DEMOCRACIA

República feudal mexicana

2009-11-26T07:40:00.000-06:00

José Antonio Crespo

El más serio intento democrático que ha desplegado México se ha traducido en una redistribución del poder que ha significado un claro debilitamiento de la institución presidencial. De lo que se trataba era de fortalecer los controles y los mecanismos de rendición de cuentas, aspecto esencial de la democracia política. Pero eso no ha ocurrido adecuadamente y lo que tenemos en cambio es la transferencia del poder impune del antiguo presidencialismo a otras instancias. Parte de ese poder se fue al Congreso, donde el fuero de los legisladores sirve para proteger, no tanto su libertad de opinión y decisión, sino casi cualquier abuso que puedan cometer. A su vez, el Congreso no responde a sus representados, sino a poderes fácticos, a sus cúpulas partidarias o a los gobernadores que incidieron en su designación como candidatos. Hoy por hoy, el voto popular sirve esencialmente con el fin de brindar un visto bueno, un cheque en blanco para que los legisladores hagan o deshagan a voluntad, sin que luego tengan que rendir cuentas a sus electores, pues ya no necesitarán de su refrendo para continuar su carrera política. Otros legisladores representan directamente a poderes fácticos, como las televisoras, cuya bancada no sólo se constriñe al PVEM, sino se halla también en otros partidos. Al grado en el cual algunos ya hablan, no de una “telebancada”, sino de una “telecámara” o, peor aún, de un “telecongreso”.

Todo esto ha podido verse en la confección del proyecto económico. El principal punto de discordia en el decreto de egresos son los crecientes recursos que manejarán los gobernadores, sin la suficiente transparencia en su gasto. Varios senadores del blanquiazul han condenado el Presupuesto como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al eliminarse algunos de los tradicionales (e insuficientes) candados para esos fondos. Por su parte, los diputados hablan de un avance, al haberse incluido otros nuevos. Me parece que hay más elementos para dar razón a los senadores que a los diputados del blanquiazul, que se justifican afirmando que mantuvieron Oportunidades en la órbita federal. De lo perdido, lo que aparezca. Lo cual refleja el grado de debilidad en que se halla ahora el partido “gobernante”. Los perredistas también se dividieron. Algo muy distinto dijo Alejandro Encinas que Carlos Navarrete (quien en esto coincidió con la línea contestataria de Andrés López Obrador).

Todo indica que estamos en el peor de los dos mundos (centralista y federalista): los impuestos los cobra el gobierno federal y los estados sólo estiran la mano. De los crecientes recursos que reciben no dan cuenta, y su mal uso no les genera consecuencias negativas. Se ha establecido un círculo vicioso que opera contra el federalismo real y la democratización, incluso electoral: los gobernadores ponen a los diputados, frecuentemente a través de operativos de clientelismo electoral, y los diputados operan en el Congreso para dar más recursos —con potencial electoral— a sus gobernadores. La compra y coacción de votos, una vez más, está en la mesa de discusión. De modo que si el PRI avasalla con sus aparatos electorales a nivel estatal, como en buena parte ocurrió en julio, ni el PAN ni el PRD deberán quejarse, pues dicha transferencia contó con su voto.

La democratización mexicana no se ha traducido, pues, en una democracia cabal, pero sí en una República más feudal que federal. Lo cual fue advertido con tiempo por uno de los panistas más lúcidos, Carlos Castillo Peraza (cuyo papel como ideólogo del PAN no ha sido aún ocupado por nadie): “Difuminado el liderazgo presidencial, la balcanización priista muestra sus primeros indicios y los barones locales empiezan a mostrar sus garras. Sin mariscal propio, un partido que no ha sabido ni podido ni querido ser tal… queda sujeto al arbitrio de sus señores regionales” (la yugoslavización del PRI, Reforma, 2/II/95). Fox estuvo plenamente enterado de ese riesgo, pero ya en la Presidencia no hizo nada para evitarlo y, al contrario, aceptó transferir más recursos a los estados sin que antes hubiera mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas a ese nivel. Tampoco Calderón ha hecho gran cosa al respecto. Los gobiernos del PAN, paradójicamente, impulsaron el feudalismo más que al federalismo, según advirtió oportunamente Castillo Peraza que podría ocurrir.

El voto sirve con el fin de brindar un cheque en blanco para que los legisladores hagan o deshagan a voluntad, sin rendir cuentas.

Los países más corruptos

2009-11-25T15:23:00.002-06:00

Andrés Oppenheimer

Un nuevo ranking de los países percibidos como los más corruptos del mundo confirma lo que muchos de nosotros sospechábamos: los líderes populistas que llegan al poder prometiendo erradicar la corrupción a menudo terminan liderando gobiernos aún más podridos que los anteriores.

El Ranking de Percepción de Corrupción 2009 dado a conocer por Transparencia Internacional, un grupo no-gubernamental con sede en Alemania que es considerado el más importante de su tipo, clasifica mediante más de media docena de encuestas los niveles de corrupción en 180 países del mundo.

A nivel mundial, los que aparecen como menos corruptos son Nueva Zelanda y Dinamarca, y los que salen como más corruptos son Somalia y Afganistán.

En Latinoamérica, excluyendo a los países del Caribe, los campeones regionales de la corrupción son --en este orden-- Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Argentina, según el estudio.

Casi todos los líderes de estos países hicieron sus campañas presidenciales prometiendo acabar con la corrupción. En Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 prometiendo terminar con lo que acertadamente describía como una clase política corrupta, la corrupción no ha hecho más que empeorar desde que asumió el poder.

Cuando Transparencia empezó a hacer su Ranking de Corrupción en el 2001, Venezuela ocupaba el puesto número 69 en una lista de 91 países que iba de los menos a los más corruptos, o sea que se encontraba en el percentil 25 de las naciones más corruptas del mundo. En el 2009, Venezuela ocupa el puesto 162 en la lista de 180 países, es decir que está en el percentil 10, mucho más cerca de Afganistán y Somalia.

¿Hay alguna relación entre populismo y corrupción?, le pregunté a Alejandro Salas, el director del departamento de las Américas de Transparencia. En una entrevista telefónica desde Berlín, Salas revisó conmigo el ranking, y notamos que virtualmente todos los países latinoamericanos considerados como los más corruptos están gobernados --o estuvieron gobernados hasta hace poco-- por líderes populistas.

"Así es", dijo Salas. "Hay una relación directa entre populismo y debilidad institucional. Y la debilidad institucional conduce a la corrupción".

Salas dijo que divide a los países latinoamericanos que aparecen en el ranking en tres grupos.

"El primer grupo es el de los que mejor califican, que son Chile, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica", dijo. "Son los que son vistos como los menos corruptos, y que tienden a tener estabilidad, elecciones libres y periódicas, y en la mayoría de los casos sistemas judiciales independientes, organismos de control eficaces, y sistemas de pesos y contrapesos establecidos".

"El segundo bloque es el de países que están en el medio, donde encontramos a Brasil, México, Colombia y Perú", continuó. "Son países con tendencias contradictorias: tienen algunas instituciones modernas, pero también cargan con muchas herencias del pasado que llevan a la corrupción".

"Y luego tienes el tercer bloque, de los que están en la parte de abajo de la tabla, que son los países que en los últimos años han sufrido una especie de "captura del estado" por parte de líderes carismáticos", señaló. Agregó que en países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras, eso significa que a menudo "las decisiones políticas no pasan por ningún mecanismo de control. Entonces, no se audita, no se vigila".

¿Y que ocurre en Estados Unidos?, le pregunté a Salas, señalando que Estados Unidos aparece en el ranking como el segundo país menos corrupto de las Américas, después de Canadá. ¿No debería haber figurado en un puesto mucho menos honorable, considerando el reciente caso de Bernard Madoff y varios otros escándalos financieros?

Salas dijo que la colocación de Estados Unidos en el ranking puede deberse al hecho de que las preguntas de la encuesta estaban referidas a la corrupción gubernamental, no a la privada. Además, es posible que los encuestados sintieran que el gobierno estadounidense ha respondido con celeridad y firmeza a esos escándalos, agregó.

Mi opinión: No me sorprendería que en los próximos años, a medida que salgan a luz más detalles sobre la escandalosa falta de supervisión financiera durante el gobierno de Goerge W. Bush, que precipitó la actual crisis económica, Estados Unidos baje algunos puestos en el ranking de corrupción. Debería ocurrir eso.

Pero no me sorprende que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua hayan salido entre los países más corruptos del mundo. Se trata de naciones cuyos gobernantes han intentado adueñarse de todas las instituciones del Estado, y que ahora están tratando de acallar a los medios. Cuanto más consigan controlar todos los mecanismos de control, tanto mayor será la corrupción en sus países.

Harakiri panista

2009-11-24T12:48:00.002-06:00

DENISE DRESSER

Como si fuera un samurái japonés, el PAN empieza a destriparse. A suicidarse. A armar la ceremonia del harakiri, del seppuku. A participar en ese ritual que entraña recorrerse el abdomen –de izquierda a derecha– con un sable. Y al igual que los guerreros de ataño, los panistas parecen haber tomado esta decisión ante la pérdida del honor, el reconocimiento de las ofensas cometidas, la captura por parte de las tropas enemigas del PRI. Decisión tras decisión, iniciativa votada tras iniciativa votada, los líderes de Acción Nacional demuestran que, en lugar de dar la batalla por retener el poder y usarlo mejor, han optado por matarse a sí mismos.

El proceso de cortarse el estómago comienza con la propuesta fiscal de Felipe Calderón. Aunque es un hecho indisputado que el Estado mexicano necesita mejorar la recaudación, es claro que el presidente y su equipo no logran elegir o instrumentar la estrategia adecuada para hacerlo. Al insistir en el impuesto para “el combate a la pobreza” junto con otros incrementos –en el peor momento dada la crisis– y sin proponer un plan más ambicioso de remodelación fiscal o racionalización del gasto, acaban en el peor de todos los mundos. Al repetir la misma táctica que usaron durante la presentación y negociación de la reforma energética, terminan en el mismo lugar: pagando todos los costos que el PRI les coloca. Se vuelven responsables de una medida altamente impopular mientras que el priismo cosecha sus beneficios. El PAN propone un incremento en los impuestos, que el PRI ahora usará para financiar su regreso a Los Pinos.

De allí el PAN pasa –como los samuráis– a vestirse de blanco, cenar su alimento preferido, escribir un poema sobre la muerte y elegir el instrumento afilado que se enterrará. Continúa con la ceremonia del suicidio al elegir a Luis Plascencia, el candidato de la continuidad, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hace, de nuevo, acompañando al PRI. Y aunque es comprensible que ciertos sectores del panismo no pudieran apoyar a Emilio Álvarez Icaza, quien por mérito debió haber ocupado esa posición, lo que va en contra de cualquier instinto de autopreservación o estrategia política es que el PAN no lograra escoger o apoyar a alguien más. Alguien con credibilidad en un grupo de más de treinta candidatos. Alguien que no fuera el delfín del desacreditado José Luis Soberanes. Alguien que no estuviera atado a Manlio Fabio Beltrones. Alguien capaz de empujar la remodelación urgente que la institución necesita para convertirse en un verdadero contrapeso. Si el PRI regresa a la presidencia –y todo parece sugerir que así será– al PAN le convendría un ombudsman independiente, combativo, capaz de señalar los abusos del priismo y sancionarlos. Pero en lugar de fortalecer los contrapesos incómodos para su enemigo, decide contribuir a su desmantelamiento.

El PAN se clava el sable con aún mayor profundidad cuando después de haber votado en contra de la Ley Federal de Derechos –que otorga privilegios fiscales a las empresas interesadas en incursionar en el mercado de la telefonía celular– sus senadores cambian de opinión y la aprueban. En la sesión del 30 de octubre, los panistas votan en contra de la exención y cinco días después deciden apoyarla, con tal de congraciarse con el principal beneficiario de la medida, el consorcio Televisa. Y aunque los senadores que reculan invocan el argumento de la promoción de la inversión y la competencia, no es suficiente para ocultar el viraje equívoco y autodestructivo. En el contexto actual, en el que se le pide a la población pagar más, el PAN se erige en protector de privilegios. Los contribuyentes tendrán que apretarse el cinturón, mientras el PAN lo ensancha para un poder fáctico que promueve todos los días a Enrique Peña Nieto en la pantalla de televisión.

El PAN persiste en abrirse el abdomen a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos. En un hecho insólito, los panistas en la Cámara de Diputados votan en favor del presupuesto, aun cuando el PRI ha logrado retirar la fiscalización a los recursos destinados a los gobernadores. Gobernadores mayoritariamente priistas que se dedicarán a construir libramientos carreteros inútiles con su nombre o el de su esposa. Gobernadores que usarán la bolsa millonaria de dinero que el PAN les dará, para después ganarle. Gobernadores con la capacidad de desviar los recursos federales enviados a los estados a una velocidad asombrosa, y sobre todo en periodos electorales. Logran hacerlo a través de pagos indebidos a personal no localizable, pagos a personal dado de baja o con licencia de goce de sueldo, erogaciones con fines distintos a los autorizados por la ley, recursos destinados indebidamente, pagos en exceso, compras innecesarias, obras y acciones que no atienden a la población en pobreza extrema, obras terminadas que no se encuentran en operación, falta de documentación probatoria, mala calidad de los materiales en la ejecución de las obras, pagos anticipados a proveedores sin recibir cuentas o servicios, entre tantas prácticas irregulares más, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y el PAN acepta todo esto al aprobar la eliminación de candados sobre el gasto, argumentando puerilmente que “no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”. No satisfecho con la primera incisión, el panismo se corta una y otra vez.

Todos estos son actos suicidas. Actos encaminados a acabar con la prolongación del Partido Acción Nacional en el poder. Actos con los cuales los panistas van dándole armas a su enemigo para que gane las guerras por venir. Actos de rendimiento y sometimiento y claudicación. Sólo explicables porque el panismo cree en el suicidio ritual para escapar del pasado o del futuro. Sólo comprensibles si el PAN piensa –como los samuráis deshonrados– que ha manchado su nombre con actos de traición o corrupción. Sólo inteligibles si Felipe Calderón le ha pedido a su partido que se arrodille, porque no le preocupa que el PRI regrese a la presidencia tanto como la posibilidad de que AMLO quiera llegar a ella. Así, el PAN se apresta a apresurar la muerte en lugar de seguir peleando para que no ocurra de forma prematura. En el paso final del harakiri japonés, el guerrero que ya se ha desgarrado las vísceras extiende la cabeza para ser decapitado por alguien más. Y si todo sigue de la misma manera, a Acción Nacional le cortarán la cabeza en la próxima elección presidencial. Pero el PRI lo hará porque el PAN se lo pidió.

Retomar la ruta trazada

2009-11-24T11:58:00.000-06:00

Javier Corral Jurado

Tras las elecciones del 5 de julio, que nos mostraron con crudeza la fragilidad del proyecto del PAN en el gobierno, se produjeron expresiones de preocupación y evaluación de los resultados. En foros y espacios del partido, incluido el gobierno, se realizaron autocríticas que derivaron en documentos y discursos que reconocieron omisiones y rezagos, y se plantearon retos y desafíos para encarar el futuro.

Una vez electo presidente del PAN, César Nava integró una comisión de análisis y reflexión que produjo un diagnóstico descarnado y realista de la situación del partido, enlistando las acciones a seguir para revertir la pérdida de la confianza ciudadana. No le faltó a ese documento flanco por cubrir, y su contenido público se concretó en un decálogo bien recibido por la militancia.

Poco antes de ese lance se había producido uno mayor, dada su influencia política en el partido y en la vida política del país. Con motivo de su tercer Informe, el Presidente pronunció un discurso en el que parecía recoger las reflexiones de la crítica y las propuestas de rectificación que desde variados sectores sociales se plantearon; de hecho, en su alocución del 2 de septiembre el presidente Calderón asumió la corresponsabilidad de los resultados electorales, llamó a las cosas por su nombre y desplegó una agenda de cambio y modernización política que suscitó entusiasmo y esperanza.

Fue rectificador el planteamiento, y afirmé que presenciábamos un quiebre en la conducta presidencial para impulsar reformas estructurales, aunque desde un amplio sector se opuso la incredulidad por pesimismo o desconfianza. El ambiente se colmó de ánimo al menos en el partido.

A casi cinco meses de las elecciones y tras esos pronunciamientos, la incertidumbre ha tomado lugar en la definición de la agenda planteada. Se carece hasta ahora de iniciativas concretas y en algunos hechos legislativos la intervención gubernamental ha sido contraria a los propósitos expresados. Quién sabe qué ha sucedido: es evidente que los resortes se han vuelto a aflojar y se pierde tiempo y ritmo en la ruta de proponer al Congreso u operar en el ámbito administrativo los cambios que el país necesita. Estamos a tres semanas de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura. Empieza a trocarse el ánimo en confusión.

De ello dan cuenta las diferencias de opinión entre diputados y senadores del PAN, con motivo de la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto; en la primera se han vuelto a otorgar privilegios indebidos a los poderes fácticos y en el segundo se relajaron las medidas de evaluación del desempeño, control y fiscalización del gasto público a las entidades federativas, y se eliminaron las sanciones por incumplimiento de ese ejercicio, en un año que tendrá elecciones locales en 13 estados, 11 de ellos para renovar gobernador. Por más reiterados que sean los llamados del Presidente al ejercicio transparente y honesto de esos recursos, sólo las sanciones legales disuadirán el desvío de recursos públicos a esas campañas electorales.

En ambos procesos se han generado contradicciones con la idea que nos planteamos para redefinir nuestra relación política con nuestro principal adversario, el PRI. Se sigue alargando inútilmente una alianza que sólo produce beneficios estratégicos al objetivo priísta de recuperar la Presidencia, y ni siquiera en esa meta son capaces de contemplar reformas institucionales que sirvan a todos.

Está más que claro que el PRI no participará de una reforma política para la gobernabilidad democrática del país, porque sus triunfos de 2009 lo tienen obnubilado bajo la idea de que con el mantenimiento del statu quo podría volver a gobernar muchos años más. Pero es tan precario el consenso social en torno del sistema de partidos, que ante la amenaza real de su regreso e intacto el sistema clientelar, corporativo y autoritario, radicaría en ello su propio colapso. Pero obviamente ello corresponde al análisis priísta.

Al PAN compete revisar y concretar las definiciones sobre la ruta trazada, en relación con nuestro ámbito partidista de competencia exclusiva, del que seremos responsables ante la historia; si la administración del presidente Calderón, por su inexcusable tarea de gobernabilidad, decide mantener la estrategia seguida hasta ahora, será entendible. En lo único que no podemos caer es en lo que Efraín González Luna llamó la “neurosis de la escaramuza”.

Diputado federal por el PAN

Corresponsal

2009-11-24T10:30:00.001-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

Escuchar y ser escuchado. Aceptar los límites de la razón y el entendimiento y tratar de ampliarlos una y otra vez. Informarse, siempre informarse, no emitir opinión si se carece de un mínimo que debe ser un máximo de información. Aprender de las generaciones mayores pero también estar atento a las nuevas perspectivas e incluso, por qué no, herejías. Ser amable en las formas pero riguroso en el fondo. Intento describir el ánimo que reina en el Foro Iberoamérica que la semana pasada celebró en Buenos Aires su décima versión. Presidido hoy por Carlos Fuentes y Ricardo Lagos el foro reúne a una triada de ámbitos: políticos, empresarios e intelectuales. Ex mandatarios como Sanguinetti, Betancur, Felipe González, el propio Lagos o Cardoso dialogando y en algún sentido conviviendo anualmente durante tres días con empresarios de gran calado y escritores como Nélida Piñón, Tomás Eloy Martínez, periodistas como Cebrián, Magnetto, Escribano, historiadores como Carmen Iglesias; u hombres de Estado como Enrique Iglesias, Celso Lafer, Francisco Pinto Balsemao. Termino obligadamente la lista cometiendo la injusticia que provoca la escasez de espacio.

El diapasón de paneles es siempre muy amplio, va desde la cruda economía hasta el impacto de la cultura. De todas seleccioné y resumo al lector una que me pareció pertinente para nuestro País. Funjo como corresponsal. Por la información confidencial que se maneja estoy autorizado a transmitir qué se dijo pero no quién lo dijo. La mesa sobre narcotráfico y seguridad estuvo integrada por Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del Colombia, una persona que ha sufrido en carne propia el horror de esa guerra y uno de los más fuertes candidatos a suceder a Uribe si éste declina la reelección, y Luis Felipe Lampreia ex canciller brasileño. Moderó Jorge Quiroga ex cadidato presidencial de Bolivia. Intervinieron además Sanguinetti, Betancur entre otros.

Extensión del fenómeno: creciente al grado de haber tocado ya a países que parecían islas como lo puede ser Costa Rica. Brasil cuenta con favelas de cientos de miles de habitantes controladas por el narco. Gobiernos involucrados a partir de su tolerancia expresa que se plasma en infinidad de casos: Venezuela y Ecuador en particular a través de las FARC. No hay sorpresa pero sí enojo por la hipocresía diplomática. Participación de las Fuerzas Armadas, no es deseable pero es inevitable, la pérdida de control sobre las áreas y el sacudimiento de las instituciones no dejan margen. De allí la enorme diferencia entre países con instituciones fuertes y los débiles que pueden naufragar.

Cómo medir el éxito de los operativos, dos son los referentes: el aumento del precio y la caída en la pureza. Esto generó uno de los puntos de mayor discusión. La paradoja: el éxito de los operativos hace aún más lucrativo el negocio. Es el cuento de nunca acabar. Uno de los aspectos más sugerentes expresados por personas que han tenido experiencia de Gobierno es el factor fatiga. Se trata de una guerra de mediano plazo en la cual nunca habrá una victoria total pero sí puede haber una derrota del Estado. En el trayecto las poblaciones se van cansando de escuchar los logros de otro golpe y otro más sin que pareciera haber un fin. Los gobiernos deben hacer un enorme esfuerzo informativo para mantener o no perder el apoyo de la población. Los medios deben asumir un compromiso expreso como aliados del Estado en esta guerra y autorregularse. Sólo así se evita el narcoterrorismo.

Otro aspecto provocado por la complejidad del asunto, por el desconocimiento de la mayoría de la población y por cierto resquemor, es un síndrome de silencio. Poco a poco las sociedades dejan de hablar de de esta guerra, de hablar en las escuelas, en las universidades, en el medios. Al aislarse de la discusión los ciudadanos terminan convencidos de que el asunto no les incumbe y dejan a los gobiernos solos. Uno de los asistentes expresó con enojo la paradoja de la doble moral estadounidense de sostener una sociedad en la cual las drogas están prohibidas y las armas permitidas. Dos caras de la misma moneda. Hubo consenso en que un mundo sin drogas es utopía. Los participantes expresaron su convencimiento de que la única solución, a la larga, es la legalización o despenalización como producto de un gran acuerdo internacional. Hubo debate en cuáles eran los efectos de acciones de tipo gradual o si debería procederse en varios frentes a la vez. Por supuesto se mencionó el documento promovido en esa línea por los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso el cual debería ser retomado para una discusión sería con todas las bases empíricas que hoy tenemos.

Hubo un amplio reconocimiento a la labor del presidente Calderón y varios de los asistentes, basados en sus experiencias, asentaron que la estrategia tendrá éxito en la recuperación de la capacidad de Gobierno y en la firmeza de las instituciones. Pero estamos apenas en el inicio de la ruta.

El fin de la democracia boliviana

2009-11-23T16:16:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Una dictadura que estimula la producción y distribución de cocaína tiene pocas esperanzas de labrarse una buena imagen internacional. Pero cuando ese mismo gobierno se proyecta usando el lenguaje de la justicia social, con una atención especial a los derechos de los pueblos indígenas, se granjea la aclamación del mundo.

Esta es Bolivia, que en dos semanas celebrará elecciones para presidente y las dos cámaras del Congreso. El gobierno del presidente Evo Morales promocionará el evento como un gran momento para la democracia sudamericana. En realidad, los comicios marcarán el fin oficial de lo que queda de la libertad boliviana tras cuatro años de gobierno represivo de Morales.

Mientras Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos se han obsesionado por la remoción legal de un presidente antidemocrático en Honduras, Morales ha estado fortaleciendo su narco-dictadura. También se hizo amigo del dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien mañana hará una nueva visita a La Paz.

Se prevé que Morales obtenga la reelección sin mayores inconvenientes, en parte porque en muchas áreas que controla los votantes serán escoltados a las mesas electorales para asegurarse de que elijan de forma correcta. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), casi con seguridad retendrá el control de la cámara baja del Congreso y es probable que gane el del Senado, que hasta ahora ha estado en manos de la oposición.

Si esto ocurre, el dominio de Morales será casi imbatible. Pero esto no debería ser interpretado como una adopción nacional de su estilo de hacer política. Logrará extender su poder gracias a una política de terror contra sus adversarios.
[Evo Morales] Reuters

El presidente boliviano, Evo Morales (der.), sujeta una vasija de barro ceremonial que contiene chicha, una bebida alcohólica hecha con maíz fermentado, durante un acto de campaña en Tinguipaya, en la región de Potosí, en octubre.

No hay que olvidar que en 2003 Bolivia tenía un presidente electo en Gonzalo Sánchez de Lozada. A los radicales de la izquierda dura no les gustó que Sánchez de Lozada propusiera la exportación de gas natural licuado a través de Chile. Lanzaron protestas violentas y bloquearon las autopistas del país. Sus objetivos de derrocar el gobierno coincidían con las metas del movimiento de cocalero encabezado por Morales. Se unió al levantamiento.

Cuando el presidente decidió usar al ejército para escoltar a camiones de aprovisionamiento, se desataron los enfrentamientos. Sánchez de Lozada decidió dejar el país como una forma de desactivar la violencia, y el Departamento de Estado de EE.UU. le dijo que si no renunciaba antes de irse, cortaría la ayuda extranjera. El presidente obedeció y, de esta manera, le brindó, bajo coacción, un barniz legal a un golpe ilegal.

El terrorismo había funcionado y no había ni una pizca de protesta por parte de la comunidad internacional. Así que fue usado otra vez para forzar la renuncia del sucesor de Sánchez de Lozada y presidente del Senado. Eso significó que había que llamar a nuevas elecciones. Morales se presentó y ganó.

Al asumir la presidencia en 2006, Morales comenzó a usar su oficina para perseguir a funcionarios de gobiernos previos. Algunos fueron encarcelados, otros abandonaron el país. Hizo cambios profundos en la justicia y en el consejo electoral. Cuando surgía un desafío de la oposición, sus matones callejeros o sus jueces le ponían fin.

Una asamblea constituyente fue elegida para reescribir la Constitución, pero el MAS no consiguió los dos tercios de los asientos para delegados. De esta forma, la asamblea se negó a adoptar un texto repleto de artículos antidemocráticos y una cláusula para la reelección del presidente. Una vez más, el MAS, con el respaldo del gobierno, recurrió a la fuerza. En noviembre de 2007 llamó a la asamblea a una guarnición militar, no dejó entrar a la oposición y ganó la votación. Tres manifestantes murieron. Una segunda votación necesaria para ratificar cada artículo volvió a excluir a los miembros de la oposición.

Cuando llegó el momento de lograr que el Senado ratificara el documento, Morales volvió a llamar a la muchedumbre. En marzo rodearon el edificio del Parlamento y amenazaron a los legisladores. Los congresistas opositores eventualmente cedieron pero afirmaron que había podido salvar unos pocos vestigios del capitalismo democrático, como los derechos de propiedad y la educación privada. Sin embargo es probable que estos logros sean transitorios.

Además de la provisión de la "reelección" presidencial, el documento contiene otros dos artículos que es probable que devasten la democracia. Uno crea una clase especial de personas que se considera que tienen sangre indígena pura, y les concede privilegios especiales como escaños designados en la legislatura. Esto le otorga a Morales un control político enorme. Un segundo artículo le permite convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Y afirma que puede ser aprobada por dos tercios de "los miembros presentes". En otras palabras, si Morales vuelve a fracasar en su intento de obtener los dos tercios de los votos que necesita para ratificar su plan, sólo necesitará repetir la práctica de rodear el lugar de reunión y bloquear a sus oponentes para que no voten.

Morales es el dictador más reciente de América del Sur, pero no es el comunista ideológico que muchos temen. Es más parecido a un jefe de la mafia, que ascendió al poder con la promesa proteger el negocio de la coca. Ahora tiene la capacidad de hacerlo.

Bajo su mandato, el cultivo de coca es legal y cobra una tarifa de licencia de todos los agricultores, cuyas cosechas se venden a través de un mercado centralizado. Funcionarios del MAS también regulan la producción y el tráfico de cocaína que ahora llega al nivel de los hogares.

El auge del negocio ha vuelto popular a Morales. Tal vez deteste a EE.UU. y la libertad pero hay algo que es seguro: entiende los mercados.

La globalización educativa

2009-11-19T18:22:00.002-06:00

Andrés Oppenheimer

Un nuevo informe sobre los jóvenes extranjeros que estudian en las universidades estadounidenses sugiere que la brecha entre los países en vías de desarrollo está aumentando: mientras los países asiáticos están enviando cada vez más estudiantes a algunas de las mejores universidades del mundo, los países latinoamericanos se están quedando cada vez más atrás.

Confirmando una tendencia que podría tener repercusiones políticas y económicas en las próximas décadas, China e India están enviando el doble de estudiantes a las universidades estadounidenses que todos los países sudamericanos juntos, según el nuevo informe del Instituto de Educación Internacional (IEI) con sede en Nueva York.

Lo que es aún más llamativo, Corea del sur, con una población de menos de la mitad de la población de México, está enviando cinco veces más estudiantes a las universidades estadounidenses que México. Y Vietnam, un país gobernado por el partido comunista con una población que no llega a la mitad de la de Brasil, está enviando más del doble de estudiantes a las universidades estadounidenses que Brasil.

He aquí algunos de los datos incluidos en el informe Puertas Abiertas que acaba de dar a conocer el IEI:

• En total, el número de estudiantes internacionales en las universidades de Estados Unidos creció un 8 por ciento este año, para alcanzar la cifra record de 671,616 estudiantes.

• Los países que envían más estudiantes son India, con 103,000 estudiantes (un 9 por ciento más que el año pasado), China, con 98,000 estudiantes (un 21 por ciento más que al año pasado), y Corea del Sur, con 75,000 estudiantes (un 9 por ciento más que al año pasado).

• En comparación, el número de estudiantes de México fue de 15,000, lo mismo del año pasado, el de Brasil 8,700 (un 16 por ciento más que el año pasado), el de Colombia 7,000(un 5 por ciento más), el de Venezuela 4,600 (5 por ciento más), el de Argentina 2400 (una disminución de 6 por ciento respecto del año anterior) y el de Chile 2,000 (un aumento de 16 por ciento).

• El número total de estudiantes de todos los países asiáticos creció en más de un 9 por ciento, mientras que el número total de estudiantes latinoamericanos aumento un 5 por ciento. El número de estudiantes europeos aumento un 4,5 por ciento, incluyendo un aumento de 5 por ciento de estudiantes españoles.

¿Por qué son importantes estas cifras? Porque, cualquiera sea nuestra opinión sobre el futuro de Estados Unidos como superpotencia, los dos rankings más importantes sobre las mejores universidades del mundo --el del Suplemento de Educación Superior del Times, del Reino Unido, y el de la Universidad Jiai Tong de Shanghai, China-- coinciden en que las universidades estadounidenses siguen siendo mejores que las del resto del mundo. El ranking del 2009 de la universidad de Shanghai está encabezado por Harvard, y 8 de los 10 primeros puestos están ocupados por instituciones estadounidenses.

Independientemente de la rapidez con la que la economía estadounidense emerja de la actual recesión, pocos expertos dudan de que la globalización educativa ayuda a los países. Los estudiantes extranjeros que estudien en las mejores universidades del mundo --ya sean de Estados Unidos, o Europa-- adquirirán conocimientos y contactos internacionales que permitirán a sus países insertarse mucho mejor en la economía global.

"Particularmente en China, pero también en otras partes de Asia, los estudiantes aún consideran que la educación superior estadounidense les proporciona conocimientos y credenciales que les serán de gran utilidad en sus futuras carreras'', me dijo Peggy Blumenthal, una de las principales funcionarias del IEI. "Por alguna razón, este fenómenono parece darse en la misma medida en Latinoamérica''.

Además, a diferencia de los latinoamericanos, casi todos los estudiantes asiáticos en las universidades estadounidenses cursan carreras de post-grado en ciencia y tecnología, me dijo Blumenthal.

Mi opinión: Las últimas cifras deberían preocupar a los gobiernos latinoamericanos. Los países asiáticos no solo envían cada vez más estudiantes a Estados Unidos, sino que también invitan a más universidades estadounidenses, europeas y australianas a establecerse y otorgar diplomas en sus propios territorios.

Mientras China tiene más de 170 universidades extranjeras legalmente autorizadas a otorgar diplomas en el país, e India tiene 61, muchos países latinoamericanos prohiben a instituciones extranjeras dar diplomas válidos, y limitan sus contactos con ellas a intercambios estudiantiles de corta duración.

La internacionalización de la educación debería ser una política de estado para todos los países, incluso para Estados Unidos, que se beneficiaría mucho de tener más universidades extranjeras. Si los países no envían estudiantes a buenas universidades extranjeras, deberían tratar de que más universidades extranjeras de primer nivel vengan a ellos.

Extremismo antiinstitucional

2009-11-18T12:21:00.000-06:00

José A. Crespo

La situación en que se halla la endeble democracia mexicana me recuerda, en cierto sentido, a la República alemana de Weimar: por su ineficacia, fue bombardeada con descalificaciones por grupos extremistas de izquierda y de derecha, hasta que la hicieron reventar. Lo que terminó por desestabilizar ese ensayo democrático no fue la existencia de los grupos extremistas (los hay en todas las democracias), sino el gran respaldo social que obtuvieron. Y eso me parece que puede estar ocurriendo en México. La democracia es, por definición, el gobierno de los moderados —de cualquier signo—, que buscan soluciones a los diversos problemas, dentro de la ley, no por fuera. Los extremistas, en cambio, suelen ver la democracia como débil e ineficaz. Consideran la ley como una camisa de fuerza, por lo que no tienen problema en actuar por fuera de ella para lograr sus propósitos y su respectivo ideario con mayor eficacia. La vía de la reforma legal se ve como insuficiente y lenta, lo que en casos de urgencia se vuelve un lastre más fácil de superar por la vía extralegal.

En México, la institucionalidad y el esfuerzo democrático cada vez generan menos entusiasmo. Por un lado, tenemos grupos de izquierda radical convocando a festejar 2010 con balas, para buscar una idílica renovación del país (como se pensó que podría ocurrir en 1910). Por su parte, Andrés López Obrador, tras los inciertos y opacos comicios de 2006, decidió mandar retóricamente “al diablo” las instituciones. Justifica las acciones extrainstitucionales cuando hace falta: toma de calles y carreteras o bloqueos de edificios (aunque, hasta ahora, no por la vía violenta). Pese al alejamiento de los moderados, segmentos nada despreciables se han mantenido fieles al liderazgo y el discurso obradoristas. Y en tanto la crisis y el desempleo persistan, podrían sumársele muchos más. Por su parte, las propuestas de Mauricio Fernández, alcalde de Garza García, en el sentido de recurrir a grupos de limpieza para enfrentar al crimen organizado, parecen una expresión del extremismo de derecha. Fernández ha manifestado también, a su modo, desprecio por las actuales instituciones: implícitamente, las “manda al diablo”, lo mismo al inútil Congreso que al corrupto sistema judicial (lo dijo él). Sólo el Ejército sigue siendo respetable, por lo que debe ayudársele por cualquier vía (incluidos grupos de limpieza extralegales). Su disposición a pasar por alto la ley a partir de la ineficiencia institucional, se refleja en expresiones como: “Me voy a tomar atribuciones que no tengo… directamente le vamos a entrar”; “A veces es necesario saltarse las trancas”; “(La acción justiciera) no está en la regla, pero lo que nos urge es arreglar el país”; “¿Que está fuera de la ley?, pues sí, pero ellos (los delincuentes), también”. Y recurre al pragmatismo que, como sabemos, es necesario para la eficacia política pero, cuando se lleva al extremo, atenta contra el Estado de derecho, la democracia, e incluso todo el orden institucional: “Yo ya no quiero tanta teoría. Resultados es lo que el pueblo quiere.” Y frente a la alternativa reformista, muestra su apremio para justificar la acción extralegal: “Como está el país, no lo vamos a lograr, y de aquí a que lo cambien, yo no me voy a esperar.” Esta línea de acción antiinstitucional parece atractiva a los grupos empresariales y conservadores, como lo refleja el visto bueno de Alejandro Martí: “Nuestras leyes que en realidad son más protectoras de los victimarios que de las víctimas.” Y viene, desde luego, la tentación autoritaria: “Todo el mundo dice: ‘Bueno, hasta que hay alguien que pone orden.’”

No es que no tengan parte de razón quienes desde la izquierda o la derecha afirman que las instituciones no funcionan y condenan su corrupción e ineficacia. Al contrario, justo porque ponen el dedo en la llaga sus posiciones tienen altas probabilidades de reclutar partidarios, abonando en esa medida el temido estallido social (en el que podrían participar no sólo segmentos desfavorecidos, sino también privilegiados, tal vez confrontándose unos con otros). Paradójicamente, los titulares de la institucionalidad que, por tanto, debieran defenderla, abonan de forma indirecta al extremismo con sus irresponsables decisiones y omisiones, su corrupción y arbitrariedad, su torpeza e ineficacia, su constante agandaye. Hace más daño “mandar al diablo a las instituciones” desde adentro que desde afuera de ellas, pues lo primero propicia lo segundo y le da justificación.

Wild

2009-11-17T14:05:00.000-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

De entrada hay un problema. La traducción no es del todo precisa. Wild y wilderness remiten a un estado primigenio, intocado, salvaje. Pero en español lo salvaje advierte del peligro, señala un ámbito que pertenece a las bestias, a lo brutal de lo cual nos queremos alejar. Nadie debe santificar a las bestias. Quizá por ello se ha recurrido a la expresión tierras silvestres. Pero eso que en español pudiera provocar temor en inglés merece reverencia. ¿Cuándo surgió el movimiento? ¿Quién es el autor intelectual del concepto? Difícil rastrarlo, aunque por supuesto están los pioneros naturales con frecuencia pertenecientes a etnias y comunidades con vínculos tan estrechos a sus tierras que simplemente no pueden imaginar su vida sin ese referente, lo wild.

Caminamos al filo del abismo. Para muchas etnias ese estado de la naturaleza intocada, sin mancha o mácula provocada por la presencia humana, siempre trasformadora y casi siempre destructora, ese estado inicial es algo sagrado. Quien lo altera atenta contra las divinidades. El peligro de esta ruta es que se puede caer en una versión religiosa de lo wild. Al final del día toda religión se sustenta en dogmas y el dogma es la negación de la razón. Pero entonces, cómo explicar racionalmente que el ser humano debe mantener intocados vastos territorios que en realidad son pequeñas esquinas de una vida que hoy está arrinconada y a punto de desaparecer. La aproximación debe ser secular, no puede exigir la filiación a ningún dogma. La premisa es sencilla: debemos conservar intactas zonas de nuestro único planeta, zonas en las que el ser humano debe respetar la flora, la fauna, el entorno.

Alguien podría pensar que se trata de conservacionismo, de esa afortunada corriente de pensamiento que ha logrado sacudir al mundo mostrando los horrores de la destrucción y las terribles consecuencias de la pérdida de biomasa y biodiversidad. Pero no, para los defensores de lo wild el conservacionismo sigue pensando a la naturaleza en función de su propio beneficio. Si perdemos biodiversidad cancelamos pistas de investigación genética que nos pueden llevar a nuevos medicamentos por ejemplo. Todo eso está muy bien, pero hay algo más y no tiene que ver con un frío cálculo de las repercusiones de nuestro infinito afán destructivo. Lo wild merece otra lectura, una en la cual el contenido es más cercano a los principios y la vida espiritual. Como punto de partida hay que aceptar que esa vida no nos pertenece. Es al revés, nosotros pertenecemos a ella aunque por momentos lo olvidemos.

Acercarse a la wilderness es entonces un acto de búsqueda y no de conservación de una reserva que nos interesa preservar por lo que de ella desconocemos. Todo defensor de lo wild es un conservacionista por principio, pero la invitación busca que el conservacionismo asuma lo wild como parte esencial de su trabajo. La vida que está en esos territorios nos abre la puerta a nuestros propios orígenes. Si desaparece nosotros desaparecemos con ella. Nuestra identidad original proviene de esa condición. Destruirla es, en algún sentido, destruirnos. Es tanto como destruir los cimientos o mejor aún los planos de la edificación cultural que llamamos civilización. Pero ahí sólo comienza el argumento de lo wild como parte esencial de nuestras vidas, hay mucho más. Qué decir de la estética, sí porque eso que para algunos colinda con la brutalidad tiene una estética propia e infinita.

Estos son los trazos de una discusión en curso que lleva décadas y que formalmente se plasma en un movimiento internacional de defensa de lo wild, de la vida silvestre. Jirafas, jaguares, hipopótamos, quetzales, osos blancos, lobos mexicanos o bisontes, lo que sea, son el bello desfile de las expresiones más visibles de ese mundo. Pero el movimiento wild agrega en ese desfile a una especie más, el ser humano. Si acabamos con los otros acabamos con nosotros mismos.

En días pasados México tuvo el privilegio de ser el escenario de la novena edición del Congreso Mundial de Tierras Silvestres. Privilegio pero también responsabilidad porque nuestro País tiene, en lo que a biodiversidad se trata, un enorme banco genético qué cuidar. José Sarukhán, Exequiel Ezcurra y muchos científicos mexicanos han entregado su vida a esa causa. El espíritu y la fibra de la reunión corrieron a cargo de ese gran fotógrafo y conservacionista que es Patricio Robles Gil. Wild 9 llegó a refrendar un compromiso que se plasmó en acuerdos. Las autoridades, incluido el propio presidente Calderón, signaron de manera simbólica la causa. Las áreas naturales protegidas son un excelente punto de partida. Pero ahora viene el reto mayor, como lo señalara José Sarukhán: sin cambio de hábitos se logrará poco. Si queremos estar en la vanguardia lo primero que deberemos cambiar es la actitud de los mexicanos hacia el entorno. En nosotros está el problema y la solución. Bienvenido el espíritu wild.

México amurallado

2009-11-11T11:25:00.002-06:00

DENISE DRESSER

México contra la pared. México atrapado por el muro infranqueable que la educación indefendible erige en torno a millones de mexicanos, víctimas de un sistema educativo que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo. Víctimas de una escuela pública que crea jóvenes apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Educados para memorizar en vez de cuestionar. Entrenados para aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos. Educados para hincarse delante de la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la justificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador, resultado desconsolador tras resultado desconsolador.

Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿dónde está el clamor? ¿Cómo entender que tantos marchen para defender a un líder sindical privilegiado, pero nadie movilice a la sociedad para protestar contra una educación deficitaria? En México no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos, precisamente por la baja calidad del sistema educativo; estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Por ello se aprecia que la organización civil Mexicanos Primero elabore un reporte cargado de urgencia; una radiografía que debería ser una sacudida y un llamado a la acción; una convocatoria a patear y a derribar la pared; una intromisión inteligente y atinada en lo que siempre ha sido nuestro, de todos: el derecho a la educación.

Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por la inclusión tardía, por la reprobación, por la deserción; produciendo una generación herida, en la cual más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. Produciendo un país incapaz de construir trampolines para la movilidad social que permitan saltar de la tortillería al diseño de software. Donde la escolaridad promedio es de tan sólo 8.7 años, lo cual equivale tan sólo a segundo de secundaria y se vuelve razón fundacional de nuestro desarrollo trunco. Donde 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA –la mejor métrica internacional– se ubican entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para afrontar las demandas de una economía que se enfrenta a un mundo globalizado. Cifras de una catástrofe; datos de un desastre; números que subrayan aquello que el escritor James Baldwin advirtió: los países no son destruidos por la maldad, sino por la debilidad, por la flojera.
O por la complicidad en la construcción de ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Paraje amurallado por el tipo de liderazgo que Elba Esther Gordillo tiene y cómo lo ejerce desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, prometiéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato. Para que no haya pleitos ni movilizaciones ni confrontaciones como las que hubo en Oaxaca o en Morelos. Gobierno tras gobierno –de la mano del SNTE– han concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación, más que como un vehículo de empoderamiento.

¿Quiénes pagan el costo de la complicidad constante entre el gobierno y La Maestra? Seis de cada 10 alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas; cuatro de cada 10 que tampoco los obtienen en español. Y peor aún: millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado antes de pensar en el futuro. Sobrevivientes de una educación construida a base de mitos que buscó producir una identidad nacional y vaya que lo ha logrado: México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas.

México, el país donde en la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento; se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación; se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país donde, en la escuela pública, no se desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una arraigada propensión a la conformidad.

México sólo prosperará cuando su gente esté educada, y muy bien educada. Y eso entrañaría, para empezar, reconocerlo y actuar en consecuencia, como exige el reporte de Mexicanos Primero. Urge derribar la pared mediante un cambio de actitud, un cambio en los maestros y un cambio en las reglas. Urge un conocimiento básico de la deplorable situación de la educación actual para poder reformarla, porque de momento tenemos lo que nos ofrecen y con eso nos conformamos. Urge mejorar a los maestros, porque ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos, pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar sin modificar profundamente la estructura institucional vigente, creada para un modelo autoritario y vertical, corporativo y opaco. Urge cambiar las reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos.

Para modernizar a México habrá que comenzar por los maestros y quien los mueve. Habrá que empezar por el gobierno y sus cálculos políticos. Habrá que imbuirle a la actuación del secretario Alonso Lujambio el sentido de urgencia –y el fuego en la panza– que todavía le falta demostrar. Habrá que insistirle a Felipe Calderón que La Maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera, con otros objetivos.

Porque si la respuesta de las autoridades sigue siendo la tibieza o la simulación, condenarán a México a ser un país cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más aletargado, cada vez más pobre. Porque si no se instituye un padrón único de maestros, si no se transforma la educación normalista, si no se crean sistemas de formación continua de profesores, si no se implanta la certificación periódica y obligatoria para los docentes, si no se involucra a la sociedad civil en una revolución educativa, México continuará siendo un país parapetado detrás de las excusas y el miedo y la tibieza y la renuencia de tantos a pagar costos políticos. Porque si el gobierno le permite a Elba Esther Gordillo obtener recursos y puestos y posiciones sin comprometerse a fondo con ese primer paso que es la “Alianza por la Calidad de la Educación”, Alonso Lujambio terminará siendo otro secretario de Educación Pública que prefiere añadir ladrillos, en lugar de dar la batalla por su destrucción en nombre de los niños de México. Y Felipe Calderón acabará convertido en otro presidente que prefiere apuntalar el muro en vez de desmantelarlo.

De héroes y...

2009-11-10T18:49:00.002-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

Victorias pírricas, vanidades infladas. Las negociaciones de la ley de ingresos fueron un desfile de pequeñeces. Que si el Senado no pudo frente a los diputados. Que si fulano perdió frente a no sé quién, que si los diputados del Estado de México se resistieron a no sabemos qué. La última escena no tiene desperdicio: los líderes del PRI afirmando que, gracias a ellos, no hubo aumento de impuestos. ¡Pero si lo que necesita México es un estado más fuerte, más fuerte en lo fiscal y por ende en muchos otros ramos! Una auténtica feria de desfiguros. Algo queda claro: los legisladores no quieren asumir una responsabilidad de estado. Va desde abajo.

México recauda alrededor de 15% del PIB. De allí más de cinco puntos provienen del petróleo. O sea que en realidad recaudamos, sin petróleo, en términos globales, 10% del PIB. Somos un estado muy pobre. España recauda alrededor del 23 y Portugal y Holanda el 25. La media en los países de la OCDE es del 27%. El petróleo es la terrible gran droga nacional. Pero esa droga va a la baja -muy anunciada- y es por eso estamos en emergencia. Nos alcanzó el futuro, tenemos que recaudar más. Empieza la discusión. Es que gastamos mal. Es cierto hay despilfarros, opacidad, lujos, desperdicio, duplicidad, etc., en la Federación y en los estados. Pero aun gastando como profesionales lo que ingresamos es raquítico. En impuestos al consumo sacamos poco más del 2% cuando los países de la OCDE recaudan más del 7%; en impuestos al ingreso México obtiene 5% y los países de la OCDE el 12%. En predial cobramos alrededor de la veinteava parte. ¿De dónde quieren que salgan los dineros para infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, programas de ayuda a los pobres y un largo etcétera, si recaudamos tan poco?

Pero claro en el momento en que se habla de aumentar impuestos los causantes cautivos brincan y con toda razón pues pareciera que la única fórmula que los legisladores han encontrado para aumentar la recaudación es aumentando los impuestos a los mismos causantes, a los que ya están, (estamos) dentro. Como si no hubiera nada qué hacer contra los evasores tradicionales, contra ese vasto universo de los causantes potenciales que son la otra mitad que no paga impuestos. Pieza central del éxito de un País desarrollado son los impuestos justos y progresivos. En México son asunto de broma y burla. Los hoyos son parte clave de la injusticia institucionalizada. Por captación 3%, por evasión al ISR 2.20%, por “esquemas especiales” (privilegios con tradición) 5.38%, por tasa cero en IVA 1.50%, por predial 4%. La suma es un aterrador o alentador 16%. ¿Se puede recaudar más en México? Sí, por supuesto que sí, pero para eso se necesita ir a la caza de todos.

Lo más curioso es que las autollamadas “fuerzas progresistas” de nuestro País ¡festejan que no se aumenten los impuestos! Por ese camino jamás tendremos un País más justo. Aunque sea impopular decirlo necesitamos más dineros públicos para que México alcance un desarrollo pleno. Más dineros si queremos que las diferencias regionales disminuyan, más recaudación si queremos que los niños del sur del País tengan internet como los del norte y que las futuras madres tengan mejor educación para que sus hijos estén frente a un horizonte mucho más amplio, más infraestructura para más empleos, más de todo, salvo burocracia. Continuar con un estado pobre no puede ser una victoria para nadie. Si hubiésemos tenido un superávit fiscal, México hubiera podido inyectar más dinero para paliar la recesión y el desempleo. Así lo ha hecho Chile entre otros y miren la diferencia. ¡Cómo aplaudir que, en términos generales, salgamos con lo mismo!

Los estereotipos nos avasallan. Los ricos son el problema. Falso, muchos países con mayor justicia social tienen muchos ricos, pero bien gravados. Hay que gravar a los que producen porque se hacen ricos. Falso, hay que gravar a los que producen con cautela, pero mucho más a los que consumen y gravar el ingreso de manera progresiva. Pero, lo más importante, hay que gravar a todos los que deben pagar impuestos, sin excepción. Sólo así se construye una nación más prospera y equitativa. Si un País no logra ese objetivo, gravar a todos los que deben pagar, nunca tendrá suficientes causantes para sostener un estado sano.

Atrapados por sus viejos dogmas y prejuicios, los legisladores se vieron pequeños frente a los retos del Siglo XXI. Hay quien los llama ya la generación del fracaso. No creo demasiado en el cartabón de las generaciones, pero de que en este capítulo se miran sin visión de largo plazo, sin visión de estado, de eso no me cabe la menor duda. Todos los que aplauden esta batalla como un triunfo son los responsables de la mortalidad infantil en zonas aisladas, de las clínicas sin medicamentos, de las escuelas pobres, de los niños en situación de calle, del desempleo, de la pobre inversión en ciencia, de la inseguridad, de la miseria. ¿Héroes? No, enanos.

Votos panistas, modelo agotado

2009-11-10T15:47:00.001-06:00

Javier Corral Jurado

Por las posiciones que ya han expresado diversos legisladores del PRI en relación al presupuesto de egresos de la federación, más que un instrumento de redistribución del ingreso nacional hacia proyectos prioritarios, programas sociales y sectores de la población que mayormente lo necesitan, se está configurando literalmente un agandalle de recursos para el sindicato priísta de gobernadores, con miras a las elecciones del año que entra. Eso es muy delicado, entre otras cosas, porque el margen de redistribución del presupuesto, si mucho, llega al 10%. Lo demás está prácticamente etiquetado. Veremos cómo termina este segundo capítulo de la política económica propuesta por el Presidente Calderón, porque el primero en materia de ley de ingresos ha dejado una honda insatisfacción.

Conforme pasan los días, y las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias sobre diversos temas. Porque se trató de un proceso en el que concurrieron muy diversos actores y muy contradictorios intereses, en un momento muy deteriorado de la Hacienda pública, bajo todo tipo de presiones -políticas, económicas y partidistas -, y con una nueva correlación de fuerzas en la cámara de los diputados que, a los del PAN nos colocan en una enorme desventaja no sólo frente a la mayoría que por sí mismos representan el PRI y la Telebancada del Partido Verde, sino en varias de nuestras propuestas, frente al resto de los partidos.

El PAN tiene en el Senado, 50 miembros de 128, y entre los diputados, sólo 143 de 500. Esa es la primera realidad a tomar en cuenta, cierto es, derivada de nuestra derrota electoral del 5 de julio y ésta a su vez de las graves omisiones que como partido gobernante hemos tenido en los últimos 9 años en desmantelar el régimen autoritario, corporativo y clientelar que prohijó durante 70 años al PRI, y que su mantenimiento, lo ha reposicionado.

Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos los diputados y senadores votamos a favor de todo lo que se propuso. En una línea de consistencia política fuimos muchos diputados y senadores panistas que respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a la introducción de privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas del país. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores de Acción Nacional al interior de las bancadas, y entre cámaras.

Señalo privilegios indebidos porque, como lo mencioné en mi colaboración anterior, hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar tajadas de provecho personal, no sólo político sino también económico. En la difícil situación que viven los más en nuestro país, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad alguna de ofrecer argumentos, ni razones, cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes al mismo tiempo que se decretan esos aumentos o nuevas contribuciones para la población en general. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes, por más que se argumentara que era “o todo el paquete, o nada”.

Por eso varios votamos en contra de los tratamientos especiales que se dieron en el régimen de consolidación fiscal dentro de la Ley del impuesto sobre la renta que permitió diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas del país por los siguientes cinco años. El Presidente Calderón que había reclamado airado su responsabilidad a las grandes empresas de México en el pago de contribuciones, propuso originalmente que en el primer año, los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos, cumplieran con el 60% y el resto en pagos diferidos por cuatro años. Esa expectativa de ingreso significaba alrededor de 27 mil millones de pesos. La cámara de diputados al aprobar el esquema de consolidación bajó el primer pago al 40%. Aún así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el senado le rebajó otro 15%, y lo colocó en 25%. Votamos en contra.

Sostengo que no sólo la clase política está dejando de ver el caldo de cultivo que para la irritación social producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la enorme brecha de la desigualdad social que acumula desesperanza y desesperación. El 10% de la población mexicana acapara el 42% del ingreso; el segundo decil, diría la clase media, el 15% del ingreso. Todo lo demás es pobreza, y eso es estar parados bajo una bomba de tiempo que las celebraciones centenarias de nuestras dos revoluciones pueden detonar.

Por eso también un grupo importante de senadores y diputados panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando la cámara de senadores aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé con mi voto esa medida que además de recaudatoria es un instrumento eficaz contra el tabaquismo, la principal causa de muertes en nuestro país. Todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, las epidemias derivadas de virus como el sida o la influenza, etc, suman al año 30 mil muertes en nuestro país. El tabaco consigue la muerte de 60 mil personas al año.

Con más ganas y en mayor proporción diputados y senadores del PAN resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil en el país. Empresas altamente rentables, con altas tasas de retorno en sus inversiones y utilidades expoliadoras en los servicios que ofrecen, conquistaron finalmente bajo la presión directa de la voracidad insaciable de Televisa - la empresa que resultará más beneficiada - una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más tenso y desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la República de la defensa de esa indebida como inconstitucional exención fiscal, ha quedado un ambiente contrariado y desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política que anunció apenas el 2 de septiembre pasado.

No creo que haya un solo legislador federal que esté conforme o satisfecho con lo aprobado. Por eso digo que hay un sabor amargo del desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También supongo que hay unos que tienen más cara que otros, para dar razón de su conducta política. De lo que no tengo ninguna duda, es que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.

El próximo objetivo de Chávez: El Salvador

2009-11-09T15:06:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Fidel Castro aprendió mucho del fallido paso por el poder del presidente chileno Salvador Allende en 1973. El líder cubano usó las lecciones de esa amarga derrota para entrenar al venezolano Hugo Chávez sobre cómo alcanzar la dictadura por la vía democrática más de 25 años después.

Ahora, los revolucionarios de América Latina podrían estar experimentando otro revés y, en esta ocasión, no pueden afirmar que un golpe militar derrocó a su dictador en potencia. En cambio, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue arrestado por orden de la Corte Suprema y depuesto por el Congreso. Y a pesar de la enorme presión internacional, la democracia hondureña hasta ahora ha defendido su estado de derecho.

Sin embargo, lejos de darse por vencidos, los protegidos de Castro ya usan en El Salvador lo que aprendieron en Tegucigalpa. La democracia de libre mercado más prometedora de América Central ahora lucha por su vida.

Allende fue derrocado por las fuerzas armadas porque había pisoteado la Constitución. La Corte Suprema, el Colegio de Abogados y el Colegio Médico denunciaron su desapego a la ley. Según James R. Whelan, autor de una historia de Chile titulada "Desde las cenizas", la cámara de Diputados aprobó una resolución el 22 de agosto de 1973 que "decía claramente que era responsabilidad de los militares... 'poner un fin inmediato' al estado de caos y 'encausar la acción del gobierno dentro de los marcos legales...'". Menos de un mes después, los militares cumplieron.

La lección de Chile para la izquierda dura fue que el éxito depende de que primero se controlen las instituciones que tienen el poder de limitar a un aspirante a tirano. Ahora, el liderazgo del partido FMLN de El Salvador, compuesto por numerosos ex guerrilleros, intenta hacer justamente eso.

El partido político del FMLN demoró unos 20 años en acceder a la presidencia. Muchos salvadoreños desconfían del partido debido a su violenta historia. Pero el candidato del FMLN, Mauricio Funes, hizo campaña como un moderado. La economía había sufrido durante la gestión del ex presidente Tony Saca, del Partido Arena, de centro-derecha. Los desilusionados salvadoreños buscaron un cambio.

Funes sigue siendo ampliamente considero como un moderado. La semana pasada un ex presidente, Alfredo Cristiani, me dijo en una entrevista telefónica que, en su opinión, Funes "genuinamente no es parte del grupo dentro del FMLN que quiere conducir a El Salvador a una dictadura".

Cristiani, sin embargo, está preocupado y tiene buenos motivos para estarlo. Hay muchos extremistas en torno a Funes, comenzando por José Luis Merino, a quien se le considera el líder de facto del partido. Su nombre de batalla, "Ramiro", apareció como un aliado en correspondencia entre líderes del grupo guerrillero colombiano FARC que fue capturada por los militares colombianos en 2008.

Hace un par de años, en una entrevista con la prensa, Merino explicó la agenda política del FMLN de esta forma: "Es llegar al poder, conquistar a la entera y que esa forma de gobierno no cambie. Por supuesto, no con bayonetas ni con persecución. Hay ejemplos, como Venezuela, que es nuestro modelo".

Las instituciones que se interponen en el camino de Merino son el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo Electoral. El partido intentó obtener el control del panel constitucional del más alto tribunal, junto con Saca cuando aún era presidente. Afortunadamente, el acuerdo tras bambalinas fue cuestionado y prevaleció la ley.

Pero lo ocurrido demostró que el FMLN realmente sigue el "modelo de Venezuela" de Merino. También sugiete que, como ya han advertido los críticos, Saca podría estar dispuesto a ayudar al FMLN. El ex presidente sabe que no es de extrañar que un partido político que accede al poder investigue a un ex presidente. Si Saca tiene algo que esconder, la mejor manera de hacerlo sería asegurarse de que no haya ninguna investigación.

La especulación sobre este tipo de maniobras políticas aumentó el mes pasado cuando 12 congresistas de Arena anunciaron que se escindían del partido. Luego de autodenominarse "independientes", procedieron a votar con el FMLN contra una investigación que auspiciaba Arena sobre abusos en subsidios agrícolas.

¿Qué motivó la separación? Cristiani me dijo que un alto miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) le dijo que por lo menos un congresista del PDC recibió una oferta de US$700.000 para votar con el FMLN. De forma separada, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, advirtió públicamente de múltiples ofertas de un intermediario de entre US$300.000 y US$500.000.

Saca niega cualquier tipo de involucramiento en el plan de compra de votos y, seguramente, Merino tiene suficientes motivos para actuar por su cuenta. Pero en la prensa salvadoreña circulan rumores sobre vínculos entre individuos cercanos a Saca y supuestos intermediarios que actúan en nombre de Merino.

La escisión de Arena no es una traición cualquiera al electorado. En El Salvador los electores eligen una boleta de un partido. Los congresistas se nombran según cuántos votos obtuvo el partido. Estos legisladores no fueron elegidos como individuos, sino más bien como representantes del partido. Con sus votos, el FMLN ahora está a sólo uno o dos votos de una mayoría de dos tercios. Si la obtiene, el partido puede decirle qué hacer al moderado Funes. Luego, los seguidores de Chávez estarán bien encaminados a ganar lo que sus aliados no pudieron obtener en Honduras.

Alternativas contra el narco

2009-11-09T14:57:00.000-06:00

José A. Crespo

En España, México tiene una imagen deplorable, sobre todo por el nivel de inseguridad y violencia derivados de la lucha entre y contra el crimen organizado. Casi lo único que se notifica en los noticieros de aquel país sobre México es cuántas cabezas cercenadas aparecieron o cuántos agentes del Estado fueron secuestrados y asesinados. Y también, de vez en vez, acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante la confrontación contra los capos. Me tocó oír la conversación de unos comensales cercanos a mi mesa que planeaban dónde pasar sus vacaciones de inverno; surge de pronto el nombre de México, y uno de ellos de inmediato reclama: “¡A México ni locos! Ahí la seguridad está fuera de control. Lo que quiero es ir a descansar y estar tranquilo, no a arriesgar el pellejo”. Los demás asienten y entonces consideran algún otro país centroamericano, pues “tienen playas parecidas a las de México, pero allá no matan”. Al conversar con meseros o taxistas y al enterarse de nuestra nacionalidad mexicana, de inmediato afloran las condolencias por la violencia del narco y “hacen votos y tocan madera” para que nada parecido ocurra en su país, en cuyas ciudades, en efecto, se respira un aire de gran tranquilidad y seguridad a cualquier hora.

Lo paradójico es que el consumo de drogas y el número de adictos en España es muy superior al de México. De hecho, es el país con mayor consumo de Europa, incluida la liberalizada Holanda. Me dicen mis interlocutores hispanos que eso es mil veces preferible al combate frontal, policiaco y militar a la oferta de drogas, y menos peligroso socialmente. Ante lo cual no me queda más que conceder (pues es también mi convicción). El mismo argumento lo oí en un programa de debates de TV Española: uno de los participantes se quejaba del incremento de consumo de drogas en España, atribuyéndolo al libertinaje social permitido por el gobierno de izquierdas. De inmediato, otro polemista saltó asegurando que nada se lograría aplicando una estrategia de combate frontal contra los distribuidores de la droga, salvo perder los actuales niveles de seguridad y generar una oleada incontrolable de violencia; de nuevo, aparece el ejemplo de México para fortalecer el argumento, con el cual los demás participantes se manifiestan de acuerdo. La confrontación militar contra los cárteles no suele ser considera ahí como “valiente”, sino “absurda”. Se prefiere una política flexible ante las drogas y, en todo caso, dejar a los consumidores asumir la responsabilidad de los daños autoinfligidos, en tanto que el Estado haga trabajo de prevención y rehabilitación a quien lo requiera y solicite. No deja de ser paradójico el contraste de enorme seguridad y tranquilidad callejera en uno de los países que más consumen drogas en el mundo. ¿No debiera ser a la inversa? Algo están haciendo bien allá, que aquí no. Se dirá que precisamente los altos niveles de consumo se deben a la inactividad del Estado, pero ni en Holanda hay un consumo semejante. Y, en México, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa. Aquí, mientras tanto, en lugar de repensar la actual e ineficaz estrategia, se hacen propuestas cada vez más descabelladas, como la del alcalde Mauricio Fernández, de organizar “grupos de limpieza” que la experiencia de otros países indica que, además de vulnerar (aún más) el Estado de derecho, pronto se convierten en parte del problema. Más violencia en lugar de menos, propone como salida el alcalde de Garza García, y muchos tarambanas parecen coincidir con él. Aunque también, desde la Sagarpa, se manejó la opción de tomar al narco como ejemplo de productividad agropecuaria. Alta productividad, sin duda, que sólo se consigue… ¡cultivando precursores de las drogas! y, por lo mismo, altamente rentables.

MUESTRARIO. Raúl Plascencia representaba la continuidad de la lamentable gestión de José Luis Soberanes en la CNDH, mientras Emilio Álvarez Icaza prometía un cambio radical. Pero su demostrada autonomía en la CDHDF no es lo que se quiere para presidir instituciones “autónomas”. Al PAN, al PRI y al PVEM debe haberles parecido espectacular la gestión de Soberanes, algo con lo que no concuerda la gran mayoría de organizaciones, de activistas y de estudiosos de los derechos humanos en México.

Aquí, pese al costo social de la actual lucha, el consumo continúa al alza. No hay relación directa.

Idealismo asesino

2009-11-09T11:12:00.000-06:00

Paul Hollander

Paul Hollander es profesor emérito de sociología en la Universidad de Massachussets en Amherst y autor del estudio Reflexiones sobre el comunismo 20 años después de la caída del Muro de Berlín publicado por el Cato Institute.

El Muro de Berlín que cayó este mes hace 20 años era el símbolo por excelencia del comunismo. Representaba un esfuerzo histórico sin precedentes tendiente a evitar que la gente “votara con sus pies” y abandonara una sociedad que rechazaba. El muro era solamente el segmento más visible de un amplio sistema de obstáculos y fortificaciones: la Cortina de Hierro, la cual se extendía por miles de kilómetros a lo largo de la frontera de la “Mancomunidad Socialista”. Yo fui uno de los que lograron cruzar dichos obstáculos en noviembre de 1956, cuando fueron temporalmente desmantelados a lo largo de la frontera austro-húngara. Mis experiencias en la Hungría comunista, donde viví hasta los 24 años, tuvieron un impacto duradero en mi vida y en mi trabajo.

Si bien estaban muy interesados en el comunismo a fines de los cuarenta y principios de los cincuenta, los estadounidenses—hostiles o simpatizantes—en realidad sabían muy poco acerca de dicho sistema, y poco se comenta hoy sobre el desmoronamiento del imperio soviético. La fugaz atención de la prensa a los importantes eventos de finales de los ochenta y principios de los noventa igualó a su previa indiferencia frente a los sistemas comunistas. Hay poco conocimiento público de las atrocidades a gran escala, de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en los estados comunistas, especialmente cuando se lo compara con el conocimiento público del Holocausto y el Nazismo (el cual derivó en muchas menos muertes). El número de documentales, películas de cine o programas de televisión acerca de las sociedades comunistas es minúsculo en comparación a aquellos de la Alemania Nazi y/o el Holocausto, y pocas universidades ofrecen cursos acerca de los todavía existentes o desaparecidos estados comunistas. Para gran parte de Occidente, el comunismo y sus diversas encarnaciones permanecen siendo una abstracción.

Las respuestas morales distintas al nazismo y al comunismo en Occidente pueden interpretarse como el resultado de que las atrocidades comunistas son percibidas como efectos secundarios de intenciones nobles, las cuales tuvieron dificultades en materializarse sin recurrir a medidas drásticas. En contraste, las atrocidades de los nazis son vistas como la maldad pura y sin justificación alguna, y no son respaldadas por una ideología atractiva. Hay mucha más evidencia física e información acerca de los genocidios nazis, y los métodos de exterminación de éstos fueron altamente premeditados y repugnantes, mientras que muchas víctimas de los sistemas comunistas murieron debido a las condiciones de vida letales en sus lugares de detención. La mayoría de las víctimas del comunismo no fueron asesinadas con técnicas industriales modernas.

Los sistemas comunistas variaban desde la pequeña Albania hasta la gigantesca China, desde los altamente industrializados países de Europa del Este hasta naciones subdesarrolladas de África. Si bien eran diferentes en muchos aspectos, todos tenían en común la confianza en el marxismo-leninismo como su fuente de legitimidad, el sistema de partido único, el control sobre la economía y la prensa, y la presencia de una enorme fuerza policial política. También compartían un supuesto compromiso por la creación de un ser humano moralmente superior—el hombre socialista o comunista.

La violencia política bajo el comunismo tuvo un origen idealista y un objetivo purificador. Aquellos perseguidos y asesinados eran definidos políticamente y moralmente como corruptos y como un peligro para un sistema social superior. La doctrina marxista de lucha de las clases brindaba el respaldo ideológico para el genocidio. Las personas eran perseguidas no por lo que hacían sino por pertenecer a categorías sociales que los hacían sospechosos.

Luego de la caída del comunismo soviético, muchos intelectuales occidentales continuan convencidos de que el capitalismo es la raíz de todos los males. Ha habido una larga tradición de dicho rencor entre intelectuales occidentales que le dieron el beneficio de la duda o simpatizaron abiertamente con sistemas políticos que denunciaron la búsqueda del lucro y proclamaron su compromiso con la creación de una sociedad más humana e igualitaria, y con seres humanos que no fueran egoístas. El fracaso de los sistemas comunistas en mejorar la naturaleza humana no significa que cualquier intento por hacerlo está condenado, sino más bien que tales mejoras serán modestas y difícilmente serán alcanzadas mediante la coerción.

El comunismo soviético colapsó por muchas razones, incluyendo la ineficiencia económica que resultó en la escasez crónica de comida y de productos de consumo, y la predominante y falsa propaganda, la cual equivalía a la rutinaria distorsión de la realidad resaltando la brecha entre la teoría y la práctica, y entre la promesa y el cumplimiento de esta. La voluntad política de los líderes detrás de la Cortina de Hierro decayó a lo largo del tiempo—debido en parte a las revelaciones de 1956 de Nikita Kruhchev acerca de los crímenes de Joseph Stalin pero también producto de sus experiencias propias con los fallos en el sistema. Ya no tenían la voluntad para destruir a aquellos que disentían. En los ochenta, Mikhail Gorbachev permitió que se hicieran públicas nuevas revelaciones acerca de los errores y maldades del comunismo—socavando aún más la legitimidad del mandato comunista.

El fracaso del comunismo soviético confirma que los humanos motivados por nobles ideales son capaces de infligir un terrible sufrimiento con una conciencia limpia. Pero el colapso del comunismo también sugiere que bajo ciertas condiciones la gente puede diferenciar entre el bien y el mal. La adherencia y el rechazo al comunismo corresponden al espectro de actitudes que van desde el idealismo engañoso y destructivo hasta la comprensión de que la naturaleza humana excluye los arreglos sociales utópicos, y que el balance cuidadoso de los fines y los medios es la precondición esencial para crear y preservar una sociedad decente.

La recuperación latinoamericana

2009-11-09T07:00:00.001-06:00

Andrés Oppenheimer

Las declaraciones de los presidentes de Brasil y México de que sus países ya han salido de la recesión y tendrán un sólido crecimiento en el 2010 constituyen una buena noticia, y ambos líderes merecen ser aplaudidos por su buen manejo económico. Pero en el contexto global, la recuperación de los dos gigantes latinoamericanos será modesta.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva predijo durante una visita a Gran Bretaña la semana pasada que la economía de su país crecerá ``por lo menos'' un cinco por ciento en el 2010, y que en algún momento entre el 2016 y el 2020 Brasil se convertirá en la quinta economía más grande del mundo.

"Estamos cansados de ser el país del futuro'', dijo Lula. "El siglo XXI es el siglo de Brasil".

Casi simultáneamente, el presidente mexicano Felipe Calderón proclamó el viernes que la economía de México se está recobrando de su peor crisis de los últimos tiempos. Después de sufrir una caída de casi un 7 por ciento este año, la economía mexicana crecerá alrededor de un 3 por ciento en el 2010, y alcanzará un índice de crecimiento anual de alrededor de un 5 por ciento para el 2012, afirmó.

Calderón señalo que la economía de México creció un 2.7 por ciento en el tercer trimestre de este año. "Este resultado es una muy buena noticia, porque implica el fin de la recesión", dijo.

Casi todas instituciones financieras internacionales y economistas independientes coinciden en que la economía de Brasil crecerá alrededor de un 4.2 por ciento el año próximo, y la de México en un 3 por ciento. Gracias a que estos dos países representan la mayor parte del producto bruto latinoamericano, se estima que la economía latinoamericana en su conjunto aumentará en un 3 por ciento en el 2010.

¿Pero qué nos dicen estas proyecciones económicas sobre el crecimiento a largo plazo de Brasil, México y Latinoamérica? Me temo que, pese a que son buenas noticias, empalidecen en comparación con los índices de crecimiento que probablemente veamos en China, India y otros países asiáticos. Veamos otros datos que han salido a la luz en estos días, que ayudan a poner las cosas en perspectiva:

• Un nuevo estudio del banco de inversión Goldman Sachs prevé que la economía de China crecerá un 11.9 por ciento en el 2010, y la de India un 7.8 por ciento ese mismo año, muy por encima de los índices de crecimiento de Brasil y México.

Más interesante aún, el estudio realizado por Jim O'Neill, el director de investigación global de Goldman Sachs, prevé que mientras la economía de Brasil crecerá en un promedio de 4.5 por ciento anual entre el 2011 y el 2020, la economía de China crecerá un promedio de 7.7 por ciento, y la de India en 6.4 por ciento en el transcurso del mismo período.

• La participación latinoamericana en el comercio mundial ha permanecido casi estancada durante los últimos treinta años, según la Unidad de Inteligencia de The Economist (UIE). Mientras la participación latinoamericana en el comercio mundial ha aumentado desde 4 por ciento en 1980 hasta 5 por ciento en el 2008, la participación de Asia ha aumentado desde 6 por ciento en 1980 a 23 por ciento en el 2008, según la UIE.

• Cuando se observa el número de patentes registradas por país de origen en el registro de patentes de Estados Unidos, un indicador clave para ver la cantidad de invenciones de distintos países que inundarán los mercados mundiales en los próximos años, Brasil, México y el resto de Latinoamérica salen muy mal parados.

Un estudio del experto del Banco Mundial, Marcelo Giugale, revela que en los últimos cinco años, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó 563,000 patentes a residentes estadounidenses, 43,000 a residentes de Taiwán, 36,000 a residentes de Corea del Sur, 9,800 a residentes de China y Hong Kong, 2,700 a residentes de Singapur y 2,200 a residentes de España.

En comparación, durante el mismo período sólo otorgó 840 patentes a residentes de Brasil, 545 a residentes de México y 291 a residentes de Argentina. O sea que Singapur, un país con 4.6 millones de habitantes, está registrando más patentes que los más de 500 millones de habitantes latinoamericanos en su conjunto.

Mi conclusión: Brasil y México merecen aplausos por aplicar políticas económicas responsables que les permitirán salir de la actual crisis global más rápidamente que muchos otros países.

Pero si no concentran sus energías en mejorar sus sistemas educativos para tornarse más competitivos y aumentar su participación en el comercio mundial, no saldrán de la mediocridad que ha caracterizado a sus economías en las últimas décadas.

Obama y Latinoamérica, un año después

2009-11-05T13:57:00.000-06:00

Andrés Oppenheimer

Un año después de la elección del presidente Barack Obama, es hora de preguntarse si sus ambiciosas promesas de campaña sobre Latinoamérica se están cumpliendo, o si --como otros antes que él-- se está olvidando de la región.

Démosle un rápido vistazo a sus principales promesas de campaña sobre la región:

• Obama, que nunca había tenido demasiado contacto con Latinoamérica antes de lanzarse a la Presidencia, prometió crear ``una nueva alianza de las Américas'' para acabar con ``años de negligencia'' hacia la región. Sin embargo, la promesa quedó trunca como consecuencia del derrumbe económico de fines del 2008.

• Obama me dijo en una entrevista durante la campaña que, para obligarse a sí mismo a tener a Latinoamérica siempre presente, convertiría las cumbres de Estados Unidos con América Latina --la Cumbre de las Américas-- en un evento anual, en lugar de una reunión de cada tres o cuatro años, como ahora. Obama no ha hecho esa propuesta desde que asumió la Presidencia.

• Obama prometió designar un Enviado Especial para las Américas, como una forma de que la burocracia gubernamental le preste más atención a la región. Hasta ahora, no lo ha hecho.

• Obama prometió cerrar la prisión estadounidense para terroristas en la base naval de Guantánamo, Cuba. Tras asumir la Presidencia, Obama ordenó que la prisión se cerrara el 22 de enero del 2010. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen ahora que ese plazo podría prorrogarse, pero que sigue firme el compromiso de cerrar el centro de detención.

• Obama prometió hacer una reforma inmigratoria --incluyendo la legalización de millones de inmigrantes indocumentados-- y convertirla en una ``prioridad absoluta'' durante su primer año en el cargo. Los funcionarios de su gobierno dicen que esperan que el tema sea tratado en el congreso en el 2010.

• Obama prometió durante la campaña ``aumentar sustancialmente nuestra ayuda externa a las Américas''. Aunque la crisis económica estadounidense ha postergado estos planes, en abril Obama respaldó la decisión del G-20 --el grupo constituido mayoritariamente por países industrializados-- de ampliar los préstamos del Fondo Monetario Internacional a los países en desarrollo, así como también incrementar la representación de las economías emergentes en el consejo directivo del FMI.

• Con respecto a Cuba, Obama había prometido ``permitir inmediatamente viajes familiares y envíos de remesas ilimitados a la isla''. Como presidente, Obama ha ordenado e implementado ambas medidas.

• Obama prometió dejar atrás las políticas unilaterales del gobierno de George W. Bush. La mayoría de los diplomáticos latinoamericanos aplauden a Obama por haber condenado la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya del 28 de junio pasado, y por haber trabajado junto con los países de la región para restituir el estado de derecho en ese país.

• Obama prometió una mayor cooperación con México. Funcionarios mexicanos le reconocen el mérito de haber respaldado la Inciativa de Mérida para ayudar a combatir a los carteles de narcotráfico, y por ordenar a las agencias policiales estadounidenses que arremetan contra el contrabando de armas de Estados Unidos a México. También aplauden el hecho de que no suspendiera los vuelos a México cuando estalló la pandemia de gripe porcina H1N1 en México a principios de este año, mientras que Cuba, Argentina y otros países latinoamericanos sí los suspendieron.

Cuando le pedí a Arturo Sarukhan, el embajador mexicano en Washington, que calificara el desempeño de Obama con respecto a México, me dijo: ``En una escala de 1 a 10, le daría un ocho''.

En general, los funcionarios de la Casa Blanca dicen que lo mejor que puede hacer por la región Obama es resucitar la economía estadounidense. Eso hará crecer el comercio, las inversiones extranjeras y los envíos familiares de Estados Unidos, y acelerará el crecimiento económico latinoamericano y caribeño, según afirman.

Mi opinión: Obama no ha convertido a Latinoamérica en una de sus principales prioridades de política exterior, ni es probable que lo haga. En rigor, no es del todo su culpa: ha tenido que concentrar su energía en revertir la crisis económica que heredó, y no ha podido designar su propio equipo para Latinoamérica porque senadores conservadores del partido republicano le han bloqueado la confirmación de su nominado, Arturo Valenzuela, para el cargo de jefe de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado.

Pero Obama ha logrado cambiar la imagen de Estados Unidos en Latinoamérica, hasta el punto que la mayoría de las encuestas revelan que se cuenta entre los líderes más populares en la región. Ahora el gran interrogante es si usará ese capital político para cumplir su promesa de campaña de ser ``un implacable defensor de la democracia'' y ayudar a los pobres de la región. Yo sigo creyendo que lo hará, aunque --en vista de las circunstancias, y de sus propias prioridades-- estoy algo menos convencido de ello que un año atrás.

Comisión bicameral

2009-11-04T12:51:00.000-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

Para Carlos Abedrop, autor original de la idea. “...el futuro no protesta”. Carlos Elizondo

Ocurrió lo previsible. Entre prisas, reclamos e imputaciones cruzadas, el Legislativo parió un alebrije fiscal. Además de ser notoriamente insuficiente, el engendro podría producir efectos no deseados. Una vez más se perdió la oportunidad de ir al fondo. Pero hay una diferencia nada despreciable. La negociación del llamado paquete fiscal de 2009 confrontó al Gobierno de Calderón con el sector empresarial como hacía décadas no se veía. “Y si esto es obligado -pagar impuestos, habla Calderón- ...lo es más obligado para quien más tiene y más ha recibido”. Hasta aquí no hay novedad, pero el Presidente remató “...para quien más gana, para las empresas que más ganan... y que rara vez pagan impuestos en el País”. El señalamiento es muy serio. Si Calderón sabe de algún acto ilegal debe proceder. Pero de no ser así estaríamos ante un Presidente que inventó (o le inventaron) un ogro, la salida del desesperado. Los reclamos morales no pertenecen a jefes de estado. El País todavía no se recupera de las anteriores rupturas por ogros.

¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién es el responsable? El esquema inicial de “consolidación” fue una agresión. El secretario de Hacienda y su equipo derribaron puentes de negociación y personalizaron el debate. El equipo económico del Gobierno se desmorona. Después de este capítulo será un interlocutor débil. Las impertinentes declaraciones del presidente del PAN fueron un tiro en el pie. Así se desataron los jaloneos en el PRI, gobernadores, diputados y senadores confrontados. ¿Quién salió ganando? Es pronto para saberlo. Lo que queda claro es que el circo legislativo dañó al país. Habrá que observar las consecuencias económicas de la nueva fórmula. Hasta aquí la coyuntura, regresemos a lo estructural.

La discusión de fondo se perdió. El País recauda poco y gasta mal. Son dos problemas que merecen dos soluciones. Podríamos gastar mejor, de manera impecable y aun así el estado sería pobre. Podríamos recaudar más, pero si gastamos mal los dineros nunca alcanzarán. Recaudar más y gastar mejor son metas que no se van a lograr en unas semanas de discusión, ni siquiera en un par de años. Son asuntos que merecen atención sistemática y consistente. De la novatez del equipo del Presidente se ha hablado mucho, de su soberbia poco. Este es el resultado. Pero también en el Congreso el número de diputados con experiencia fiscal es reducido. Agréguese a ello el veneno de los recursos petroleros que nos han vuelto unos perezosos fiscales y también una fuerte dosis de cobardía fiscal. Resultado: un sistema recaudatorio muy poco progresivo, que no alienta la producción, invadido de evasores, complejo, caro y que recauda la mitad de lo que debiera. ¡Genial!

Mientras no arreglemos de fondo el acuerdo fiscal y político seguiremos en lo mismo: un País pobre, un Estado débil, una economía mediocre y mucha injusticia. Eso fueron los Pactos de la Moncloa. Todo mundo alude a ellos como piedra de toque de la transición política española. Pero los Pactos de la Moncloa fueron en esencia acuerdos fiscales. Si seguimos por el mismo camino de aprobar cada año de manera muy apresurada y locuaz el llamado “paquete fiscal” repleto de ocurrencias, si a esa negociación se le suman coyunturas, intereses, personalidades y, perdón, tonterías, nunca llegaremos a un esquema racional de recaudación y de reparto entre los municipios, las entidades federativas y la Federación. De ese asunto, cargado de factores técnicos y de entendimientos políticos de largo plazo, depende la solidez del futuro de México. Más allá del boquete de 2009 está ese gran pendiente nacional.

El senador Beltrones ha lanzado la idea de ir a una reforma fiscal de fondo. Tomémosle la palabra. Voy a la propuesta de Carlos Abedrop. Por qué no pensar en una comisión bicameral, que se instale el primero de enero y que, con tiempo y buena asesoría técnica, elabore un sólido acuerdo nacional que dé cabida abierta a los intereses de la Federación, de los gobernadores, de los municipios, de los empresarios, de los causantes cautivos, pero sobre todo de los pobres del País. Un acuerdo multianual que nos permita poco a poco disminuir la dependencia del petróleo.

Si no incrementamos de manera sustantiva la recaudación, no podremos invertir más en infraestructura, en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Si no logramos recuperar la posibilidad de lanzar proyectos de largo plazo que no lleven en la frente un signo partidario, que no dependan de los acomodos de los cambiantes vientos de la política, seguiremos siendo un País de caprichos. Así nunca enterraremos la pobreza y en cambio ahuyentaremos la prosperidad. Seremos responsables del fracaso de un País de parches, de acuerdos fiscales de enanos. Se necesita negociar con tiempo y en serio, con grandeza. El Bicentenario obliga a pensar en ese futuro que no protesta. Llegó la hora.

La componenda

2009-11-03T13:18:00.000-06:00

Javier Corral Jurado

En lo que era una necesaria corrección, el Senado eliminó la madrugada del sábado por mayoría de votos de las bancadas del PAN y del PRD, que sumaron 58 votos contra 50, el transitorio de la ley federal de derechos que condonaba del pago de 5,600 millones de pesos a los que resulten concesionarios de una porción del espectro para telefonía móvil de tercera generación. No pasaron 24 horas, cuando en la madrugada del domingo, la cámara de diputados rescató por mayoría de votos de 252 contra 143, el absurdo privilegio fiscal.

Fue una combinación ilógica de actores e intereses políticos. Se formó mayoría con 180 diputados del PRI, con 47 del PAN, 17 del PVEM y 8 de Nueva Alianza. Quienes nos opusimos fuimos 68 diputados del PAN, 4 del PRI, 57 del PRD, 10 del PT y 4 de Convergencia. Hubo 27 abstenciones, 11 del PRI y 14 del PAN.

Revivir la condonación ha echado mano del absurdo: dicen que se trata de fomentar la competencia en un sector que necesita de ese “incentivo”. Se trata de una mezcla de desinformación con una falta de rubor ante la sociedad mexicana. El único nuevo jugador en servicios de telefonía móvil, es el cuasi monópolico concesionario de los servicios de televisión abierta: Televisa. Los demás participantes que han anunciado su interés en esa banda ya están en el mercado, e incluso no podrán ir a los segmentos de 30 mega hertz de la licitación porque rebasarían el límite impuesto por la Comisión Federal de Competencia, de 80 mega hertz, puesto que se trata de un recurso esencial.

Entre los nuevos argumentos que algunos se han sacado de la manga para justificar su aval a la medida es que, finalmente la CFC opinó favorablemente sobre el plazo de gracia de dos años a las empresas de telecomunicaciones.

Dicen que esa opinión los lleva a rescatar el transitorio que les regala a esas empresas dinero público. Quienes usan el oficio suscrito por Eduardo Pérez Mota, tienen el buen cuidado de omitir dos datos fundamentales, como que el mismísimo destinatario de esa opinión, el Senador Gustavo Madero Muñoz, coordinador de los senadores panistas votó en contra de esa exención al igual que la mayoría de los senadores que coordina porque, y he ahí el segundo dato, el documento opina desde el punto de vista de la materia exclusiva de ese órgano, la competencia. La opinión hace una aclaración de entrada: no prejuzga sobre aspectos tributarios o de política fiscal.

Más allá de que la opinión de Pérez Mota sea discutible en el tema mismo de la competencia, pues entre operadores de distintos rangos de la banda del espectro con características técnicas y económicas similares se han producido tratamientos diferentes - por lo que la medida resultaría discriminatoria en relación con el cobro de derechos y aprovechamientos- , lo cierto es que se deslinda de la parte fiscal, que al final de cuentas es el tema central.

La semana pasada escribí en este mismo espacio que la propuesta original del Senador Beltrones era conceder ese periodo de gracia sólo a los nuevos operadores entrantes “para incentivarlos en los años de fuerte inversión”, como si estuvieran tan pobrecitos que necesitaran del subsidio estatal. Pero ese esquema presentaba tal discriminación para los restantes jugadores en la misma banda que era predecible su impugnación legal con todo éxito. Para evitar que por la vía del amparo o de la acción de inconstitucionalidad, Televisa perdiera el cuantiosísimo regalo - pues es la empresa que por lo menos se quedará con uno de los segmentos de 30 mega hertz-, se extendió a los demás operadores y de ello resulta que el Estado mexicano en detrimento de su patrimonio, otorgará también una exención fiscal por dos años a dos de las empresas más rentables de telefonía móvil en el mundo: telcel y telefónica, que irán por sus 10 mega hertz cada una.

El otro argumento falaz, elevado a nombre de la competencia, es que la “subasta” dará un pago fuerte de entrada al erario. Hay incluso quienes hablan de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos. Lo interesante sería saber en qué se basan para decir eso, cuando el precio base determinado por la propia Secretaría de Hacienda de los 90 mega hertz es de 180 millones de pesos. Suponen que habrá puja hasta llegar a los 2 mil millones. Y si esto fuera cierto, la segunda pregunta es si quienes lo afirman, creen que ello es una cantidad mayor que 5,600 millones.

Conforme avanzó la polémica de este tema fue quedando claro que no hay argumento técnico, ni jurídico, ni económico o social que convalide un privilegio fiscal de esta dimensión. Y también fue más claro que la razón de este nuevo intento de atraco a la Nación, es estrictamente política y sus motivos tan absurdos como inaceptables. Se trata de convalidar una negociación del Senador Manlio Fabio Beltrones con Televisa, que por la vía de la exención de derechos, “resarce” la “pérdida” que esa empresa dice tener a costas de la reciente reforma electoral que prohibió la contratación comercial de propaganda electoral. El reembolso busca darse completito y copeteado.

En realidad estamos ante una disputa priísta por determinar quién se erige en el factótum de la relación con la televisión para las elecciones del 2012, y la competencia está, ni más ni menos, en quién le consigue más dinero a Televisa. Manlio no tiene el presupuesto del que Peña Nieto dispone para chorrear millones a la pantalla de la televisión comercial que lo ha inventado, pero tiene ley de derechos, y en el Congreso, él manda.

¿Y qué hace una parte del PAN en esa negociación?. ¿Fortalecer por ahora a Beltrones, en supuesto deblitamiento del gobernador Peña Nieto, para luego fortalecernos nosotros?. ¿Y la dura lección de los resultados electorales del 5 de julio, donde quedaron?.

Entre los que han concurrido de nueva cuenta con su voto, a levantar la exención que ya se había eliminado, varios tienen una clara conciencia de que se trata de una transacción indebida, de una componenda política. Y ahí está el asunto más grave, porque en menos de dos meses de funcionamiento de la nueva cámara de diputados y exactamente a dos del rectificador discurso del Presidente de la República, está apuñaleada la esperanza, nuevamente envenenado el ambiente político en general y entre nosotros los panistas en particular, por seguir consecuentando a los muchachos de la Televisión, que juegan y se ríen viendo cómo ellos pueden poner a operar a su servicio a las cámaras del Congreso de la Unión de la gran Nación Mexicana. Jugando al Monopoly, pero en serio, con el dinero que salga de los impuestos que acabamos de aprobar.

¡Ya bájenle!

2009-11-03T11:22:00.002-06:00

DENISE DRESSER

¿Sabía usted que, en este contexto de crisis económica, los partidos recibirán 3 mil 12 millones de pesos el año próximo? ¿Sabía usted que con esa suma se podrían incorporar 500 mil familias más al programa Oportunidades? ¿Sabía usted que esa cantidad es casi el doble de los recursos destinados a la reconstrucción de la red de carreteras federales? ¿Sabía usted que es poco menos del presupuesto total para todas las actividades culturales? ¿Sabía usted que es casi el doble de los recursos dirigidos a sistemas, exámenes y proyectos para la prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Sabía usted que es 1.5 veces el presupuesto total asignado a la producción de 230 millones de libros de texto que utilizarán 25 millones de estudiantes?

La numeralia de lo que cuestan y gastan los partidos revela un sistema político que, en aras de promover la equidad, ha producido una democracia de alto costo y bajo rendimiento; una democracia que gasta 224 pesos por voto cuando un país como Brasil sólo gasta cuatro; una democracia con partidos blindados ante los costos de la crisis, blindados ante los despidos de personal, blindados ante los planes de austeridad y los recortes presupuestales. Partidos a los cuales se les ha garantizado una bolsa enorme de dinero público que sólo crece con el paso del tiempo, porque su financiamiento está vinculado al padrón y no al desempeño. Hoy en México la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdad de oportunidades para abusar.

Quizás por eso, como lo revela una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos y sólo 10% piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población ve a partidos ricos, partidos que se niegan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que en lugar de demostrar sensibilidad ante el imperativo de la crisis proponen ajustes en el cinturón de los otros. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos pero impermeable ante sus demandas. Otorgándose –una y otra vez– salarios altos, fiestas fastuosas, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves partidistas en las mejores playas.

Cada día sale a la luz otro exceso de un sistema partidista que cuesta mucho y rinde poco. Allí está el despilfarro institucionalizado; el derroche legalizado. Ejemplo tras ejemplo del privilegio de mandar. Evidencia tras evidencia del privilegio más delicioso que es gastar el dinero ajeno. Ese dinero que pertenece a los habitantes de México y que es entregado con fines fiduciarios a través de los impuestos. Ese dinero que podría contribuir a tapar el boquete fiscal pero acaba pagando los privilegios de los partidos. Ese dinero que no les pertenece pero es usado como si fuera suyo. Y los partidos actúan así porque pueden. Porque las reglas han sido creadas para permitir y perpetuar ese tipo de comportamiento.

Hoy el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público dispendioso a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó –como resultado de la reforma electoral de 1996– para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. El subsidio público a los partidos resolvió entonces algunos dilemas, pero ahora ha creado otros, y muy graves.

Las reformas diseñadas produjeron partidos que son cárteles de la política y que operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barreras de entrada ante quienes –como los candidatos ciudadanos– intentan democratizarlo. Y el problema es que la solución al desfiguro del sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la República está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino el despilfarro de recursos públicos y la ausencia de mecanismos fundamentales de representación y rendición de cuentas.

Por ello hoy muchas organizaciones y ciudadanos insistimos –como llevamos años haciéndolo– en la reducción del financiamiento público a los partidos en 50% y la revisión de la fórmula conforme a la cual los partidos reciben recursos públicos, para que se calcule no con base en el padrón electoral, sino con base en la participación de los ciudadanos en las elecciones. De esa manera, los partidos recibirían recursos en proporción al tamaño del voto que fueran capaces de obtener. Así, la propuesta contemplada contribuiría a mejorar sus métodos de reclutamiento, a mejorar sus propuestas de campaña, a hacerlos corresponsables de la calidad de la democracia mexicana.

Estos son cambios urgentes. Estos son cambios imprescindibles ante un andamiaje institucional que ya no es capaz de asegurar la credibilidad o la equidad o la confianza. Encuesta tras encuesta lo subraya: 50% de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos “no son necesarios” para el bien del país; 77% piensa que las elecciones “cuestan demasiado” y son “poco o nada útiles para informar a la ciudadanía”. Los ciudadanos contemplan y padecen elecciones competitivas pero demasiado caras. Partidos bien financiados pero poco representativos. Contiendas equitativas pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas multimillonarias. Un sistema para compartir el poder que beneficia más a los partidos que a los ciudadanos. Una democracia costosa para el país y onerosa para los contribuyentes que la financian.

Y ese seguirá siendo el caso hasta que los ciudadanos demanden –como lo estamos haciendo ahora– recortar el presupuesto para los partidos; hasta que los ciudadanos insistan en que si los partidos quieren tener la credibilidad suficiente para apretar el cinturón de los otros, necesitan comenzar con el suyo; hasta que los ciudadanos clamen “¡Ya bájenle!” y se sumen a la convocatoria en www.yabajenle.org.mx. Hasta que los ciudadanos acoten el privilegio de mandar.

Un futuro para México

2009-11-02T11:23:00.002-06:00

Jorge G. Castañeda / Héctor Aguilar Camín

México debe romper con su pasado y mirar al futuro, nos dicen Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín en este ensayo penetrante y provocativo sobre el momento de irresolución que vive el país. Atado a sus mitos, no toma un rumbo claro; joven en su democracia, duda en dar los pasos necesarios. Se agita sin moverse, discute sin decidir. Los problemas están a la vista, y el futuro, más cerca de lo que parece. La disyuntiva es clara: o lo abrazamos con fuerza o iremos hacia atrás

Lo que importa son las emociones subyacentes, la música de la que las ideas no son sino un libreto, a menudo de calidad muy inferior; y una vez que las emociones bajan, las ideas se secan, se vuelven doctrina, cuando no inocuos clichés. Cada época y cada país tiene su leyenda consentida, y regresa a ella en las buenas y en las malas.
Lewis Namier

I. El peso del pasado

México es preso de su historia. Ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación —en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías— obstruye su camino al futuro. Se ha dicho famosamente que los políticos suelen ser reos de las ideas de algún economista muerto. La vida pública de México es presa de las decisiones de algunos de sus presidentes muertos: esa herencia política de estatismo y corporativismo que llamamos “nacionalismo revolucionario”, al que una eficaz pedagogía pública volvió algo parecido a la identidad nacional, bajo el amparo de una sigla mítica —el PRI— que es a la vez un partido hoy minoritario, y una cultura política mayoritaria.

Esa herencia incluye tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra y de las playas, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria, patrimonialismo burocrático. Son soluciones y vicios que el país adquirió en distintos momentos de su historia: un coctel de otro tiempo, bien plantado en la conciencia publica, que se resiste a abandonar la escena, encarnado como está en hábitos públicos, intereses económicos y clientelas políticas que repiten viejas fórmulas porque defienden viejos intereses.

México ha perdido el paso: camina despacio, sobre todo en palacio. Parece un país de instituciones débiles, desdibujado en su identidad internacional: un gigante dormido, que luego se agita sin poderse mover. Los países, como las personas, necesitan identidad y propósito, un rumbo deseable: música de futuro. México ha perdido la tonada de la Revolución que le dio sentido simbólico y cohesión nacional durante décadas. El tiempo, los abusos, las crisis económicas limaron al punto de burla la narrativa de notas revolucionarias que durante las décadas de la hegemonía priista gobernó las creencias del país. Según aquella extensa partitura, el país venía de una gesta revolucionaria cuyos propósitos de democracia y justicia social seguían cumpliéndose siete décadas después de iniciado el movimiento que supuestamente constituía su origen. No había democracia ni justicia social, pero había una épica oficial que le daba sentido o legitimidad incluso a las aberraciones del régimen. Lemas y credos elementales de aquella narrativa siguen siendo la región límbica de la cultura política del país, un repertorio instintivo de certezas, propuestas y nostalgias públicas presente en la mayoría de los políticos profesionales, no sólo en los priistas.

Apenas había empezado la obertura que sustituiría al nacionalismo revolucionario, el salto a la modernidad de los noventa, cuando la triste trilogía del año 1994 —rebelión, magnicidios, crisis económica— destruyó la credibilidad del nuevo libreto. La democracia se quedó dueña de la escena. Fue un buen espectáculo rector que alcanzó su clímax en la alternancia del año 2000, pero a partir de entonces la escena empezó a quedarle grande. Nueve años después, la democracia parece una diva a la que se le terminaron los trucos. El puro libreto de la democracia, por naturaleza discordante, no basta para darle al país la narrativa de futuro que necesita.

Las elecciones de 2000 y 2006 hubieran podido constituir poderosas plumas para escribir esa nueva narrativa; se quedaron en referendos para evitar “males mayores”: la permanencia del PRI en la casa presidencial, y la llegada a ella de un candidato descrito como un peligro para México. El PRI salió de Los Pinos pero no del alma de México. Las estrategias vencedoras sirvieron para ganar, no para gobernar.

México ha pasado del autoritarismo irresponsable a la democracia improductiva, de la hegemonía de un partido a la fragmentación partidaria, del estatismo deficitario al mercantilismo oligárquico, de las reglas y los poderes no escritos de gobierno al imperio de los poderes fácticos, de la corrupción a la antigüita a la corrupción aggiornata. Es la hora del desencanto con la democracia por sus pobres resultados. Preocupa en la democracia mexicana la resignación que impone a sus gobiernos, el triunfo del reino de lo posible como sinónimo de estancamiento, incertidumbre, falta de rumbo nacional. Un país, se diría, al que le sobra pasado y le falta futuro. Hasta su discurso de septiembre pasado, en su famoso decálogo de intenciones de cambio, la única línea de futuro deseable lanzada desde el gobierno actual ha sido la lucha decidida y necesaria contra el crimen organizado. Produjo en buena parte la popularidad del presidente, pero no de su gobierno ni de su partido. Hace falta algo más que eso para sacar al país de su estancamiento anímico y político. Es necesaria una nueva épica nacional cuyo eje no puede ser sino el bienestar de las mayorías, la promesa de seguridad, empleo, educación, salud, movilidad y seguridad social: un horizonte de modernidad que ampare el surgimiento de sólidas y mayoritarias clases medias. Urge una épica de prosperidad, democracia y equidad, que no está trazada con claridad en ninguna parte.

México necesita salir de su pasado. Puede hacerlo por la vía democrática convirtiendo las elecciones de 2012, desde hoy, en un referendo sobre el futuro. Lo que sigue es una propuesta de futuro para ser debatida, ojalá vuelta programa y votada en 2012, de modo que las elecciones de ese año no sean sólo sobre personas y partidos, sino también sobre el país próspero, equitativo y democrático que quieren los mexicanos: una sociedad de clase media que se parezca, como una gota de agua, a las demás.

Para ponerse en ese camino, deben tomarse cuatro decisiones estratégicas: 1. Asumir los cambios que requiere la economía para crecer; 2. Decidir el lugar que se quiere ocupar en el mundo; 3. Universalizar los derechos y garantías sociales necesarios para construir una sociedad equitativa, donde más de las dos terceras partes de la misma vivan más o menos igual; 4. Hacer productiva la democracia mediante reformas institucionales que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la fluidez de los cambios que requiere el país.

No tratamos de convencer sino de hablar claro para movilizar a la sociedad civil y a las elites nacionales —empresariales, sindicales, intelectuales, religiosas, tecnocráticas, y hasta políticas— para debatir estas ideas y cómo deben acompasarse y encadenarse, para formar un todo complejo, audaz y armonioso. De responder los partidos y candidatos a las preguntas pertinentes, el 2012 se transformará en un referendo sobre el programa del futuro. Nuestras respuestas preliminares, tentativas e incompletas, no constituyen una lista de buenos deseos. Obedecen a una coherencia interna cuya secuencia es la siguiente:

Para construir la sociedad de clase media que queremos, hay que crecer. Para crecer, hay que liberar la excepcional y legendaria vitalidad de la sociedad mexicana, quitándole los candados impuestos por la concentración de poderes fácticos de toda índole. Para obtener los recursos, las oportunidades y los mercados necesarios para desmantelar el viejo corporativismo mexicano hay que insertarse con ventaja en el mundo. Para asegurar que el crecimiento consiguiente se distribuya mejor que antes, hay que construir una red de protección social del siglo XXI para todos los mexicanos, y ofrecer una educación del siglo XXI para los niños y jóvenes. Para brindar a todos la seguridad pública sin la cual toda protección social es ilusa, hay que construir los aparatos de seguridad pertinentes. Y para tomar todas estas decisiones, hay que dotarnos de instituciones que permitan tomarlas.

La base social que aspira a mover esta agenda es clara: la creciente clase media mexicana, vieja y nueva, que requiere desesperadamente un horizonte de expansión. Las condiciones políticas para poner en práctica esas ideas son también claras: la existencia de una coalición que en el 2012 pueda identificarse con esta agenda, la plantee con transparencia al electorado, y lo convenza de ello. Sobre advertencia no habrá engaño, ni malentendidos: se ganará o se perderá para algo, no sólo porque sí.

II. La prosperidad

Crecer

¿Qué hacer con nuestra economía? ¿Cómo desatar la prosperidad de México? Hemos pasado décadas construyendo programas, algunos de clase mundial para combatir la pobreza. Pero ni en los años de gobierno del PAN, ni en los anteriores del PRI nuestro país ha sido capaz de crear un ciclo largo de prosperidad que cambie su ingreso per cápita de las cifras de un país subdesarrollado a las de uno desarrollado.

¿Cómo abrir el cajón de la productividad y la riqueza? Hay acuerdo entre los expertos en que sólo se vuelven prósperos los países que se lo proponen explícitamente, que alinean sus instituciones y sus decisiones para ello. No hay mucho que inventar. Para crecer mucho hay que invertir mucho y ahorrar mucho. Hay, pues, que crear condiciones atractivas para la inversión y estímulos claros para el ahorro. Esto implica cambiar la meta nacional de combatir la pobreza a la meta nacional de crear riqueza (sin abandonar lo ganado en programas para la población más desprotegida).

La única manera de crear riqueza y empleo, de elevar el peso de la masa salarial en el producto interno bruto, de fomentar la movilidad social y crear la sociedad de clase media que anhelamos, consiste en abrir la economía a la inversión y la competencia global y nacional. Se trata de quitarle a una economía que podría crecer al 5% o 6% anual todas las trabas que lo impiden: crear una efectiva economía de mercado en sustitución de la economía intervenida por monopolios, empresas dominantes, oligopolios y poderes fácticos que nos caracteriza.

Los espacios de generación de riqueza que sustentan la prosperidad de las grandes economías del mundo se hallan capturados en México por empresas públicas monopólicas, por empresas privadas dominantes y por las redes de intereses asociados a ellas: sindicatos públicos y proveedores prebendados en el ámbito estatal; cadenas de negocio y rentas oligopólicas en el orden privado.

Las capturas estatales del mercado y sus regulaciones excesivas frenan la creación de riqueza en ámbitos fundamentales como la tierra, el agua, los bosques, el subsuelo mineral, la infraestructura, la electricidad, el petróleo. Las empresas privadas dominantes, y la pobre regulación de sus prácticas abusivas, frenan la competencia en escenarios también claves como las telecomunicaciones, los medios, la banca, el transporte, la construcción, la industria alimenticia, la banca, el comercio de menudeo. Acotar prácticas monopólicas —fijación de precios, cartelización, asignación de mercados en estos ámbitos— obliga a regular más y mejor, a realizar medidas emblemáticas, y a entregarle a la sociedad civil los instrumentos de acción antimonopólica como las acciones colectivas.

Abrir la economía en el ámbito público supone la deconstrucción de los monopolios estatales en todas las esferas, y centrar el esfuerzo de crecimiento en la infraestructura (en el sentido amplio, desde aeropuertos hasta WI-MAX), que tendrá un papel decisivo en la competitividad del país. Abrir la economía en el ámbito privado supone domar a los poderes fácticos, estatales y privados, económicos, sindicales, mediáticos y políticos, mediante particiones (break-ups), regulación, transparencia, competencia, ya no sólo en el frente de los bienes comerciables, como en el Tratado de Libre Comercio, sino también en los no-comerciables, sobre todo los servicios.

Otra razón central por la que la economía no crece es porque el crecimiento de la productividad se ha desplomado, respecto a Estados Unidos y también respecto a otros países de América Latina, no digamos de Asia. El problema no es que los mexicanos trabajemos o ahorremos menos que los demás países de América Latina. El problema es que el esfuerzo de nuestro ahorro y de nuestro trabajo rinde menos que en otros países. Si no aumentamos la productividad, no vamos a recuperar el terreno perdido con respecto al resto del mundo, ni vamos a crecer a tasas cercanas al 5% o 6%.

El estancamiento de la productividad, en especial de la productividad del trabajo, es lo que deprime el crecimiento de los salarios reales y limita el peso de la masa salarial en el PIB. Parte de ese estancamiento se debe a la falta de competencia. Otra parte deriva de que México tiene un mercado de trabajo particularmente distorsionado. El mercado de trabajo en México crea muchos empleos, pero muy pocos buenos empleos. Si no se quitan las trabas a la creación de empleos productivos, la mayor competencia no se reflejará en mayor productividad laboral, mayores salarios reales y un mayor peso de éstos en la riqueza nacional. A toro pasado puede decirse que uno de los grandes errores de Nafta fue una apuesta a la que la competencia externa en los mercados de bienes y servicios, por sí sola, sería suficiente para aumentar la productividad laboral y corregir las distorsiones en el mercado laboral.

Más de dos tercios de las empresas y más del 60% de los trabajadores del país son informales. En las empresas informales casi no hay capacitación laboral, adopción de tecnologías o innovación; esas empresas tampoco acceden al crédito de la banca comercial. Sobreviven porque evaden al SAT, al IMSS, al Infonavit y a casi todos, y para hacerlo mantienen tamaños muy pequeños (90% de las empresas tienen cinco o menos trabajadores). En la informalidad la productividad se estanca. El país no va a crecer sólo con el esfuerzo de un tercio de sus empresas y menos de la mitad de sus trabajadores.

Monopolios públicos, poderes fácticos, oligopolios privados

La agenda antimonopólica debe empezar por los únicos monopolios strictu sensu que existen en la República: los estatales, en particular de energía. La crisis abre la puerta para plantear una transformación radical de estas empresas y su apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria en ambas, pero suficiente para sujetarlas a reglas de transparencia y contabilidad internacionales (GAAP), derechos de accionistas minoritarios, fiscalización y vigilancia asociadas a la cotización en bolsa tanto en México como vía ADRs en Nueva York. Conviene recordar que es el caso de Petrobras desde 2001, el caso latinoamericano cuyo éxito celebra el mundo y miramos pasar sin tomar nota los mexicanos. La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante la evidencia de su improductividad es un paso significativo en el rumbo correcto, pero está lejos aún de la transformación que se requiere. Un problema semejante de control y descontrol monopólico se presenta en los ámbitos de la salud, donde la tríada IMSS/ISSSTE/Secretaría de Salud es prestadora de servicios de salud casi única en el país, y en la educación, donde la red estatal atiende sin evaluación rigurosa ni competencia reguladora al 85% de los alumnos de educación básica.

El segundo tema estatal de la agenda antimonopólica se refiere a la relación del Estado con sus grandes sindicatos: maestros, electricistas, petroleros, burócratas federales y estatales, universidades públicas, trabajadores de la salud. Se trata, según como se hace la cuenta, de entre cuatro y 5.5 millones de trabajadores sujetos todos a un sindicalismo monopólico al que se pertenece no por elección sino porque los sindicatos son titulares únicos del contrato de trabajo. Éste incluye la cláusula de exclusión mediante la cual el sindicato puede exigir el despido del trabajador que no quiera pertenecer a él. La autoridad —la empresa pública, la dependencia, muchas universidades— retiene las cuotas sindicales, sin consultar a los trabajadores, entregándolas a las dirigencias sindicales, que la misma autoridad reconoce y legitima con la famosa toma de nota. Una medida clave contra este sindicalismo corporativo construido con la complicidad del Estado, sería suspender la retención de cuotas por el empleador gubernamental para volver a lo básico: que sean los trabajadores quienes individual y voluntariamente aporten sus cuotas a sus sindicatos. Además de restablecer la transparencia, la libertad y la democracia sindicales, esta medida cortaría el cordón umbilical que une al gobierno con el corporativismo. De mayor calado sería el fin de la cláusula de exclusión contenida en la Ley Federal del Trabajo, con la supresión de la diferencia entre sindicatos de apartado A (industria) y B (burócratas), así como el establecimiento de elecciones transparentes y la coexistencia de sindicatos en la misma empresa, como en Chile o Francia, eliminando asimismo la toma de nota.

Las redes sindicales del Estado son bastiones de atraso político por su falta de democracia interna y por su relación clientelar con las autoridades. Más que organizaciones gremiales, son fuerzas políticas sin cuyo acuerdo es prácticamente imposible transformar su sector. Y los sectores sumados de esos sindicatos son el corazón de la economía, del empleo y de la organización social mexicana. Su capacidad de encabezar los cambios es nula pero su capacidad de impedirlos es enorme. Hay un sindicato grande resistiendo cada una de las reformas grandes que requiere el país.

En el frente político, la agenda antimonopólica debe incorporar la apertura de las elecciones a candidatos independientes como opción ante el monopolio que detentan los partidos de la expresión electoral en México. Las candidaturas independientes acotan el monopolio de las nominaciones, abriéndolas a la sociedad. Parecen particularmente viables y necesarias en el ámbito local, donde el trayecto y el prestigio de un candidato puede suplir la falta de partido y vencer sin construir grandes aparatos. Parecen más difíciles de lanzar y sostener mientras mayor es el ámbito de sus pretensiones. Más allá de que puedan ganar o no sus elecciones, la sola presencia de candidatos independientes animaría el proceso con voces frescas, menos comprometidas con partidos e intereses previos, más capaces de inducir debates creativos y refrescar viejas agendas partidarias. Uno de los ejemplos contemporáneos más interesantes en esta materia reside en el éxito (ha rozado el 20% de la intención de voto) de la candidatura independiente de Marco Enríquez-Ominami en Chile, país con una tradición partidista mucho más arraigada que la nuestra. Después de 20 años de magníficos gobiernos de la Concertación, la ciudadanía se hartó de sus integrantes, sin dejarse convencer del todo por sus opositores. Enríquez-Ominami, joven diputado socialista con apellidos de doble abolengo político, buscó inscribirse en las primarias de la coalición de centro-izquierda; no lo dejaron, pero la ley chilena sí permite las candidaturas sin partido. Consiguió las firmas, y ha puesto en aprietos a la propia Concertación.

Desde el punto de vista empresarial, México es un país de cientos de miles de pequeñas empresas y un puñado de imperios corporativos con un dominio casi completo de su sector. Algunos de estos imperios son públicos, otros son privados. La propiedad no es lo esencial. El problema es la falta de competencia y de alternativas. El viejo sistema sobrevive perfectamente con empresas dominantes públicas o privadas. El grado de concentración del capital y de la actividad económica son elevados. Las 500 empresas mayores tienen ventas equivalentes al 80% del producto interno bruto. (En Estados Unidos, de acuerdo con Fortune, las 500 empresas más grandes en 2006 contribuyeron al 73.4% del PIB.) No hay espacio para nuevos tiradores. Lo dijo The Economist hace tres años: importar cemento, generar electricidad, buscar petróleo, poner una telefónica, abrir una tercera cadena de televisión o crear un banco competitivo (no vinculado a otra megaempresa) es prácticamente imposible en México.

Nadie se llama a engaño: no hay economía de mercado sin concentración del capital. Los marcos regulatorios, por rigurosos que sean, siempre son insuficientes. Si se quiere ir a la economía de mercado hay que ir también a la regulación del mercado. El reto fundamental en esta materia es dotar de autonomía y poderes a los entes regulatorios, empezando por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), para que ejerzan con efectividad sus funciones. Se requieren instituciones reguladoras con dientes, capaces de iniciar acciones legales con sus investigaciones a través de la Procuraduría General de la República.

El poder de los entes regulatorios debe incluir toda la gama de facultades y sanciones para acotar las prácticas monopólicas, pero no serán verdaderas autoridades mientras no tengan la facultad de plantear la partición de empresas dominantes para garantizar el reinicio de la competencia en los distintos sectores, como ha sucedido en distintos momentos en Francia, Alemania y Estados Unidos, o de abrir la entrada de nuevos actores en mercados cerrados en los hechos. La partición de empresas con presencia excesiva en el mercado es parte de la historia del capitalismo mundial, empezando con el desmantelamiento de la Standard Oil de John D. Rockefeller en 1911 en Estados Unidos, gracias a la Ley Sherman antitrust. No tendría por qué no ser un expediente de la protección de la competencia en México, donde distintas empresas controlan porcentajes muy altos de su mercado. La telefonía fija tiene una concentración del 81.4%, la telefonía móvil del 74%, las audiencias televisivas de 68%, la producción del cemento de 49%, el comercio al menudeo de 54%, la de harina de maíz industrializada de 93%, la industria cervecera de 62%. Tres bancos concentran el 61.4% del mercado.

La regulación fuerte y con sentido debe desplazar a la regulación torpe que no lo tiene. El Estado debe desmontar draconianamente la gigantesca red de regulaciones que ha construido en estos años, la maraña de trámites que hacen que el tiempo promedio de apertura de un negocio en México sea de 57 días mientras en Canadá es de máximo tres y en Estados Unidos de cuatro.

Sólo una economía de mercado fuerte, abierta, competitiva, antimonopólica, podrá crear la riqueza y los empleos que prometen huecamente candidatos y gobiernos; sólo una economía pujante y en crecimiento podrá dar a la mayoría de los mexicanos la cosa simple y fundamental que buscan y por la cual emigran por millones de sus pueblos a las ciudades y de su país al norte: un empleo con qué ganarse la vida, una oportunidad de mejora para él y su familia. Conviene subrayarlo: la masa salarial como parte del PIB no sólo no ha crecido, sino que ha descendido en los últimos 30 años: en 1980 se encontraba en 39%; hoy se ubica en 30%, sin duda en parte debido a la informalización del empleo, pero también al magro crecimiento formal.

Productividad, inversión y ahorro son las palancas de la creación de riqueza. Pero hay poco dinero de inversión en el mundo y no se concentra en México. México debe abrir sus negocios monopólicos y oligopólicos a la inversión de dentro y sobre todo de fuera de su territorio. Nada de esto es posible si el país no se va convenciendo de cuál es su lugar en el mundo, para que estos cambios y otros se anclen en el orden internacional y obtengan a la vez apoyo internacional. México no podrá arraigar sus reformas adentro y recibir apoyo de afuera, mientras no resuelva de qué afuera se trata.

III. Nuestro lugar en el mundo

¿América Latina o América del Norte?
Las últimas décadas muestran que sin el exterior —mercados, inversiones, turistas, remesas, tecnología— no crecemos ni podemos remontar nuestras crisis. Piénsese en el rescate de 1995 o en los 77 mil millones de dólares —30 mil millones de la Reserva Federal, 47 mil millones del FMI— que la comunidad internacional colocó a nuestro alcance en 2009. No podemos crecer sólo gracias al exterior, pero tampoco es posible crecer sin una inserción cabal en el mundo. Esto implica escoger “nuestro exterior” y tomar las decisiones conducentes.

En el mundo globalizado de hoy, sólo dos países grandes tienen, en teoría, el privilegio de seleccionar más o menos voluntariamente la región a la que desean pertenecer. Esos países son México y Turquía, ambos bisagras geográficas y culturales entre dos mundos. Turquía es una nación de más de 80 millones de habitantes, miembro de la OTAN y de la OCDE, con una población de mayoría aplastante musulmana, un ingreso per cápita un poco menor que el de México y un índice de desarrollo humano muy inferior. El secularismo militar de Atatürk en los años veinte mitigó el peso del Islam, particularmente en la vida pública, pero Turquía sigue siendo un país geográficamente asiático, religiosamente islámico, con un partido de gobierno islamista, aunque moderado. Pero entre ser asiático, islámico y replegado sobre sí mismo, y ser europeo, secular, democrático y globalizado, eligió lo segundo.

México jugó ya una opción semejante. Desde finales de los años ochenta del siglo pasado tuvo un gobierno audaz e ilustrado pero autoritario, que sin mayor consulta ni debate le impuso a una sociedad de matriz nacionalista y antiestadunidense una integración comercial profunda con América del Norte, a través del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Ni la sociedad ni sus elites terminaron de convencerse de la medida ni de sus consecuencias. 15 años después el dilema se plantea de nuevo, como si asistiéramos a una versión azteca del freudiano “retorno de lo reprimido”. Es la hora de elegir de nuevo: hacia América del Norte o hacia América Latina. La sociedad mexicana y sus elites no saben lo que quieren. Por ello parece indispensable iniciar un debate sobre lo que podríamos resumir bajo la odiosa pero útil formulación del código postal. A cuál queremos pertenecer: al universo de Zelaya y su sombrero, de Chávez y su boina, de Raúl y su senectud, de Brasil que no nos quiere en el vecindario, o al de América del Norte.

En realidad, no hay mucho margen para decidir. México tiene su corazón en América Latina, pero tiene su cartera, su cabeza y la undécima parte de su población en América del Norte. La afinidad latinoamericana es del corazón, de la cultura y del idioma, no de los intereses económicos ni de la densidad humana de la relación. El destino de México se ha jugado desde el siglo XIX y se juega hoy más que nunca en América del Norte. De ahí la necesidad no sólo de una agenda de política exterior sino de una decisión estratégica de pertenencia a esa región, desprovista del doble discurso de siempre o del engaño. Se trata de una definición nacional, necesariamente consciente y transparente. La relación con Estados Unidos es un asunto de política interna mexicana, como la relación con México es cada vez más un asunto interno, electoral incluso, para Estados Unidos.

La agenda debe volver sobre la reforma migratoria integral. Pero no puede agotarse ahí. Debe incluir al menos dos elementos más que entrañan un elevado costo político en México. El primero es un planteamiento ambicioso y visionario: construir una unión económica de América del Norte. El segundo es más delicado. ¿Queremos ayuda de fondo para la guerra contra el narco, o nos contentamos con los mínimos de la Iniciativa Mérida, que evitan compromisos y requisitos incómodos? No tiene sentido declararle la guerra al narco si no se cuenta con el ejército, la policía y el servicio de inteligencia necesarios. La única manera de poseerlos es con ayuda externa. En nuestro caso, sólo puede venir de Estados Unidos.

Podemos escoger: buscar un trato especial, siempre decepcionante, pero mejor al que le destinan a otros (ser recibido primero, ser primer destino de viaje, contar con apoyo económico, figurar en la agenda) y aceptar con resignación o entusiasmo nuestra pertenencia a América del Norte; o definir nuestra ubicación en el mundo por nuestros lazos culturales de la región menos relevante para Washington, a saber América Latina, y por la “Doctrina Gloria Estefan” de las relaciones internacionales: hablamos un mismo idioma. Es una u otra.

La realidad marca el paso y muestra el rumbo en todos los órdenes. Desde 1895, Estados Unidos ha sido el primer socio comercial de México, desplazando a Francia y a Inglaterra. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio exterior de México se concentró en su totalidad con Estados Unidos. Se estabiliza luego en alrededor de 70% después de la Segunda Guerra hasta finales de los años ochenta, cuando se incorporan a las estadísticas las maquiladoras, que elevan el porcentaje a casi 90%. El TLCAN consolida esa cifra: un siglo entero de concentración extraordinaria del comercio exterior con un solo país. Esa evolución externa se complementó con una transformación interna: a partir de los años ochenta, el comercio internacional de México pasa de representar el 12% del PIB al 70% en 2009.

Algo semejante sucede con la inversión extranjera y el turismo. Ya en 1910 más del 65% de la inversión extranjera en México era de origen estadunidense. Hoy la inversión extranjera en México representa un porcentaje del PIB superior al que imperaba en años anteriores. Pasó de menos de 1.5% del PIB en los años sesenta y setenta del siglo XX, a casi 3% a finales del mismo, para disminuir ligeramente en el lustro recién transcurrido. Desde el año 2000 la concentración con Estados Unidos es superior al 70%: un siglo de concentración, estabilidad y crecimiento.

De igual manera, el turismo es uno de los sectores de mayor porvenir, mayor competitividad y mayor empleo para México. Es la primera industria que da trabajo en país, con casi dos millones y medio de empleos directos e indirectos. El 90% del turismo que llega a México proviene de Estados Unidos. Y crece un tipo de turismo permanente que viene también del norte. Los baby boomers estadunidenses y canadienses empiezan a cumplir 65 años, y a jubilarse en condiciones inéditas: de buena salud, con pensiones y ahorros elevados, con una mirada abierta al mundo, y muchos años de vida activa por delante. Ya no les atraen Florida o Arizona tanto como a sus predecesores. Prefieren vivir seis meses al año en México: en el norte de Sonora, en San Miguel Allende, en Yucatán o en las costas de Oaxaca. Un millón de norteamericanos pasan por lo menos la mitad del año en México. La tendencia podría duplicarse en los próximos años, reforzando los vínculos mexicanos con el norte, no con el sur. Así, no sólo las principales relaciones económicas internacionales del país se han concentrado de modo abrumador con Estados Unidos, desde hace más de un siglo, sino que la trascendencia de esas relaciones en la actividad económica también ha aumentado de manera sobresaliente.

La variable fundamental, sin embargo, por la cual la política hacia América del Norte es parte de la política interna, no de la internacional de México, es la variable demográfica, la densidad humana de la integración. En 1920 el 3.4% de la población nacida en territorio mexicano vivía fuera del país, fundamentalmente en Estados Unidos. En 1930 la cifra alcanzó un pico histórico de 3.8%. En 1940 bajó a 1.9%; en 1950 a 1.7% y en 1960, en vísperas del cierre del Acuerdo Bracero, cayó hasta 1.6%, el punto más bajo del siglo XX. Pero en 1980 la tendencia se duplicó, llegando a 3.2%, en 1990 se disparó hasta el 5.3%, en el año 2000 rebasó el 9%, y hoy supera el 11% del total de la población: entre 11 y 12 millones de ciudadanos mexicanos que habitan fuera de su país.

En 1996 el presidente norteamericano Bill Clinton reforzó la vigilancia fronteriza y rompió lo que los expertos llamaban la “circularidad” de la migración mexicana hacia Estados Unidos. La gente iba y venía regularmente, a la pizca del tomate, de la fresa, del durazno. Migraba de cultivo en cultivo, de región en región, temporada tras temporada. La construcción de barreras en la frontera dificultó el cruce y los migrantes dejaron de circular. Aumentó dramáticamente el número de mexicanos instalados en Estados Unidos, y se produjo un crecimiento espectacular de las remesas, la segunda fuente de ingresos en divisas del país (25 mil millones de dólares).

De modo que México tiene con Estados Unidos 90% de su comercio internacional, 90% de su turismo, 70% de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos. Dos de cada cuatro mexicanos poseen parientes en Estados Unidos, tres de cada 10 dicen que se irían a vivir y trabajar allá si pudieran. Y sin embargo ni la clase política ni los medios ni la clase empresarial ni las organizaciones sociales o no gubernamentales pueden plantearse con claridad las ventajas, la necesidad incluso, de una integración ordenada con América del Norte.

Más allá del libre comercio
La integración crece en los hechos pero permanece negada en los sentimientos, en los valores, en el discurso público tanto como en el público de los estadios de futbol que durante los juegos de México y Estados Unidos, lo mismo si son en Monterrey que en Houston o New Jersey, da rienda suelta a las expresiones del más arcaico y primitivo nacionalismo antigringo de otras épocas.

Abundan las encuestas que muestran que el TLCAN goza de un alto nivel de aprobación en México, pero también que la mayoría de los mexicanos considera que le ha traído muchos más beneficios a Estados Unidos que a México: una sombra del viejo victimismo, porque la realidad es exactamente la inversa. México ha sido el más beneficiado con la vigencia del tratado, aunque sin duda menos de lo que se esperaba.

El gobierno mexicano abrazó el TLCAN, pero no explicó a la sociedad sus implicaciones para la posición de México en el mundo y para las tradiciones nacionales. Tampoco obtuvo la anuencia colectiva para ello a través de un referendo, como el que determinó la permanencia de España en la OTAN, primer paso estratégico en el camino de Madrid a la Comunidad Europea. EL TLCAN ató la economía y el futuro del país con América del Norte, pero la sociedad siguió viviendo en el mundo mítico anterior, el mundo del desarrollo estabilizador de los años 1940-1970, del modelo de la industrialización vía la sustitución de importaciones, de México como parte del Tercer Mundo (a pesar de que gracias al TLCAN el país ingresó a la OCDE, el único país de América Latina hasta la fecha en hacerlo), del México baluarte de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, el México de la simulación y la retórica.

La agenda estadunidense con México es conocida. La seguridad y el narcotráfico constituyen hoy el primer tema; la migración, el segundo; la revisión (o no) del TLCAN, el tercero; el estado de la economía mexicana, el cuarto. En el horizonte se dibuja un quinto: el obstáculo monopólico al crecimiento mexicano como tema bilateral. Los empresarios norteamericanos quieren entrar a los buenos negocios mexicanos. Estos asuntos han dominado la agenda desde la presidencia de Carlos Salinas en 1988 hasta la de Felipe Calderón en 2006. Durante el mandato del primero, el TLC fue lo esencial; durante el de Ernesto Zedillo (1994-2000), la economía y el narco fueron preeminentes; con Vicente Fox (2000-2006) fueron la migración y la seguridad; con Calderón todos ocupan un lugar central para Washington.

Lo que ha quedado menos claro es la naturaleza de la agenda mexicana con Estados Unidos. México se encuentra sin brújula a propósito de su lugar en el mundo. Los énfasis de cada sexenio en esta materia han generado una inmensa confusión. Repetir la consigna “más México en el mundo, y más mundo en México” no es una respuesta, es una muletilla. Urge una definición nacional al respecto. Estados Unidos nos brinda un trato distinto al que les extiende a las “hermanas repúblicas” latinoamericanas porque somos distintos; lo somos porque estamos al lado de Estados Unidos. Desgracia o privilegio: cada quien puede opinar. Curiosamente, nuestro único verdadero atractivo para América Latina estriba en nuestra “relación especial” con Estados Unidos: un término arrebatado a los ingleses, rechazado por internacionalistas mexicanos en el pasado, pero validado justamente por los propios latinoamericanos, que nos reprochan nuestra relación especial con Estados Unidos.

Es la hora de reconocer las tendencias históricas y dar un paso ambicioso más allá, hacia la construcción de una unión económica de América del Norte, que incluya lo que excluyó el TLCAN: migración, energía, infraestructura, instituciones supranacionales, fondos de cohesión social, convergencia económica —y en el lejano horizonte la moneda única— y el tema obligado de estos años: la seguridad regional. Ha llegado el momento de buscar convergencias con Estados Unidos y Canadá en asuntos multilaterales como los derechos humanos y la democracia, el cambio climático, las crisis latinoamericanas y mundiales. Es hora de tirar las máscaras, armonizar nuestras políticas antinarco hacia la despenalización y, simultáneamente, hacia una cooperación ambiciosa en el combate contra las drogas y en el blindaje de nuestras fronteras contra el crimen, la ilegalidad, el tráfico humano y los riesgos globales del terrorismo. La sola propuesta de un mercado común norteamericano, hecha formalmente por México, bastaría para desatar una dinámica política de extraordinaria resonancia en nuestro hemisferio.

IV. Proteger a la sociedad

Equidad y fiscalidad
La evidencia mundial demuestra que la creación de riqueza tiende a concentrarla. La distribución de la riqueza, que sólo han creado en abundancia las economías de mercado, requiere Estados fuertes, bien financiados, capaces de políticas públicas correctoras de la desigualdad inherente a la creación de valor. No basta crecer y crear riqueza; hay que distribuirla, acompañar la economía de mercado fuerte, abierta y competitiva esbozada arriba, con un Estado fuerte, solvente y eficaz en su redistribución de las rentas, capaz de paliar desigualdades, garantizar cohesión social, universalidad de derechos y calidades básicas en los bienes públicos, particularmente la educación, la salud y la protección social de los ciudadanos.

No hay equidad social en las sociedades capitalistas desarrolladas que no pase por un Estado fiscalmente fuerte, el cual puede tomar hasta el 40% de la riqueza producida por su economía, como sucede en los países de Europa Occidental, los más equitativos del orbe, gracias a sus Estados fiscalmente fuertes y democráticamente controlados.

La debilidad fiscal del Estado mexicano, que recoge apenas el 12% de la riqueza (sin contar el petróleo), es la contraparte puntual de la desigualdad crónica del país. Durante demasiadas décadas, desde que la abundancia petrolera se volvió parte central de las finanzas públicas de México, el petróleo ha resuelto por la puerta trasera la debilidad fiscal del Estado mexicano, disculpándolo con ello de su tarea fiscal y lisiando el desarrollo de la empresa petrolera, con el secuestro de sus utilidades. Entre un 30% y un 40% del presupuesto ha sido solventado así; 480 mil millones de dólares de renta petrolera, según un reciente cálculo, se han licuado en sucesivos rescates presupuestales por este procedimiento.

Pero la fiesta petrolera mexicana se acerca aceleradamente a su fin y con él aparece la asignatura pospuesta por cuatro décadas: cómo financiar a un Estado con responsabilidades constitucionales y burocráticas del tamaño de las mexicanas, incluyendo el 85% de la salud y de la educación del país, titular único y concesionador a la vez gracioso y mezquino del subsuelo, las telecomunicaciones y la obra pública, la explotación de los bosques, las aguas, las costas y las riberas. La renta petrolera ha permitido a los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN (y del PRD en el Distrito Federal, desde 1997) no hacerse cargo de los impuestos. Le ha evitado esa responsabilidad a una parte de la población, la que no paga impuestos o goza de regímenes especiales, castigando de más a la población que cumple con sus cargas impositivas porque no tiene influencia para ser parte de las exenciones o porque no tiene recursos para eludir su pago. Tenemos entonces a la vez un régimen fiscal opresivo con los que pagan y cómplice con los que no pagan porque aprovechan sus rendijas legales o porque pertenecen a la economía informal, por definición fuera del alcance del fisco.

Las recurrentes crisis económicas de 1976, 1982, 1987, 1994-1995, 2003 y 2008-2009, han colocado en la economía informal al 60% de la población económicamente activa, manteniendo así una deformidad sustantiva en la vida pública y en la relación de los gobernantes con los gobernados. Si a eso agregamos que prácticamente la única entidad gubernamental que cobra impuestos en México es el gobierno federal, la deformidad de la hacienda mexicana adquiere sus verdaderas dimensiones de casa vieja, a la vez insuficiente, abusiva y atrabiliaria.

Hay que regresar a lo básico, al pacto fundamental de ciudadanía, de responsabilidad compartida y derechos comunes que suponen los impuestos. Todos los gobiernos —el municipal, el estatal y el federal— deben cobrar impuestos y rendir cuentas de su empleo; todos los ciudadanos deben pagar impuestos, imponer a la autoridad criterios sobre cómo gastarlos y exigir cuentas sobre cómo los gastó.

Los estados no cobran impuestos; reciben en promedio 85% de sus ingresos de la federación. Los gobernadores, por tanto, no tienen con sus gobernados la relación constitutiva de ciudadanía que consiste en pagar impuestos y tener derecho por ello a exigir rendición de cuentas. Esto es aún más cierto a escala municipal: el impuesto predial que se cobra en México en su conjunto es ínfimo comparado con el porcentaje del PIB que alcanza en países semejantes. Tal vez haya que federalizarlo, ya que las autoridades municipales son incapaces de cobrarlo, y su gasto no está claramente destinado a un propósito específico (como en Estados Unidos, donde el predial se dedica a la educación primaria y secundaria del municipio donde se recauda).

Sobre todo: hay que poner fin a la fantasía de que en una sociedad con el 60% de la economía en la informalidad puede haber un régimen fiscal efectivo sin un gravamen universal al consumo. Para construir la fortaleza económica del Estado, que a su vez pueda redistribuir las rentas y construir una sociedad más equitativa, es precisa una reforma fiscal que suspenda los regímenes especiales y tome por los cuernos el tabú del impuesto al consumo, conocido en México como Impuesto al Valor Agregado (IVA). No hay reforma fiscal seria que no incluya un IVA elevado y generalizado, como en Chile, Colombia, Uruguay o la Unión Europea. La discusión no debe ser si el impuesto es deseable o necesario, sino en cómo convencer a la sociedad de su imperativo, y convencer a la sociedad que los recursos tendrán un buen uso. Este es un tema clave, en la medida que diversos grupos se han apropiado del presupuesto federal (otro precio de la transición democrática): los agricultores más ricos son los que se llevan la mayor parte de los subsidios al campo; los recursos de programas sociales se usan para fomentar la informalidad; los recursos de la educación son casi todos para la nómina de maestros. La debilidad del gobierno se refleja también en la imposibilidad creciente de utilizar el presupuesto federal como instrumento clave del desarrollo nacional.

Bienestar
Un impuesto general al consumo no será vendible políticamente si no queda sujeto a un compromiso poderoso del Estado, que compense sus efectos regresivos y otorgue a cambio un bien ostensiblemente superior al mal que causa. No conocemos una propuesta mejor en ese sentido que la de Santiago Levy, subdirector del BID y ex director del Seguro Social, en su libro sobre política social, informalidad y productividad: Buenas intenciones, malos resultados (Brookings Institution Press, 2008).

Levy propone extender a todos los mexicanos, por el hecho de serlo, los beneficios de una seguridad social universal: seguro médico, seguro contra accidentes de trabajo, seguro de desempleo, seguro de vida y seguro de pensiones. El costo neto de la propuesta sería de entre dos y tres puntos del producto interno bruto, es decir, entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales. Cálculos críticos de la propuesta le asignan un valor superior. Cualquiera que sea su monto, no podría venir sino del establecimiento de una tasa alta del IVA —al menos del 15%, si no del 18% como en Chile, en Uruguay o en la Unión Europea— sobre todos los bienes y servicios. Pero con una diferencia fundamental respecto de todas las propuestas anteriores de aumento al IVA que se hayan hecho en México: los ingresos así obtenidos quedarían etiquetados para su gasto exclusivo e inmediato en la extensión de la protección social a todos los mexicanos.

Adicionalmente, el efecto regresivo del IVA universal sería compensado con la devolución, a todos los contribuyentes, de una misma cantidad en efectivo cuyo efecto final, en palabras de Levy, sería que “a los ricos, que consumen más, les quitamos 10 pesos y les devolvemos 50 centavos. A los pobres que consumen menos, les quitamos 25 centavos y les devolvemos 50”. El vuelco recaudatorio y de protección social así obtenido permitiría reducir los impuestos indirectos a las empresas y a los trabajadores, dejando a ambos mayores ganancias y creando incentivos para la inversión en las empresas y para que los trabajadores salgan de la informalidad —aspecto fundamental de la salud económica futura— pues dejarían de pagar tan caramente los servicios de seguridad social que no valoran o que no les interesa obtener, entre otras cosas porque los reciben hoy de distintos programas sociales sin necesidad de contratarse formalmente en una empresa.

México tiene un dilema: la arquitectura actual de política social excluye de los derechos sociales a los trabajadores no asalariados; pero el gobierno (del PRI o del PAN) no puede dejar a esos trabajadores sin beneficios sociales, por lo que construye un sistema paralelo de programas que fomentan la informalidad, la baja productividad y la evasión fiscal. Es otra de las razones por las que crecemos lentamente. La lucha electoral hace que todos los partidos políticos compitan a ver quién ofrece más beneficios a los trabajadores informales, que cada vez son más, porque cada vez se subsidia más el trabajo informal. “Un futuro para México” requiere tomar al toro por los cuernos y modificar esa arquitectura. Extender derechos sociales a todos los trabajadores no es un desiderátum social solamente; es una necesidad de productividad y de crecimiento. Necesitamos más equidad para poder crecer.

He aquí uno de los beneficios más importantes de un proyecto como éste: reducir dramáticamente el precio de crear un empleo formal nuevo en pequeñas y medianas empresas, las cuales ya no asumirán el costo de las prestaciones sociales, no por su inexistencia o supresión, sino porque dicho costo sería asumido por la sociedad en su conjunto, a través del fondo fiscal central financiado con el IVA. Al reducir la informalidad, es factible que crezca la recaudación vía ISR o IETU, ya que muchas pequeñas y medianas empresas preferirían formalizarse y pagar impuestos menores, liberadas como quedarían de las cargas fiscales por seguridad social, cargas de casi 30% comparables a las europeas en su costo pero ni remotamente en sus beneficios.

Hablamos del piso fundador de un Estado de bienestar moderno, a imagen y semejanza de las socialdemocracias europeas, objeto de mucha demagogia en el pasado pero que nunca ha existido en México. Será imposible construir un mercado de trabajo moderno —esencial para el crecimiento y la productividad— sin un Estado de bienestar moderno. Nadie va a poder reformar la Ley Federal del Trabajo sin ofrecerle a los trabajadores algo mejor. La llamada “reforma laboral” no será tal a menos que sea también una reforma social que permita proteger a los trabajadores con instrumentos más amplios, eficaces y modernos, y sustituya con eso las regulaciones actualmente contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

V. Educación
La expansión de la escolaridad mexicana ha sido una hazaña cuantitativa, pero una “catástrofe silenciosa” en el aspecto cualitativo (Gilberto Guevara Niebla, 1992). La pregunta mayor de la educación sigue vigente: ¿educar, para qué? ¿Qué y cómo debe aprender la gente? No ha sido respondida con claridad. La gente debe aprender en la escuela lo que necesita para resolver su vida. En el México joven y subcalificado de principios del siglo XXI esto significa, en primer término, aprender lo que necesita para obtener un empleo. Y aún mejor: para crearlo.

Esto implica conectar la educación a la vida práctica. La dinámica burocrática separó a las escuelas de las necesidades del país. Gobierno y magisterio pusieron la educación básica fuera de toda forma de auscultación pública o evaluación ciudadana. La educación superior padeció una separación semejante, mediante el mito de la autonomía de las universidades públicas, que las volvió tan celosas de la intromisión externa como poco flexibles a las demandas del mundo exterior. El resultado ha sido un sistema de educación pública por su mayor parte ajeno a las necesidades prácticas del educando y de la sociedad. Hay que devolver la educación a la sociedad, hacerla útil para ella y, por lo tanto, para el educando. La educación debe restablecer sus vínculos con la vida práctica, asumir su misión como instrumento de supervivencia y movilidad social.

Quizá la noción que debe regir nuestra educación en el futuro es lo que los pedagogos llaman pertinencia: aquello cuyo aprendizaje es funcional para ayudar al educando no a acumular conocimientos sino a resolver su vida. Significa que los niños pasen más días al mes y más horas al día en la escuela y sean equipados por la sociedad para aprender, dotándolos, en su casa y en la escuela, de los instrumentos indispensables: hardware, software, brainware, conectividad e interacción entre ellos. La educación debe ser una cuidadosa incubadora de lo que el país y la sociedad necesitan, no de lo que los educadores y los burócratas saben enseñar. Los educadores deben reeducarse en las necesidades y los instrumentos del mundo que los rodea, para que sus alumnos puedan sacar de ellos la educación que necesitan. Maestros, antenas y computadoras para todas las escuelas y todos los niños, pero también escuelas, antenas y computadoras para todos los maestros, sin olvidar la lingua franca de la aldea global interactiva: el inglés.

La solución no vendrá, no podrá venir, sólo del Estado. Tendrá que salir también de la comunidad. Si los ciudadanos quieren mejores escuelas tendrán que pagar más impuestos. Si el gobierno quiere convencer a los ciudadanos de que paguen más impuestos para sus escuelas, tendrá que dejarlos entrar a ver cómo se gastan esos impuestos y a evaluar si las escuelas sirven o no. La Ley Federal de Educación, vigente desde 1992, prevé la existencia de consejos de participación en la escuela pública. Pero en pocas escuelas funcionan. Hay que quitar los diques burocráticos para que esos consejos se vuelvan focos dinamizadores de la escuela y poner fin al monopolio de facto que autoridades y maestros ejercen sobre ese espacio del que los padres de familia fueron expulsados en los años treinta del siglo pasado por razones ideológicas: para evitar que a través de su catolicismo mayoritario pudiera filtrarse a la escuela la influencia de la Iglesia. Hay que abrir también la posibilidad de que las comunidades financien directamente sus escuelas, cubran con sus propios recursos lo que los presupuestos públicos no alcanzan a cubrir.

El instrumento para todo esto ha de ser un sistema de evaluación con consecuencias, que premie, castigue y corrija. Esto supone tres cosas, hasta ahora inaceptables para el magisterio nacional y para las burocracias educativas. La primera, someterse a una evaluación pública en su desempeño, maestro por maestro, escuela por escuela. La segunda, sujetar el aumento en los ingresos de los maestros y de los presupuestos de las escuelas a los índices de mejora educativa. Tercero, dar a los padres la oportunidad de escoger la escuela donde quieren enviar a sus hijos según su rendimiento educativo. Nada de esto es posible hoy, ni siquiera planteable. Por eso la educación mexicana empeora en lugar de mejorar: no hay costos inmediatos. No hay gritos ni mantas en el aula de clase.

VI. Democracia

El empate democrático
La democracia mexicana se parece más que nunca al diseño constitucional que la rige, pero es una democracia paralítica. No produce los bienes que se esperaban de ella. Gobierna pero no transforma al país. La Constitución dice que el régimen político de México es el de una República representativa, democrática y federal. Más que nunca antes en nuestra historia tenemos un régimen político democrático y representativo, con división de poderes y altos rangos de autonomía de los gobiernos estatales. La paradoja consiste en que haber cerrado la brecha entre el régimen político real y el régimen político legal no ha redundado en un gobierno más eficaz, sino en un gobierno más competido, sujeto a más límites y controles, más ineficaz, impregnado de una ética pública de lo posible que se parece más a la resignación que al realismo.

Por un lado, se ha hecho presente el poder del Congreso. Desde 1997 nuestra democracia produce gobiernos divididos: el partido que gana la mayoría en las elecciones presidenciales carece de mayoría en el Congreso. Nuestro régimen democrático no otorga mandatos ni da poderes para cumplirlos a los gobiernos que elige. Es un régimen presidencial disminuido. Un Congreso eterna y estructuralmente desprovisto de una mayoría del partido gobernante es el peor obstáculo que pueda encontrar un régimen presidencial. El poder legislativo se vuelve un poder adversario, capaz de bloquear al gobierno, pero no de conducirlo. Nuestra oposición —la que sea— bloquea más de lo que construye.

Por otro lado, se ha hecho presente el poder judicial. La debilidad mayor de nuestra democracia es que se asienta sobre un débil imperio de la ley. En cuanto los distintos poderes pueden competir libremente entre sí, emerge la Suprema Corte como un árbitro con poder no sólo en el ámbito de sus tareas constitucionales, sino en todos. El espacio de arbitraje de la Suprema Corte se multiplica. Vuelve a legislar sobre las muchas ambigüedades de la Constitución, y a resolver asuntos de leyes secundarias que la contradicen y le son remitidas para que las armonice. Por la Corte han pasado en los últimos tiempos más querellas de consecuencia política y visibilidad pública que en toda su historia, lo mismo si se trata de una controversia constitucional sobre el poder de veto del presidente al Congreso, que de peticiones de amparo fiscal, del ultraje a una periodista, de la negativa a un ciudadano que reclama sus derechos constitucionales a una candidatura independiente, o de los presos de la masacre de Acteal de 1997.

La democracia ha hecho aparecer con fuerza extraordinaria los poderes legislativo y judicial en el escenario de un poder ejecutivo disminuido. Se han hecho presentes también los poderes del pacto federal previstos en las leyes. Nunca ha sido tan grande la autonomía de los gobiernos estatales. Un gobernador hábil tiene hoy más poder sobre su estado que el que tiene el presidente sobre el país. Esta autonomía, sin embargo, no añade fortalezas al Estado democrático. Los gobiernos locales son eslabones débiles de la organización política nacional porque no cumplen con las tareas esenciales del Estado democrático: primero, no cobran impuestos ni rinden cuentas; segundo, no aplican la ley ni garantizan la seguridad de sus ciudadanos.

He aquí un régimen político incuestionablemente democrático y representativo, con una efectiva división de poderes y un pacto federal de altas autonomías locales. He aquí a la vez un Estado débil, que no aplica la ley, cuya división de poderes se acerca al divisionismo, y cuyo federalismo tiene algo de feuderalismo. Todo ello en el marco de un régimen político que no produce mayorías claras y vive inmerso en un empate perpetuo, que sin embargo no produce ingobernabilidad.

México no padece crisis constitucionales o fracturas del régimen político, no está en riesgo de rebeliones o golpes de Estado. Goza de una clara estabilidad política aun en medio de los picos de violencia que lo sacuden. No sufrimos de una crisis de gobernabilidad política, sino de gobernabilidad transformadora. Nos faltan gobiernos capaces de dar pasos claros en la construcción del país democrático, próspero y equitativo que buscamos; de terminar de construir la sociedad de clase media inacabada que somos.

Seguridad
Que la inseguridad pública no ponga en riesgo la estabilidad política fundamental del Estado no quiere decir que no represente su problema número uno. Se confunden en este ámbito dos órdenes distintos del problema de seguridad que aqueja a la República: el orden de la seguridad ciudadana y el orden del combate al narcotráfico. Obviamente se encuentran vinculados, pero no se sobreponen, ni son asimilables uno al otro.

La seguridad ciudadana de todos los días, la seguridad fundamental que debe proveer un Estado, presenta fragilidades estructurales. Unas vienen de años atrás, como el anquilosamiento de las instancias de procuración y administración de justicia. Pero el tema de las policías y de la seguridad pública local domina el paisaje. Es la inseguridad que altera la vida cotidiana de la sociedad, la inseguridad de los delitos del fuero común: el homicidio, el robo, el secuestro, la violencia familiar y social.
Son todos responsabilidad de los gobiernos locales, los eslabones débiles de la seguridad pública de México, los responsables de que en México sólo se castiguen en promedio cinco de cada cien homicidios dolosos, pues la persecución de los homicidios no es una facultad federal sino local. Son los responsables, también, de la penetración del crimen organizado en sus policías e instituciones de seguridad. Los han dejado entrar. De ahí la cantidad de policías locales intervenidas por la federación por su complicidad con el narcotráfico. De ahí, también, la ocupación silenciosa de ciudades fundamentales del país por los barones del crimen organizado. Es urgente un nuevo reparto de responsabilidades entre los estados y el Estado a propósito de la seguridad, enfrentando sobre todo la impunidad en los delitos hoy ubicados en el fuero común, los que más afectan al ciudadano en su vida diaria.

Se puede dar un nuevo giro a la política de seguridad interna del país, impulsando la creación de una policía nacional única, sustituta de las policías estatales y municipales, unificando los códigos penales de los estados, federalizando buena parte de los delitos hoy subsumidos bajo el fuero común. Abundan los ejemplos internacionales, unos más pertinentes que otros: Chile, Colombia, Canadá (salvo Ontario y Quebec). Ya se ha avanzado en ese camino: desde 1998 existe una policía federal en México; desde 2007 una academia policíaca federal; hace poco el gobierno propuso formalmente sustituir a las policías municipales con policías estatales.
Cada día son más los gobernadores que en privado confiesan su preferencia por entregarle la seguridad a la federación, a sabiendas de que implicaría quedarse sin policías. Y cada día son más los militares que reconocen, también en privado, que las policías locales no les provocan ninguna confianza. En los estados de capital dominante, como Yucatán, Nuevo León, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, por sólo mencionar a algunos, “estadualizar” a las policías municipales es sencillo, si no es que ya se ha hecho; el siguiente paso, en esos mismos estados, consiste en federalizar a los policías ministeriales, mediante un mecanismo de entrada voluntaria: los gobernadores que así lo deseen, adelante; los que no, no. Algunos preferirán mantener la estructura actual, pero coordinarla bien, depurarla y equilibrarla; otros, no. Lo que parece imposible es limpiar las centenas de cuerpos policíacos estatales y municipales corruptos, más de 300 mil efectivos, con menos de 20 mil policías federales operacionales honestos, suponiendo que lo sean.

Ante la preocupación de que una policía nacional única se torne un monstruo represor descontrolado y autoritario, existe un antídoto, deseable y necesario en sí mismo, pero justificado además por la necesidad de despolitizar las tareas de seguridad, hasta donde es posible hacerlo. Convendría transformar a la Secretaría de Gobernación en un Ministerio del Interior que tutele a la Policía Nacional, tanto preventiva como investigativa, y al CISEN, pero sin tareas políticas. No se puede pedir un nombramiento por completo apolítico, pero puede dársele en la práctica un carácter esencialmente de seguridad, como sucede en muchos países de América Latina y de Europa. De esta manera, tanto la Policía Nacional como el Ministerio del Interior quedarían sujetos a la rendición de cuentas con el Congreso, pero a la vez despojados de funciones políticas. Las funciones políticas de la actual Secretaría de Gobernación serían trasladas, como ya se intentó, a la Oficina de la Presidencia o a una Jefatura de la Casa Civil, como le llaman los brasileños, un “chief of staff” según los americanos.

Cuando de manera gradual se avance en la construcción de este andamiaje institucional, podría también rediseñarse la estrategia de combate al narcotráfico, emprendiendo un debate nacional serio sobre las diversas opciones, desde la tregua tácita hasta la guerra frontal con una cooperación estadunidense cuantitativa y cualitativamente mayor, dentro de un esquema amplio de seguridad regional de América del Norte, con tres facetas: primero, atacar no las causas —el tráfico en sí mismo— sino los daños colaterales del narcotráfico, a saber, la violencia entre narcos, los secuestros, el derecho de piso, la penetración de las estructuras políticas, la venta de estupefacientes a niños, el daño a la salud de los adictos. Se trata de un enfoque de reducción del daño, tanto en lo individual como en lo nacional. Segundo, despenalizar en México, de manera acompasada con Estados Unidos, gradual y por segmentos, el consumo de drogas. Tercero, concentrar los esfuerzos militares y policíacos en el sellamiento del sur del país, como se viene proponiendo desde 1998, y especialmente en el Istmo de Tehuantepec, como se viene discutiendo desde 2004, y como en principio ya lo resolvió el actual gobierno, sin anunciarlo todavía.

Gobernabilidad
¿Cómo producir mayorías, inyectarle competencia y abrir el régimen de partidos, darle más poder a los votantes, fortalecer al Estado para que no sólo administre sino también gobierne, y no sólo gobierne sino también transforme?

Se trata de dotar al país de un Estado que modernice y decida, que permita la eclosión de mayorías, que no dependa del consenso, que sirva para dirimir desacuerdos, no para desvanecerlos. Sin un conjunto mínimo de reformas institucionales, las demás son imposibles. No hay verdades absolutas, soluciones milagrosas, ni recetas perfectas en materia institucional o electoral. Todo es experimentación, imperfecciones, ajustes constantes, rectificaciones y volver a empezar. Sin embargo, entre quienes desean cambiar las cosas ha comenzado a surgir un acuerdo tácito, en ocasiones explícito, de lo que es preciso hacer. Creemos que son necesarias tres reformas fundamentales:
1. Para producir mayorías claras: la segunda vuelta presidencial y la supresión de la cláusula de sobrerrepresentación en elecciones legislativas; 2. Para darle poder a los votantes y abrir el régimen de partidos: reelección consecutiva y candidaturas independientes; 3. Para un poder ejecutivo con iniciativa: la figura del referendo, poderes de veto, de decreto y establecimiento de “leyes guillotina” de obligatoria resolución por el Congreso. Esta lista no es exhaustiva, pero aspirar a un esquema completo equivale a vivir sin ninguno; aquí sí, la totalidad deseable es el enemigo mortal de las partes suficientes, por ahora.

Construir mayorías
Es imprescindible diseñar un sistema que promueva, aunque no imponga, la conformación de mayorías unipartidistas o de coalición previa en el Congreso. En un sistema de tres partidos, como es el nuestro hoy, y como amenaza con permanecer durante años, no es una tarea sencilla. Algunos analistas con experiencia real de gobierno y conocedores de las mejores prácticas en otros países han sugerido la eliminación de la llamada cláusula de sobrerrepresentación (fijada hoy en 8%) como solución. Es una buena idea. Suprimirla permitiría —aunque no lo aseguraría— que un partido que obtuviera 41% del voto en elecciones legislativas, por ejemplo, alcanzara una mayoría absoluta de diputaciones.

Otra alternativa es la segunda vuelta legislativa: encierra un enorme efecto amplificador de mayorías relativas, pero tiende a borrar del mapa legislativo al tercer partido en liza, casi siempre el PRD, desde 1991. Se puede instaurar o no en función de cómo se quiera generar mayorías legislativas. También se pueden hacer concurrentes o ligeramente escalonadas las elecciones legislativas y la segunda vuelta presidencial, de modo que la polarización de ésta arrastre a las legislativas hacia la formación de mayorías en el Congreso.

La segunda vuelta en la elección presidencial parece imprescindible, como lo ha admitido el secretario de Gobernación. Los números son elocuentes: en 1994 Ernesto Zedillo obtuvo 50% del voto, Vicente Fox 43% en el 2000, y Felipe Calderón 35% en 2006. El próximo presidente debiera darse de santos si alcanza un 32% en 2012. México no puede ser gobernado por un presidente elegido por menos de una tercera parte del electorado. La segunda vuelta obliga a alianzas, pues sólo pasan los dos primeros contendientes, los demás negocian su apoyo programático, de personas y cargos, entre una y otra vueltas. Por eso y para garantizar un amplio mandato, casi todos los países con régimen presidencial (en América Latina y Francia, por ejemplo) han establecido este mecanismo. La alianza forzada en segunda vuelta de rivales en la primera es común en todas las democracias; no es más ni menos artificial que otras alianzas, pero es más transparente. La ciudadanía desconfía de la capacidad de la clase política de construir alianzas. Por eso hay que inducirlas —o imponerlas— a través de mecanismos electorales.

Abrir el régimen de partidos
La segunda transformación institucional consiste en la reelección consecutiva de diputados y senadores, junto con la disminución del número de legisladores plurinominales, haciéndolas accesibles sólo para partidos que superen un umbral determinado de curules de mayoría y más del 4% o 5% de los votos. Que no exista reelección consecutiva de diputados y senadores da poder a los partidos, no a los votantes. Quien ha ganado una elección de mayoría no puede volver a aspirar a ella al terminar su mandato; voltea hacia su padrino político o a la dirigencia de su partido, no hacia sus votantes, para conseguir su siguiente empleo.

Las debilidades de la reelección consecutiva son conocidas. Tiende a crear oligarquías de ganadores que se perpetúan en el puesto y a crear políticos pragmáticos que atienden a la voluntad o el capricho de sus electores más que a las necesidades estratégicas del país. Cada decisión importante en el Congreso se vuelve una negociación de interminables condicionamientos locales que los legisladores buscan lograr para conservar la adhesión de sus votantes. Pero las ventajas de la reelección son absolutas en cuanto a trasladar el poder sobre la decisión de quién gobierna a los votantes de carne y hueso, de cada ciudad y cada pueblo, con sus peculiares necesidades. La generación de oligarquías legislativas puede acotarse limitando el número de elecciones consecutivas a que es posible aspirar: la famosa limitación de mandatos. Y dichas oligarquías encierran una ventaja que nadie puede negar: acaban formando un contingente de congresistas de carrera que son un seguro antídoto contra la improvisación, la novatez y la simple ignorancia legislativa.

Hemos hablado antes de la conveniencia de las candidaturas independientes. Reiteramos aquí su pertinencia.

Fortalecer la presidencia
La tercera reforma consiste en fortalecer a la presidencia democrática, a diferencia del ejecutivo omnipotente pero autoritario de antaño, y del presidente democrático pero débil de ahora. Su primer ingrediente estriba en el referendo para modificar la Constitución, para tratados internacionales, o para leyes secundarias de trascendencia nacional, figura ya existente para la atracción por la Suprema Corte, por ejemplo. De nuevo, no es una panacea (no existen en la política), pero conforma la solución menos mala inventada por otros países para permitirle al presidente llevar los grandes asuntos nacionales directamente al país. Es un instrumento típico de todas las democracias (salvo Estados Unidos) más o menos maduras que la nuestra, con mayor o menor nivel educativo, y con el riesgo implícito de que un buen remedio sea también utilizado para fines perversos. Pero por algo será que todos los países recurren a ellos.

Cuatro cambios adicionales, claves aunque de un calado diferente, serían suficientes para devolver al ejecutivo algo del poder que necesita para recobrar la iniciativa, en relación con el Congreso. El primero reside en concederle claros poderes de veto parcial o total sobre leyes venidas de la alianza mayoritaria del Congreso. El segundo consiste en otorgarle mayores poderes de decreto para situaciones de emergencia, desde una crisis inesperada de influenza, hasta una contracción económica igualmente inesperada. La tercera implica brindarle al ejecutivo la facultad de enviar al Congreso un número mínimo (dos, por ejemplo) de leyes al año, bajo el criterio de la llamada afirmativa ficta o leyes guillotina, según el cual dichas leyes deben ser revisadas a más tardar en dos periodos de sesiones de la legislatura, pasados los cuales entran en vigor. Por último, reviste particular importancia la redefinición constitucional de quién debe sustituir al presidente en caso de ausencia absoluta. El artículo constitucional que lo prevé actualmente es un galimatías indigno de ninguna Constitución.

VII. Hacia el 2012

Lo que aquí se propone no es un programa de gobierno. Es una agenda para ser discutida. No pretende ser aprobada en el corto plazo, pero sí servir como una referencia del debate nacional camino a las elecciones presidenciales de 2012. Es una provocación para inducir definiciones a uno y otro lados de la propuesta, y definir con claridad los términos de la disputa por el rumbo deseable de la nación. Creemos que puede resultar aceptable para la heterogénea clase media mexicana que define las elecciones, y para ayudarla a salir de una vez por todas del rancio discurso nacionalista revolucionario al que todavía resulta sensible. Su fortaleza consiste acaso en que forma un todo ordenado, con ideas y secuencias engarzadas, con una lógica interna transparente, con suficientes ingredientes para ser ambiciosa y estratégica, pero no tantos como para volverse inviable.

Es lógico que las elecciones de 2012 dominen cada vez más la agenda y las voluntades de los actores políticos. En ese horizonte, proponemos abandonar el ámbito de la política de lo posible y convertir el 2012 en un referendo sobre el futuro deseable, no sólo sobre quién debe ser presidente. Pasada la preocupación sobre la transparencia y la legalidad de las elecciones, llegamos en los dos últimos comicios presidenciales a una definición de preferencias sobre un partido o una persona. Triunfaron en ellos quienes lograron polarizar la votación en ese sentido: Vicente Fox en el 2000 para “sacar al PRI de Los Pinos”, y Felipe Calderón en 2006 para evitar el “peligro para México” de López Obrador. Creemos que esta táctica se ha agotado. México no puede seguir celebrando cada seis años virtuales plebiscitos sobre partidos y personas en elecciones desprovistas de carácter programático. Hay que transformar el 2012 en un referendo sobre el programa, no sobre el copetón, el pelele o el heredero. Hay que responder hoy a la pregunta de mañana: ¿Cómo llegar al 2018 como una sociedad en crecimiento, de clase media, segura y ubicada en el mundo?

Hay quien piensa que en México las elecciones sólo se ganan sin agenda, que ponerla es peligroso. Es una versión actualizada del aforismo de Fidel Velázquez: al que se le muevan las ideas, no sale en la foto. Pero como lo muestran diversos análisis de los procesos electorales de 2000 y de 2006, incluso de 2009, los comicios tienden a ser definidos cada vez más por los votantes más modernos, más vinculados con los beneficios de la globalización. El voto duro aporta un piso, necesario pero insuficiente, para ganar una elección presidencial. Los votos claves vienen de sectores oscilantes. Esos sectores pertenecen a las nuevas clases medias surgidas en estos últimos años de crecimiento constante, aunque magro, en condiciones de estabilidad macroeconómica, que permitieron el acceso al crédito y a bienes y servicios a los cuales no se renuncia fácilmente: vivienda, autos, vacaciones, crédito en tiendas. Dichos sectores inclinaron la balanza a favor de Fox a partir de mayo de 2000, y en marzo de 2006 empezaron a dudar de López Obrador como mejor opción, retirándole al final su apoyo.

Existe hoy una oportunidad para al menos intentar que el país entre en una dinámica de propuestas que obliguen a todos a mostrar sus cartas y a hacer explícitas sus posturas.

Las debilidades de México están a la vista. Nunca hemos sido tan conscientes de nuestros males y tan capaces de ventilarlos en público. Pero cada debilidad mexicana puede leerse desde el ángulo de alguna fortaleza. Las instituciones democráticas no alcanzan para pactar las transformaciones que el país requiere, pero lo representan y gobiernan en todos los niveles. No hay acuerdos fundamentales entre sus fuerzas políticas sobre qué rumbo tomar, y se estorban unas a otras, pero su desacuerdo no destruye ni socava el Estado, simplemente lo hace un instrumento más debatido y menos eficaz para el cambio.

Contra lo que sugieren todos los días los medios, el número promedio de homicidios en México no ha hecho sino descender desde los años noventa. Está en el orden de los 11 por cada 100 mil habitantes, el doble que en Estados Unidos y el triple que en Suiza, pero la tercera parte que en Colombia, la cuarta parte que en Brasil, la quinta parte que en Guatemala. Los sistemas de justicia de los estados sólo detienen al 5% de los homicidas, cuando son del fuero común. Con esos índices de impunidad, lo notable es que no haya más homicidios, pues no hay estímulo más efectivo al crecimiento de un crimen que su falta de castigo. La baja incidencia de homicidios en México en el contexto de tan visible impunidad, habla de una población abrumadoramente no violenta. La violencia de los sicarios que atormenta nuestra imaginación y ensangrienta las primeras planas de los periódicos y algunas de nuestras ciudades, se da en el bastidor de un pueblo que no ama la violencia, ni cree encontrar en ella una solución a sus problemas.

La economía muestra grados inaceptables de concentración y privilegios que frenan el ritmo de su conversión en una moderna economía de mercado, condición indispensable para crecer. Pero esa misma economía acudió con eficacia a la puerta abierta por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y convirtió al país en un exportador impresionante, con una planta industrial moderna de clase mundial. Si se abren oportunidades equivalentes de inversión en el ámbito de la economía interna, la estructura productiva dará un salto al lugar que le falta colonizar: el gigantesco mercado potencial de consumidores de primera generación —la nueva clase media emergente— en el seno de la población mexicana. Esta última es desigual, resiente graves injusticias y marginaciones internas, pero en el fondo de la sociedad desposeída hay una épica del esfuerzo y del trabajo que no sabemos estimular en toda su pujanza a través de mejores instituciones de educación y salud, y mejores oportunidades de trabajo.

Se trata de la masa de millones de mexicanos que han migrado internamente dentro de su país o hacia el norte en busca de empleo, dignidad, progreso para ellos y los suyos. Esta es la epopeya silenciosa de México: la de los millones de mexicanos que van a buscar lo que necesitan donde hay, eso que hizo decir al economista John Kenneth Galbraith que en ninguna minoría de migrantes a los Estados Unidos había encontrado tanta disposición al trabajo y al esfuerzo como en los migrantes mexicanos.

Ese pueblo que quiere más, que busca su camino por sí mismo y está dispuesto hasta el estoicismo para encontrarlo, es la fortaleza mayor de México, el verdadero fondo del paisaje sobre el que cruzan nuestros males y nuestro descontento, el pueblo que busca los bienes y el progreso que sólo el cambio profundo de nuestra economía y nuestra idea de futuro pueden darle.

Jorge G. Castañeda. Analista político. Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Ha publicado: La diferencia. Radiografía de un sexenio (en coautoría con Rubén Aguilar) y Somos muchos: ideas para el mañana.

Héctor Aguilar Camín. Historiador, escritor y periodista. Su más reciente libro es Pensando en la izquierda.

El presente ensayo debe mucho a las ideas de Manuel Rodríguez Woog, director de GAUSSC, empresa especializada en estudios electorales, de opinión y de mercados. Desarrolló análisis de opinión pública para la presidencia de Vicente Fox y el proceso electoral 2006. Es coautor con Jorge Castañeda de ¿Y México por qué no? (Fondo de Cultura Económica), y de 2012, referéndum y provocación.

El plan de salida de Honduras de Hillary

2009-11-02T10:11:00.000-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Si hay una persona en Honduras que hoy en día es más despreciada que el depuesto presidente Manuel Zelaya, esa es un extranjero de nombre Hugo. No nos referimos al dictador venezolano Hugo Chávez, sino al embajador estadounidense Hugo Llorens.

Muchos hondureños, incluyendo —dicen los rumores— al presidente Roberto Micheletti, consideran a Llorens como el artífice de una política estadounidense que le ha causado un daño enorme al país. Es muy probable que el acuerdo firmado en las últimas horas del jueves entre el gobierno interino y Zelaya ponga fin a ese sufrimiento. Por fin, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos acordaron dar un paso al costado y permitir que sean las instituciones hondureñas las que decidan si Zelaya debe ser restituido. Sin la intromisión internacional, es muy probable que Zelaya pierda otra vez la presidencia.

Aun así, los retos continúan, empezando por el hecho de que aunque EE.UU. dijo que ya no iba a intervenir en los asuntos hondureños, hay vicios difíciles de dejar.

Al referirse a la intención de Zelaya de regresar al poder, Thomas Shannon, el subsecretario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, dijo la semana pasada que "ese es el tema más provocativo y uno que revisaremos de cerca".

La necesidad de dictarle a Honduras cómo dirigir su país ha sido un problema desde el principio. En el momento en que la Corte Suprema de Honduras ordenó el arresto de Zelaya en junio por organizar una violenta manifestación e intentar pasar por encima de la Constitución, Llorens se ungió como un virrey colonial a cargo de imponer la voluntad de EE.UU. Muchos locos izquierdistas lanza bombas Molotov se pusieron del lado de Zelaya. Pero Llorens determinó la posición de EE.UU., a favor de la legitimidad del ex presidente errático. El embajador estadounidense utilizó cada arma que tuvo a su alcance para tratar de forzar al país a restaurar a Zelaya en el poder.

Esto violó la soberanía hondureña. Sin embargo, el jefe de Llorens en EE.UU., Barack Obama, parece más interesado en apaciguar a los enemigos de EE.UU. que en apoyar a los amigos, o incluso cumplir su palabra de no intervenir en los asuntos de otros países. Chávez y Fidel Castro apoyaban a Zelaya y, aparentemente, Obama quería formar parte del clan.

Es obvio que nadie en Washington esperaba que fuera tan difícil quebrar la voluntad de los hondureños. El esfuerzo se hizo más embarazoso cuando los zelayistas armaron una campaña de terror, que incluyó el secuestro y el asesinato de autoridades hondureñas y sus parientes. En dos semanas se registraron al menos tres de esos incidentes. Los terroristas también sabotearon la red eléctrica del país. Para evitar un conflicto aún mayor, EE.UU. envió una delegación para alcanzar el acuerdo del jueves.

La interpretación que se la ha dado al acuerdo es que Zelaya regresará al poder. Pero será el Congreso hondureño el que lo decida, tras evaluar las opiniones de la Corte Suprema, el fiscal general y otros expertos legales. Puesto que la Corte Suprema y el Congreso echaron a Zelaya, esto es positivo. De todos modos, si la Corte Suprema, que tiene el poder legal, se mantiene firme y el Congreso respalda el regreso de Zelaya a la presidencia, habrá una crisis constitucional.

Dicho escenario no es imposible, dada la legendaria reputación de Zelaya de comprar votos. En mayo, el alcalde de Tegucigalpa denunció públicamente un intento del gobierno de Zelaya de pagarle US$15 millones para apoyar un referéndum para reformar la Constitución. Chávez también tiene dinero, al igual que las organizaciones narcoterroristas de la región, como las Farc de Colombia y las numerosas pandillas centroamericanos. Estos grupos son notorios por infiltrar instituciones. Honduras no es inmune.

De todos modos, es probable que el gobierno interino decidiera asumir el reto porque cree que la Corte Suprema y el Congreso, que en su momento votaron ampliamente a favor de sacar a Zelaya del poder, se mantendrán firmes. A cambio de ese riesgo, obtiene la validación de EE.UU. y la OEA de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre.

Además, no habrá amnistía para Zelaya, quien ya tiene más de una decena de órdenes de arresto en su contra y cuando salga de la embajada brasileña se espera que sea detenido. El acuerdo también especifica que no habrá ninguna asamblea constituyente para reformar la Constitución y eliminar los límites a los mandatos presidenciales.

Autoridades estadounidenses no identificadas han declarado a la prensa que Zelaya probablemente regresará, lo que intensifica la presión sobre el Congreso hondureño. Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha hablado de regresar a Honduras para involucrar al organismo en la decisión del Congreso. No obstante, Shannon me reiteró ayer que EE.UU. ahora cree que este es un tema que las instituciones hondureñas deben resolver y rechazó tajantemente un informe de ayer en el diario El País que asegura que el funcionario estaba haciendo lobby para sumar votos para apoyar el regreso de Zelaya.

Al firmar este acuerdo, Honduras ayudó a que Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton no salieran mal parados. A cambio, Clinton debería decirle a Insulza que se mantenga alejado de Honduras y sus asuntos. También debería decirles a las autoridades estadounidenses que dejen de circular rumores en favor de Zelaya. Y, de paso, debería buscarle un nuevo destino a Llorens. La Habana podría ser el apropiado. Llorens sería recibido como un héroe por los Castro y desde allá podría mantener fácilmente su amistad con Zelaya.

La cronología del acuerdo en Honduras

2009-10-31T10:34:00.002-06:00

El el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el lìder del gobierno de facto de Honduras, Roberto Micheletti, llegaron a un acuerdo para poner fin a la crisis política del país.

Junio 24- Zelaya destituye al jefe de las fuerzas armadas, el general Romeo Vásquez, luego de que militares se rehusaran a ayudar a distribuir las urnas para un referendo no oficial sobre una reforma a la Constitución, que incluía permitir la reelección presidencial. La Corte Suprema ya había dictaminado que la votación era ilegal.

Junio 25- La Corte Suprema de Justicia ordena la restitución de Vásquez. Zelaya guía a un grupo de partidarios hacia la toma de una base militar para buscar las urnas por la fuerza y promete seguir adelante con la votación.

Junio 28- El día del referendo, soldados detienen a Zelaya durante la madrugada en la casa presidencial y lo expulsan en piyamas en un avión hacia Costa Rica.

- El Congreso hondureño nombra a Roberto Micheletti como presidente interino. La Corte Suprema informa que ordenó a las Fuerzas Armadas remover a Zelaya.

- El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspenden los préstamos a Honduras.

Junio 29- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que el golpe de Estado es ilegal y que sentará un "terrible precedente" de transición hecha por fuerzas militares, a menos que sea revertido.

Junio 30- La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprueba una resolución pidiendo a sus 192 miembros que sólo reconozcan al Gobierno de Zelaya. El derrocado presidente promete regresar a Honduras.

Julio 4- La Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne en Washington y suspende a Honduras luego que autoridades interinas ignoraran un ultimátum para reinstaurar a Zelaya.

Julio 5- Al menos un manifestante pro-Zelaya muere y dos son heridos en enfrentamientos en el aeropuerto de Tegucigalpa mientras soldados hondureños bloquean un intento del despuesto gobernante de regresar al país.

Julio 7- Zelaya y Micheletti aceptan la mediación del presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, en negociaciones para tratar de solucionar el conflicto.

Julio 8- El Gobierno de Estados Unidos suspende 16,5 millones de dólares de ayuda en programas militares de asistencia a Honduras.

Julio 9- Arias se reúne por separado en Costa Rica con Zelaya y Micheletti. No logró sentarlos en la misma mesa.

Julio 22- Los rivales abren nuevo diálogo y en señal de flexibilidad, la delegación de facto anuncia que dejará al Congreso y al poder Judicial considerar la propuesta de permitir el regreso de Zelaya.

Julio 23- Zelaya deja la capital nicaragüense Managua escoltado por partidarios y periodistas y se dirige hacia la frontera con Honduras.

Julio 24- Soldados hondureños acordonan la frontera con Nicaragua frustrando un intento de Zelaya de entrar al país. Zelaya da unos pasos simbólicos en Honduras y luego se retira.

Julio 30- El Gobierno de facto insiste en que no permitirá que el depuesto presidente regrese al poder, enfriando las esperanzas de un acuerdo que termine la crisis política.

Agosto 31- Es improbable que Zelaya regrese al poder, dice el presidente venezolano, Hugo Chávez, semanas después de ardua diplomacia para reinstalar a su cercano aliado de izquierda.

Septiembre 21- Zelaya pone fin a casi tres meses de exilio forzado al volver a Honduras, sorpresiva y clandestinamente. Se refugia en embajada brasileña para evitar su arresto. Soldados acordonan la embajada y se decreta un toque de queda.

Septiembre 22- La policía se enfrenta con manifestantes pro Zelaya a las afueras de la embajada de Brasil.

Septiembre 23- El Gobierno de facto suspendió por algunas horas el toque de queda para que los hondureños pudieran abastecerse de alimentos y otros productos básicos.

- Líderes iberoamericanos reclamaron ante la restitución de Zelaya ante la ONU. Choques entre seguidores del depuesto presidente y la policía dejan un muerto y varios heridos.

Septiembre 24- Se dan señales de diálogo para superar la crisis política cuando un enviado del Gobierno de facto se reúne con Zelaya.

Septiembre 26- Micheletti dio un ultimátum de 10 días a Brasil para definir el "estatus" de Zelaya dentro de embajada.

Septiembre 27- El Gobierno de facto emite un decreto que restringe algunas libertades, como de manifestación y prensa, e impidió el ingreso al país de una delegación de la OEA.

Septiembre 28- Amparados en el decreto, militares cerraron un canal de televisión y una estación de radio pro Zelaya.

Septiembre 30- El Gobierno de facto suavizó amenazas contra embajada de Brasil y un enviado de la OEA afirmó que era posible un diálogo entre las partes en pugna.

Octubre 2- Micheletti revela que se reunió en secreto con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en una señal para destrabar la crisis política.

Octubre 5- El Gobierno de facto dice que levantará suspensión a libertades, pero no publica la decisión en el diario oficial.

Octubre 7- Se instaura un diálogo en Honduras basado en el plan Arias y con la mediación de una misión de cancilleres de la OEA. Las delegaciones de Micheletti y Zelaya se sientan en una mesa de negociaciones.

Octubre 14- Las partes acuerdan que no se lleve a cabo una Asamblea para reformar la Constitución, uno de los objetivos de Zelaya a fin de habilitar la reelección.

Octubre 16- La restitución de Zelaya sigue siendo el impedimento para un acuerdo. El presidente depuesto puso de plazo el viernes para llegar a un pacto y de no ser así analizará nuevos planteamientos para volver al poder.

Octubre 17- La alianza de gobiernos ALBA condena el golpe de Estado y acuerda aplicar sanciones económicas y comerciales contra el Gobierno de facto.

Octubre 19- Las negociaciones entran en un punto muerto, en medio de acusaciones entre el Gobierno de facto y el equipo de Zelaya de entorpecer el diálogo. Al mismo tiempo, el Gobierno de facto publica un decreto con el que revoca las restricciones a las libertades civiles.

Octubre 21- El Gobierno de facto admite por primera vez oficialmente que no ve posible el regreso de Zelaya al poder. Estados Unidos revoca más visas a funcionarios hondureños involucrados con el golpe de Estado, mientras que la OEA denuncia "entrampamiento" en las negociaciones.

Octubre 23- El equipo negociador de Zelaya se retira de la mesa de diálogo, ante el rechazo del Gobierno de facto a restituirlo y cuestiona la legitimidad de las futuras elecciones.

Octubre 28- Una delegación estadounidense encabezada por el secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, llega a Honduras para reunirse con Zelaya y Micheletti y presionar a ambas partes a retomar el diálogo.

Octubre 29- Micheletti autoriza a su equipo de negociadores a firmar un acuerdo que incluye la posibilidad de un voto en el Congreso, con la previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, con el que podría decidirse el restablecimiento de Zelaya en el poder.

- Zelaya dice que el acuerdo será firmado el viernes y lo califica de un "primer paso" para la restitución de la democracia en el país.

- La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, alaba desde Pakistán el acuerdo y dice que su país está "muy claramente del lado de la restitución del orden constitucional, y eso incluye las elecciones.

El dilema de los gobiernos panistas

2009-10-30T08:58:00.000-06:00

Leo Zuckermann

Cuando se escriba la historia de los gobiernos panistas, uno de los capítulos importantes, quizás el principal, será su relación con el PRI. Uno de los dilemas que el PAN no ha acabado de resolver es hasta dónde enfrentarse a los priistas y hasta dónde cooperar con ellos.

Vicente Fox no esperaba ganar la elección presidencial de 2000. Todavía al salir de votar en aquellos comicios, declaró que se estaba fraguando un fraude electoral. Horas después sería declarado el ganador. Desde ese momento surgió la duda: ¿qué haría el nuevo gobierno panista con el PRI? Si bien el PAN había ganado la Presidencia, el tricolor seguía teniendo una gran fuerza en los gobiernos locales y en el Congreso.

Dentro del grupo foxista surgieron dos posiciones. Por un lado, estaba la que abanderó el canciller Jorge Castañeda. Para este grupo, el 2 de julio de 2000 había representado una ruptura con el pasado autoritario y, por tanto, Fox debía enterrar de una vez por todas las fuerzas del antiguo régimen. Por el otro, estaba el grupo liderado por el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Para ellos, el electorado no había mandado una señal tan contundente de cambio lo cual se vio reflejado en la conformación de un gobierno dividido con una participación importante del PRI en el Legislativo. Fox debía negociar y acomodarse con las fuerzas del antiguo régimen. La primera postura llamaba al desafío directo al PRI; la segunda, al acuerdo con este partido. El Presidente se decidió claramente por la última alternativa. Castañeda salió del gabinete. Creel siguió de secretario y fue el favorito de Los Pinos para suceder a Fox.

En 2006, el PAN volvió a ganar la Presidencia. Pero, a diferencia de 2000, Felipe Calderón llegó muy debilitado. El PRI, aunque electoralmente disminuido, jugó bien sus cartas para asegurar la toma de posesión del Presidente panista. De esta forma, la negociación con el PRI se dio desde antes de que llegara Calderón a Los Pinos. No obstante, del PAN llegaron nuevas voces que invitaban al enfrentamiento con los priistas. Paradójicamente, venían de políticos como Manuel Espino, cercanos al ex presidente Fox.

Durante la primera parte de su sexenio, Calderón privilegió el acomodo con los priistas. La opción del enfrentamiento revivió durante las elecciones intermedias de 2009. El líder del partido, muy cercano al Presidente, entendió que la lucha electoral era con el PRI y procedió a enfrentarse a ellos. Desde el gobierno llegaron voces que alertaron de esta estrategia. Si a Germán Martínez se le pasaba la mano en contra del PRI, luego sería difícil negociar con ellos durante la segunda parte del sexenio. Otra vez se hizo evidente el dilema de los gobiernos panistas: hasta dónde enfrentarse y hasta dónde negociar con el PRI.

El último capítulo de esta historia ha sido el paquete fiscal de 2010. César Nava se enfrenta a los priistas mientras que Calderón los apapacha. El mismo dilema desde 2000. La misma postura dubitativa de qué hacer con el PRI. Pero, al final del día, me parece que los gobiernos panistas han privilegiado el acomodo con el tricolor. De esta manera, los cambios de fondo que prometió el PAN han quedado más en la retórica que en la realidad. La verdad es que los panistas no han tenido ni la fuerza ni la voluntad para desmantelar el poder de los priistas. Incluso me atrevería a decir que lo han aumentado.

Si a Germán Martínez se le pasaba la mano en contra del PRI, luego sería difícil negociar con ellos durante la segunda parte del sexenio.

Intervencion Javier Corral sobre Ley Federal de Derechos

2009-10-30T06:00:00.000-06:00