre la actuación policial, encargara un nuevo informe a la Guardia Civil. Este cuerpo ya actuó inicialmente en el caso, cuando el chivatazo era investigado por el juez Fernando Grande-Marlaska. Pero, al llegar de Estados Unidos y tomar las riendas del caso, Baltasar Garzón apartó definitivamente al Instituto Armado de estas pesquisas.

«Respecto a la petición de que se designe a funcionarios de la Dirección General de la Guardia Civil, resulta absolutamente improcedente tanto en el fondo como en la forma; y ello porque los funcionarios asignados a esta investigación [el equipo dirigido por el inspector jefe Carlos G.] han realizado una actuación exhaustiva, difícilmente superable. Todos los datos que podían manejarse o interpretarse han sido tenidos en cuenta, por lo que no aportaría una valoración de otro cuerpo policial cuando el único que debe ahora valorar es el juez de instrucción», indica el instructor Garzón en su auto.

De esta forma, el magistrado avala la investigación dirigida por Carlos G., que concluía que el origen del chivatazo había partido del entonces director general de la Policía y hoy cargo de responsabilidad en el Partido Socialista de Euskadi, Víctor García Hidalgo. Fue nombrado responsable policial por el ex ministro del Interior y actual portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso.

Según el relato de Carlos G., en la maniobra estaban también implicados el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector destinado en Vitoria y dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista. Los tres tuvieron que declarar como imputados en la Audiencia Nacional. De hecho, según el escrito de Garzón, todos ellos continúan imputados en el procedimiento, unas diligencias que se instruyen por revelación de secretos y por colaboración con organización terrorista.

El representante del Ministerio Fiscal pidió el archivo provisional de la causa, no por que no existiera delito -como se apuntó desde el Ministerio del Interior-, sino porque entendía que el informe policial no aportaba pruebas sobre los autores. Además, descalificaba la actuación del equipo de Carlos G., actuación que ahora avala Garzón. El juez sí da el visto bueno a que sea citado a declarar el funcionario policial 78.882, al considerar que estaba también en la zona de influencia del bar Faisán el día en que se produjo la delación.

Dignidad y Justicia ya anunció ayer su intención de recurrir la decisión del instructor. Desde la Presidencia de la AVT, un espeso silencio tras conocer el auto del Garzón en el que rechazaba de plano todas sus peticiones

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